Notificación de sentencia caso blue ribbon - Oficina del Contralor

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PiJERTQ RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE'APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN .
COMISION INDEPENDIENTE de CASO NUM. KLRA200200575
CIUDAI3AMOS para EVALUAR
TRANSACCIONES GUBERNAMENTALES *
DAVID NORIEGA RODRIGUEZ,
ILEANA M. COLON CARLO,
'CARMEN RITA VÉLEZ BORRAS,
ANGEL G. HERMIDA, BRENDA N,
LEON SUAREZ
OFICIHA DE ETICA GUBERNAMENTAL
Y su Director Ejecutiva
'IRMA R. MORALES LUGO
NOTIFICACION DE SENTENCIA
EL SECRETARIO QUE SUSCRIBE NOTIFICA A USTED QUE ESTE TRIBUNAL
HA DICTADO ClWTENCIA EN EL CASO DE EPIGRAFE CON FF,CHA DE 20 DE MAYO
DE 2004, QUE HA SIDO DEBIDAMENTE REGISTRaDA Y ARCHIVADA EN LOS
AUTOS DE ESTE CASO, DONDE PODRA USTED ENTERARSE DETALLADAMENTE DE
LOS TERMIMOS DE LA MISMA.
Y SIENDO O REPRESENTANDO USTED LA PARTE PERJUDICADA POR La
SENTENCIA, DE LA CUAL PUEDE ESTABLECERSE RECURSO DE APELACION,
DIRIJO A USTED ESTA NOTIFICACION, HABIENDO ARCHIVADO EN LOS AUTOS
DE ESTE CASO COPIA DE ELLA CON FECm 24 DE MAYO DE 2004.
LCDA. CAMELIA FERN~NDEZ ROMEU - PO BOX 9020192 SAN JUAN PR 00402-
0192.
HON. SLLA M. CALDER~N SERRA - GOBERNADORA- PO BOX 9020082 SAN,JZTM
PR 00902-0082.
HON. MANUEL DÍAZ sALDAÑA - AVE, PONCE DE LEON #105 ESQUINA PEPE SAN
JUAN PR 00919. '

KLRA200200575 PAG. 2
LCDA. ANAIDA GARRIGA LAPORTE - OFIC. DE ETICA GUBERNAMENTAL -
PO BOX 194629 SAN JUAN PR 00919-4629.
LCDA. ILEANA M. COLÓN CARLO - CALLE FORTALEZA #54 PALACIO ROJO
TERCER PISO SAN JUAN PR 00902.
LCDA. CARMEN RITA VÉLEZ BORRÁS - CALLE FORTALEZA #54 PALACIO ROJO
TERCER PISO SAN JUAN PR 00902.
LCDO. ÁNGEL G. HERMIDA NADAL - CALLE FORTALEZA #54 PALACIO ROJO
TERCER PISO SAN JUAN PR 00902.
LCDA. BRENDA N. LEÓN SUÁREZ - CALLE FORTALEZA #54 PALACIO ROJO
TERCER PISO SAN JUAN PR 00902.
LCDO. DAVID NORIEGA RODRÍGUEZ - EDIF. BANCO COOPERATIVO 623 AVE
PONCE DE LEON OFIC.305-B SAN JUAN PR 00917-0000.
SAN JUAN, PUERTO RICO, A 24 DE MAYO DE 2004.
AIDA ILEANA OQUENDO GRAULAU
SECRETARIA DEL TRIBUNAL
POR: DIANA VÁZQUEZ
SEC. AUX. TRIB. 1
OAT 704-1 NOTIFICACI~N DE SENTENCIA
TRIBUNAL DE APELACIONES

ESTEDO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBWAL DE APELACIONES
REGION JUDICIAL de SAN JUAN
Panel 111
COPIISION INDEPEIIDIENTE de
iIUDAD.4NOS para EVALUAR
'TIUIMSACCIONES
GIJHERNAI4ENTALES
DAVID NORIEGA RODRIGUEZ,
ILEANA M. COLON CARLO,
C.4Rf.IEt.I RITA VELEZ BORRAS,
ANGEL G. HEmlIDA, BRENDA N.
LFON SUAREZ
OFICINA DE ETICA
GUBERNAMENTAL y su Director
~jecutivo,
HIW1 R. MORALES LUGO
Recurridos
REVISION
De resolucion
de la Oficina
de Ética
Gubernamental
Panel integrado por su presidente, Juez Antonio J. Negroni
Cintrtn, y los Jueces Carlos Rodríguez ~uñiz y Jorge Segarra
Olivero
l
Megroni Cintrón, J.
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2004.
Inconforiiies con la decisión que tornara la Oficiria de
Ética Gubernamental (OEG) mediante la cual concliiyó que soti
funcionarios públicos a los que le aplican las disposiciones
de la Ley de Ética Giiberr-iamental del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico (Ley de Ética Gubernamental), 3 L.P.R.A. sec.
1801 et seq., y que tienen la obligación de presentar un
t i
iiiforiiie finaiiclelo ante la OEG dentro del término de
sesenta (60) días desde que la decisión se torne firnie y

