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PARO CÍVICO
Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
El 16 de noviembre organizaciones campesinas con sectores sociales y políticos realizaron una jornada de
protesta nacional. Básicamente eran tres las consignas: cese de represión en las ocupaciones
campesinas, liberación de labriegos detenidos, en ese tiempo eran alrededor de 200, y la vuelta a los
cuarteles de miembros de las Fuerzas Armadas que participaron activamente en los últimos desalojos.
También se incluyeron otros reclamos tales como 400.000 hectáreas de tierra para los campesinos;
reajuste salarial del 24 por ciento para los sectores público y privado; arancel O para universitarios de la
UNA; banca pública de acuerdo con el proyecto presentado por el Frente Nacional de Lucha por la
Vida y la Soberanía; mejor distribución del presupuesto general de gastos de la nación; la destitución del
fiscal general Osear Germán Latorre y una depuración de todo el Ministerio Público; rechazo a la política
económica del gobierno y la incidencia del Fondo Monetario Internacional; derogación de decreto que
libera la semilla transgénica de soja; congelamiento de la canasta básica, y mayor inversión social.
La lluvia caída el día de la jornada de protesta incidió en la escasa respuesta cívica a la convocatoria del
Frente. A ello se sumó la visible falta de organización. En la tranquila jornada hubo cierre de rutas, no se
registraron incidentes ni detenciones. En el transcurso de la jornada se realizó una reunión en el Palacio
de Gobierno entre el presidente sus ministros y dirigentes del Frente. En esa reunión no hubo acuerdo y
el gobierno resolvió endurecer su postura invocando la facultad de utilizar la fuerza para defender los
derechos constitucionales. En tanto que el frente se reunió al día siguiente y resolvió continuar con el paro
cívico, las invasiones y cierre de rutas.
En la víspera de la jornada del paro cívico la Iglesia Católica se reunió con líderes campesinos y de
sectores sociales así como con algunos senadores para analizar la situación. La propuesta fue una tregua de 60
días entre campesinos y el Gobierno, así como el retiro de los militares de los desalojos para iniciar un
proceso de diálogo que busque las soluciones al problema de la tierra. La propuesta fue entregada al
presidente de la República Nicanor Duarte Frutos por parte de Mons. Fernando Lugo y Juan Bautista
Gavilán.
Un grupo de campesinos que habían sido detenidos en San Pedro y trasladados a la cárcel de Concepción
realizaron huelga de hambre y unos días después de sed, en reclamo de libertad. El empleo de fuerzas
militares en los desalojos de campesinos motivó duras críticas al presidente de la República desde
diversos sectores de la sociedad. El Frente Nacional de Lucha por la Vida y la Soberanía presentó el
19 de noviembre una acción de inconstitucionalidad contra el decreto N° 167 del 27 de agosto que
autoriza la intervención de miembros de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
Precisamente este
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