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Comité de Iglesias
El juez de liquidación y sentencia de San Lorenzo, Antonio Ocampos Carvallo renunció al cargo ante su
inminente remoción por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El mismo fue procesado por haber
habilitado más de 60 cuentas comentes canceladas, solamente de enero a marzo de este año y con los del
año pasado suman 250 cuentas. A raíz de las publicaciones la Corte Suprema de Justicia denunció que la
rehabilitación de cuentas era un negocio de varios jueces. Había solicitado informes al Banco Central del
Paraguay y en base a los documentos suspendió de inmediato a Ocampos y al juez de Lambaré Luis María
Yaryes y luego remitió los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Yaryes ordenó la
reapertura de 150 cuentas comentes canceladas judicialmente.
El máximo tribunal del país ordenó la instrucción de un sumario administrativo al ex director general de
administración y finanzas y a la ex directora administrativa de la Corte, Luis Insúa Ego y Patricia Giucich.
Fue a raíz del lapidario informe de la intervención de dichas reparticiones, que ha dejado al descubierto una
serie de irregularidades en el manejo de fondos públicos entre los años 2001 y 2003, entre ellas operaciones
con firmas fantasmas. Las proveedoras fantasmas, en total 8 cuyas direcciones no existen, tenían
exclusividad en la adquisición de artículos de oficina por sumas significativas.
A mediados de octubre la Corte Suprema de Justicia destituyó a la funcionaría Ruth Carmen Osorio de su
cargo de mediadora de la Oficina de Conciliación Penal por ineptitud moral manifiesta. La fiíncionaria se
vio envuelta en un escándalo al acompañar a su pareja Arnaldo Acuña cuando este exigía a un particular 80
mil dólares para liberar a un procesado, el aduanero Víctor Hugo Carreras. El ministro de la Corte Miguel
Osear Bajac Albertini, dijo al respecto que hay una gavilla operando en el Poder Judicial, pero anunció que el
máximo tribunal del país será implacable con los funcionarios involucrados en hechos de corrupción.
El día 2 de diciembre, medios de prensa daban cuenta que cinco miembros del Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrado, admiten la insólita acusación contra el fiscal ARNALDO GIUZZIO, por investigar a su
colega ANTONIO BERNAL CASCO por liberar a mariguaneros.
JUICIO POLÍTICO AL FISCAL GENERAL
Líderes de partidos de oposición de la Cámara de Diputados pidieron el juicio político del fiscal general del
Estado Osear Germán Latorre Cañete, por mal desempeño de funciones y comisión de delitos comunes.
Este pedido fue presentado a fines de mayo de este año. Los fundamentos del pedido son: Denuncia de las
hermanas Arrom en el caso de secuestro y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí. Las mismas involucran
a Latorre en hechos de terrorismo de Estado, tortura, secuestro, asociación criminal y desaparición de
personas, entre otros delitos graves de lesa humanidad; protección a fiscales acusados de coimas; los
fiscales Juan Carlos Duarte, Hugo Velázquez y Amilcar Ayala, vinculados a la mafia
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