KLRA0200575 3
ejecutor-ia, los Coniisionados y la Directora Ejecutiva
(Recurrentes) de la Cornisión 1ndependient.e de Ciudadanos
pa~-;i Evalurir 'I'raiisaccioiies Giibe~-naiiie~itales (Coniisión)
1
presental-o11 este recurso de revisióri para que rc~.~isemos y
1
1
revoquemos esa determinación.
El Estado Libre Asocia,do de Puerto Rico (EI,A) preserit~.
una solicitud para que se le permitiel-a intervenir como
amicus turbe y simultáneamente sometió un alegato en tal
calidad en el que defendió la corrección de la decisión de La
OEG. Posteriorniente, la OEG presentó su alegato sobre los
méritos del 1-ecurso.
En su recurso, y por los fundamentos que más adelante
expondremos, los recurrentes sostienen esencialmente que la
OEG erró al dictaminar como lo hizo. El ejercicio de nuestra
función revisora se circunscribe, pues, a pasar juicio sobre
ese señalamiento de error. No nos corresponde pasar juicio,
sobre: (1) la i-doneidad y legalidad de la Orden ~jecutiva
Núiii. 2001-06 (Orden Ejecutiva) ; (2) la sabiduría del diseño
organizacional de la Coniisión o (3) la corrección o propiedad
de los procesos seguidos por y antela Coinisión.
Aclarado el ánibito de niiest~-a Euncióri 1-evisora y estiasido
en coiidiciones de realizal-.la, perniitinios la intervención del
ELA para aceptar su alegato, expedin~os el auto solicitado y,
por Los fundamentos que a continuación expondremos, revocamos
I
! la d2cisión recurrida.
l E1 31 de enero de 2001 la Gobernadora del ELA, Hon.
Si-la M. Caldel-ón, eiiiitió la Orden Ejecutiva para creair la
Comisión. Esta dispuso lo siguiente:

POR CU.4I.ITO: El Pueblo de Puerto Rico exige de su
gobierno que opere con Iionradez y transpareiicia, y que
las agencias gubernamentales . funcionen bajo los niás
altos estándares de integridad, 1-espetabilidad y
eficiencia.
POR CUANTO: Existe una imperiosa necesidad cie
establecer coiiio uno de los principales conipo~ierites de
la política del gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico el uso adecuado y eficiente de los recursos
públicos, y la total erradicación de la corrupciói~
gubernamental, que en el pasado tia lacerado la
contiariza de los puertori-iquenos en sus instituciones
gubernaiiientales .
POR CUANTO: Para que dicha política pública sea
efectiva resulta necesaria la cooperación activa, no
sólo de todos los funcionarios y empleados públicos,
sino también de toda la ciudadanía, y para dar impulso
a esa lucha contra la corrupción es deseable formar una,
firine aliariza entre el gobierno y la sociedad civil.'
POR CUANTO: Como uno de los mecanismos para poner
en efecto dicha alianza, se debe crear una comisión
independiente de ciudadanos privados, representativos
de la sociedad. Estos funcionando de manera autónoma,
- deben tener autoridad Sara evaluar todas las
- transacciones qubernanientales siqnificativas, tanto de
la pasada como de la actuai administración,. que a.
juicio de la propia comisión ameriten ser evaluadas,
con propósito de hacer las r-ecomendacicnes eri cuanto a
las medidas que se deban tomar a la luz de dichas
evaluaciones.
POR CUANTO: Es deseable que el proceso de
evaluación mencionado sea efectuado por una comisión
compuesta por ciudadanos privados, pues ello no sólo
garantizará que la evaluación será hecha con
independencia de criterio, sino que mediante dicho
mecanismo el proceso decisional gubernamental recibirá
un valiosísimo insumo que de otra forma no estaría
fácilmente disponible.
POR TANTO: YO, SILA M. CALDERÓN, Gober-nadora del
Estado Libl-e Asociado de Puerto Rico, en viirtud de los
poderes inherentes a [ni cal-go y de la autoiritlad qiie ie
ha sido conferida' por la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, por ].a presente dispongo lo
siguiente :
PRII4ERO: Se crea la Comisión Independiente de
Ciudadanos para evaliiar Transacciones Gubel-namelltales,
, .
inx..e_l-..~~~1~.~~~t0_.be~_.cl?!r~.sLaevalúe1~s-~~~.c~L?~~
gglj.=tales siqnifi~ativa~s, tanto de la pasada como
de la actual administración, que a juicio de la propia
Coiiiisi.611 aiiieriteii sel- evaluadas.
SEGUi4DO: Qicha Comisión. tendrá las -~-siq~iientes
funciones %facultades:
(a) Evaluar las transacciones gubeirnainentales
significativas efectuadas por las agencias de 1.a Rain?i
Ejecutiva del. gobiel-no del Estado Libre Asociado de
Pilerto Rico, tanto durante ¡a pasada corno dill-ante la
actual ndriiinistiración, que a juicio de la propia
Coiiiisión aiiieriten ser evaluadas. A los fines de lo

9 I
. L
KLlU02005'?5 : ~
~ ~
dispuesto en esta orden Ejecutiva, se considerarán
significativas aquellas iiiaris~cciones que, a juicio de
la Coinisión, ya sea por su cuantía o por otras
características,
sustaricialiiiente
tengaii
. .
areas
el pote~ici~l de impactar
tclles. coriio la estl-uctiira
giibernameiital, el e , la econcmia e infr-aestriictura
c!el pais, o l . confiariza de la c~idaa~ia en 3.as
iiistitiiciories gul->ernaineiit:iles.
(b) Sd-jcitar de cualquier 1:sel-sana natural o
jurídica, ya sea o no un funcionario o empleado
público, t:oda .

