Operaciones de Franquicias en la República Dominicana

RESUMEN
EJECUTIVO
Operaciones de Franquicias en la
República Dominicana
INTRODUCCIÓN
Pellerano & Herrera se place en presentarles el presente resumen legal sobre
operaciones de franquicias en la República Dominicana.
Esta guía contiene información útil para franquiciantes y franquiciados que de-
sean realizar operaciones en la República Dominicana, ya sea individualmente
o con socios locales o extranjeros.
Esta guía proporciona una vistazo general de las normas legales que deben
ser tomadas en cuenta al formar parte de una operación de franquicia en la
República Dominicana, incluyendo una revisión de todas las posibles formas de
establecimiento corporativo o no corporativo, regulación fiscal, protección a la
propiedad intelectual e inversión extranjera. Además contiene una sección que
ofrece una breve descripción de los tratados internacionales más importantes
de los cuales es signataria la República Dominicana.
EL CONTRATO DE FRANQUICIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
En la República Dominicana no están regulados los contratos de licencia, fran-
quicia ni transferencia de tecnología, secretos de mercado, protección de da-
tos digitales, no concurrencia y regalías son en su mayoría regulados mediante
acuerdos privados entre las partes envueltas, con la excepción de la confiden-
cialidad y las normas anti-monopolio, las cuales son reguladas por estipulacio-
nes del Código Penal. Sin embargo, la Ley No.16-95 de Inversión Extranjera
de la República Dominicana y la Ley No.173-66 sobre Protección al Agente Im-
portador de Productos y Mercancía tienen una gran importancia en esta área.
Las franquicias y los contratos para licencia de patentes, uso de marcas, arren-
damiento financiero de maquinaria y equipos, así como la transferencia del
REVISADO: 31 de julio, 2012
STATUS: Vigente
TABLA DE CONTENIDO
Introducción
El contrato de franquicia
en la República Dominicana
I. Protección de la propiedad
intelectual
II. Formas de organización
comercial
III. Entorno internacional
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OPERACIONES DE FRANQUICIAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Know How y de tecnología, son especialmen-
te tratadas por la Ley 16-95 sobre Inversión
Extranjera de la República Dominicana, la
cual permite al licenciatario, luego de haber
cumplido con ciertos requisitos registrales,
cambiar legalmente pesos dominicanos en
moneda de libre conversión en los mercados
locales para fines de pagar al exterior las rega-
lías y otras obligaciones asumidas en dichos
contratos.
La Ley 16-95 sobre Inversión Extranjera, re-
quiere la autorización previa por parte del Ban-
co Central de los acuerdos que involucran un
intercambio de tecnología. A parte de éstas,
esta ley no establece ninguna otra restricción,
y tampoco establece ningún límite al monto
de las regalías remesadas al exterior. Por lo
tanto, una vez registrado un contrato de licen-
cia o franquicia, el licenciatario o franquiciado
quedan autorizados para el cambio de la mo-
neda local para los fines de realizar los pagos
de las regalías derivadas de los acuerdos. De-
bemos tomar en cuenta que de conformidad
con el Código Tributario, el licenciatario o fran-
quiciado deberá retener el Impuesto sobre la
Renta antes de remitir las regalías al licencia-
tario o franquiciante y deberá entregar a los
oficiales fiscales los recibos que evidencien
el pago hecho a las autoridades fiscales. El
pago de regalías realizado por un licenciante o
franquiciado no registrado no será reconocido
por el Banco Central para fines del cambio de
divisas y debe ser retenido en el país.
Por otro lado, la Ley 173-66 sobre Protección
al Agente Importador de Productos y Mercan-
cía tiene como objeto proteger las personas
físicas o morales que se dediquen en la Re-
pública Dominicana a promover o gestionar la
importación, la distribución, la venta, el alqui-
ler o cualquier otra forma de explotación de
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mercaderías o productos procedentes del ex-
tranjero o cuando los mismos sean fabricados
en el país, actuando como agentes bajo cual-
quier denominación. De lo que podemos co-
legir que al dicha ley poseer una redacción tan
amplia en cuanto a los sujetos que se benefi-
cian de ella, de ello se deriva que su alcance
protege a los franquiciados de la terminación
unilateral por parte del franquiciante.
I. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
La propiedad intelectual es un elemento de
tal importancia dentro del marco de las ope-
raciones de franquicia, y es que uno de los
elementos esenciales en este tipo de con-
trato es la licencia de una marca de fábrica
reconocida, siendo dicho instrumento el que
individualiza y uniformiza la operación que se
realiza.
