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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
de funcionarios del Centro de Investigación Judicial. Eso le valió que recibiera amenazas de muerte para
que pare la investigación.
Romero fue implicado en el denominado megaasalto, ocurrido en agosto de 2000, de 11 millones de
dólares que poco antes de ser depositado en una aeronave para su envío al exterior fue incautado por un
grupo de asaltantes. Romero fue detenido el año pasado y luego logró escapar de la cárcel de Tacumbú.
Meses después se lo encontró muerto de varios tiros de arma de fuego.
E1 fiscal adjunto Hugo Velázquez y el superintendente fiscal de Ciudad del Este, Juan Carlos Duarte. quienes
integran el primer anillo del criticado titular del Ministerio Público, Osear Germán Latorre, fueron
fuertemente salpicados por varios hechos de corrupción, según denuncia la prensa. Se mencionó pedidos
de coimas y hasta el retiro irregular de evidencias del depósito de la institución en Alto Paraná se atribuyen
a los dos representantes de la sociedad. Otro caso llamativo implica a la físcala Basiliza Vázquez,
considerada también protegida de Latorre. La misma hace más de un año es investigada por
enriquecimiento ilegítimo pero en la actualidad no fue imputada pese a los indicios en su contra.
Otra información señalaba que los muebles y electrodomésticos incautados de la casa de San Bernardino
donde residió el narcotraficante detenido, Claudair Lopes de Paría fueron a parar supuestamente en la
casa del fiscal Rubén Villalba. La especie periodística se atribuye-a fuentes antidrogas.
La físcala Basiliza Vázquez encubrió el robo de 765 cajas de CD vírgenes del depósito del Ministerio
Público de Ciudad del Este, decía una información periodística, basada en la denuncia que formuló Luis
Alcides Zarza Ibarra, en el 2002, ante la fiscalía del Alto Paraná. El caso quedó a cargo del fiscal Manuel
Rojas, quien nunca investigó a su colega Vázquez. Este es otro de los tantos casos que revelan que los
funcionarios que integran una rosca con el fiscal Latorre gozan de total y absoluta impunidad.La jueza
electoral María Teresa Escobar tuvo que devolver a la Corte Suprema de Justicia más de 45 millones de
guaraníes que cobró irregularmente. La misma, luego de ser nombrada magistrada por el alto tribunal,
seguía percibiendo su salario de defensora de pobres de Luque. Esta magistrada soporta un proceso en
el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados porque ordenó a la Cámara de Diputados, en junio de
2003, tomar juramente al liberal Carlos Zena, en vez de su correligionario Eduardo Vera Bejarano,
cuyo triunfo electoral fue confirmado por la instancia judicial y pendiente de resolución en la Corte, para
representar al departamento de San Pedro en la Cámara de Diputados.
La doble remuneración de funcionarios públicos, como es el caso de la citada jueza, colisiona con lo
que establece la Constitución Nacional, y es considerado causal de destitución. El artículo 105 de la
Carta Magna establece que "ninguna persona podrá
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