QUINTO: La Comisión estará compuesta por el Lic.
David Noriega Rodriguez, la Lcda. Ileana Colón Carlo,
la Lcda. Carmen Rita Vélez Borrás, el CPA Pedro A.
Galarza y el Lic. Pedro Lópei Oliver. La compei-isación
que recibirán éstos por sus servicios se fijará en
correspondientes contratos-de servicios profesionales a
ser otorgados entre cada uno de ellos y la Oficiiia de
la Gobernadora. Será Presidente de la Coniisión el ~ic.
David Moriega Rodriguez. De surgir por cualquier motivo
uria vacante eri la Conlisión, la Gobernadora hará el
nornbram.iento para llenar la misma.
SEX'I'O: La Coniisión tornará sus acuerdos por mayoría
del número total de sus miembros. La Comisión se
reunirá con la frecuencia que estime apropiada, y'
cuatro de sus miembros constituirán quórum. Los
trabajos de la Comisión se llevarán a cabo en estricta
confidencialidad. La información a la que tengan acceso
los miembros de la Comisión como resultado de sus
funciones en ésta será considerada estrictamente,
privilegiada, y no podrá ser revelada ni usada por
ninguno de ellos para ningún otro fin que no sea los
trabajos de la Comisión. Sujeto a lo dispuesto en esta
Orden Ejecutiva, la ,Comisión adoptará aquellas otras
normas que considere apropiadas para regir su propio
funcionamiento interno.
SÉPTIMO: El presidente de la Comisión organizará y
dirigirá las labores de la Comisión, y será el único
portavoz de ésta. Podrá llevar a cabo cualquier otra
actividad que le sea encomendada por la Gobernadora o
por el. Comité que . sea necesaria para el mejor
cumplimiento de esta Orden Ejecutiva.
OCTAVO: Para los fines de esta Orden Ejecutiva,
Kama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico significará cualquier departamento,
agencia, instrumentalidad, junta, comisión, oficina,.
autoridad, administración, corporación pública, junta o
tribunal examinador, entidad, funcionario, y cualquier
otro organismo del Poder Ejecutivo del gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (enfasis.
nuestro) .
1 Rnipará~idose en la aiitel-ior Orden Ejeciitiva,
1 Coinisionados originalmente designados fueron ccmtratados
I
l I individualmente
para rendir servicios profesionales mediante
l l convenios suscritos, de una parte, por la Oficina de la I
I l Gobernadora, el Depaitamerito de Estado o aiiOms. ! A su vez, l
I / la Comisión, representada por su presidente. el Lcdo. 1.
Noriega ltodríc_luez, eri unió11 a la Oficina de la GO~~L-nadoi-a o
140 existe evideiicia alguna de qiie la Coinisión tenga [?el-sciialidad
jiii-idica alquila.
'

KI,lUi0100575 .- - -. h
el Depa~~tamento de Estado o anibos, siiscribieron, de uria
parte, otros coritratos individuales de servicios
p~@tesioil;ii?r, con . Iiii:ect.c>ra Ejeciitiva, abogados
iiivestigado~-es y un Consultor Especial eii Auditoría
Investigativa.
Más atleariiie, la Coiriisióri aprobó u11 Reglame~to y uii
Keglaiiient-o Operaciorial Interno, y la Asaniblea ~e~islativa
aprobó, mediante resolución conjunta, una asignación de
fondos asignados al Programa de Dirección y Administración'
del Departamento de Estado, de fondos no comprometidos el-i e¡
Tesoro Estatal, para sufragar los gastos de funcionamiento
de la Comisión.
Así las cosas y amparándose en lo dispuesto en el
Artículo 2.4 (b) de la Ley de Ética, Gubernamental, 3 L.P.R.A.
sec. 1814,' la OEG inició una investigación para evaluar la
Comisión, gestión que, posteriormente, la Oficiria del
. .
Cnntralor de Puerto Rico también solicitó al re que.^-irle a la
OEG una opinión en torno a si los miembros de la Coinisión
el-a11 o no funcionarios públicos, conforme la Ley de Ética
Gubernamental y sus Reglamentos.
Pcii:a realizar esa gestión, 1.a OEG exaiiiinó el conteriido
de la Orden 13jecutiva;' le solicitó al presideiite de la
Coinisióri, Lcdo. Noriega Kodriguez, que le proveyera ciel-ta
. .
-p.
3 l.,. P,R:A. Cec. 1814. Directoi- Ejecutivo-Fnc~iltades y riodcrcc
E1 ~irectir tcliclrá los sicjuierites deberes y poderes:
(a) l...]
(1,) IiiCer:pretar, aplicar y tiacrr ciimplir las clisposicirirles de e5f.e
capitulo y las reglas y reglñineii'os que rstablccrli ~l~:V.errni~~~~~i~s
proliil,icioriec ces~iccto a la cniidiicta

