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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
El Poder Ejecutivo conformó una comisión especial para atender la crisis agraria, denominada
gabinete de crisis.
A mediados de julio el Poder Ejecutivo promulgó la ley que hace desaparecer el Instituto de Bienestar
Rural (IBR) y crea en su reemplazo el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). La nueva
legislación le otorga mayor presupuesto a la reforma agraria, pero recién a partir del año 2005. La ley
dispone que el nuevo ente recibirá el 5 por ciento de los royaltíes que recibe la administración (Yacyretá e
Itaipú). De acuerdo a los cálculos se tiene que el Indert podría recibir más de Gs. 32.000 millones de
guaraníes por año solo en ese concepto.
La ley dispone como patrimonio y recursos de la institución los bienes inmuebles rurales del dominio
privado del Estado; inmuebles o muebles que posea o se encuentren en su dominio y los demás bienes
que adquiera; el importe de la venta y arrendamiento de sus tierras; la suma asignada anualmente en la
ley de Presupuesto General de la Nación; los créditos internos y externos obtenidos y sus rentas; recursos
provenientes de la aplicación del impuesto a las rentas de las actividades agropecuarias; lo producido
por las multas aplicadas; los ingresos provenientes de prestación de servicios, y las fincas rurales de
sucesiones vacantes, de conformidad a lo dispuesto por el Código Civil.
Para el sector campesino el inicio del año 2004 no fue nada halagüeño. Apoco de iniciarse este sector social
registró dos bajas. Los labriegos Mario Arzamendia y Carlos Robles Correa, fueron ultimados por
policías en la zona de Repatriación, departamento de Caaguazú el 21 de enero. Los mismos
partieron de Ypekua y se dirigían con un grupo numeroso de campesinos en un camión para participar
de una manifestación en repudio a la utilización de agrotóxicos en cultivos de soja en el asentamiento
Juliana Fleitas, de la colonia Ypekua, a 300 kilómetros de Asunción. Fueron interceptados por una
patrullera que tras lograr detener el camión acribilló la carrocería donde iba un número importante de
labriegos. En ese hecho fallecieron los dos mencionados y resultaron heridos varios campesinos.
También resultaron una decena de lesionados y más de 40 detenidos.
Como consecuencia de este hecho dos altos jefes de la Policía fueron destituidos y arrestados. El
entonces comandante de la Policía, Crio. Gral. Humberto Núñez, ordenó la destitución del jefe de la
Agrupación de Policía Ecológica y Rural (APER), Crio. Princ. Rogelio Benítez. Igual suerte le tocó al jefe
de la Agrupación Especializada de la institución, Crio. Princ. Fidel Isasa. El entonces ministro del Interior
Orlando Fiorotto, afirmaba que en la Policía Nacional existirían oficiales interesados en desestabilizar al
Gobierno. Indicó que la muerte de los dos campesinos aumenta la sospecha de un complot, al señalar que se
desacató una orden que prohibe a los policías el uso de armas en conflictos rurales.
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