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Comité de Iglesias
A fines de octubre se publicaba por la prensa que la educación de indígenas en el Chaco pasaba por su
peor momento a pesar de las inversiones destinadas desde las gobernaciones. La sequía, destrucción de los
cultivos y la falta de más asistencia hacen que los niños abandonen las escuelas en busca de sustento,
decía el reporte del corresponsal del diario Ultima Hora del Chaco. En cifras el material periodístico señala
que 4.518 niños y jóvenes indígenas del Chaco, comprendidos entre los 5 y 19 años, asistieron alguna
vez a una escuela y 3.016 nunca pisaron un aula; 8.518 escolares asisten actualmente a las escuelas y
7.947 llegaron a completar la Educación Escolar Básica en el año 2002; 42.964 indígenas de diversas etnias
pueblan los tres departamentos de la región Occidental.
Un tema que data de hace tiempo pero que las autoridades respectivas ignoran olímpicamente
es el de la prostitución de menores indígenas en el Chaco paraguayo. A principios de noviembre el diario
Ultima Hora realizó una serie de notas sobre este tema. Decía que crece la prostitución en Filadelfia y que
muchas niñas indígenas de 12 años de edad se ofrecen a cambio de "cualquier cosa", empujadas por la
miseria y el hambre. Se hablaba de la propagación del virus VIH del sida por la región debido a que no se
utilizan preservativos. Decía la publicación que hay 17 casos de VIH confirmados en Boquerón y que
habría varios "no declarados".
A raíz de una violenta expulsión de su asentamiento que sufrieron indígenas de la Comunidad
Indígena Kelyenmagategma del Pueblo Enxet el 29 de agosto por civiles armados, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso solicitar al Gobierno del Paraguay proteger la vida
e integridad física de los miembros de la citada comunidad indígena, respetando su identidad cultural y su
especial relación con el territorio ancestral; brindar ayuda humanitaria a los miembros de la
comunidad, en especial garantizar el acceso a los servicios básicos de salud, alimentación y educación a
los niños de la comunidad; asegurar que los beneficiarios puedan continuar habitando el territorio
ancestral reclamado sin ningún tipo de coacción o amenaza, hasta tanto los órganos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos hayan adoptado una decisión definitiva sobre el asunto;
abstenerse de restringir ilegalmente el derecho de libre circulación de los miembros de la Comunidad
Kelyenmagategma, e investigar los hechos que motivan la solicitud de medidas cautelares. Estas
medidas deberán acordarse en consulta con los interesados y tendrán una vigencia de 6 meses, al final de
los cuales la Comisión decidirá si procede continuar con ellas o archivarlas.
El gobierno cumplirá con las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para la comunidad indígena de Puerto Colón, Chaco, informó Julio Duarte, director de Derechos
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de participar de una reunión interinstitucional.
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