AMPARO DIRECTO 40/2005 - Consejo de la Judicatura Federal

AMPARO DIRECTO: **********
MATERIA: PENAL
QUEJOSO: **********
MAGISTRADO RELATOR: ADÁN
GILBERTO VILLARREAL CASTRO
SECRETARIO: ISRAEL CORONA
MEDINA
Cancún, Quintana Roo. Acuerdo del Segundo Tribunal
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, correspondiente
a la sesión de **********.
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo
directo ******************************; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Por escrito presentado el tres de enero de
dos mil doce, ante el Tribunal Unitario de Adolescentes del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en
Chetumal, Quintana Roo, **********, por su propio derecho,
ocurrió a solicitar el amparo y protección de la Justicia
Federal, contra la autoridad y el acto que a continuación se
transcriben al considerar transgreden en su perjuicio las
garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“3. AUTORIDAD RESPONSABLE: a)
Magistrado del Tribunal Unitario para
Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Quintana Roo, con sede en la

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ciudad de Chetumal, Quintana Roo.- - - ACTO
RECLAMADO: La sentencia definitiva de fecha
**********, dictada dentro del toca número
**********, formado con motivo de la apelación
interpuesta por el fiscal adscrito, en contra de
la AUDIENCIA DE SENTENCIA DEFINITIVA
de fecha **********, DICTADA EN LOS AUTOS
DEL EXPEDIENTE NÚMERO ********** del
Juzgado para Adolescentes de Primera
Instancia de la Ciudad de Chetumal, Quintana
Roo, instruido por la conducta tipificada como
delito de LESIONES y DAÑOS, en contra del
adolescente (al momento de los hechos)
**********.”
SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer
de la demanda de amparo a este Segundo Tribunal
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito; así, por acuerdo
de dieciocho de enero de dos mil doce, el Magistrado
Presidente la admitió a trámite, ordenó formar este
expediente ********** y dispuso dar al agente del Ministerio
Público de la Federación adscrito la intervención
correspondiente quien, enterado, no formuló pedimento.
TERCERO. Por diverso acuerdo de Presidencia de
veintitrés de febrero de dos mil doce, se turnaron los autos
al Magistrado relator Adán Gilberto Villarreal Castro, para
efecto de formular proyecto de sentencia, en términos de lo
dispuesto en el artículo 184 de la Ley de Amparo; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado del
Vigésimo Séptimo Circuito, es competente para resolver
este asunto, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, 158 de la Ley de
Amparo, y 37, fracción I, inciso a), 144 y 145 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en
concordancia con los puntos Primero, fracción XXVII,
Segundo, fracción XXVII, Inciso I y Tercero, fracción XXVII,
del Acuerdo General 17/2012, y Sexto del Acuerdo General
74/2006, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, relativos a la determinación del número y límites
territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de
la República Mexicana; al número, jurisdicción territorial y
especialización por materia de los Tribunales Colegiados y
Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así
como a la denominación, residencia, competencia,
jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de
funcionamiento del Segundo Tribunal Colegiado del
Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad de
Cancún, Quintana Roo; toda vez que se trata de un juicio
de amparo directo, en el que se reclama una sentencia
definitiva en materia penal, emitida por el Tribunal Unitario
de Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, con sede en Chetumal, Quintana Roo, esto es,
residente dentro la circunscripción territorial en que ejerce
jurisdicción este órgano colegiado.
SEGUNDO. La existencia del acto reclamado, se
acreditó con el informe justificado que al efecto rindió el
Magistrado del Tribunal Unitario de Adolescentes del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en
Chetumal, Quintana Roo, y con las actuaciones que en
originales remitió.