En este orden, se enmarcan dentro de las
obligaciones del franquiciado proteger la mar-
ca del franquiciante y el Know-How recibido,
razón por la cual resulta importante esta rama
del derecho frente a tales operaciones,
En la República Dominicana los derechos de
propiedad intelectual reciben una adecua-
da protección legal, ya que nuestro país es
miembro de las convenciones internacionales
más importantes en esta materia.
1. CONVENCIONES INTERNACIONALES
La República Dominicana es signatario de las
siguientes convenciones internacionales en
materia de propiedad intelectual:
a) La Convención de Paris sobre Protección
de la Propiedad Industrial.
b) La Convención Panamericana sobre

Patentes de Invención, Dibujos y Diseños
Industriales.
c) La Convención Panamericana sobre Protec-
ción de Marcas Comerciales y Agrícolas.
d) Convenio de Berna para la Protección de
las Obras Literarias y Artísticas
e) La Convención de Roma
f) El Tratado de Singapur
g) El Tratado sobre Derecho de Marcas
h) La Convención sobre Depósito Internacio-
nal de Dibujos y Diseños Industriales.
i) La Convención Universal de Derechos de
Autor.
j) La Convención sobre Registro Internacional
de Marcas Comerciales.
2. PATENTES
Las patentes están reglamentadas por la Ley
No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, y repre-
sentan el derecho de propiedad otorgado por
el Estado Dominicano a la persona que realiza
un invento o descubrimiento.
En ese sentido, pueden ser patentados toda
invención que sea susceptible de aplicación
industrial, sea novedosa y posea un nivel in-
ventivo. No serán patentables aquellas in-
venciones cuya explotación sería contraria al
orden público o a la moral, aquellas que sean
evidentemente contrarias a la salud o la vida
de las personas o animales, o puedan causar
daños al medio ambiente y las plantas o ani-
males, excepto los microorganismos, y los
procedimientos esencialmente biológicos
para la producción de plantas o animales.
Una patente dominicana confiere a su titu-
lar el derecho de excluir a terceras personas
de la explotación de la invención patentada.
OPERACIONES DE FRANQUICIAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Esta posee una duración de veinte años (20)
improrrogables contados a partir de la fecha
de presentación de la solicitud en la Repúbli-
ca Dominicana. A requerimiento de cualquier
persona interesada o de cualquier autoridad
competente, la Oficina Nacional de la Pro-
piedad Industrial puede revocar una patente
cuando se abusara de los derechos conferi-
dos por la patente en relación con prácticas
anticompetitivas o de abuso de una posición
dominante en el mercado, de tal modo que
afecte indebidamente la economía nacional.
El proceso de solicitud de la patente comien-
za con el depósito de una solicitud por ante
la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
que comprenderá una instancia con los datos
relativos al solicitante, al inventor y al manda-
tario, si lo hubiera, una descripción, una o más
reivindicaciones, los dibujos que correspon-
dan, un resumen, y el comprobante de pago
de la tasa de presentación y debe indicarse la
fecha, el número y la oficina de presentación
de toda solicitud de patente u otro título de
protección que se hubiere presentado, o del
título que se hubiese obtenido ante otra Ofici-
na de Propiedad Industrial
3. MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES
En esta área la legislación aplicable es igual-
mente la Ley No. 20-00 sobre Propiedad In-
dustrial. De acuerdo con esta ley, una marca
puede consistir, entre otros, en palabras, de-
nominaciones de fantasía, nombres, seudó-
nimos, lemas comerciales, letras, números,
monogramas, figuras, retratos, etiquetas,
escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas
y bandas, combinaciones y disposiciones de
colores, formas tridimensionales, sonidos y
olores, pueden asimismo, consistir en la for-
ma, presentación o acondicionamiento de los
productos o de sus envases o envolturas, o
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OPERACIONES DE FRANQUICIAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
de los productos o de sus envases o envoltu-
ras, o de los medios o locales de expendio de
los productos o servicios correspondientes.
Entre las marcas que la ley prohíbe registrar
se encuentran las siguientes:
a) Armas o emblemas públicos nacionales o
extranjeros.
b) El nombre de localidades que no sean el
lugar de origen del artículo.
c) Palabras o diseños ofensivos al decoro pú-
blico.
d) Palabras o diseños referentes a una perso-
na sin su consentimiento.
e) La forma o el color de un producto o de su
envase.
f) Los términos de uso general.
g) Los términos que se refieran a la naturaleza
o el tipo del producto.
h) Los nombres geográficos empleados
solos.
