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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
A principios de noviembre de este año el fiscal Delio González Sánchez, fue objeto de un atentado estando
en la ciudad de Villarrica. Cuando viajaba con su familia en un vehículo el rodado fue acribillado, pero
felizmente resultaron ilesos. El mismo se desempaña como fiscal de narcotráfico en el departamento de
Canindeyú. A raíz de este hecho el citado fiscal decidió abandonar esa zona del país porque dijo estar
seguro que el intento de asesinato del que fue víctima lo ordenó la mafia saltoguaireña. Indicó que su
alejamiento obedece especialmente a la preocupación por su familia y señaló que no existe suficiente
apoyo para enfrentar a la mafia fronteriza. Su sospecha principal como mandante del atentado recae
sobre el influyente seccionalero de Salto del Guaira Marciano Godoy, sindicado como uno de los
principales jefes de la mafia de esa zona. El dirigente colorado negó tener algo que ver en el hecho, según
transcribe la prensa y aseguró que la presencia del citado agente fiscal en Salto del Guaira nunca le causó
ningún tipo de molestia. Sin embargo, dijo que "ojalá no venga más acá para que descansemos de él".
A principios de año la Corte Suprema de Justicia dispuso la intervención del Registro del Automotor ante
serias sospechas de varios hechos de corrupción y para transparentar el manejo en el Poder Judicial. El
argumento de la intervención es la necesidad de tener una información adecuada de la realidad actual de la
entidad, de adecuar los datos informáticos a la realidad, de replantear la metodología de trabajo, de
detectar irregularidades de cualquier índole si existieren, en la búsqueda de la transparencia en al manejo
institucional y del cumplimiento del fin último pretendido en la ley que implemento el nuevo sistema, en
los plazos regístrales legales para el logro de la anhelada seguridad jurídica.
El Registro del Automotor fue montado para posibilitar todo tipo de irregularidades y fraudes, en beneficio de
una rosca corrupta que manejó la institución a su antojo. La base de datos es totalmente irreal y responde a una
estructura fríamente calculada para estafar a la ciudadanía. Así expresaba una de las conclusiones a las que
arribó la interventora de la entidad, escribana Norma Oreggioni, quien incluso denunció boicot y amenazas de
parte de grupos que responden al ex ministro de la Corte Suprema, Carlos Fernández Gadea. Sugería una serie
de acciones para solucionar la situación con las siguientes medidas: sanear el sistema informático, adecuar los
datos a la realidad, ajustes informáticos, relevamiento de datos en secciones A, B, C, organización de
mesa de entrada, nacionalidad de vehículos irregulares, desburocratizar procesos, capacitación del
personal y dictar nuevas disposiciones.
Ante las irregularidades detectadas sobre la base de las primeras investigaciones de la Fiscalía General
del Estado a cargo de los fiscales Alejo Vera, Arnaldo Giuzzio y Claudia Penayo, se tiene que hubo
lesión de confianza y estafa, tanto a la ciudadanía como al Estado paraguayo. El ex ministro de la
Corte, Carlos Fernández Gadea, su hombre de confianza, entonces director general de administración y
finanzas del Poder Judicial, Luis
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