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TERCERO. La sentencia reclamada, dictada por el
Magistrado del Tribunal Unitario de Adolescentes del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en
Chetumal, Quintana Roo, culminó con los siguientes puntos
resolutivos:
“PRIMERO.- Se revoca la resolución de fecha
**********, dictada en Primera Instancia e impugnada
por esta vía legal, en esa tesitura se declara
plenamente responsable al adolescente **********, de
las conductas que la ley tipifica como delitos
consistentes en LESIONES Y DAÑOS, previstos por
los artículos 98, 100, fracción III y 161, en relación al
14, párrafo segundo y 16, fracción I, todos del Código
Penal vigente en el Estado, de aplicación supletoria. -
- - SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 170 de
la Ley de Justicia para Adolescentes, vigente en la
época de los hechos, es de imponerle al adolescente
(al momento de los hechos) **********, como sanción
a la medida definitiva de **********, misma que se
deberá cumplir en la Institución Pública o privada que
determine el Juez de Ejecución para Adolescentes;
de acuerdo a los lineamientos que se establecen en
el artículo 171 de la misma ley con antelación
mencionada. - - - TERCERO.- Se condena al
adolescente (al momento de los hechos) **********, al
pago de **********, por concepto de **********. Así
como también se condena al adolescente (al
momento de los hechos) ********** al pago de la
cantidad de **********, por concepto de reparación del
daño **********. Ambas cantidades a favor de la
víctima ********** (sic). - - - CUARTO.- Expídase
testimonio de esta resolución y remítase el
expediente original al juzgado de origen, para los
efectos legales correspondientes.- - - QUINTO.- De
igual forma, expídase las copias de ley
correspondientes del testimonio de esta resolución al
Ejecutivo del Estado, al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, al Procurador
General de Justicia del Estado, al Director del Centro
de Internamiento para Adolescentes en el Estado y a
la Juez de Ejecución para Adolescentes, todos con
residencia en esta ciudad, para su conocimiento.- - -
SEXTO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…”
CUARTO. Suplidos en su deficiencia, con fundamento
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en el artículo 76 bis fracción II, de la Ley de Amparo, son
fundados los conceptos de violación que propone el
quejoso.
Antes de entrar al análisis de esos motivos de
inconformidad, es pertinente señalar como antecedente,
que en la demanda de garantías el solicitante del amparo
señaló como acto reclamado la sentencia dictada por el
Magistrado del Tribunal Unitario para Adolescentes del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo,
el **********, en la que se revocó la resolución de primer
grado emitida por el Juez para Adolescentes de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, en la que se le
absolvió de la comisión de las conductas tipificadas como
delitos de lesiones y daños, previstas por los artículos 98,
99, 100 fracción III y 161, en relación con el 14, párrafo
segundo, y 16, fracción I, todos del Código Penal para el
Estado de Quintana Roo.
Para arribar a esa conclusión, la autoridad
responsable consideró, esencialmente, que de los medios
de convicción que fueron recabados en la averiguación
previa y en la causa penal, puede desprenderse sin lugar a
dudas que el inculpado es penalmente responsable de las
conductas tipificadas como delitos de lesiones y daños,
pues el **********, aproximadamente a las **********, cuando
****************************** se encontraba conversando con
el padre de éste de nombre
****************************************, en la vía pública afuera
del domicilio de **********, ubicado en la calle **********,
manzana **********, lote **********, entre las calles **********
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de la colonia **********, el quejoso le propinó un golpe con
la mano a la altura del ojo izquierdo al primero nombrado,
ocasionándole lesiones que no ponen en peligro la vida,
tardaron en sanar más de quince días, dejando pérdida
permanente de la visión en el ojo izquierdo y disminución
de la capacidad física para laborar, ya que por la condición
de diabético del afectado no cicatrizaron adecuadamente;
producto de la misma agresión, el accionante causó daño al
armazón de los lentes que portaba la víctima del delito cuyo
valor asciende a la cantidad de **********.