El registro confiere el derecho de propiedad
sobre la marca o nombre comercial, y garan-
tiza su uso exclusivo y su protección durante
un período de diez (10) años, renovable por
períodos sucesivos de diez (10) años. El regis-
tro puede cancelarse a solicitud de cualquier
persona interesada por ante la Oficina Nacio-
nal de la Propiedad Industrial (ONAPI), cuando
el titular de dicho registro no se hubiese usa-
do en el país durante un período ininterrumpi-
do de tres años.
La solicitud de registro debe ser hecha pú-
blica, y en la práctica todas las solicitudes de
registro se publican el último día de cada mes
en un periódico de circulación nacional. Si na-
die se opone al registro en un plazo de 45 días
la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
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(ONAPI) expide el Certificado de Registro co-
rrespondiente.
4. DERECHOS DE AUTOR
La Ley de Derechos de Autor No. 65-00 sobre
Derecho de Autor, esta ley protege exclusiva-
mente la forma como las ideas del autor, son
descritas, explicadas, ilustradas o incorpora-
das en las obras literarias, artísticas o cientí-
ficas, pero no las ideas, los procedimientos,
los métodos de operación o los métodos ma-
temáticos en sí.
El autor tendrá un derecho perpetuo sobre su
obra, inalienable imprescriptible e irrenuncia-
ble para:
a) Reivindicar en todo tiempo la paternidad de
su obra y, en especial, para que se indique
su nombre o seudónimo, cuando se realice
cualquiera de los actos relativos a la utilización
de su derecho; cuando tales actos puedan
causar o causen perjuicio a su honor o a su
reputación profesional, o la obra pierda mérito
literario, académico o científico. El autor así
afectado, podrá pedir reparación por el daño
sufrido;
b) A conservar su obra inédita o anónima has-
ta su fallecimiento o después de el, cuando
así lo ordenare por disposición testamentaría;
aunque ella hubiese sido previamente autori-
zada, indemnizando los perjuicios que se pu-
diesen ocasionar a terceros.
En cuanto a los derechos patrimoniales los
derechos de autor corresponden al autor du-
rante su vida y a su cónyuge, herederos y cau-
sahabientes por cincuenta (50) años contados
a partir de la muerte de aquel. En caso de
colaboración debidamente establecida, el
término de cincuenta (50) años comienza a
correr a partir de la muerte del último coautor.

Asimismo, es preciso señalar que el autor o
sus causahabientes pueden ceder o conceder
a otra personal el derecho a utilizar la obra, en
su contenido patrimonial mediante contrato
a título gratuito u oneroso, en forma exclusi-
va o no exclusiva, sin embargo, salvo pacto
en contrario o disposición expresa de la ley,
la cesión se presumirá realizada en forma no
exclusiva y a título oneroso.
II. FORMAS DE ORGANIZACIÓN
COMERCIAL
El franquiciante o franquiciado extranjero in-
teresado en participar en el mercado domini-
cano querrá canalizar su negocio o inversión
de la manera que mejor se corresponda con
el tipo de actividad de que se trate o con la
estrategia internacional adoptada para la reali-
zación de la misma. Las leyes dominicanas le
permiten escoger libremente entre las diver-
sas modalidades de organización comercial,
ya que no existe ninguna restricción al res-
pecto, a excepción de determinados merca-
dos regulados.
1. EL VEHÍCULO CORPORATIVO
La Ley No.479-09, modificada por la Ley
No.31-11 sobre Sociedades Comerciales y
Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada permite también la creación de los
siguientes tipos de entidades empresariales:
a) Las sociedades en nombre colectivo;
b) Las sociedades en comandita simple;
c) Las sociedades en comandita por acciones;
d) Las sociedades de responsabilidad limita-
da; y,
e) Las sociedades anónimas, que podrán ser
de suscripción pública o privada
OPERACIONES DE FRANQUICIAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
f) Las sociedades en participación, que permi-
te a sus miembros actuar como una entidad
pero no tiene existencia legal frente a terce-
ros.
2. ALCANCE DE LAS SOCIEDADES
COMERCIALES.
La sociedad en Nombre Colectivo es aquella
que existe bajo una razón social y en la que to-
dos los socios tienen la calidad de comercian-
tes y responden, de manera subsidiaria, ilimi-
tada y solidaria, de las obligaciones sociales.
