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Comité de Iglesias
También el hijo del ministro Wildo Rienzi Gaicano, Augusto, tuvo un aumento de G. 499.300. Otros
parientes de Rienzi beneficiados con el aumento son Nilda Graciela Gaicano Guerrero y Ruth Carmen Osorio
González.
Estos hechos constituyen muestras fehacientes del tráfico de influencias que funciona a full en el Poder
Judicial. Lo criticable es que los nuevos ministros de la Corte que fueron nombrados este año, seis en total,
rápidamente se adaptaron al modus operandi, ya que designaron a sus parientes cercanos en cargos en
la Corte Suprema de Justicia. Estos hechos insignificantes a primera vista, presagian que los cambios
son de nombres y de fachada nada más, porque los mismos vicios que motivaron la remoción de los
anteriores ministros siguen plenamente vigentes.
A principios de abril de este año el tribunal de sentencia dictó su fallo en el largo y sonado caso del desvío
de 16 millones de dólares de dinero de los bancos Unión y Oriental al exterior. El 2 de abril condenó por
unanimidad a Julio González Ugarte a 10 años de prisión, a Carlos Pecci a 8 años, a Juan Femando
Rodríguez Leith a siete años y seis meses, a Ramón Guillen a siete años y a Valeria Ortiz de Esteche a 4
años. Los declaró culpables del delito de lesión de confianza como partícipes del desvío de los 16 millones de
dólares de los citados bancos. En tanto que el ex contralor general de la República, Daniel Fretes Ventre,
quien había sido acusado por asociación criminal, fue absuelto de culpa y pena.
Después de más de dos días de deliberación los jueces Roque Orrego, Antonio Ocampos y Gustavo
Santander, miembros del tribunal de Sentencia dieron a conocer su veredicto. Previamente se había
realizado el juicio oral y público donde se pudo conocer detalles y entretelones del manejo de la citada
suma de dinero y el involucramiento de varias personas entre ellas el propio presidente de la República de
entonces, Luis Ángel González Macchi. Esta condena en primera instancia contra los responsables del desvío
ha echado por tierra el principal argumento esgrimido por los receptores del dinero en los Estados Unidos para
impedir su repatriación, es decir que los fondos fueron entregados con la venia del gobierno paraguayo.
A mediados de junio la Cámara de Apelación redujo las penas impuestas a los a los condenados. A
González Ugarte le redujo la condena de 10 años a 9 años y seis meses; de 8 años a 7 años y 6 meses al
ex superintendente de bancos, Carlos Pecci. Los más beneficiados fueron Ramón Guillen y Juan
Fernando Rodríguez Leith, quienes de una condena de 7 años y 7 años 6 meses, respectivamente, la pena
reducida los retendrá en la cárcel hasta el 10 de agosto del año 2006. El caso de Valeria Ortíz de Esteche,
la Cámara confirmó la pena de 4 años de cárcel. El fiscal Javier Contreras anunció que recurrirá a la Corte
Suprema de Justicia a pedir que revea el fallo de la Cámara de Apelación. Este escándalo se conoció
gracias a investigaciones periodísticas y no así por reacción propia
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