Ahora bien, de la lectura de la resolución reclamada
se advierte que para tener por acreditadas las conductas de
lesiones y daño y la plena responsabilidad del procesado
en su comisión, se valoraron medios de prueba que no
fueron debida ni legalmente incorporados a la audiencia de
juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89,
124 y 127, párrafo segundo, de la Ley de Justicia para
Adolescentes del Estado, anterior a la vigente, que a pesar
de que en la fecha en que fue interpuesta la apelación ya
se encontraba abrogada, la ley posterior del mismo
nombre, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado el veintiocho de junio de dos mil diez, en su artículo
quinto transitorio le otorgó ultractividad en los
procedimientos iniciados durante su vigencia.
interesa:
Los mencionados numerales, se transcriben en lo que
“Artículo 89.- Durante la fase de
investigación, el Ministerio Público para
Adolescentes, deberá practicar todas las diligencias
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necesarias para allegarse de los elementos de
convicción indispensables que acrediten la conducta
tipificada como delito en las leyes del Estado y la
probable participación del adolescente en su
comisión, (sic) Una vez reunido lo anterior, formulará
la acción de remisión si correspondiere.
Los elementos de convicción recogidos
durante la investigación del Ministerio Público para
Adolescentes, carecen de valor para fundar la
sentencia, salvo que sean oportunamente
incorporados a la Audiencia de Juicio de
conformidad con esta Ley. Estos elementos podrán
ser utilizados por el Ministerio Público para
Adolescentes, para sustentar la sujeción a proceso y
la necesidad de alguna medida cautelar.
El Ministerio Público para Adolescentes, debe
plantear la remisión ante el Juez para Adolescentes,
dentro del término de cuarenta y ocho horas
contadas a partir de que el adolescente fue puesto a
su disposición, si se trata de una conducta tipificada
como delito en las leyes del Estado que merezca
medida de internamiento, e inmediatamente en los
demás casos, siempre y cuando, con base en el
resultado de la investigación, existan elementos que
acrediten la existencia de dicha conducta y hagan
probable la participación del adolescente en su
comisión.
Vencido el plazo del párrafo anterior, si el
Ministerio Público para Adolescentes no formulara la
acción de remisión y el adolescente sujeto a la
investigación esté detenido, lo pondrá
inmediatamente en libertad.”
“Artículo 124.- La audiencia de preparación
del Juicio será dirigida por el Juez para
Adolescentes quien la presidirá en su integridad y se
desarrollará oralmente. La presencia del Ministerio
Público para Adolescentes y del Defensor del
adolescente durante la audiencia constituye un
requisito de validez de la misma. Si se nombrase
nuevo defensor en la audiencia, se suspenderá ésta
por un plazo que no exceda de cinco días, a efecto
de permitir que el defensor designado se interiorice
del caso.
El Juez para Adolescentes preguntará si existe
acuerdo conciliatorio; de no existir, el Juez deberá
solicitar la intervención del Centro de Asistencia
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Jurídica, para buscar la conciliación.
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Lograda la conciliación o mediación u otorgado
el perdón del ofendido, el Juez para Adolescentes
dictará la resolución correspondiente.
En la audiencia, el Ministerio Público para
Adolescentes podrá ofrecer pruebas únicamente
con el fin de contradecir directamente las pruebas
ofertadas por la defensa en su escrito de defensa.
También durante la audiencia el Ministerio Público
para Adolescentes, el sujeto a proceso y su
defensor en conjunto podrán solicitar al Juez para
Adolescentes que dé por acreditados ciertos hechos
los cuales no podrán ser discutidos en el Juicio, con
excepción de las pruebas supervinientes, respecto
de la cual se hubiere desconocido su existencia. La
cual deberá ofrecerse antes de la Audiencia de
Juicio.
De la misma forma, podrán acordar introducir
al Juicio las declaraciones de testigos o dictámenes
de peritos rendidos en la investigación, así como,
las declaraciones y pruebas desahogadas en forma
anticipadas, mediante la lectura de los registros o
documentos donde consten los mismos.
