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Comité de Iglesias
Insúa Ego y otros altos funcionarios del entorno fueron los que manejaron desde un principio el
Registro del Automotor. Unos 50 mil vehículos fueron inscriptos en forma totalmente irregular en el
Registro del Automotor, según un informe preliminar proporcionado a la fiscalía por la
interventora Oreggioni.
A mediados de marzo se informaba que más de 400 casos de corrupción en los ministerios, municipalidades,
gobernaciones, etc., quedaron en la impunidad con la promulgación de la Ley 2.248, a través de la cual se
quitaron atribuciones al Tribunal de Cuentas, segunda sala, para juzgar la gestión administrativa de
instituciones estatales. Esa tarea, con la nueva ley, pasó a cargo de la Contraloría General de la
República.
A principios de marzo de este año el fiscal de Encarnación, Eduardo Petta, fue repuesto en su cargo por
el fiscal general Osear Latorre. El polémico fiscal encarnaceno había denunciado varios hechos de
corrupción considerados "gordos", pero fue removido de su cargo en noviembre del año pasado por el
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuyos miembros alegaron que Petta incurrió en mal desempeño
en sus funciones al permitir el ingreso de gendarmes argentinos en Encarnación, sin autorización del
Congreso, para participar de un procedimiento. Petta, quien estaba asignado a la investigación de la Unidad
Especializada de Contrabando y Evasión, anunciaba que solicitará al fiscal general que le otorgue
competencia por los hechos de corrupción en la Entidad Binacional Yacyretá, y que de esa manera pondrá a
prueba la voluntad política de Latorre.
Semanas después Petta San Martín renunció al cargo y presentó una denuncia contra el fiscal general
Osear Germán Latorre Cañete, por violación de la Constitución Nacional y varias leyes. La denuncia la
realizó ante los tres poderes del Estado. Menciona, por ejemplo, el archivamiento de varias de denuncias
contra agentes fiscales involucrados en hechos de corrupción. Uno de ellos se refiere al fiscal Claudio
Marciano Kostinchok, acusado de encubrir el tráfico de cigarrillos a la Argentina. Otro caso afecta al fiscal
de Itapúa Zacarías Gaicano, quien habría recibido diez mil dólares americanos para disponer el levantamiento
de la detención que pesaba contra un conocido narcotraficante de la zona, Adalberto Vanni Alegre,
detenido con 15.000 kilos de marihuana.
El fiscal penal de la Unidad Uno de la ciudad de Concepción, Luis Ramón Granee, recibió tiros a la altura de
la espalda mientras huía de la Policía después de recibir supuestamente una coima para evitar una
investigación en un caso de tráfico de rollos de madera. El mismo estaba siendo investigado por el fiscal
Amaldo Giuzzio, sobre la base de la denuncia de intento de extorsión de un maderero de la zona norte.
El fiscal general adjunto Marcos Alcaraz, recomendó la inmediata suspensión del fiscal que fuera filmado
por un programa periodístico de la televisión local, mientras recibía una coima de dos mil dólares americanos
para no objetar la explotación y tráfico de madera en una propiedad situada en la zona norte.
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