Bajar libro - CIPAE

Comité de Iglesias
Una ocupación irregular de tierras urbanas que data de hace varios años fue legalizada por el propio
presidente de la República. Se trata de Marquetalia, donde pobladores mantenían un largo litigio con
los propietarios del inmueble ubicado en el distrito de San Lorenzo, de aproximadamente 37 hectáreas.
Las negociaciones para la adquisición del inmueble se habían iniciado con el gobierno de González
Macchi y se manejaba como posible precio de la transferencia Gs. 36.000 millones. De acuerdo a los datos
divulgados por la prensa, el gobierno se comprometió a entregar Gs. 10.000 millones como parte de pago
a los propietarios, y el resto, será saldado a través de la cesión de propiedades que actualmente están en
poder del Estado. En el predio viven alrededor de 1.000 familias. Aquí se había denunciado que se vivía
un régimen de violencia que incluso la propia Policía no tenía acceso, ya que los invasores manejaban de
acuerdo a su propio código. A fines de marzo el gobierno de Duarte Frutos blanqueó la invasión de la citada
propiedad anunciando en el mismo lugar el fin de las negociaciones con los propietarios del terreno
ocupado desde hacía cinco años atrás.
En la segunda quincena de abril de este año el gobierno vetó la ley de condonación de deudas con el
Conavi y el Banavi. La ley sancionada por el Parlamento autoriza la cancelación de deudas de los
beneficiarios de créditos blandos y viviendas por parte de las dos instituciones. A cambio de la referida
legislación el Poder Ejecutivo planteó un proyecto alternativo que contempla la reducción de los
intereses y la cancelación de las deudas en situaciones específicas.
CASO QUE INVOLUCRA A PAÍ RUBIO
La Procuraduría presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la supuesta comisión de los
hechos punibles de lesión de confianza, estafa y producción de documentos de contenido no auténtico contra el
sacerdote José Antonio Rubio y el ex sacerdote Sócrates Garcete, como directores de un proyecto que recibió
una donación de la Unión Europea para la construcción de pozos de agua. El escrito presentado menciona que
ambos desliaron 17.000 millones de guaraníes del dinero que estaba destinado a la construcción de pozos de
agua.
El proyecto YS AKA, manejado por Rubio y Garcete, siguió desviado fondos de la donación europea hacia la
fundación María Gloria, apenas 48 horas antes de que se inicie una auditoría independiente al
emprendimiento, ordenado por la Comunidad Europea y la Secretaría Técnica de Planificación. La
intención era construir 50 pozos de agua y líneas de distribución de agua potable para diferentes
localidades de los departamentos de San Pedro, Misiones y Central.
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