Cuando las partes ofrezcan la declaración de
un perito que no haya rendido dictamen en la
investigación o en forma anticipada, al admitirla,
fijará un plazo para que el perito exhiba por escrito
un dictamen que contenga todos los hechos,
consideraciones y conclusiones sobre los que
versará su declaración en el Juicio. En estos casos,
no se desahogará esta prueba en el Juicio, sino
hasta que se haya exhibido dicho dictamen y corrido
traslado con el mismo a la contraparte. La
oportunidad de desahogar la prueba concluirá al
finalizar el debate. La protesta del perito se llevará a
cabo en la Audiencia del Juicio.
El Juez para Adolescentes podrá requerir al
Comité Técnico Interdisciplinario de Evaluación del
Adolescente, por conducto del Director del Centro
de Ejecución, los dictámenes y opiniones generales
necesarios de conformidad a sus especialidades; y
en su caso, los especiales, que deberán tener las
precisiones necesarias para el caso.
El Juez para Adolescentes se pronunciará
sobre las pruebas solicitadas. Las partes podrán
expresar lo correspondiente sobre la exclusión de
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pruebas ofertadas por su contraparte por
considerarlas inconducentes, irrelevantes,
innecesarias o ilícitas. El desechamiento de pruebas
ofrecidas admitirá el recurso de apelación. En caso
de que se interponga el recurso de apelación, en
forma oral o escrita, se suspenderá el dictado del
auto de apertura del Juicio hasta en tanto no sea
resuelto el recurso…”
“Artículo 127.- Agotados (sic) las
conclusiones de las partes, el Juez para
Adolescentes podrá suspender la audiencia hasta
por cuarenta y ocho horas, para deliberar en
privado.
El Juez para Adolescentes apreciará todo el
material probatorio desahogado, según su sana
crítica extraída de la totalidad del debate, conforme
a las reglas de la lógica, los conocimientos
científicos y las máximas de la experiencia; sólo
serán valorables y sometidos a la crítica racional, los
medios de prueba obtenidos por un proceso
permitido e incorporados al juicio conforme a las
disposiciones de la ley. La duda siempre favorece al
adolescente.
En caso de suspender la audiencia para
deliberar, el Juez para Adolescentes citará a las
partes, para comunicarles su decisión sobre la
responsabilidad del adolescente.”
El marco normativo de referencia lleva al
conocimiento que en el procedimiento penal para
adolescentes en esta entidad federativa, todos los medios
de prueba que hayan sido recabados por el agente del
Ministerio Público para Adolescentes en la etapa
indagatoria, sólo pueden ser tomados en consideración al
momento de dictarse la sentencia en la audiencia
correspondiente, si esas probanzas se incorporaron
debidamente a la causa penal en la audiencia de
preparación del juicio, en la que el Juez del conocimiento
del asunto resuelve sobre la admisión o desechamiento de
tales medios de convicción, sin que baste para ello la
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A. D. ********** PENAL
simple acción de remisión que realice la Representación
Social a la autoridad jurisdiccional, de las constancias
recabadas en la indicada etapa indagatoria.
Ahora bien, de las constancias que obran en la causa
penal, se advierte que la agente del Ministerio Público para
Adolescentes, en escrito de **********, expuso los hechos
que se pretendían probar en el juicio y ofreció y relacionó
los medios de prueba que se introducirían al juicio, así
como los que tendrían especial desahogo en la audiencia
del juicio (fojas 147-150).
Por su parte, el defensor particular del quejoso, con su
memorial de **********, ofreció pruebas para introducir al
juicio, así como otras que se desahogarían en la audiencia
de juicio (fojas 174-178).
Una vez que se dio vista de ambos escritos a las
partes, para que manifestaran lo que a sus intereses
conviniera, se celebró la audiencia de preparación del
juicio, en la que al pronunciarse el Juez sobre las pruebas
ofrecidas, consideró que al existir acuerdo respecto de las
que la representación social relacionó en su memorial con
los números del 1 al 28 y las que la defensa enlistó bajo los
numerales 1 y 2, éstas debían ser admitidas, sin que fuera
necesario su desahogo, así como las que ofrecieron ambas
partes (fojas 193-194).
