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Comité de Iglesias
de Estado entre febrero de 1996 y noviembre del 2003, lo que equivale a un promedio mensual de G.
951.430.536, según documentos que obran en la Corte Suprema de Justicia. En ese lapso estuvieron como
ministros de Justicia y Trabajo Sebastián González Insfrán, Juan Manuel Morales, Ángel Campos, Silvio
Ferreira y José Burro.
El ministro Monges prometió hacer el seguimiento del proceso de recuperación del millonario monto
que debió ser destinado a la construcción y mejoramiento de las cárceles del país. El principal sospechoso
del robo es el ex ministro y ex diputado Silvio Ferreira, quien hace más de un año se encuentra prófugo.
A mediados de noviembre el ministro de Justicia y Trabajo Juan Darío Monges solicitó la intervención de la
Contraloría para que audite su gestión ante publicaciones sobre posible sobrefacturación en la compra de
carne para reclusos. El ministro decidió separar del cargo al director de administración y finanzas,
Arcadio Cabrera Cabral. Se trata de uno de los que tuvieron a su cargo la licitación de alimentos para la
penitenciaría nacional de Tacumbú junto a Pablo Vargas, director financiero y Hugo Alvarenga, director de
la unidad de contrataciones públicas, y operador político del ministro en el distrito de Sapucai, su pueblo
natal, y Guido Burgos, auditor interno y sobrino del secretario de Estado.
El juez de ejecución de feria, Antonio Insfrán, visitó el penal de Tacumbú y constató que en esa
penitenciaría sigue una vieja práctica de tener un lugar cómodo para algunos y exhortó al director de la
cárcel Julián Bernadeth a que otorgue un trato igualitario a todos los presos. El magistrado observó que uno
de los pabellones ubicados en planta alta contaba con ciertas comodidades como acondicionar de aire.
Los ocupantes, la mayoría comerciantes, dijeron al juez que no pagan nada por ocupar ese lugar. Sin
embargo, es "vox populi" en el penal que se paga una determinada suma de dinero para ocupar un
cómodo lugar de reclusión.
El mismo magistrado visitó también la cárcel de alta seguridad de Emboscada, donde constató que
los internos se encuentran en una situación de aislamiento por la desorganización existente en las
direcciones de las cárceles, que someten a castigos a los presidiarios y no le hacen un seguimiento. En ese
reclusorio a principios de año se tenía una población de 136 adultos, 50 menores y 22 mujeres, separados
por pabellones. El periplo realizado por el juez Insfrán a principios de año incluyó también el Centro
Educativo Integral que es la cárcel de menores ubicada en Itauguá. En ese lugar había 90 internos que ya
alcanzaron la mayoría de edad, es decir los 18 años, incluso otros ya cumplieron los 20 años.
Tras concluir su recorrido por las cárceles del área metropolitana el juez Antonio Insfrán, señalaba la
necesidad de clasificar a los presos por su situación procesal, profesión y oficios para mejorar las
condiciones de vida en las cárceles. Además de la crítica situación
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