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Comité de Iglesias
Otro caso publicado por la prensa en esa zona del país señala que Miguel Ángel González Romero, de 18
años de edad, que ya registra tres entradas a la cárcel, se encuentra abandonado hasta por sus padres. El joven
reconoce que la cárcel antes que un reformatorio es una "escuela para la delincuencia", donde se aprenden
todos los vicios. El informe periodístico señala que la población penal de la cárcel de San Pedro está
compuesta en su mayoría por jóvenes. El ocio y la falta de mayor celeridad en los procesos hace que la
mayoría esté lejos de recuperarse y que una vez en libertad fácilmente reincidan y regresen a prisión.
A principios de febrero se informaba que por reclamar su derecho, Norma Portillo, fue despedida de la
penitenciaría regional de San Pedro y no se le permitió la entrada a la institución. Ella prestaba servicios desde
hacía más de un año como celadora. La misma fue responsabilizada por el director penitenciario de haber
ventilado algunas irregularidades que se registran en el penal, sobre todo en lo que se refiere a la contratación
del personal de seguridad.
Desde Pedro Juan Caballero, departamento del Amambay, se informaba que la futura sede de la cárcel
regional de esa ciudad está en total estado de abandono, solo los yuyales crecen en el lugar e irónicamente,
decía la crónica, es frecuentado por delincuentes que utilizan la construcción como un aguantadero.
Mientras la cárcel de esa ciudad, conocida como "el gallinero", que está preparada para albergar a 70
internos, en la actualidad cuenta con 181 convictos. El reclusorio, debido a la superpoblación y escasos
recursos económicos, se convierte en una bomba de tiempo.
El 8 de enero se publicaba por la prensa que un interno de la cárcel de Tacumbú en huelga de hambre hacia
más de tres meses y que se cosió la boca con alambre y se clavó las manos en reclamo de revisión de
su caso se encontraba con un cuadro delicado de salud. Se trata de Víctor Daniel González, de 24 años,
quien fue detenido por robo en San Lorenzo en febrero del 2002 y remitido a Tacumbú el 28 de marzo de
ese año. El reclamo del convicto es que no le concedieron la libertad después de que ya purgó su condena.
Unos 60 reclusos del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Encarnación se amotinaron y
exigieron el cambio del director del penal, Primo Román, a quien acusaron de malos tratos y de
mantenerlos mal alimentados. Esto ocurría a principios de abril. La inmediata respuesta policial desbarató
la protesta y 16 reclusos resultaron con contusiones durante un choque con los uniformados. Días después y
en represalia por haber denunciado malos tratos e irregularidades en la penitenciaría regional de
Encarnación, cuatro reclusos fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Emboscada. Una
reclusa confirmó ante representantes de los derechos humanos y el juez de sentencia Guillermo Skanata,
haber sido víctima de acoso y abuso sexual por parte del director del penal, Primo Román. El acusado negó
enfáticamente la acusación y sostuvo que obedece a un plan urdido por reclusos y guardias quienes buscan
alejarlo del cargo, molestos por haber cortado el negocio de la venta de alcohol y drogas en el penal.
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