La Sociedad en Comandita Simple es la que
existe bajo una razón social y se compone de
uno o varios socios comanditados que res-
ponden de manera subsidiaria, ilimitada y so-
lidaria de las obligaciones sociales, y de uno
o varios comanditarios que únicamente están
obligados al pago de sus aportaciones.
La Sociedad de Responsabilidad Limitada
es la que se forma por dos o más personas
mediante aportaciones de todos los socios,
quienes no responden personalmente de las
deudas sociales.
La Sociedad en comandita por acciones se
compone de uno o varios socios comandita-
dos que tendrán la calidad de comerciantes
y responderán indefinida y solidariamente de
las deudas sociales, y de socios comandita-
rios, que tendrán la calidad de accionistas y
sólo soportarán las pérdidas en la proporción
de sus aportes. Su capital social estará dividi-
do en acciones.
Las sociedades accidentales o en participa-
ción constituyen un contrato por el cual dos
(2) o más personas que tienen la calidad de
comerciantes toman interés en una o varias
operaciones comerciales determinadas y
transitorias, que deberá ejecutar uno de ellos
en su solo nombre y bajo su crédito perso-
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OPERACIONES DE FRANQUICIAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
nal, con cargo de rendir cuenta y dividir con
sus partícipes las ganancias o pérdidas en la
proporción convenida. Estas sociedades no
tendrán personalidad jurídica y carecerán de
denominación, patrimonio y domicilio socia-
les. No estarán sujetas a requisitos de forma
ni matriculación y podrán ser probadas por to-
dos los medios.
A diferencia de otros sistemas, que permiten
alguna forma de traspasar el velo corporativo,
la ley dominicana sólo permite llegar hasta los
accionistas en caso de fraude o dolo, cuyas
reglas de prueba ante los tribunales son por
lo demás bastante estrictas. No se diferencia
entre acreedores contractuales o por respon-
sabilidad civil, ni se otorga un trato especial
a las transacciones de la casa matriz con sus
filiales.
3. FUSIONES Y ADQUISICIONES
La Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales
y Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada establece que una o varias socieda-
des podrán, por vía de fusión, transmitir su
patrimonio a una sociedad existente o a una
nueva sociedad que constituyan. Asimismo,
una sociedad podrá también, por vía de esci-
sión, transmitir su patrimonio a varias socieda-
des existentes o a varias sociedades nuevas.
En cuanto al procedimiento, la referida Ley es-
tablece que la fusión implicará los siguientes
pasos:
a) La disolución sin liquidación de las socie-
dades que desaparecen y la transmisión uni-
versal de sus patrimonios a las sociedades
beneficiarias, en el estado en que se encuen-
tren a la fecha de la realización definitiva de la
operación; y,
b) Simultáneamente, para los socios de las
sociedades que desaparecen, la adquisición
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de la calidad de socios de las sociedades be-
neficiarias en las condiciones determinadas
por el contrato de fusión.
Por su parte, la escisión implicará:
a) La extinción de una sociedad con división
de patrimonio en dos o más partes, cada una
de las cuales se traspasa en bloque a una so-
ciedad de nueva creación o es absorbida por
una sociedad ya existente; o,
b) La segregación de una o varias partes del
patrimonio de una sociedad sin extinguirse,
traspasando en bloque lo segregado a una
o varias sociedades de nueva creación o ya
existentes.
En ambos casos, las partes sociales de las
sociedades beneficiarias de la escisión de-
berán ser atribuidas en contraprestación a
los socios o accionistas de la sociedad que
se escinde en la proporción a sus respectivas
participaciones.
4. ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES
La Ley 16-95 sobre Inversión Extranjera elimi-
nó el único desincentivo existente al estable-
cimiento de sucursales, ya que ahora el inver-
sionista no necesita incorporar una sociedad
dominicana para poder registrar su inversión
en el Banco Central. En efecto, toda inversión
de empresas extranjeras hecha en el país a
través de sucursales puede ser registrada, lo
cual les permitirá repatriar en moneda libre-
mente convertible los beneficios obtenidos.
El establecimiento de sucursales de empre-
sas extranjeras en el país se efectúa a través
del procedimiento de fijación de domicilio le-
gal, el cual se establece tanto para personas
físicas como para personas morales.