( dor:unientación; y le iiifoxmó a éste que si interesaba exponer 1
l
su posición sobre el estudio que ,estaba llevarido a cabo,
/ sonietiera iiii menio'ando de derecho dentro del téi-iiiiiio de
quiiice días .
Aduciendo que a esa fecha rio liabia recibido respuesta
alguna de la Coinisión, la OEG reiteró su requel-imiento el 22
I 1 de mayo de 2001. No obstante. la. Comisión contestó ese mismo I
1
e incluyó documentos5 y una carta en la que
preliminarmente expuso las razones por la cual entendía que l
l
no estaba sujeta a la Ley de Ética Gubernamental.
I l día
Oportunainente, el 14 de marzo de 2002, la OEG eniitió
una Resolución en la que determinó que los Coinisionados y la
Directora Ejecutiva son funcionarios públicos cuya conducta
l se rige por las disposiciones de la Ley de Ética
I Gubernamental y le concedió el término de GO días para que
l 1 le presentaran a la OEG un primer informe financiero.
l
l.
Inconformes con la resolución emitida, los Comisionados
1
i
y la Directora Ejecutiva presentaron oportunaiiiente una (
moción de recorisidexación ante la OEG. PI-antearon que las
l
I
conclusiones de ésta eran erróneas como cuestión de hecho y
1 de dereclio. y que la Kesolucióii y el proceso conducido por 1
I
la OEG vio16 sil Reqlamento Núi~i. 61.749 de 31 de julio de 1992,
Éstos soii: todo i~eglaiiieiito o rioriiia iiitei-iia qiie 1-ijn el fi~iicioiianiieritn
de la Coiiiisióii; ~iri diagi-aiii,? que I-efle-je la. orgaiiizaciin estriict.i:ral de lii
Coiiiisibii; quieries iiiLeg~aii la Coniisióii y en qué calidad pr-estaii siis
sf~~vicios ínci~J)~amiento, coiit~-,ato, clestaqxie. etc.), siis i-?iit~-atos o
iioiiihxaniieritos y iina certiLicacióil de los riiisiiios; ciialqiiirr uiiiii
iiiformacióii
evaluación.
o clocuoieritos qiie entienlla sea pertiiierit.e a iiuestl-a
"11 su resoliicióii la OEG indicó qiie coi1 I~oste~iorici;ii~
a qiie 61
PI-esj,lciii:r [le la s Lok riiiciiil~xiis

!
l
l l
l 1
..Reglas de ProceilimienCo para vistas cicativas , %si '
como las disposicioiles procesales de la Ley de P~mcediiiiieiito l
Adniinistrativo Uniforme (LPAU) , 3 L.P.R.A. sec. 2101 et
seq."
La OEG acogió la iiiocióri, oidenó que se pusiera el
expediente del caso a la disposición de los reciil-L-entes y
les concedió diez días a éstos ' para que ampliaran sus
/
planteamientos procesales y sustantivos, o que, en la
alternativa, expusieran si interesaban la celebración de una
vista evidenciaria o argureiitativa ante el Director
Ejecutivo de le OED. El 21 de abril de 2002 los 1
Coniisionados y la Directora Ejecutiva preseritaron una moción
titulada Moción Ampliando Y Reiterando Moción de
Reconsidera- en la que reiteraron su imputación en torno
a la violación del debido proceso de ley.'
I l Oportunamente, el 30 de abril de 2002, la OEG emitió l
l l una Resoluc~ón en Reconsideración, en la que i-eiteró con l
fundamentos su determinación anterior.' En su parte
' Senalaron que se les violó el debido p1:oceso de ley procesal, aduciendo
que no se les notificó del proceso adjudicativo que se llevaba a cabo en
sil coiiira, iio se les concedió la uportiiiiidad de realizar- desci~liriinieiilo
*e prueba y que no se celebró una vista evidenciaria al respecto.
;
Liidicaroii qiic la UEi; reciliió argiinientos fscritos y eviclericiii rlociiineiiLal.
del Coiitralor siri dcjái-selo saber- y que ello resultó en qiie los
ci~nisioriados iio pudieran iiacer~ ti11 desci&riinieiito cie prueba a1 1-espccto.
[xeseritar prueba eii contraxio o beneficiarse de una vjsta evideiicia~-ia o
arguineiitativa para r-efutar los I-eclanios del Coiitralor-. Coi? 1-elaci611 al
ofreciniiento de vista evidenciaria o argiinicntativa, los coni.isioiiados
argiiineiitarori que las ilor-iiias coiisti tucioriales, estatutaxias,
re.~1-i:nnritarias jiirisprudenciales L-eqiiier-eii la ari~ilarióii de 1.3
Eesolución del 1.1 dG niarzo de 2002 y no Iiiia vist:a rliie clebió Iiaberse
celebrad^ antes de la resolución y no tal-díainente diirarite la etapa ¿le
reconsiae~-ación.
" 1:iiiiicó que los plantcaiiiieiito$ procesales no procedíari. piicl: la c';ii:ta ~lc
30 de al)~-il de ;!O01 coiislitiiyó notificación siiticierite del proceso ,
adj~irlicativo y siis posi1,les coiisecuencias; que, eii efecto. se les
coiiceciió el clerecliu al descubr-imiento de prueba 1. que fiiei-oii los
coinisionadus los que iiii quisieron realizasla, pues iiiiiica le soLicitaroii
qiie se les concediera realizar. decciibrjniieiito de [?i-iifli.?. Fiiialni&iit-e, la
/

