Bajar libro - CIPAE

Comité de Iglesias
al mes, al pagarse los G. 75.000 para seguro médico. Ese dinero es repartido entre la supuesta empresa
de seguro y los empleados afectados; en la mayoría de los casos quedan ( G. 50.000 a los empleados y G.
25.000 a la empresa fantasma o pantalla; existen en todas las FF.AA. unos 4.000 empleados civiles,
beneficiados con este régimen; el Estado desembolsa mensualmente G. 225 millones, suma que al año
asciende a G. 2.700 millones El régimen funciona en complicidad de generales, giradores, afectados y
funcionarios del Ministerio de Hacienda, al aceptar el pago a empresas que ni siquiera figuran en el registro
de proveedores o en la Superintendencia de Salud como COAS SER.
A fines de octubre el juez Ángel Cohene dio lugar a un recurso de amparo presentado por el vicesargento
primero Ariel Casui Penayo y ordenó al comandante de las Fuerzas Armadas, Nicanor Duarte
Frutos, arbitrar todos los medios necesarios para brindar tratamiento médico al militar. Casui Penayo
sufrió la explosión de una granada durante un entrenamiento militar y le ocasionó la pérdida de la mano
derecha y heridas considerables en las extremidades. Había recurrido a la justicia a denunciar que las Fuerzas
Armadas lo había abandonado a su suerte luego del accidente y que requería que el Estado se hiciera
cargo de inmediato de su rehabilitación.
A fines de junio y unos días antes de concretarse el retorno de Lino Oviedo al país se publicaba por los
medios de prensa que los suboficiales principales Gabino Cardozo y Severiano Medina fueron
arrestados por tiempo indefinido en el Regimiento Escolta Presidencial por haber integrado un grupo de
música que animó la convención del Partido Unace, donde se habló del retorno de Oviedo al Paraguay
desde el Brasil. El argumento esgrimido por los voceros militares fue que los suboficiales músicos pueden
disponer de sus ratos libres, con "'autorización", pero que no pueden participar de actividades políticas porque son
"militares como todos los demás". La detención de los suboficiales músicos y la amenaza de doblarles el arresto
si seguían las publicaciones constituye un abuso de autoridad y acto de prepotencia, como ya nos tiene
acostumbrada la cúpula militar, afirmaba la diputada Olga Ferreira, integrante de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados.
El teniente coronel José Antonio Idlemir, fue arrestado por 90 días en la Artillería, Paraguarí, como
resultado de un sumario abierto para determinar cómo se filtró una información publicada en el diario
ABC sobre irregularidades en la milicia. La esposa del militar pidió recurso de hábeas corpus a favor de su
marido. Señalaba que el militar no tuvo acceso a la defensa y no fue notificado de las razones de su
aprehensión.
El Poder Ejecutivo solicitó a la Cámara de Senadores el ascenso a general de Ejército del comandante de las
Fuerzas Militares, general de división José Key Kanazawa, en tres ocasiones. Una vez el Senado rechazó
y en otras dos ocasiones el Ejecutivo se vio obligado.
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