Bajar libro - CIPAE

Comité de Iglesias
de cigarrillos. La fiscalía apuntó su investigación a tres policías que fueron detenidos como los
principales sospechosos de estar implicados en la ejecución de los dos hermanos. Los mismos son: el
comisario José Dolores Amarilla Jara, el suboficial inspector Mauro Luis Benítez Amarilla, y el suboficial
primero Edgar Germán Insfrán Giménez. El hermano de los ejecutados, Víctor Manuel Glizt Velázquez,
acusó a los tres policías del asesinato de sus dos hermanos. El mismo se presentó en los tribunales a pedir
garantías a la justicia porque su vida corre peligro.
El jefe de policía del departamento del Alto Paraná, Crio. Aristides Cabral ha sido imputado por el fiscal
Francisco Vergara. El fiscal investiga el caso del robo de la caja fuerte del narcotraficante Jaime Amato
Filho, ocurrido durante un operativo que se realizó en la estancia ubicada en la localidad de Capitán
Bado. El fiscal sostenía que Cabral cometió el delito de producción de documento público de contenido
falso.
A través de la prensa se informaba que al menos 52 efectivos de la Policía dados de baja por el Tribunal
de Calificaciones de la institución. En la nómina figuran agentes involucrados en tráfico de
vehículos, asaltos, comercio de estupefacientes, entre otros delitos. En el último año un total de 78
efectivos de la fuerza policial fueron separados de la institución por distintos motivos.
A fines de abril la prensa informaba que la justicia ha puesto en circulación a 113 convictos en poco más de
un mes al valerse de las medidas sustitutivas de prisión establecidas en el Código Procesal Penal, uno de los
instrumentos legales más criticados en su aplicación en la actualidad. Decía la información que con las
libertades condicionales, la ciudadanía es la gran perjudicada. Solamente en el mes de junio al menos 110
convictos regresaron a las calles al ser beneficiados con las medidas sustitutivas, pese a las severas críticas de
distintos sectores de la sociedad.
Esta es una medida sumamente cuestionada y cada vez que ocurren hechos delictuosos que conmueven a
la ciudadanía como el asesinato de menores, secuestros, asaltos, etc. vuelve al debate público y las
críticas van dirigidas a los parlamentarios que siempre prometen darle prioridad, pero luego queda en el
olvido.
Los incisos del artículo 245 del Código Procesal Penal, sobre medidas alternativas, constituyen letra
muerta a la hora de su aplicación. Desde la vigencia de este instrumento, se ha demostrado que cientos de
procesados no cumplen con las medidas impuestas a cambio de su libertad. Se ha comprobado
suficientemente que un gran porcentaje de convictos beneficiados con la libertad condicional no acude a
firmar los libros de registro, así como tampoco se someten a la vigilancia de personas o instituciones
adecuadas. Existieron casos de procesados que efectuaron viajes al exterior, pese a tener prohibido
80