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Diario AZ
Asuntos públicos: Poder Judicial: contrato de obra bajo sospecha
Eduardo Coronel Chiu
Mucho dará aún de que hablar la contratación para construir el nuevo edificio del Poder Judicial en Xalapa, una obra de nueve pisos
promovida por el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa Hernández, que costará 181.9 millones de pesos,
la cual fue adjudicada al Grupo Constructor Xallapan, pese a que fue la propuesta más cara por 24 millones de pesos y no cuenta con
antecedentes en obras similares.
No es fácil justificar en un concurso público que deba ganar el contrato la empresa de costo más elevado y carente de la
experiencia exigida en las mismas bases de la licitación, descalificando a los otros concursantes que notoriamente no sólo proponían
precios más bajos, sino que cuentan con mayor solidez profesional y acreditada experiencia en trabajos de construcción como los
requeridos por el Poder Judicial.
Pero es sabido, la burocracia –y el Poder Judicial, obviamente, no es la excepción– ha desarrollado los trucos de procedimiento
administrativo para lograrlo; mas no sin dejar las huellas de la consigna y la manipulación de las reglas. Al fin y al cabo, no es su
propio dinero, sino el de la sociedad y si hay reparto de beneficios, ya se sabe, del diezmo para arriba, que mejor.
Aunque lo más probable es que no todos estén en el negocio –la mayoría son sólo firmones–, no exenta de responsabilidad a
ninguno su participación en la Comisión para la Licitación que resolvió el amañado dictamen y en el Consejo de la Judicatura, que lo
avaló.
El mal manejo del presupuesto del Poder Judicial no es cosa nueva y se recuerdan tan sólo del pasado sexenio, entre otras, la
onerosa, inútil y fuera de normatividad construcción y equipamiento de las salas para juicios orales o las compras de computadoras
que permanecieron embodegadas. Ahora se ve, el Consejo de la Judicatura ha vuelto a las andadas.
No es admisible que este poder, escudándose en su autonomía, no se rija por los criterios de austeridad y transparencia, eficiencia
y honestidad en el gasto, mismos que ha enfatizado para la administración pública estatal el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
La empresa beneficiada con el contrato, el Grupo Constructor Xallapan, se ha dedicado –según los propios constructores, que
entre ellos se saben todos sus enjuagues– a abrir hoyos y meter tuberías, inflando los costos y aun dejando obras sin terminar, pero
sin dejar de salpicar –regla de oro– al funcionario benefactor. Nunca ha construido un edificio. Sus atributos son otros. Se ha
cimentado al amparo de cierto grupo político en auge el pasado sexenio (que por lo que se ve han trascendido al cambio de
gobierno), y hecho negocios especialmente en los organismos operadores de agua.
El análisis de los documentos de la licitación pública del Poder Judicial es indicativo de una operación sospechosa para beneficiar
a la empresa Xallapan, la cual tiene como cabeza visible al arquitecto Hugo Alberto Aguilera González, un presunto prestanombres
de identificado político, que esta vez habría extendido –y no de gratis– su tráfico de influencia y contubernio con algunos en el Poder
Judicial. El magistrado Alberto Sosa se ha contratado su estela de la justicia. Habrá más detalles aquí mañana.
Resumen de Noticias de la SEFIPLAN
Martes 24 de enero de 2012
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