Cabe destacar aquí que, si bien desde un
punto de vista estrictamente legal el proce-

dimiento de fijación de domicilio no es obliga-
torio, ya que una compañía extranjera puede
realizar actividades en el país sin haber fijado
su domicilio en el territorio dominicano, en
términos prácticos el cumplimiento de este
requisito es recomendable, ya que el mismo
se exige para diversos trámites administrati-
vos, tales como el registro de la inversión ex-
tranjera en el Banco Central.
Además, en algunos casos, la ley exige a la
empresa extranjera cumplir con el requisito
de fijación de domicilio para poder operar en
el país. Por ejemplo, para poder prestar servi-
cios financieros en el mercado local el banco
extranjero debe constituir una compañía do-
minicana o abrir una sucursal en el país.
Finalmente, cabe destacar que desde el pun-
to de vista tributario, las sucursales de em-
presas extranjeras reciben el mismo trato que
las compañías dominicanas, ya que el Código
Tributario exige el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales, tanto a las sociedades co-
merciales incorporadas en el país como a los
establecimientos permanentes de compañías
extranjeras; estas últimas deberán efectuar
sus registros contables en forma separada de
sus casas matrices, filiales, y demás sucursa-
les en el exterior para determinar el resultado
impositivo de fuente dominicana, sin embar-
go, la empresa matriz es totalmente respon-
sable de los pasivos de la sucursal y los repre-
sentantes de sucursales puede ser conjunta
y solidariamente responsables de las deudas
tributarias.
III. ENTORNO INTERNACIONAL
A nivel internacional, la República Dominicana
se beneficia de diversos programas de finan-
ciamiento, así como de esquemas para garan-
OPERACIONES DE FRANQUICIAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
tizar al inversionista contra riesgos cambiarios
y políticos, los cuales contribuyen a hacer del
país un lugar atractivo y seguro para la realiza-
ción de inversiones.
En cuanto a las oportunidades de intercam-
bio comercial, la nación dominicana disfruta
de derechos preferenciales para acceder a di-
versos mercados, al tiempo que ejecuta una
política de acercamiento e integración regio-
nal con miras a insertarse de la mejor manera
posible en la economía global.
1. FACILIDADES DE FINANCIAMIENTO Y
SEGURO DE INVERSIONES
A raíz de la participación de la República Do-
minicana en diversas organizaciones de carác-
ter internacional, el inversionista que decida
llevar a cabo un proyecto en el país podría be-
neficiarse de las facilidades de financiamiento
y de garantía de inversiones que se encuen-
tran disponibles bajo distintos esquemas.
Algunos organismos internacionales como
el Banco Mundial y el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) conceden facilidades
crediticias bajo condiciones ventajosas para
la realización de proyectos en sectores con-
siderados importantes para el desarrollo de
la economía nacional. Proyectos privados en
sectores como agricultura, turismo e industria
se benefician continuamente de estos esque-
mas.
Por otro lado, también hay fuentes de finan-
ciamiento disponibles a través del Banco
Europeo de Inversiones (BEI). Esta es una
institución de la Unión Europea que ofrece
préstamos a largo plazo y con bajos intereses
para la financiación de proyectos en los países
ACP. El BEI otorga préstamos principalmente
en los sectores industrial, turístico, minero y
energético, así como en las áreas de transpor-
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OPERACIONES DE FRANQUICIAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
te y telecomunicación cuando el proyecto se
relaciona con los mencionados sectores.
La Corporación de Inversiones Privadas Ex-
tranjeras (OPIC), es una agencia gubernamen-
tal de los Estados Unidos que se mantiene
también activa en el país con programas de
financiamiento y seguro de inversiones contra
ciertos riesgos.
Por lo demás, la República Dominicana es
miembro de la Organización de Garantía de
Inversiones Multilaterales (MIGA), una agen-
cia del Banco Mundial establecida en el año
1988 para promover el flujo de capitales hacia
sus países miembros en vías de desarrollo.
Esta organización proporciona garantías para
cubrir los riesgos de imposibilidad de cambio
en moneda extranjera, expropiación, incum-
plimiento de contrato por el gobierno y gue-
rras o disturbios civiles.
2. DERECHOS PREFERENCIALES DE
ACCESO A MERCADOS
La República Dominicana tiene derecho a
exportar muchos de sus productos hacia los
mercados de Estados Unidos y Europa bajo
regímenes preferenciales, lo cual hace del
país un lugar interesante para la fabricación
de productos con fines de exportación.
