Bajar libro - CIPAE

Comité de Iglesias
de San Ignacio, departamento de Misiones. La inversión prevista es de 500 mil dólares. El objetivo es dotar
de casa y darles todas las herramientas necesarias para llevar una vida digna a los pobladores de la citada
compañía, capacitarlos técnicamente para cultivos de subsistencia y de renta, ofrecerles algunos medios
técnicos para el trabajo, ofrecerles semillas, animales genéticamente mejorados y asistencia técnica; apoyarlos
para que vayan fundando una cooperativa para reforzar el sistema de comercialización y de entrada al mercado
nacional; y consolidar la presencia y el arraigo de las familias campesinas asentadas en el asentamiento Martín
Rolón mejorando sus conocimientos técnicos, sus viviendas, sus productos agrícolas y la cría de animales para
llegar a la creación de una cooperativa.
En Asunción se realizó la Tercera Conferencia Regional de Vivienda Popular a mediados de agosto, reuniendo
a representantes de países sudamericanos, de Centroamérica, de organismos crediticios y cooperativas. La
conclusión de esta conferencia señala que sin una vivienda digna, las familias, la sociedad ni los pueblos
podrán desarrollarse y progresar. "No se puede esperar un desarrollo grave y sostenido de personas que
deben lidiar su día a día en cajones aburridos llamados viviendas populares", afirmó el mexicano Enrique
Ortíz. Criticó igualmente el papel que cumple en la actualidad el Estado que de su papel de benefactor del
sector social popular ha cambiado mucho, para presentarse hoy día como facilitador de negocios al sector
privado y "estorbar lo más posible a la gente sin recursos".
Las familias integrantes de la Federación Nacional de Familias Sin Techo y Afínes, Fenafatta,
deslindaron toda responsabilidad en hechos publicados que involucran a esta organización en la que
supuestamente pidieron el desalojo masivo de adjudicatarios de viviendas del Conavi.
Un grupo de sin techos de la Villa San Miguel de Puerto Pabla, jurisdicción de Lambaré, denunció que la
Municipalidad local, la Secretaría de Acción Social (SAS) y el Consejo de Organización Popular-
Movimiento Sintechos (CONOP-MST) estarían tratando de blanquear negocios en el asentamiento a
través de la adquisición del terreno donde se construyen viviendas populares. La denuncia es que el precio
del inmueble fue sobrevaluado y luego se reloteó el lugar para justificar las irregularidades.
Se denunciaba por la prensa a fines de junio el funcionamiento de toda una rosca mañosa que estaría
operando detrás de las ejecuciones de unos certificados de pavimentación en varias localidades del país.
La información divulgada hace referencia a lo ocurrido en los suburbios del distrito de Villa Elisa,
departamento Central. Menciona que los empedrados de las calles prácticamente ya no existen, pero
algunos frentistas ya han perdido sus casas y otros están a punto de quedarse en la calle. Los remates se
realizan por deudas de menos de un millón de guaraníes en algunos casos, pero llegar a un "arreglo"
extrajudicial cuesta unos 5 millones de guaraníes.
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