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Comité de Iglesias
Un informe periodístico publicado señalaba a fines de abril que en el departamento de San Pedro, solo
el 60 por ciento de las tierras adquiridas para asentamientos campesinos está ocupado. El IBR adquirió
124 mil hectáreas para dar solución a campesinos sin tierra. De 10.378, instalados en esas 124 mil
hectáreas, 4 mil se encuentran desocupados. Agregaba que el problema de tierra es real, consecuencia de
la ineficiencia, corrupción y anarquía imperantes en el IBR, actual INDERT. Otra información
complementaria señalaba que más de 170 mil hectáreas de tierra entregó el IBR en los últimos 14 años a
campesinos de San Pedro. La mayoría fue negociada luego de sendas ocupaciones y, en algunos casos,
violentos desalojos inclusive con pérdida de vidas humanas.
Este departamento tiene una extensión territorial de 2.000.200 hectáreas y de acuerdo a datos de la
Dirección de Estadísticas Agropecuarias, de esa extensión, un poco más del 50 por ciento está destinado
a la producción ganadera y el cultivo agrícola ocupa solo el 10,5 por ciento de toda la extensión. La
desproporción entre lo que ocupa la ganadería y la producción agrícola es abismal, según los datos.
Hay que tener en cuenta que el departamento de San Pedro es el de mayor extensión en la región
Oriental.
Una de las medidas adoptadas por el gobierno para atender y buscar soluciones de fondo a la
problemática del campesinado fue la realización de un censo de campesinos que reclaman tierras. El
trabajo iniciado debe culminar con la identificación de las personas que realmente necesitan tierras.
Carlos Walde, asesor del presidente de la República, afirmaba que actualmente no existe un censo
confiable sobre la tenencia de tierras, porque la información más seria que poseen solo contiene datos del
desempeño del IBR entre los años 90 y 2001.
A principios de junio se publicaba por los medios periodísticos que el IBR no pedirá la compra de
nuevas tierras hasta que pueda procesar la mitad del censo campesino que se estaba haciendo.
Un relevamiento de datos en las zonas críticas del departamento de San Pedro respecto a la situación de
los campesinos concluye que el arraigo de las familias campesinas en los asentamientos todavía no se
encuentra consolidado por falta de infraestructura económica y social, puesto que esos factores se están
dando todavía con intermitencia y en algunos casos con debilidad, según explicaba el Ing. Hugo Halley
Merlo, asesor de la Comisión de Atención de al Crisis Agraria en el Campo.
La Unión de Gremios de la Producción pidió al gobierno que intervenga el Instituto de Bienestar Rural,
a fin de investigar cómo se distribuyeron las tierras fiscales. Este pedido fue formulado públicamente
atendiendo a las constantes amenazas de que propiedades de miembros de este gremio serían invadidas
por campesinos sin tierra, según afirmaciones de sus representantes.
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