Bajar libro - CIPAE

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
También se informaba que el despilfarro en la telefónica de capital estatal no solo se da en las millonarias
compras en dólares, sin previa licitación, sino hasta grandes desembolsos en guaraníes por poda de
ramas o alquilar de impresoras.
La directora de los registros públicos, Lourdes González, advertía a principios del mes de julio sobre la
inseguridad absoluta con que se manejan actualmente los registros de propiedad en Paraguay. Dijo que en
las actuales condiciones "es aterradoramente fácil" sobornar a un funcionario para adulterar, falsificar o
robar documentos. Contó incluso que se está pagando hasta un millón de guaraníes por hojas selladas en
blanco, que se utilizan luego para falsificar títulos. Decía que en la actualidad, de los 24
departamentos con los que cuenta la Dirección del Registro Público, solo en tres pudieron iniciar un
proceso de microfilmación de documentos para evitar que sean robados o adulterados. El resto es
totalmente permeable a falsificadores o estafadores.
El entonces procurador general de la República Nelson Alcides Mora Rodas a principios de enero
denunció a abogados, síndicos entre los que se encuentra el titular de la Sindicatura, Fausto Portillo, jueces
y fiscales, escribanos y oficiales de justicia, que suman unos 40 en total, por cobro indebido de honorarios,
enriquecimiento ilícito, evasión impositiva y omisión culposa. Una suma parcial de los montos
presentados por Mora da cuenta que se causó un perjuicio de aproximadamente 27 mil millones de
guaraníes al Banco Central del Paraguay, al Instituto de Previsión Social (IPS) y al Estado paraguayo.
Mora explicaba que la intención es probar por lo menos medianamente que se ha montado un
modelo de percepción de honorarios profesionales de las entidades en liquidación y/o quiebra aparentemente
legal para recuperar bienes de los entes bancarios quebrados al solo efecto de pagar altísimos
honorarios, en complicidad de jueces, fiscales, síndicos, etc.
La prensa local divulgaba a principios del mes de febrero de este año que la Cancillería nacional instruyó
sumario a la entonces embajadora paraguaya ante el gobierno de Italia, Lilia Romero Pereira. La causa
es que durante años el Consulado General del Paraguay en Barcelona, España, estaba expidiendo
ilegalmente y sin reportar los ingresos correspondientes, matrícula para embarcaciones y hasta títulos de
capitán. Un reporte periodístico desde España daba cuenta de que en el Consulado paraguayo en
Barcelona hay catorce biblioratos repletos de patentes para embarcaciones y convalidaciones de
títulos de tripulación concedidas ilegalmente por la citada diplomática. Consignaba la
información que la ex consulesa aseguraba haber transferido religiosamente a la Cancillería todos
los aranceles cobrados, que en el caso de las patentes era de 40 dólares. Sin embargo, agregaba, que
existe un caso por lo menos en el que el afectado, un alemán de nombre Gunther Henkel, domiciliado en
Mallorca, España, afirma haber pagado 2.000 marcos en 1987 (1.200 dólares al cambio
39