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la provincia de Yala. El 14 de noviembre murió
también por disparos Abdullateh Todir, imán de Yala
que había sufrido un atentado en 2011 que se cobró la
vida de su hija. Los líderes insurgentes acusaron a las
fuerzas de seguridad gubernamentales de ambas
muertes.
Los días 3 y 4 de diciembre, los insurgentes mataron
a una maestra e hirieron a un maestro en sendos
incidentes en la provincia de Narathiwat. El 11 de
diciembre murieron la directora de una escuela y un
maestro en un ataque contra una escuela de la
provincia de Pattani. Tras estos ataques, las escuelas
de las provincias de Narathiwat, Pattani y Yala
permanecieron varios días cerradas.
El Decreto de Emergencia sobre la Administración
Gubernamental durante los Estados de Excepción,
de 2005, permaneció en vigor durante todo el año al
prorrogarlo el gobierno cada tres meses. El Decreto
permitía la inmunidad procesal de los funcionarios
que pudieran haber cometido violaciones de
derechos humanos, incluidas torturas.
Rendición de cuentas por la violencia
política
En septiembre, la Comisión de la Verdad y de la
Reconciliación dio a conocer su informe final sobre la
violencia que rodeó las protestas contra el gobierno
en abril y mayo de 2010 en Bangkok, que se
saldaron con 92 muertes. El informe atribuyó la
responsabilidad de los hechos a las fuerzas de
seguridad gubernamentales, incluido el ejército, y a
los “camisas negras”, grupo armado radical que se
mezcló con los manifestantes y que estaba vinculado
al Frente Nacional Unido por la Democracia contra la
Dictadura (UDD), antigubernamental, conocido como
“camisas rojas”. El informe concluyó que las fuerzas
gubernamentales habían empleado armas de guerra
y munición real contra los manifestantes, y formuló
numerosas recomendaciones, entre ellas que el
gobierno abordara los abusos cometidos por todas las
partes mediante un sistema de justicia justo e
imparcial, y ofreciera “reparación y restitución a las
personas afectadas por los incidentes violentos”.
En enero, el gobierno acordó indemnizar
económicamente a las víctimas de la violencia
de 2010. En mayo, un proyecto de Ley sobre
Reconciliación Nacional, que incluía una amnistía
para los implicados en la violencia de 2010, suscitó
nuevas protestas; el proyecto fue paralizado en julio.
Informe 2013 Amnistía Internacional
En diciembre, después de que un tribunal declarase
a las fuerzas de seguridad responsables de la muerte
en mayo de 2010 del manifestante del UDD Phan
Khamkong, se formularon cargos de asesinato
contra el ex primer ministro Abhisit Vejjajiva y el
ex viceprimer ministro Suthep Thaugsuban. Ambos
fueron las primeras autoridades acusadas en relación
con la violencia política de 2010. También en
diciembre comenzaron los juicios contra 24 líderes de
la protesta, pertenecientes al UDD, acusados de
terrorismo.
Libertad de expresión
Continuó reprimiéndose la libertad de expresión,
sobre todo mediante la legislación relativa a los delitos
de lesa majestad (artículo 112 del Código Penal) y la
Ley de Delitos Informáticos de 2007, que preveía
largas penas de prisión por insultos a la monarquía.
Los intentos hechos durante el año para recusar o
modificar la legislación sobre delitos de lesa majestad
fueron infructuosos. En octubre, el Tribunal
Constitucional confirmó que el artículo 112 del
Código Penal era constitucional, y en noviembre, el
Parlamento rechazó un proyecto legislativo para
modificarlo.
En mayo murió de cáncer el preso de conciencia
Amphon Tangnoppakul, de más de 60 años y conocido
como “Tío SMS”, que cumplía una pena de 20 años de
cárcel por un delito de lesa majestad. Había sido
detenido en agosto de 2010 y condenado en
noviembre de 2011 por enviar mensajes de texto
breves (SMS) considerados insultantes para la
monarquía. Pese al precario estado de salud del preso,
el tribunal denegó las ocho peticiones de libertad bajo
fianza presentadas.
En mayo, Chiranuch Premchaiporn, del diario digital
Prachatai, fue condenada a un año de prisión en
aplicación de la Ley de Delitos Informáticos y al pago de
una multa de 30.000 bahts (979 dólares
estadounidenses), posteriormente reducida a una
condena condicional de ocho meses y a una multa de
20.000 bahts (653 dólares estadounidenses), por no
eliminar con rapidez 10 comentarios considerados
ofensivos para la monarquía que publicaron otras
personas en el sitio web de Prachatai entre abril y
noviembre de 2008.
Somyot Prueksakasemsuk, director de la revista
Voice of Taksin, permaneció detenido durante el año y
podía ser condenado a 30 años de prisión tras haber
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