ciispositiva, ordeiió nuevaniente a 'los Conii.sio~iados y a la l
1 Directora Ejecutiva que pkesentaran sus pi-iriiei-os inforriies.).
I su
financiel-os dentro del término de sesenta días.
Insatisfeclios con esta detel-mi~iacióri y corno antes
indicanios, los recurrerites presentaron el recurso que nos
ocupa para que revisenios y revoquemos la resolucibn emitirla
por la Of 1.0 r,erinil:e el Articiilo GOJ) de, ¡;$S; Reglar: clc:
i';:ocfciiii\ierito prii:a Vistns Adjiidica1:ivas de la OEG y riiiiica !c:i iiiciri.c>ii.
Cste dispoiie que la parte afectada por- ciialqiiier liroriiiiiciamii!rit¿> iiiediaiite
el cual e1 [iii-ector Ejec.~~iii\~o de la 0 ailjiidiqlie s'is clere

ICLIAO200575 - 1 n
los Comisionados y la Directoi-a Ejecutiva son fuilcionarios
públicos y están investidos de la autoridad del soberano;
que la Coinisión es una agencia del ;ELA y los 1-eciirrentes siis
jefes porque reciben fondos públ.j.cos y asistiencia de otros'
orgariis~iios públicos, y que el Departamento de Estado y la.
OEiciria de 1 a Gohcrna~lora, o ambos, asurnierori
I 1 contr?ctualiiiente el pago de cualquier sentencia que se '1
l / I
impusiera a éstos como consecuencia de cualquier reclaAación
1
que se formulara en su contra o de la Comisión, por
l l
desempeñar de buena fe las responsabilidades y deberes
dentro del marco de las funciones concedidas en la Orden
Ejecutiva, más el pago de su representación legal.
A los fines de adjudicar los méritos del señalamiento
de error y del recurso instado, estimamos prudente exponer
los elementos o premisas de la tesis o razonamiento de la
decisión recurrida.
11
A
En la Pal-te IV de su Resolución original, titulada
Determinación de si .los comisionados y demás pers.o.~al de la
-
coiiiislóii so11 fiiiicionarios
~ p.úl>licos
suUietos aL códig.%.de
&Sto, la OEG ciesai-rolla y expone la tesis que, según sil
critel-io, justifica la decisión recurrida. Una lectura de la
misma revela que la OEG basa su decisión que los 1-ecul-rentes
están obligados a presentar los Inforriies Financieros
requeridos por la Ley de Etica Gubernamental en los
siguientes tl-es elementos básicos:
e11 el térrninn de \-finte (20i días a partir de la feclia ds iiotificacióli

I I
1
1. Los recu-ontes son fuico~a-o P I ~ C O
La OEG aduce que la definición de este término en la Ley de
Etica Gubel-naaiiieiital le aplica a las personas que ocupen
I
cargos o puestos investidos cori pal-te de la soberanía del
Estado independientemente de que presten se1-vicios mediante
I :
rlc s~:rv.i.ci.r>:j pr,
lo que convierte a una persona en un funcionario píiblico son
sus facultades, no los términos o condiciones mediante los
1 l cuales ocupa el cargo o puesto que le adscribe las mismas. I
l l Sostiene que la Orden Ejecutiva y el contrato l de
l
l l
I
l
l
1
I
servicios profesionales que los recurrentes suscribieron
demuestran que la política pública del Gobierno del E.L.A.
adoptada en la Orden Ejecutiva se le transfirió a la
Comisión; que ésta goza de total independencia para
determinar qué transacciones investigará y de qué modo
/ l
efectuará dichas investigaciones y redactará los informes;
,
I
l
que debido a ello, la Comisión posee elemento de discreción
inseparable de la realización de la política pública; que el
1 I
contrato de servicios profesionales otorgado por cada uno de
éstos ;I el Secretario de la Gobernación, en representación
. .
de la Goberiiadorei de Pueirto Rico, le til-ansEi.ere las
facultades concedidas a la Comisión mediante la Orden
Ejecutiva; que el contrato de servicios profesionales
1 suscrito por los recurrentes incluye una cláusula que provee
~
psLa - el .pago de rep-eseiitacióii leqal y el pago de ~. cualqiiieir
~ ~
sentencia inipllesta u por
un tit11a1 ~~ del
~ foi-o
~ I:ederal
.~~ ~
estatal como coiisecuencia de cualquier reclaiiiacióri -- . - diri.yida ~
,
..
r>

l
l
a éstos eii su cal-áctel- - pe'sorial O a la Comisión en general ~1.
! I L . r- actos u
1 -
l
iiiarco . de las funciones dispuestas - -- en - la Orden Ejecutiva,' -- lo
. . .-
que la OEG interpr-eta sscjnifica que el ELA contractualiiiente I
asiiriii6 expresariient:e la obligación aiiáloga a la que pr-ovee la
I Ley Níirn. 9, de 26 de noviembre de 1975, en interacción con
! la Ley Núm. 104, de 29 de junio de 1955, según enmendada, 32 l
l /
3092, que contiene disposiciones para la proteccióri de los I
funcionarios públicos ante reclamaciones de daños
Y I
per-juicios en el desempeño de sus respectivos deberes; y que
mediante estos contratos, el Gobierno de puerto Kico se
-- - -
coiiipr-ometió a pr-oveer-les oficinas, así como otros Leciirsos y
servicios, como agua, electricidad, servicio postal expreso,
-
niuebles,
~ ~ - enseres,
~ ~ equipos y "todos los materiales que sean
necesarios para de
l- Coiiiisión", .- lo que no es típico de los contratos de servicios
profesionales.
c'oiiio c:oii:;eciiciicia de lci aiites expuesto, coiicl\iye . que
( 1 ) a los. ._U!~isl.@~iiidi.-ec. l e s cs.r-f.iir_i6 ... La .. E;ic&!?LaJ..

