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Comité de Iglesias
La físcala Carolina Bogado, en forma supuestamente irregular, tuvo casi dos años en su poder 80 millones
de guaraníes que una encausada le entregó en un procedimiento abreviado en el expediente abierto al conocido
megaasaltante Osear Celestino Romero. El millonario monto tenía que ser depositado en una cuenta judicial,
pero sospechosamente quedó casi 24 meses en poder de la agente del Ministerio Público, que luego de ser
intimada por el juzgado entregó el dinero. Así informaba la prensa a mediados de febrero pasado. También la
citada fiscala tenía en su poder otros bienes y objetos del citado Romero, como el caso de un lujoso vehículo
Mercedes Benz. Durante el allanamiento de la residencia de Romero fueron incautados dinero en efectivo,
joyas, vehículos, inmuebles, electrodomésticos, armas y hasta animales silvestres. Todos estos objetos
habrían desaparecido del depósito de la Fiscalía General del Estado, según se publicaba en los medios. La
profusa difusión de los hechos que rodean a este caso mencionaba que el lujoso vehículo fue entregado
por la fiscala Carolina Bogado a la presunta propietaria, Antoliana Romero Cubilla, quien habría simulado
la compra del vehículo valuado en 35 mil dólares en tan solo 10 millones de guaraníes. A raíz de todos
estos hechos la fiscalía dispuso la investigación penal de la fiscala Carolina Bogado. La misma presentó
renuncia indeclinable al cargo. Repuso 52 millones de guaraníes, varios dólares y reales que había
requisado de la casa de Celestino Romero. Al día siguiente fue procesada por el juez Hugo Sosa Pasmor
por el delito de quebrantamiento del depósito. El juez de garantías Pedro Darío Portillo ordenó la reclusión de
la ex fiscala al penal del Buen Pastor. La misma había apelado la decisión del juez Portillo, pero a fines
de abril el Tribunal de Apelación rechazó el pedido de la ex fiscala por lo que seguirá en el penal del Buen
Pastor.
La investigación del fiscal Juan Claudio Gaona reveló la existencia de una pandilla que estaría
compuesta por la ex fiscala Bogado, funcionarios del Centro de Investigación Judicial, policías,
escribanos y abogados. La banda retiraba del depósito del Ministerio Público las "evidencias" confiscadas
en diferentes procedimientos y las comercializaba a través de Ramón Sánchez, encargado de colocar las
"mercaderías". A fines de abril el juez de garantías Pedro Darío Portillo decretaba la prisión de los
funcionarios del Centro de Investigación Judicial, Miguel D 'Eclessis y Luis Olazar y del supuesto reducidor
Sabino Sánchez. Los mismos fueron encontrados seriamente implicados en la venta de evidencias de la
fiscalía. Las sospechas también van dirigidas hacia el ex director del Centro de Investigación
Judicial, Javier Cazal, debido a que fue uno de los que encabezaron el allanamiento a la casa de
Celestino Romero. El ex subjefe del Centro de Investigación Judicial Gabriel Rodríguez, fue detenido
ante la sospecha de que en su residencia había evidencias incautadas de la vivienda de Romero.
El robo de evidencias del Ministerio Público al parecer es un eslabón de toda una cadena de corrupción que
funcionaba a las maravillas para sus directos beneficiados. Sin embargo, d caso de Celestino Romero
permitió conocer a fondo el asunto. Tal es así que el fiscal Joan Claudio Gaona siguió investigando lo que
hay detrás, especialmente la implicancia
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