Bajar libro - CIPAE

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
arrimadas. También sostienen que antes que facilitar que las víctimas de la dictadura de Stroessner
cobre sus indemnizaciones, una interpretación personal de la ley por Páez Monges las traba.
Una joven que es sostén del hogar vendiendo remedios yuyos resultó mutilada las dos piernas por la
locura de un ómnibus que la atropello en la capital del país. Se trata de Gloria Mabel Sosa de 18 años,
quien salía a la calle con una canasta de yuyos a los 8 años trabajando al lado de su mamá hasta que la
misma quedó gravemente enferma. La joven siguió en el puesto para sostener la casa. Pero el 18 de
agosto pasado un ómnibus de la empresa Cerro Koi (Areguá) volcó sobre ella y tuvieron que
amputarle las piernas. El chofer, Eladio Fulgencio Aguilera Otto, está libre de culpa y pena gracias a los
camaristas de la impunidad integrada por Carlos Bray, Tomás Damián Cárdenas y Gustavo Ocampos. Los
mismos entendieron que el fiscal José Luis Silva no tenía jurisdicción y dejó sin efecto todas las
medidas cautelares impuestas al chofer. Este tenía arresto domiciliario previo pago de una fianza de Gs.
50 millones dispuesto por el juez Pedro Mayor Martínez. Este año la Corte Interamericana de Derechos
Humanos aplicó una millonada multa al Estado paraguayo por el caso "Panchito López". El Estado
paraguayo deberá pagar U$S 3.659.000, según el fallo dictado por la CIDH en el caso del Centro de
Reeducación de Menores. El caso refiere a las condiciones carcelarias infrahumanas a que fue sometido
un número aproximado de 4.000 niños que pasaron por ese instituto entre 1996 y 2001. La población del
Panchito López tenía capacidad para 15 internos, sin embargo albergaba entre 200 y 3 00 niños al mismo
tiempo. La sentencia responsabilizó al Paraguay de violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al
debido proceso y a la protección judicial, todos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la cual ha sido firmada y ratificada por el Paraguay. Estas condiciones derivaron en tres
incendios en los que murieron doce internos y más de 40 resultaron heridos. El último incendio destruyó
completamente el Panchito López, lo cual obligó al Estado a cerrarlo.
La sentencia de la CIDH también obligó al Estado paraguayo a abonar más de 35 mil dólares al Ing.
Ricardo Gañese, quien había sido querellado por el ex presidente de la República Juan Carlos
Wasmosy. Este había sido acusado de hechos de corrupción en Itaipú. Fue durante una campaña
electoral en la que ambos eran candidatos a presidente de la República.
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