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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
de las marcas, son protegidos por el fiscal general; irregularidades en el Centro de Investigación
Judicial; funcionarios comercializan evidencias robadas que involucran a los fiscales Carolina Bogado y
Rubén Villalba en connivencia con Javier Cazal; Latorre no corrige rumbos como principal responsable
de la institución; denuncia de la viuda de Gumercindo Aguilar. Esta involucra a Latorre en entrega de dinero
para sostener testimonios falsos de su fallecido marido, Gumercindo Aguilar, considerado testigo ialso del
magnicidio de Luis María Árgana.
Los opositores pertenecientes a los partidos PLRA, Patria Querida, Unacey País Solidario, necesitaban 53
votos para que la acusación sea aprobada. Sin embargo, siempre Latorre contó con el apoyo de la
bancada colorada y del propio Poder Ejecutivo.
En este caso ocurrieron cosas muy curiosas como la postura del vicepresidente de la República Luis
Castiglioni, quien fue uno de los que desde un principio reclamaba la salida de Latorre. El propio
presidente de la República Nicanor Duarte Frutos, sostenía que tras lograr la destitución y renuncia de
seis ministros de la Corte Suprema de Justicia le llegó el turno al fiscal. "Estamos intentando terminar con la
impunidad y los privilegios. Eso se inició con los cambios en la Corte y luego vamos a ir a la Fiscalía",
decía Nicanor. Castiglioni afirmaba que el Poder Ejecutivo está realmente preocupado e indignado ante la
"conducta dubitativa o anodina del fiscal general del Estado Osear Latorre, pues no vemos una acción
decidida del representante de nuestra sociedad para promover la investigación y dilucidación de los
hechos denunciados", con relación al escándalo desatado en la Policía Nacional a raíz de la denuncia de que
un grupo de uniformados de la institución pretendía repartirse un multimillonario botín robado al Banco
Nacional de Fomento de Coronel Oviedo. Se hablaba de Gs. 3.000 millones.
También se denunciaba en la prensa que el titular del Ministerio Público conformó una verdadera rosca
en esa institución y con un grupo de agentes de su confianza manejó a su antojo la misma. Se lo acusa de
proteger a políticos y parlamentarios involucrados en hechos ilícitos, y de supuestamente encubrir al
expresidente Luis Ángel González Macchi, quien soporta tres procesos ante la justicia del crimen.
Sin embargo y ante la presión de parlamentarios colorados, tanto Duarte Frutos como Castiglioni
aflojaron sus críticas al fiscal hasta terminar apoyando al funcionario del Ministerio Público. Hechos
como estos constituyen la incoherencia y la pérdida de confianza de la gente en sus representantes.
También pesan sobre el fiscal general el hecho que nunca evidenció un combate decidido a la corrupción y
dejó ir a los mejores fiscales. Fue acusado de ocultar documentos en el caso del desvío de los 16 millones
de dólares; de impulsar la destitución del fiscal Alejandro Nissen, por haber pedido seis años de cárcel
para uno de los hijos del fallecido
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