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Comité de Iglesias
Los reclamos campesinos se centraron básicamente en la falta de tierra para los que no la tienen, el
conflicto con productores sojeros por la utilización de agrotóxicos y la deforestación de bosques
para el cultivo del grano y el consecuente impacto ambiental, la defensa de los bienes públicos (no a la
privatización), la implementación de una ley que establezca una franja de seguridad fronteriza,
recuperación de tierras malhabidas distribuidas discrecionalmente y prebendariamente durante la
dictadura, la propuesta de implementar programas de industrialización de la materia prima producida para su
posterior exportación y ampliar la tarifa social de la ANDE de 100a 200 kilowatt.
Todo esto indudablemente produjo un desgaste al sector campesino y al propio gobierno cuyas promesas ya
no eran creídas por nadie. Tal es así que en varias ocasiones el Mandatario en sus discursos denotaba un
favoritismo hacia las reivindicaciones de los labriegos en detrimento de sectores productivos agroexportador
y agroproductor. A principios de noviembre la cúpula de la Asociación Rural del Paraguay, la Feprinco y otros
gremios empresariales se reunieron con el Mandatario a quien intimaron a que de una buena vez por todas
defienda el derecho a la propiedad y garantice la seguridad jurídica en el país para que los mismos puedan
dedicarse con seguridad a la actividad productiva. También le cuestionaron su actitud complaciente y tibia
respecto a las constantes invasiones de inmuebles privados. Días antes de esa reunión la Asociación Rural
del Paraguay (ARP) reunida en asamblea ordinaria exigió al gobierno una política de seguridad nacional y
otra agropecuaria, reorientación del gasto social, racionalización y redistribución del gasto público, y
advirtió que grupos radicalizados están poniendo en peligro el estado de derecho.
En respuesta a esos pedidos, unos días después Duarte Frutos dijo en un acto en Caazapá que se le acabó
la paciencia y que ahora el gobierno va a usar la fuerza contra las ocupaciones de tierra. "Creíamos
que iban a reconocer la iniciativa de construir la paz mediante el diálogo, iban a entender nuestro esfuerzo,
pero no entendieron nada", expresó. Trató de "haraganes" a los dirigentes campesinos y les advirtió que los
enviará a la cárcel. El gobierno se abocó a la búsqueda de recursos para comprar tierras y desactivar
la constante presión campesina. En ese sentido dialogaron con varios dueños de inmuebles para
adquirirlos, sobre todo las tierras que estaban en la mira de las organizaciones campesinas. El propio
presidente de la República incluso dijo que si el dueño del terreno no quiere vender y sus tierras no están
racionalmente explotadas plantearán la expropiación. El sistema democrático no tiene viabilidad en una
sociedad que lleva como lastre una pesada carga de campesinos ignorantes. La corrupción de la clase
política y la dirigencia social se nutre de la miseria que impera en el sector rural. El primer paso para romper
esa perversión es convertir a los campesinos en agricultores productivos, capaces de obtener la renta
necesaria para llevar una vida digna.
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