A) El Sistema Generalizado de Preferencias
(GSP)
El Sistema Generalizado de Preferencias, o
GSP por sus siglas en inglés, fue adoptado
por el Congreso de los Estados Unidos en el
año 1974 que tiene como objeto la diversifica-
ción de las economías, especialmente de los
países menos desarrollados. El mismo otor-
ga a la República Dominicana libre acceso al
mercado estadounidense con respecto a una
serie de productos manufacturados y semi-
manufacturados. Existen unos 3,600 artícu-
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los que pueden ser exportados a los Estados
Unidos bajo este programa, siempre y cuando
dichos productos, a raíz del procesamiento en
el país, hayan aumentado su valor en por lo
menos un 35%, y sean exportados directa-
mente a los Estados Unidos.
El GSP ha sido sustituido en la práctica por
la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, la cual
aplica criterios similares pero permite a una
mayor variedad de productos disfrutar del tra-
to preferencial.
B) La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC)
La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) bus-
ca promover el desarrollo económico de las
regiones de América Central y el Caribe me-
diante la expansión de la inversión nacional y
extranjera bajo iniciativas del sector privado,
suscrito en enero de 1984 con una duración
de 12 años, disposición que luego fue modifi-
cada en 1990 por la Ley de Recuperación de la
Cuenca del Caribe (ICC) y más tarde en el año
2000 fueron expandidos sus beneficios con el
Acuerdo de Asociación Comercial de los Esta-
dos Unidos de la Cuenca del Caribe (CBTPA).
Este programa permite a los productos origi-
narios de los países ICC entrar libremente al
mercado de los Estados Unidos, sin necesi-
dad de pagar ningún tipo de carga o arancel.
Para disfrutar de esta exención el producto
debe ser obtenido, producido o manufactu-
rado en uno o más países ICC, y exportado
luego directamente a los Estados Unidos.
Las reglas de origen establecen que por lo
menos el 35% del valor del producto debe ser
atribuible a los costos de producción en uno
o varios países ICC. 15% de este valor puede
corresponder a materia prima proveniente de
los Estados Unidos, y materiales provenien-
tes de las Islas Vírgenes o Puerto Rico pueden

llenar en su totalidad el requisito del 35%. Si
el producto contiene materiales no-originarios
de un país ICC, el producto final debe ser nue-
vo y distinto de los materiales usados para su
fabricación, es decir, debe sufrir una transfor-
mación sustancial en el país ICC.
3. ALIANZAS REGIONALES Y TRATADOS
COMERCIALES
La República Dominicana se está esforzan-
do por promover la integración comercial de
los países de América Latina y el Caribe. En
efecto, consciente de que las tendencias de
globalización imponen la necesidad de adap-
tarse a los esquemas de apertura e integra-
ción que prevalecerán pronto a nivel mundial,
el Gobierno ha decidido impulsar activamente
el proceso de integración con los países de la
región. La República Dominicana se ha con-
vertido así en uno de los países propulsores
de este proceso, lo cual implica un cambio
significativo con respecto al aislamiento rela-
tivo del país en las últimas décadas.
La posición dominicana de negociación ha es-
tado marcada por un decidido acercamiento
hacia la región geográfica más cercana, pro-
poniendo la conformación de una “alianza
estratégica” con los países de Centroaméri-
ca y CARICOM (incluyendo a Haití), así como
Estados Unidos de Norteamérica y países de
la Unión Europea; en el entendido de que un
bloque conjunto de estas naciones permitirá,
no solamente ampliar el mercado y la capaci-
dad exportadora de cada uno de estos países,
sino además negociar juntos con los grandes
bloques del hemisferio, logrando así una posi-
ción más fuerte frente a los mismos.
El país ya ha firmado un Tratado de Libre Co-
mercio con Centroamérica, y otro acuerdo
similar con la Comunidad del Caribe o CARI-
OPERACIONES DE FRANQUICIAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
COM, el Acuerdo de Alcance Parcial con Pa-
namá, DR-CAFTA y el Acuerdo de la Asocia-
ción Económica con la Unión Europea.
Todos estos movimientos deben enmarcarse
dentro de las regulaciones de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), a la cual se ad-
hirió la nación al suscribir el Acuerdo de Ma-
rrakech en abril de 1994.
A) Tratado de Libre Comercio con CARICOM
La Comunidad del Caribe o CARICOM pre-
vé la cooperación política y la creación de un
mercado común entre los países de habla in-
glesa de la región, que incluyen Barbuda, Ba-
hamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada,
Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nevis,
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Su-
rinam y Trinidad y Tobago.
