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El 26 de septiembre, dos hombres murieron y un
tercero resultó herido de muerte en circunstancias
poco claras, cuando las fuerzas de seguridad
irrumpieron en una casa en busca de un hombre que
presuntamente había “provocado disturbios”. No se
tenía constancia de que se hubiera emprendido
ninguna investigación independiente al respecto.
Al parecer, varios hombres fueron condenados a
flagelación por haber participado en las protestas de
la Provincia Oriental, mientras que a otros se les
prohibió viajar al extranjero. Los clérigos chiíes
que propugnaban reformas o criticaban al gobierno
en público eran detenidos y, en algunos casos,
acusados de desobedecer al gobernante y de otros
delitos.
Sheij Nimr Baqir al Nimr, que criticaba con
frecuencia la discriminación de la minoría chií, fue
detenido el 8 de julio en Al Awwamiya (Provincia
Oriental), al parecer a causa de unos comentarios que
presuntamente había formulado tras la muerte del
ministro del Interior, el príncipe Naif bin Abdulaziz al
Saud. En el momento de su detención resultó herido de
bala en circunstancias controvertidas. Las autoridades
lo calificaron de “instigador de la sedición” y
aseguraron que había recibido el disparo en un puesto
de control, cuando él y otras personas se resistieron a
ser detenidos y trataron de escapar; sin embargo, su
familia sostenía que estaba solo y desarmado cuando
fue detenido. Al terminar el año continuaba recluido sin
cargos ni juicio.
En agosto se presentaron cargos, por instigar a las
autoridades, calumniar al Consejo de Ulemas y otros
delitos, contra Sheij Tawfiq al Amer, clérigo chií que
propugnaba reformas y llevaba recluido desde agosto
de 2011. En diciembre fue condenado a tres años de
prisión y a la prohibición de viajar durante cinco años y
de dar prédicas y discursos.
Tortura y otros malos tratos
Según informes, la tortura y los malos tratos de
detenidos y presos condenados seguían siendo
prácticas comunes y generalizadas, que
habitualmente quedaban impunes. Entre los métodos
denunciados se mencionaban palizas, suspensión
por las extremidades y privación de sueño. Al parecer,
entre las personas torturadas figuraban manifestantes
detenidos, que permanecían recluidos en régimen de
incomunicación durante días o semanas, sin cargos
ni juicio.
Según noticias, algunas personas recluidas en la
prisión de Al Hair comunicaron a sus familias en agosto
que habían sido agredidas por guardias penitenciarios,
y temían por su vida.
Derechos de las mujeres
Las mujeres seguían discriminadas en la ley y en la
práctica, y no recibían protección adecuada contra la
violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia de
género.
Por primera vez se permitió a dos mujeres saudíes
participar en los Juegos Olímpicos, aunque con
condiciones relativas al código indumentario islámico
y a la presencia de tutela masculina.
La ley seguía exigiendo a las mujeres la
autorización de un tutor varón para casarse, viajar,
aceptar trabajo remunerado o matricularse en centros
de educación superior. A diferencia de los varones,
las mujeres saudíes casadas con extranjeros no
podían transmitir la nacionalidad a sus hijos.
Continuaba la prohibición de conducir para las
mujeres, aunque la campaña “Mujeres al volante”,
llevada a cabo por activistas locales, la desafiaba. Al
parecer, algunas mujeres se veían atrapadas en
relaciones violentas y de maltrato a causa de normas
discriminatorias relativas al matrimonio y al divorcio.
Derechos de la población trabajadora
migrante
La legislación laboral no protegía adecuadamente a
los trabajadores migrantes –que representaban
alrededor de un tercio de la población– y los dejaba
expuestos a sufrir explotación y abusos a manos de
sus empleadores. Las empleadas domésticas corrían
especial riesgo de violencia sexual y otros abusos.
Penas crueles, inhumanas o degradantes
Los tribunales continuaban imponiendo penas de
flagelación, ya fuera como pena principal o
suplementaria, por numerosos delitos. Al menos
cinco personas fueron condenadas a recibir entre
1.000 y 2.500 latigazos. Las penas de flagelación se
ejecutaban en las prisiones.
Pena de muerte
Los tribunales continuaron imponiendo condenas de
muerte por diversos delitos relacionados con drogas y
de otra índole. Se creía que había cientos de
personas condenadas a muerte, algunas desde hacía
40 Informe 2013 Amnistía Internacional