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LA CONSTITUCIÓN DE NUEVO LEÓN DE 1917.
¿POR QUé LA EXISTENCIA
DE UNA CONSTITUCIÓN ESTATAL?
Nos parece oportuno empezar este trabajo con esa
pregunta, pues de la respuesta a esta cuestión pueden
salir las ideas para el análisis de la Constitución del
Estado de Nuevo León de 1917. Como sabemos, cada
proceso constituyente nacional ha sido seguido por el
correspondiente proceso estatal: en 1825, en 1857 y en
1917, Nuevo León expidió sendos documentos constitucionales.
Esto ha sido consecuencia de la adopción
de la forma federal de Estado que desde la Constitución
de 1824, con breves interrupciones, ha estado en
vigor en el país.
La existencia de un régimen federal, a juicio de
destacados autores, implica la necesidad de un sistema
Constitucional peculiar. Para Riker, quien ha puesto el
énfasis en el estudio de las relaciones entre el proceso
político y la formación y desarrollo de los sistemas federales
“existen tres aspectos relevantes a examinar en
este tipo de sistemas: la política territorial, la relación
entre el Estado y la sociedad, y el sistema de partidos”. 1
En cuanto a la cuestión territorial, este autor señala
que uno de los impulsos básicos de la política en un
sistema federal parte de las unidades territoriales, en
donde los intereses locales generan una identidad propia
y buscan obtener el control político de la unidad
territorial respectiva. También es consustancial a los
sistemas federales contar con lo que Jorge F. Gaxiola
llamó órdenes jurídicos coextensos. Esto es, que sobre
el mismo territorio y la misma población, imperan dos
o más tipos distintos pero complementarios de órdenes
jurídicos. Este autor nos dice que “anticipando un
poco las conclusiones de este ensayo, podemos pensar
que cuando las comunidades políticas independientes
Sergio Elías Gutiérrez Salazar
de un Estado soberano tienen facultades de autodeterminación
en su régimen interior, o sea la de darse
y revisar su propia Constitución, estamos en presencia
de un Estado federal”. 2
Con una visión mucho más actualizada, Serna
de la Garza, cita al célebre jurista Hans Kelsen quien
a este respecto ha señalado que: “el Estado federal se
distingue de un Estado unitario relativamente descentralizado,
organizado en provincias autónomas, precisamente
en esa autonomía constitucional de los Estados
miembros, aunque tal autonomía sea limitada”.
Esta limitación no solo consiste en que “la legislación
provincial se encuentra relativamente restringida, sino
también a que tales provincias no tienen autonomía
constitucional, porque sus Constituciones son prescritas
por la Constitución del Estado considerado como
totalidad, y sólo pueden ser cambiadas mediante una
modificación de dicha Constitución.” 3 Esta posición del
jurista austriaco ha ejercido amplia influencia entre autores
mexicanos, e incluso sobre la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, como veremos más adelante.
Diego Valadés ha señalado que en la “organización
de tipo federal conviven dos niveles constitucionales
distintos pero articulados. Por un lado, existe un
nivel constitucional general, que define el ámbito dentro
del cual se han de mover tanto los órganos federales
como los estatales. Por otro lado, existe un nivel
constitucional local subordinado al primero, pero que
dentro de los limites definidos por aquel tiene libertad
de acción y de expansión.” Valadés ha identificado estos
dos niveles como “constitucionalismo originario” y
como “constitucionalismo reflejo”. Al primero lo define
como “la suma de disposiciones normativas que establecen
facultades y limites para el Estado federal y para
las entidades federativas”
Valadés añade que en México las fronteras del
constitucionalismo local son muy amplias: “Sólo a manera
de ejemplo es posible señalar que las entidades
federativas pueden organizar su vida constitucional
sistematizando los preceptos correspondientes de una
manera breve. Aun cuando la tendencia constitucional
mexicana apunta a una norma casuística y prolija, nada
impide que en el ámbito estatal se opte por un criterio
más moderno de una norma sintética y genérica.” 4
En tanto la Suprema Corte al resolver la Controversia
Constitucional 31/97, señaló que “del contenido de
los artículos 1°, 40 y 41, primer párrafo 43, 44, 49, 105,
fracción I, 115 fracción I, 116, primero y segundo párrafos,
122, primero y segundo párrafos, 124, y 133 de la
Constitución Federal, puede distinguirse la existencia
de cuatro órdenes jurídicos dentro del Estado mexicano.
A saber: el federal, el local o estatal, el del Distrito
Federal y el constitucional. Cada uno de ellos con competencias
propias que, por lo general, son excluyentes
entre sí, contando con autonomía para su ejercicio a
cargo de las autoridades correspondientes.”
En un trabajo anterior señalamos que el proceso
de reformas constitucionales en el ámbito federal ha
disminuido significativamente las posibilidades de definición
autónoma de régimen interior, al regularse en
la Constitución Federal de manera amplia la forma de
organización que deben tener los estados federados. 5
En conclusión, podemos afirmar que de acuerdo a
la doctrina más extendida, es consustancial a los sistemas
federales contar con una Constitución propia en la
que defina y regule el alcance de lo que constituye su
régimen interior. Así ha ocurrido desde el Acta Constitutiva
de la federación mexicana, en la primera Constitución
federal mexicana de 1824 y en las sucesivas de
1857 y 1917. En todas ellas se previó de manera expresa
que los estados federados deberían contar con textos
fundamentales propios. En el artículo 24 del Acta constitutiva
se señalaba: “las Constituciones de los estados
no podrán oponerse a esta acta ni a lo que se establezca
en la Constitución general”. 6
La Constitución de 1824, en su artículo 158 indicaba:
“el poder legislativo de cada estado residirá en
una legislatura compuesta del número de individuos
que determinen sus constituciones particulares, electos
popularmente, y amovibles en el tiempo y modo
Separata: Del PerióDico oficiAl Del estADo De Nuevo leóN
La existencia de un
régimen federal, a juicio
de destacados autores,
implica la necesidad de
un sistema constitucional
peculiar. Para riker, quien
ha puesto el énfasis en el
estudio de las relaciones
entre el proceso político y
la formación y desarrollo
de los sistemas federales
“existen tres aspectos
relevantes a examinar
en este tipo de sistemas:
la política territorial, la
relación entre el estado y
la sociedad, y el sistema de
partidos”
que ellas dispongan”. En la de 1857, en el artículo 126
leemos: “esta Constitución, las leyes del Congreso del
estado que emanen de ella y todos los tratados hechos
o que se hicieren por el Presidente de la República, con
aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda
la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones
en contrario que pueda haber en las constituciones
o leyes de los estados.”
Con una redacción muy similar, se repite en el artículo
133 de la Constitución de 1917 donde también se
reconoce la existencia de las constituciones estatales.
Luego de la expedición en Querétaro de la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos, producto de
la convocatoria de Venustiano Carranza, y ya concluida
la etapa armada de la Revolución Mexicana, los estados
de la Federación mexicana se dieron a la tarea de actualizar
sus respectivos textos constitucionales. Es importante
destacar que en los artículos transitorios de la
Carta Federal no se señaló plazo alguno para reformar
las constituciones estatales.
Emilio Rabasa en su celebre obra La Constitución
y la dictadura, publicada antes de la dura lucha revolu-
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