Por sentencia de **********, el Juez para Adolescentes
de Primera Instancia con residencia en Chetumal, dictó
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sentencia en la cual consideró al accionante del amparo
plenamente responsable en la comisión de las conductas
tipificadas como delitos de lesiones y daños, previstas por
los artículos 98, 99, 100 fracción III y 161, en relación con el
14, párrafo segundo, y 16, fracción I, todos del Código
Penal para el Estado de Quintana Roo.
Inconforme con esa determinación el solicitante del
amparo interpuso recurso de apelación, del cual tocó
conocer al Magistrado del Tribunal Unitario
correspondiente, quien dictó sentencia el ********************,
en la que confirmó la sentencia recurrida en sus términos
(fojas 397-405).
En contra de tal sentencia, **********, promovió juicio
de amparo directo, del que correspondió conocer a este
Tribunal, que por sentencia emitida en sesión de **********,
concedió el amparo para el efecto de que el Magistrado
responsable ordenara al Juez para Adolescentes que
repusiera el procedimiento y llevara a cabo la testimonial de
**********, que a pesar de que fue ofrecida por la defensa,
no fue desahogada, sin justificación para ello.
En cumplimiento de dicha resolución, el Juez para
Adolescentes repuso el procedimiento y desahogó la
testimonial y el **********, dictó nueva sentencia en la que
consideró al peticionario del amparo plenamente
responsable en la comisión de las conductas tipificadas
como delitos de lesiones y daños, previstas por los artículos
98, 99, 100 fracción III y 161, en relación con el 14, párrafo
segundo, y 16, fracción I, todos del Código Penal para el
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Estado de Quintana Roo.
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Inconformes, tanto el Ministerio Público como el
defensor del peticionario, interpusieron apelación, y el
Magistrado del Tribunal para Adolescentes, en resolución
de **********, revocó la sentencia apelada para el efecto de
que el Juez de la causa dejara insubsistente la audiencia
de sentencia y dictara otra, valorando todas las pruebas
que fueron legalmente introducidas a juicio en términos de
la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado vigente en
la época de los hechos (en razón de que previamente las
valoró conforme al Código de Procedimientos Penales del
Estado), sin perjuicio de aplicar la legislación procesal
adjetiva de manera supletoria al tenor de lo previsto en el
artículo 6º. de dicha ley.
Al dictarse sentencia en la audiencia respectiva, el
**********, el Juez para Adolescentes consideró que las
pruebas ofrecidas por el Ministerio Público para acreditar
las conductas tipificadas como delitos atribuidas al
adolescente, así como su plena responsabilidad penal, no
fueron debidamente incorporadas al juicio en términos de lo
previsto en los numerales 89, 124 y 127 de la Ley de
Justicia para Adolescentes del Estado, vigente en la época
de los hechos, en razón de que en la audiencia de
preparación de juicio no se leyeron los registros o
documentos en los que constaran dichas pruebas, como se
prevé en el párrafo quinto del segundo artículo
mencionado.
Por tal motivo consideró que con las testimoniales
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A. D. ********** PENAL
desahogadas en la audiencia de juicio no se acreditaron las
imputaciones hechas al adolescente, y lo absolvió (fojas
557-569).
En contra de dicha sentencia, el Ministerio Público
interpuso apelación y el Magistrado responsable, el
**********, la revocó y consideró a **********, plenamente
responsable en la comisión de las conductas tipificadas
como delitos que dieron motivo a la causa penal,
condenándolo a la medida definitiva de ********** y al pago
de la reparación del daño en su aspecto material por la
cantidad de **********; así como en su diverso aspecto
moral por la cantidad de **********, sentencia que constituye
el acto que aquí se combate (fojas 604-614).
Para ello el Magistrado responsable tomó como base
diversos medios de prueba que se encuentran entre los que
el Juez de la causa estimó ilegalmente incorporados al
juicio.
