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Altos cargos del gobierno amenazaron en repetidas
ocasiones a lo largo del año con cerrar los campos de
refugiados de Dadaab y devolver a todos los
residentes al sur de Somalia; además, calificaron
Dadaab de “amenaza para la seguridad” y afirmaron
que algunas zonas del sur de Somalia eran seguras.
Amnistía Internacional y otros grupos de derechos
humanos rebatieron estas afirmaciones (véase el
apartado sobre Somalia).
Además de las personas que vivían en los campos
de refugiados, el ACNUR, la agencia de la ONU para
los refugiados, tenía registrados a unos 55.000
refugiados y solicitantes de asilo en Nairobi y otros
núcleos urbanos.
En diciembre, el gobierno de Kenia anunció que
todos los refugiados y solicitantes de asilo de zonas
urbanas debían ser reasentados en campos. El
ACNUR expresó honda preocupación y pidió al
gobierno que no aplicara esta política.
Personas internamente desplazadas
En octubre, el Parlamento aprobó la Ley de Personas
Internamente Desplazadas, que exigía al gobierno y a
otros actores la protección de las personas frente a
los factores que podían empujarlas a convertirse en
desplazadas, y exigía asimismo al gobierno la
implantación de estructuras destinadas a ayudar a
quienes quedaban en situación de desplazamiento
interno.
Derecho a la vivienda: desalojos forzosos
El 28 de enero, la policía desalojó por la fuerza a
decenas de personas de sus hogares en Mukuru Kwa
N’jenga, en el este de Nairobi. Tres personas murieron
en el proceso. Una mujer murió electrocutada por un
cable de conducción eléctrica que cayó durante el
desalojo, y otra, por el impacto de una bala perdida. La
tercera persona, un menor de edad, murió durante una
desbandada de manifestantes contra los desalojos que
huían de la policía.
En agosto se desalojó por la fuerza a los moradores
de 70 viviendas del asentamiento informal de
Kiamaiko, en Nairobi, pese a estar abierta una causa
judicial para determinar la propiedad de la tierra.
La comunidad de Deep Sea, en Nairobi, seguía
corriendo el riesgo de sufrir desalojo forzoso para
habilitar espacio para un proyecto de construcción de
carreteras de la Autoridad de Carreteras de Kenia.
Aunque este organismo estaba elaborando un plan de
Informe 2013 Amnistía Internacional
reasentamiento para los afectados, los miembros de la
comunidad afirmaban que no se les había consultado
de manera adecuada sobre el plan y que éste no
reflejaba con exactitud el número de personas que se
verían afectadas por el desalojo.
En octubre se presentó en el Parlamento un
proyecto de ley que incluía directrices para los
desalojos y prohibía los desalojos forzosos. Sin
embargo, al terminar el año aún no se había debatido.
En octubre, el Ministerio de Tierras designó un nuevo
grupo de trabajo encargado de examinar un proyecto
de ley semejante que el Ministerio había redactado en
2011 pero no había presentado en el Parlamento.
Pena de muerte
No se llevaron a cabo ejecuciones en el país, pero se
impusieron al menos 21 condenas a muerte durante
el año. La Ley de las Fuerzas de Defensa de Kenia,
aprobada en 2012, preveía la condena a muerte de
los miembros de las Fuerzas de Defensa de Kenia por
diversos delitos, como traición, espionaje, ayuda al
enemigo, asistencia al enemigo con información de
inteligencia y propugnación ilegal de un cambio
de gobierno.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional visitó Kenia en enero, octubre y diciembre
Kenya: Submission to the United Nations Human Rights Committee,
July 2012 (AFR 32/002/2012)
KIRGUISTÁN
REPÚBLICA KIRGUÍS
Jefe del Estado: Almaz Atambaev
Jefe del gobierno: Zhantoro Satibaldiev
(sustituyó a Omurbek Babanov en septiembre)
La tortura y otros malos tratos seguían siendo
generalizados en todo el país, y las autoridades
judiciales y encargadas de hacer cumplir la ley no
actuaban cuando se denunciaban. Las autoridades
continuaron sin investigar con eficacia e
imparcialidad la violencia de junio de 2010 y sus
secuelas, y sin garantizar justicia a miles de víctimas
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