IcI.T~T02C~0575
la política pública de asequl-ar el uso adecuado v eficiente
--
de los recursos públicos y la erradicación de-l~.corrupciÓn
guberiiamental, '
política
a la que responde Orden
Ejecutiva, pues gozan de discreción absoluta para investigar
las transacciones gubernamentales y para recomendar diversos
cursos de acción; í 3 i g~e-La_cu!~ia.- t0tal~de.~~10s.. .debeL.e&.Y
facultades que le fueronotorq-a los Comisionados les
--
confiere parte de la soberanía del Estado, convirtiéndoles.
. .
realmente en funcionarios públicos de la Rama Ejecutiva'
sujetos a las disposiciones del Código de Ética de la Ley de
, Ética Gubernamental.
Reconociendo indirectamente que la Orden Ejecutiva
dispone que los ~omisionados serán. personas privadas, la. OEG
concluye que ello no desnaturaliza la soberanía gue le fue
conferida a los Comisionados ni los releva o exime de estar
sujetos a la Ley de Ética Gubernamental. Expuso que ni esa
característica ni el hecho que reciban honorarios, oficinas
y protección legal del ~itado menoscaba la función de los
Comisionados de ser representantes de la ciudadanía en la
depuración de las transacciones gubernamentales. Además, l
>;eii,i:La rpie se itralia de un 01-gariisiiio cliie niaiieja grandes
1 cantidades de Loiidos píiblicos c~iyo presuptiesto sobrepasa, I
iriclusive, el otorgado a algunas ageilcias ejecutivas y qiie
aclvierieii en conocimiento de iiiforniacióii suniamente
confidencial y privilegiada.
En cuanto a la Directora Ejecutiva de la Comisión,
1 taiiibi.én concluyó que es un funcioriari.~
público debido a que 1
6sta suscribió iiti contrato de servicios p1-ofesionales con el
Presidente de la Comisión y con el Adiniiiistrador de la

KLIUi0200575 - 1 i
Oficina de la Gobernadora; que su contrato taiibién contieiie'
cláusulas atípicas al establecel. que el Gobier-no de Puerto
Rico responderá por los daños que de buena fe ésta ocasione
en el cumpliniiento de sus fiinciones y que le proveerá
representocióii legal.
Se ampara, en sequncio lugar, En que el Reglamento de la
Comisión establece que la Directora Ejecutiva tiene a su
cargo la coordinación y dirección de los recursos.
materiales, equipos y personal necesario para que se lleven
a cabo las investigaciones que ordene la Co~nisióri y la
redacción de los informes por parte de la niisma; que sus
funciones específicas incluyen rendir los informes que
solicita el Presidente o la Comisión, custodiar expedientes,
redactar agendas, asistir a las reuniones de la Comisión
cuando le sea requerido y asesorar a ésta en cuanto al
'estado de las investigaciones a su cargo y los distintos
asuntos ante su consideración; que es responsable de que los
acuerdos de la Comisión sean ejecutados; que vela porque se
lleve a cabo la más efectiva coordinación entre la Comisión,
el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y las
deiiias agencias guberiiaiiient;iles bajo la autoxidad cle la
Oficina de la Gobernadora; que canaliza al secreta1-io de la
Goberiiación las solicitudes de apoyo de la Comisión, y que
expide las notificaciones y citaciones que sean necesarias
bajo la autoridad de la Comisión.
Eri siritesis, coriclilyó que, por inedio dc ... s~._.l~e~'ia~ne~~t.~.
la Comisión le delegh a su Directora ~jecutiva parte de la
soberanía del Estado que mediante ld 01-den Ejecutiva' la
Gobernadora irivistió a la Coiiiisión.

1
l.
2. La Coinisión -- es una agencia . del Gobiel-no de Puerto
1
-
Rico.
En su dictameii, la OEG delrel-niinó que la Coniisióri es iiiili
ageiicia de la Raliia Ej eciitiva poi- las siguientes 1-azories I :
(a) fue creada mediante Orden Ejecutiva y " [blajo la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pues
la Gobernadora tiene poder para crear agencias
gubernamentales mediante Orden Ejecutiva", las cuales tienen
fuerza de ley; que dicha facultad emana de la autoridad
inherente para aprobar órdenes ejecutivas, facultas que, a
su vez, proviene del Artículo IV, Sección 4 de la
1 Constitución del E.L.A. y del Articulo 18 del Código I
Político;
l (b) el Artículo 1.2 (e) de la Ley de Ética I
Gubernamental define el término "agencia ejecutiva", como l
1 los organismos y entidades de la Rava Ejecutiva del Gobierno l
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico incluyendo las
corporaciones públicas, los municipios y las agencias que
I estén bajo el control de esta Rama; y que l
(c) después de realizar un examen de las funciones
encoriiendadas a la Comisión por la Orden Ejeciitiva. estinia
que la Coniisión fue creada por la Gobernadora para haceir
cuiiiplir la política pública de aseguirar el rico adecuado )J
eficiente de los recursos públicos y la err-adlcacióii de la
1 l corrupción gubernariieiital, y establece poliLica pública al l
evaluar las transacciones guberna~iientales significativas que
entienda conveniente para rendirle informes a la Gobernadora