Tal conducta asumida por el Magistrado del Tribunal
responsable es violatoria de lo dispuesto en los artículos
89, 124 y 127 de la Ley de Justicia para Adolescentes del
Estado de Quintana Roo, anterior a la vigente, e
indirectamente de la garantía de legalidad prevista en el
artículo 16 de la Constitución General de la República,
habida cuenta, que tomó en consideración medios de
convicción que no fueron incorporados legalmente a juicio
en la audiencia de preparación.
Lo anterior es así, pues para ese efecto determinó
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A. D. ********** PENAL
que tenían valor legal para acreditar los elementos de la
conducta tipificada como delito de lesiones:
La fe ministerial de lesiones en la persona del
agraviado ******************************; el dictamen médico
de lesiones y examen de revaloración de secuelas
practicados al antes citado; la declaración de la víctima del
delito ante el Ministerio Público, que expresó, fue ratificada
ante el Juez; la testimonial y ampliación de declaración ante
el Ministerio Público de**********.
Por lo que toca a la diversa conducta tipificada como
delito de daño doloso:
La declaración ante la autoridad ministerial de
******************************, que dijo fue ratificada ante el
Juez de la causa; la testimonial y ampliación de declaración
ante el Ministerio Público de **********; las diversas
testimoniales de propiedad y preexistencia de ********** y el
propio **********; el avalúo pericial del Ingeniero **********,
experto adscrito a la Procuraduría General de Justicia del
Estado.
Y por lo que se refiere a la plena responsabilidad del
quejoso en la comisión de ambas conductas, la tuvo por
acreditada con la declaración de la víctima del delito ante el
Ministerio Público, que insistió fue ratificada ante el Juez y
la testimonial y ampliación de declaración ante el Ministerio
Público de **********, pruebas a las que concedió valor
legal.
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Elementos todos ellos que no fueron debidamente
incorporados al proceso en términos de lo previsto en el
párrafo quinto del artículo 124 de la Ley de Justicia para
Adolescentes del Estado de Quintana Roo, anterior a la
vigente, que previamente se transcribió y al respecto prevé
que ello debe hacerse “…mediante la lectura de los registros
o documentos donde consten los mismos…”
Lo cual no se hizo así, ya que en la audiencia de
preparación del juicio, el Juez responsable únicamente se
refirió al número con el que cada una de las pruebas se
enlistó en el escrito de ofrecimiento del Ministerio Público,
sin dar lectura a los respectivos documentos o registros en
donde éstos constaran.
Lo anterior es relevante porque el objeto de dicha
disposición consiste en establecer de manera clara en qué
consiste cada una de las pruebas ofrecidas, que
previamente han sido desahogadas, a fin de que puedan
en su caso, ser objetadas y desvirtuadas por la parte
contraria, que es el objeto del sistema penal de corte
adversarial.
La violación señalada, provocó confusión en el
presente caso, ya que a manera de ejemplo, en la
resolución reclamada el Magistrado responsable, al
referirse a la declaración ante la autoridad ministerial de
******************************, expresó que ésta fue ratificada
ante el Juez de la causa, lo que no corresponde a las
constancias de autos, ya que la única comparecencia de
dicha persona ante la autoridad judicial fue para el
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A. D. ********** PENAL
desahogo de la diligencia de careos ofrecida por el
Ministerio Público, en la cual no ratificó su previa
declaración de manera expresa.
Se cita al caso por ser aplicable, la tesis aislada 1a.
CCXLIX/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, registro IUS 160184, consultable
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Materia Penal, página
292, que se transcribe:
“SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y
ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE
CONTRADICCIÓN.- Del primer párrafo del artículo 20 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de junio de 2008, se advierte que
el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en
el principio de contradicción que contiene, en favor de las
partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos
que obran en el legajo o carpeta de la investigación
llevada por el Ministerio Público (exceptuando los
expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por
el imputado y su defensor para controvertirlos; participar
en la audiencia pública en que se incorporen y
desahoguen, presentando, en su caso, versiones
opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas
diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las
aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que
tanto el Ministerio Público como el imputado y su
defensor, puedan participar activamente inclusive en el
examen directo de las demás partes intervinientes en el
proceso tales como peritos o testigos. Por ello, la
presentación de los argumentos y contraargumentos de
las partes procesales y de los datos en que sustenten sus
respectivas teorías del caso (vinculación o no del
imputado a proceso), debe ser inmediata, es decir, en la
propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de
su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el
choque adversarial de las pruebas y tener la misma
oportunidad de persuadir al juzgador; de tal suerte que
ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su
desahogo.”