El 21 de octubre de 1996, la República Domi-
nicana y la Comunidad del Caribe (CARICOM)
anunciaron su intención de comenzar nego-
ciaciones para el establecimiento de un área
de libre comercio. Dos años más tarde, el 22
de agosto de 1998, con el objetivo de forta-
lecer sus relaciones comerciales, las partes
firmaron un acuerdo para el establecimiento
de un área de libre comercio. Un protocolo de
implementación del acuerdo, que forma par-
te integral del mismo, fue rubricado el 19 de
marzo y suscrito el 28 de abril de 2000, en
Santo Domingo, República Dominicana.
Después de la firma del acuerdo para el es-
tablecimiento de un área de libre comercio,
CARICOM y la República Dominicana acorda-
ron anticipar la implementación de diferentes
elementos de dicho acuerdo a través de los
siguientes instrumentos legales: el Plan de
Acción, firmado el 22 de agosto de 1998; el
Protocolo de implementación del acuerdo
para el establecimiento de un área de libre
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OPERACIONES DE FRANQUICIAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
comercio entre CARICOM y la República Do-
minicana, suscrito el 28 de abril de 2000; y el
Memorándum de Entendimiento, firmado el
28 de abril de 2000.
Además de la liberalización progresiva del co-
mercio de bienes y servicios y del movimien-
to de capitales, el acuerdo busca promover la
participación activa de los agentes económi-
cos privados con miras a profundizar y ampliar
las relaciones económicas entre las partes,
incluyendo la promoción de inversiones con-
juntas. Siendo así, el Protocolo de implemen-
tación del acuerdo resume específicamente
los procedimientos para el acceso a mercado
del comercio de bienes; el tratamiento de bie-
nes y servicios producidos en zonas francas y
zonas de procesamiento de manufacturas de
exportaciones; arreglos especiales para el co-
mercio de productos agrícolas seleccionados;
acceso a mercado para el comercio de ser-
vicios; promoción y protección recíproca de
las inversiones; compras del sector público;
y entrada temporal de personas de negocios
B) Tratado de Libre Comercio con Centroa-
mérica.
Durante la Cumbre Extraordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno celebrada en la Repú-
blica Dominicana en noviembre de 1997, los
Presidentes de Centroamérica y del país to-
maron la decisión de iniciar las negociaciones
tendentes a la suscripción de un acuerdo de
libre comercio. Estas negociaciones culmina-
ron con la firma en la ciudad de Santo Domin-
go, en fecha 16 de abril de 1998, del Tratado
de Libre Comercio Centroamérica-República
Dominicana. Los países signatarios fueron los
miembros del Sistema de Integración Econó-
mica Centroamericana, compuesto por Costa
Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Gua-
temala.
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El tratado, que contempla el comercio de
bienes y de servicios, así como las inversio-
nes, es consistente con los postulados de la
OMC y con el proceso de creación del ALCA,
y otorga recíprocamente apertura comercial
inmediata a todo el universo arancelario, con
excepción de una lista limitada de productos,
que están sujetos a un proceso progresivo
de incorporación al libre comercio. El Plan de
Acción correspondiente para su ejecución se
encuentra en vías de preparación.
Este tratado abre a la República Dominicana
un mercado potencial de unos 30,000 millo-
nes de dólares y de más de 40 millones de
consumidores.
C) La Asociación de Estados del Caribe (AEC)
La Asociación de Estados del Caribe fue crea-
da en 1992 a raíz de la Cumbre de Jefes de
Gobierno de CARICOM. Sus miembros pro-
vienen de tres grupos económicos: CARI-
COM, Centroamérica, el Grupo de los Tres
(Colombia, Venezuela y Méjico), y cuatro paí-
ses independientes: Cuba, República Domini-
cana, Haití y Suriname.
La AEC tiene como objetivo principal la imple-
mentación de esquemas para el aumento y
la consolidación de las relaciones económicas
entre sus miembros, así como el desarrollo
de estrategias que conlleven a un incremento
de las ventajas comparativas de los mismos.
A estos fines busca establecer un área de li-
bre comercio entre sus miembros, negociar
de forma conjunta con otros bloques econó-
micos y organizaciones internacionales, y de-
sarrollar las facilidades de transporte y comu-
nicación.
4. LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL
GATT
Como signatario de la Ronda de Negociacio-

nes de Uruguay del GATT y miembro de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), la
República Dominicana se guía, para trazar el
proceso de modernización económica e inte-
gración comercial que lleva a cabo el país, en
los parámetros adoptados por dicha organiza-
ción con miras a la liberalización comercial a
nivel mundial.
En efecto, uno de los objetivos primordiales
del programa de reformas que está ejecutan-
do el país, consiste en la adaptación de su
marco legal y económico a los postulados de
la OMC en los diversos renglones comercia-
les, a fin de insertarse así en el proceso de
globalización económica que atraviesa la so-
ciedad moderna. El GATT constituye ahora el
principal compendio de normar la OMC por lo
que se refiere al comercio de mercancías. La
Ronda Uruguay también permitió establecer
nuevas normas sobre el comercio de servi-
cios, los aspectos pertinentes de la propiedad
intelectual, la solución de diferencias y el exa-
men de las políticas comerciales.
Más de tres cuartas partes de los miembros
de la OMC son países en desarrollo o países
menos adelantados. Todos los acuerdos de la
OMC incluyen disposiciones especiales para
ellos, como plazos más largos para cumplir
acuerdos y compromisos, medidas destina-
das a aumentar sus oportunidades comer-
ciales y asistencia para ayudarlos a crear la
infraestructura necesaria para llevar a cabo
tareas relacionadas con la OMC
5. LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL DR
CAFTA.
El Tratado de libre comercio entre Estados
Unidos, Centroamérica y República Domini-
cana por sus siglas en inglés CAFTA-DR, Do-
minican Republic-Central America Free Trade
OPERACIONES DE FRANQUICIAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Agreement,(en adelante “DR-CAFTA”) inició
sus negociaciones a partir del año 2003.
Este Tratado establece las reglas que norma-
rán la relación comercial entre los países Par-
te, a través de una zona para el intercambio
de bienes y servicios, promoción del comer-
cio dentro de la región DR-CAFTA, fomento
de la competencia leal y promoción de la in-
versión extranjera.
Dentro de los temas primordiales que DR-
CAFTA trata están: el trato arancelario, reglas
de origen, administración aduanera, obstácu-
los técnicos al comercio, medidas sanitarias
y fitosanitarias, derechos de propiedad inte-
lectual, derecho laboral, derecho ambiental y
solución de controversias.
En cuanto a la incidencia en los Derechos de
Propiedad Industrial y los Derechos de Autor,
el DR-CAFTA se extiende a la protección de
los Derechos Afines o Conexos, que son los
del artista intérprete en sus actuaciones, pro-
ductores de fonogramas en sus grabaciones
y los de realizadores de programas de radio
y televisión, ampliando el requisito de protec-
ción sobre Derecho de Autor de cincuenta a
setenta años los derechos autor y en cuanto
a las patentes compensa al propietario por los
retrasos irrazonables en el otorgamiento.
6. LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL EPA.
El Acuerdo de Asociación Económica (EPA,
por sus siglas en inglés) es un régimen mutua-
mente vinculante entre la Unión Europea (UE)
y los Estados Miembros de la Comunidad del
Caribe (CARICOM) y la República Dominica-
na que conforman el CARIFORO, con la fina-
lidad de sustituir el régimen de preferencias
unilaterales que otorgaba la UE al bloque de
países ACP (África, Caribe y Pacífico). Es un
régimen de comercio recíproco, compatible
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OPERACIONES DE FRANQUICIAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
con las normas de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), y con una importante
dimensión de desarrollo y cooperación.
El Acuerdo fue firmado en Barbados el 15 de
octubre de 2008, y fue ratificado por el Con-
greso de la República Dominicana el 24 de
octubre del mismo año; el 30 de octubre de
2008 fue ratificado por el Poder Ejecutivo. En
la actualidad se está desarrollando el Plan de
Implementación del Acuerdo.
Este acuerdo ayudará a que los países del Ca-
ribe diversifiquen sus exportaciones y compi-
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tan más eficazmente. Permitirá largos perío-
dos transitorios para la apertura del mercado,
junto con una liberalización más lenta por par-
te de los países del Caribe, los cuales aplica-
ran medidas de salvaguardias en el caso de
las economías vulnerables. La liberalización
del comercio de servicios mejorara la vida de
los consumidores, aumentará la calidad y can-
tidad de los proveedores de servicios, contri-
buyendo a que la región del Caribe sea más
competitiva a nivel mundial.
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