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Comité de Iglesias
A principios de febrero el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, anunció la aplicación de un impuesto del 4
por ciento sobre las exportaciones de soja. La medida tendrá un carácter transitorio señalaba. Con ello el
gobierno pretendía recaudar este año 170.000 millones de guaraníes. El titular de la Coordinadora
Agrícola del Paraguay, Héctor Cristaldo, dijo que a su criterio la aplicación de un impuesto a la
exportación de soja es más bien una represalia tomada por el gobierno hacia los productores por la
oposición que tienen al proyecto de ley de reordenamiento administrativo y adecuación fiscal.
El presidente de la República a fines de abril se despachaba con duros términos hacia los productores
sojeros, en estos términos: los grandes manguruyúes, los sojeros que nos chupan la sangre,
instrumentaron a los campesinos contra la ley de adecuación fiscal; quienes ganan mucho dinero
explotando nuestra tierra, contaminando arroyos y hasta pudiendo enfermar a nuestros campesinos
tienen que pagar sus impuestos; quisimos cobrarles, pero se opuso la oposición y, para no pelearnos
entre todos, no cobraremos; lamentablemente no tengo mayoría parlamentaria y no les cobraremos.
Se anunció la entrada en vigencia de dos proyectos de ley que grava el patrimonio rural y la exportación de la
soja. Esta propuesta del Ejecutivo fue calificada como un despropósito por los productores de soja. Expresaron
que el Gobierno pretende echar sobre los hombros del sector agrícola su responsabilidad por la crisis
económica que soporta la República. A raíz de estas propuestas legislativas incluso los gremios productores de
soja y pecuario se retiraron de una mesa de diálogo que conformaron con el gobierno para buscar solución a la
crisis rural.
A la intención de gravar la exportación de soja se le suma la sequía que azotó un buen tiempo al
Paraguay este año, lo cual repercutió en forma negativa para varios rubros agrícolas y una de ellas la
soja. La sequía, según anunciaba Héctor Cristaldo de la Coordinadora Agrícola del Paraguay,
ocasionará una gran pérdida. Según cálculos del gremio, la falta de lluvia arruinará al menos 1.000.000 de
toneladas de la oleaginosa, con lo que se espera una pérdida de entre 200 y 300 millones de dólares.
La sequía también destruyó este año 70.000 hectáreas de 180.000 de maíz que se sembraron después de la
soja, según informes brindados por el Ing. Luis Cubilla, asesor agrícola de la CAPECO. En porcentaje eso
significa la destrucción del 40 por ciento del área sembrada con este rubro, que ya por culpa de la falta de
agua no pudo alcanzar 330.000 hectáreas proyectadas para este año.
Solamente en el segundo departamento, San Pedro, la sequía castigó duramente y las pérdidas
estimadas fueron de más de 40 millones de dólares. Los informes mencionan que hay rubros que solamente
llegaron a salvar el 50 por ciento. Agrega que enero y febrero fueron los más críticos en esa zona, ya que
el déficit de lluvia alcanzó el 90 por ciento, de acuerdo con los datos históricos de las precipitaciones.
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