Las cofradías indígenas en el siglo xviii, un sistema colonial de ...

alcance del rey para satisfacer sus constantes necesidades pecuniarias.
El asunto llegó ante Francisco Antonio de Gallareta, quien el 5
de agosto de 1782 dictaminó de acuerdo con los reglamentos de la
Contaduría de Propios y Arbitrios, de la cual era titular y a petición
expresa del fiscal de la Real Hacienda y orden del virrey:
...cuando vacaren algunas tierras por fallecimiento de los naturales que las
poseían por repartimiento, se distribuyan como de comunidad entre quienes
no las tengan, a fin de que las cultiven y siembren y vivan ocupadas para acudir
a su precisa manutención, pago de tributos y obvenciones. Y caso que todos
las tengan, se vuelvan y apliquen a la comunidad para que ésta las arriende y
perciba sus rentas para su sustento. 27
Gallareta afirmó que asignar tierras de los difuntos a los santos
era contrario a las reales órdenes “que prohíben que las tierras comunales
se enajenen y, mucho menos el que se espiritualicen”, pues
de lo contrario, las comunidades no tendrían con qué subsistir y,
ordenó que se arrendaran y depositara el producto en las cajas de
comunidad, destinando doce reales a la celebración de una misa
rezada al año, regla extensiva en todos los pueblos y, que los gobernadores
no permitieran que por disposición testamentaria se dejara
tierra a los santos.
Fue inmediatamente después de la ratificación de estas disposiciones
por la Corona, que Julián Antonio recibió las amenazas del
cura que quería azotarlo acusándolo de ser el causante de la decisión
del Estado que contrariaba sus intereses, además el párroco le
achacó el faltar a misa y se ordenó su captura. Julián se vio precisado
a huir hacia la Ciudad de México en busca de la ayuda jurídica
de un “solicitador de naturales”, consiguiendo la defensa a cargo de
don Bartolomé Díaz Borrego, quien logró su libertad y consiguió
se le restituyeran los seis reales cobrados por el alcalde mayor por
ese concepto, de acuerdo con la ley 21, tit. 6, lib. 1, de la Recopilación
de Leyes de Indias, relativa a que los naturales no deberían “llevar costas”
o derechos de cárcel.
Por su parte, el 21 de julio de 1783, el bachiller Díaz de Villanueva
argumentó que Julián era tributario y no cacique como se ostentaba,
y que, como párroco, tenía derecho a exigirle cuentas, pues las tierras
“no son suyas, sino de la santísima Virgen de la Asunción”, en
27 Ibidem, f. 25.
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