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Por otra parte, en la resolución combatida, se advierte
una diversa violación en perjuicio del quejoso, ya que en
ella el Magistrado responsable omitió de manera absoluta
analizar y valorar las pruebas de descargo ofrecidas por el
indiciado, que se aprecian en su escrito de ofrecimiento de
pruebas (fojas 174-178), a saber, su propia declaración, la
documental consistente en notas médicas expedidas por el
Hospital General de Chetumal, y las testimoniales de
**********, las cuales fueron identificadas en la audiencia de
preparación a juicio enumerándolas del 1 al 7.
Sin embargo, al respecto debe decirse, que tales
probanzas tampoco podrían ser consideradas, al haber sido
incorporadas a juicio de la misma manera que las ofrecidas
por el Ministerio Público, por lo que en consecuencia
tampoco podrían ser tenidas como jurídicamente válidas.
En consecuencia con lo hasta aquí expuesto, las
únicas pruebas que en su caso debieron tomarse en
consideración para dar sustento a la sentencia reclamada,
son las que se desahogaron en la audiencia de juicio, tales
como el careo desarrollado entre el adolescente quejoso y
el querellante ****************************************; las
diligencias de ratificación de diversas documentales,
ofrecidas por el Ministerio Público y las ratificaciones de los
testimonios de los atestes del peticionario del amparo.
Consecuentemente, al haberse demostrado que el
Magistrado responsable no actuó conforme a derecho, lo
procedente es conceder al quejoso la protección de la
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Justicia Federal, para el efecto de que la mencionada
autoridad, deje sin efecto la sentencia que constituye el
acto reclamado y una vez hecho lo anterior, dicte una
nueva en la que únicamente tome en consideración las
pruebas de ambas partes, que se desahogaron en la
audiencia de juicio y con plenitud de jurisdicción, dicte la
resolución que corresponda.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los
artículos 77, 78, 80, 158, 184, 190 y relativos de la Ley de
Amparo, se resuelve:
Esta foja es parte de la ejecutoria dictada el ********** en autos del amparo directo
**********, en la que se resolvió, conceder el amparo para efectos.
ÚNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a
**********, en contra del acto y de la autoridad señalada en
el resultando primero de esta ejecutoria. Dicha concesión
es para los efectos precisados en la parte final del último
considerando de la presente sentencia.
Notifíquese como corresponda, anótese en el libro de
gobierno correspondiente; con testimonio de esta
sentencia, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en
su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del
Vigésimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los
Magistrados, como Presidente, Adán Gilberto Villarreal
Castro, Luis Manuel Vera Sosa y la Juez de Distrito
comisionada en el cargo de Magistrada de Circuito Florida
López Hernández, siendo relator el primero de los
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nombrados, quien firma con el Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe.
ICM/arcp*
MAGISTRADO PRESIDENTE Y RELATOR.
ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO.
SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. HÉCTOR ROBERTO CAPETILLO LIZAMA.
CERTIFICACIÓN.- La presente foja corresponde a la parte final
de la sentencia pronunciada en el amparo directo número
**************************************** materia penal, y en la misma obran
las firmas del Magistrado Presidente y del suscrito. CONSTE.
Cancún, Quintana Roo, a 28 de junio de 2012.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
LIC. HÉCTOR ROBERTO CAPETILLO LIZAMA.
19

El licenciado(a) Héctor Roberto Capetillo Lizama, hago constar y certifico que en
términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo
relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada
legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento
mencionado. Conste.
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