3190 Santiago, treinta de septiembre de dos mil ocho ... - Fasic

3221
jefe de dicha institución; y que algunas unidades estaban destinadas a la búsqueda de
información y otras a cumplir las facultades del estado de sitio, sin perjuicio de que, en
un momento determinado y en caso necesario, una unidad podía cumplir ambas
funciones, éstas tenían nombres araucanas y algunas de ellas eran las llamadas
brigadas, entre ellas, las Brigada Lautaro, Tucapel, Caupolicán, Purén, y cada una de
ellas tenía un objetivo determinado, ya sea buscar información o cumplir las facultades
del artículo 10°. Precisa que dentro de ellas existían pequeñas unidades las que
dependían del Comandante de cada unidad.
Agrega si en los procedimientos realizados por las unidades se detenía a
personas, éstas eran llevadas a los cuarteles de la DINA y existía una orden genérica
y permanente del Presidente de la Junta que autorizaba mantener a las personas
detenidas por 48 horas en los cuarteles, plazo que se extendió a cinco días, por el
artículo 1° del Decreto Ley 1009 del Ministerio de Justicia, y dentro de ese plazo, el
detenido debía ser dejado en libertad, puesto a disposición del Tribunal
correspondiente o del Ministerio del Interior por facultades del estado de sitio, y cuando
una persona era detenida por miembros de la DINA dentro de las 48 horas, se
buscaba a sus familiares y se les entrega un documento, extendido por el Comandante
de la unidad, que atestiguaba que determinada persona estaba detenida, señalándose
el lugar de la detención; luego de ser interrogado, el Comandante de la unidad resolvía
si la persona permanecía detenía o era puesta en libertad por falta de méritos. En el
primer caso, la información sobre su situación procesal llegaba a la Dirección de la
DINA, al igual que cuando de su declaración aparecían antecedentes de importancia,
momento en él como Director, proponía al Ministerio del Interior que la persona
permaneciera detenida.
Agrega que en los cuarteles de la DINA no había registros escritos de
detenidos, sino que sólo se mantenían las declaraciones de los detenidos, que luego
se quemaban y que el jefe de la unidad informaba periódicamente al Cuartel General
acerca de los contenidos de las declaraciones consideradas de importancia, las que
diariamente, en forma personal, se las informaba al Presidente de la Junta de
Gobierno y Presidente de la República. Aclara que cuando un detenido era dejado en
libertad, no se le entregaba certificado alguno.
Añade que cuando los detenidos se trataban de “elementos terroristas”, éstos
eran puestos a disposición del Ministerio del Interior, el que extendía un decreto exento
ordenado su detención en un campamento, ya sea Tres y Cuatro Álamos, entre otros.
Los detenidos eran interrogados en cuarteles por las unidades y sus declaraciones
pasaban a la Plana Mayor para ser analizadas por los analistas de dicha unidad.