que iricluixái~ los liallazgos de las evaluaciones, así conlo l
1 las recoiiiendaciories que e~itierida pertinentes.
I !
i
I
En Ein, la OEG opina que el qiie la Coinisióri establezca I
polí ~ica p ú l i c iciiido al lieclio que es siibvenci onada con
I
fondos del presiipuesto del Gobierrio del ELA, la fuerza a
detel-riiinar que, en su eqiiivalericia fuiicional y pa~-a efeclos
de la Ley de Ética Gubernamental, la Comisión es una agencia
del Gobierno de Puerto Rico. I
3. LOS recurrentes son __jefes de acrencia--del-504i~g-o
.rie..Ne ~Lo~Ci-co.
l Según la OEG, el Subcapítulo IV de la Ley de Ética 1
Guber~iamental dispoiie, en síntesis, cuáles sor1 las personas
obligadas a rendir los informes, el período cubierto ,por
cada i~iforme financiero y la frecuencia con la que debe ,
rendirse; su contenido y la información requerida; el
l requisito de juranientación y el proceso de entrega y examen; l
su custodia y conservación; y, algunas de las acciones que
l
1
I
pueden seguirse por el incumplimiento de sus disposiciones.
Específicaniente, estima que bajo el Articulo 4.1 (a) de
la Ley de Etica Gubernamerital, 3 L.P.R.A. sec. 1031, los
siquieiltes servidores públicos vienen obligados a presentar
infor-mes financieros ante la OBG:
(1) El Gobernador
(2) 1 Contralor, de Puerto Rico ir el
Procurador del Ciudadano.
(3) ~iiricioriar-ios de la Rania Ejecutiva ciiyos
nomhrainientos r-ecjuierari el consejo. y coiisexi t inii.ento
del Senado, o del Senado y la Cámara, de
Representantes.
q .
(4 i Ckf.csc1.e aysiclas .- d d --- Go&~xx!-i.e .. ~iel...l~sC.adq
LiI~~e_-_oci&o~~~b.ePuei-L~.__R_io,-com.~.Cec_t ac-io-s,.
S~ibsecl-etal-ios y .._los ie tes de las cor_e.zaciones

~.
(5) Presidentes, Vicepresidentes, Directores
y Subdireccores de las cor~oraciones públicas S;
?Las entidades qubernameiit
(6) Los miembros de la Asanlblea Leijisia.ti~:a,
sujeto a lo dispuesto en el Artículo 4.10 ld).
(7) Alcaldes, vice-alcaldes, ' Directores de
Finanzas o persona que ocupe un puesto similar.
(8) Los mienhros de la Rama Judicial, sujeto
a lo dispuesto en el Articulo 4.10 (e).
(9) El Presidente de la Comisión Estatal de
Elecciones; el Administrador de los. Sistenias de
Retiro de los Enipleados del Gobierno y sus
instrumentalidades, o de cualquier Plan de
Pensiones o Retiro establecido por la ~egislatura
de Puerto Rico o implantado por las Corporaciones
Públicas.
(10) Cualquier otro cargo o puesto. incluyendo
pero no limitado, al cargo de Secretario Auxiliar,
Director de Negociado o Jefe de Oficina, cuya
inclusión sea recomendada por el jefe de la agencia
y ordenada por el Director dela Oficina.
(11) Todos los miembros de las Juntas de
Subastas, oficiales de compra o delegado comprador
o cualquier persona que ocupeun puesto similar en
cualquier agencia ejecutiva. (Énfasis suplido)
Partiendo de que, a su juicio, un denoniinador común de
I I
1
l
estos puestos es su carácter sensitivo o que ostentan parte
1 de la soberanía del Estado en cualquiera de las tres Ramas l
Gobierno y considerando la equivalencia funcional l
1
I
operacional que estimó que ésta tiene, la OEG concluyó que
l
la Comisión está ubicada en el inciso (4) de dicho Artículo
l ' 1
l
l
("Jefes de agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, a nivel de (sic) Secretario, Subsecr-etario, y I
los jefes de las corporaciones municipales") y en
l / categoría definida por el inciso (5) del referido nrtículo,
1
l
referente al cargo de Director y subdirector de ejeciitivos, l
l l de las corporaciones públicas y otras entidades l
1
gubernamentales.
Se basó, adeniás, en que en viiiaa ocssiones 1; 1,
cleire~-niinado previaiiierite que en el térriiirio "jefes de agencia'.' !
i del Articulo . a (1) de la Ley de Ética Gubelnarnenial,

