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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Otro caso que involucró a la cúpula del Poder judicial estuvo relacionado con la carta de naturalización
de extranjeros. Por tres mil dólares, un ciudadano coreano obtuvo una carta de naturalización con las
firmas falsificadas - según información periodística -, de los ministros de la Corte Suprema de Justicia
anterior, Bonifacio Ríos Avalos, Felipe Santiago Paredes y Raúl Sapena Brugada. El fraude, en el que
estarían involucrados gestores y funcionarios judiciales, quedó al descubierto cuando el extranjero
solicitó una fotocopia autenticada del documento. Como primera medida judicial el fiscal Alejo Vera
ordenó la captura de la gestora Rosa Han.
La Corte Suprema de Justicia detectó que una organización delictiva, que estaría integrada por
funcionarios judiciales, del Banco Central del Paraguay y hasta por jueces, "bicicleteaba" con
alrededor de 40 millones de dólares que el Poder Judicial tiene depositados en el BCP, en distintas
cuentas y a la orden de diferentes juzgados. El entonces presidente interino de la Corte, Raúl Torres
Kirmser, confirmó la información difundida por la prensa escrita. Según los datos manejados por la
fiscalía, se utilizaron órdenes falsas para extraer fondos de cuentas judiciales "congeladas" y derivar el
dinero a otras cuentas abiertas con órdenes igualmente falsas. El dinero era posteriormente transferido a
otras cuentas particulares y luego extraído. Firmas escaneadas de jueces, secretarios y abogados
particulares, órdenes judiciales "maus" dictadas en el marco de expedientes "fantasmas", son algunos
de los recursos utilizados para la perpetración del delito.
La prensa publicaba que existen evidencias de que los jueces Miguel Ángel Rodas, Arturo de los Ríos,
Hugo Bécker y Hugo Sosa Pasmor, están implicados en la extracción ilegal de fondos judiciales que,
según los datos, orilla los Gs. 5 mil millones. Secretarios judiciales, funcionarios de la Contaduría
de Tribunales y del Banco Central integran igualmente el engranaje corrupto, responsable del
vaciamiento de cuentas judiciales mediante las más variadas artimañas, que llegan hasta el fraguar
expedientes. El fiscal Arnaldo Giuzzio abrió una investigación al respecto. En ese sentido una
funcionaria judicial, Norma Rolón Caballero, fue detenida por orden del citado fiscal ante la sospecha de
que habría fraguado un expediente para cobrar un cheque por un valor de Gs. 3.700.000 de guaraníes con una
firma supuestamente apócrifa del juez Arturo de los Ríos.
Los fiscales Francisco Vergara y Sixto Marín imputaron al ex fiscal y ex viceministro del Interior, Carlos
Cálcena, por el supuesto hecho punible de apropiación. La investigación guarda relación con un
fallante de 350 mil dólares de la caja fuerte hallada en el procedimiento en el cual fue detenido el
narcotraficante brasileño Jayme Amato Filho, en Capitán Bado en diciembre del año 2000. El juez de Pedro
Juan Caballero Albino Aquino Amarilla, procesó a Cálcena por el citado delito del cual fue acusado por
los dos fiscales mencionados.
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