-
-- KL,KA0200575 --
=-a, están comprendidos los miembros de juntas de
di^-ectores de una agencia u organismo gubel-namental por ser
el cuerpo rector de éstas y que sus deterininaciones al
respecto arnionizaii con el liistorjal legislativo de la Ley de
Ética Gubernamental
Por otro lado considera que la Orden Ejecutiva le
confirió a la Comisión autoridad para adoptar las normas que
considere apropiadas para regir su funcionamiento interno;
independencia para el desempeiio de su encomienda legal; y l
como cuerpo colegiado, para acLuar mediante acuerdos toniados I
por la mayoría de los Comisionados, de forma similar a una
junta de directores.
Así, concluyó que los Coinisionados son los jefes de la
Comisión, al ocupar los puestos de mayor jerarquía en el
organismo rector de dicha agencia y tener a su cargo la
dirección y administración de ésta. En su lógica, estima que
como cada Coniisionado es jefe de la Comisión, cada
, .
Comisionado es un "jefe de agenciau sujeto a la jurisdicción
del Capítulo Cuarto de la Ley de Ética Gubernamental, en
virtud de su Artículo 4.1 (a) (4) , s-u~x_a.
I?especto a la Directora Ejecutiva de la Comisión; .
determinó que su puesto está expresaniente iricluido eri el
inciso (5) del Artíciilo 4.1 (a) de la Ley de Ética I
üubernanierital. Razorió que dicho inciso establece que vienen
obligados a someter informes financieros los " [Pl residentes,
Vicepresidentes, Directores y Subdirectores Ejecutivos de
las corporaciones públicas otras entidades
Y
! qubernanientales. u

1 Expuestos, en síntesis, los 1-azonaniieritos de la OEG, l
l .expongamos los planteamientos qiie los rec:irreritcs y las
l
1-estantes partes formulan en xeacción a los razonamientos
1 l
esbozados por la OEG en el dictanien recurrido. I
En su recurso, los recurrentes alegan que no están
investidos de parte de la soberanía del Estado, pues sólo
pueden someter a la Gobernadora sus recomendaciones sobre
las transacciones gubernamentales significativas evaluadas
por ellos. Explican que estas recomendaciones no obligan a
nadie y es únicamente la Gobernadora quien, conforme la
Orden Ejecutiva, puede tomar decisiones en tal-no a las
recomendaciones e impartir instrucciones a sus subalternos
en la Rama Ejecutiva.
Igualmente, señalan que la Orden Ejecutiva no crea una
política pública nueva contra la corrupción gubel-namental.
Por el contrario, indican que ésta convierte en pxioritario
la política pública contra la corrupción gubernamental que
dimana de la Constitución y otros estatutos, y la ubica de
/ toima preferente en la política del gobierno del C1.h.
Advierten que la propia Orden Ejecutiva establece que a
los Coniisionados no se les transfiere el pocler coercitivo'
legal del Estado, no tienen facultad propia pal-a compelel. la
~coniyarecencla de los ciudadanos o la prodiicción de l
información de clase alguna y que, de necesitar información
o la comparecencia de ciudadanos ante ella, la Comisión está !
i sujeta a que entreguen diclia información o r:oniparezcan i
voliiilLariameiite. Si ésta 110 es entregada (o no cumpareceii) 1 '
voluntariamente, lo único que la Comisión puede hacer es l

l
I
~~~b.0200575 -~ 2s
solicitarle a las agencias o departamentos de la Rama
Ejeciitiva su ayuda éstas, a su vez, deciden si se
brindar1 a la Coinisióri o no. Iridican qiie la Orden Ejecuti~va
le confiere a los Coinisionados ].a fuiicióii de irii,est.igai: 1.
evaluar las ailtediclias tl-ansacciones para luego sornetet- u11 I
informe a la Gobernadora con sus opiiiiories y
i ecoiiieridaciories .
. .
En lo que concierne a los contratos de se1-vicios que
suscribieron, los Comisionados postulan qile la proteccióii
contr-actual que se les brinda contra deniandas y sentencias
que recaigari en su contra coino resultado del ejercicio de
sus funciones, es prueba de que no son funcionarios
públicos. Sostienen que si lo fueran, la cláusula
contractual que les otorga esta protección resulta~.ia
superflua dada la existericia de la Ley Núm. 9 de 26 de
I 1 noviembre de 1975, 12 L.F.R.X. sec. 1085 et seq. ,li qiie 1
l protege a todos los funcionarios públicos en estas l
circunstancias. Como consecuencia de lo antes expuesto,
entienden que la OEG se equivocó al concluir que la
l l inclusión de una cláusula en el contrato de servicios l
l !
l
p1-ofesioriales que es, a su vez, análoga a la proteccion
&novista por la Ley 9, los convierte en iiiiicionarios
püblicos.
Por otro lado, los ~omisioi~üdos rechazan el fuiidamerito
de la OCG que el que la Comisióri reciba y utilice foridos
"' Ueiiiandas coiitl-a fiiiicioiiarios y enipl.eadoc del Estado Lib~re Asocinclo.
Todo firncional-io. e:< fuiicioiiario, ei~ipleado o e:.: enipleado del Estado
L,ibl-e iisociado de i>iiei-to Ilico que sea deinaiidado eri daiios ;, i.,erjtii.cio!: eii
su car-$ a actos 11
umisiories inciirridos de buena Ee, en el cuxso de sii trabajo ;. dentio del
marco de sus funciones, podl-á solicitar que el Estado Libif nsociado de

píiblicos coiivierta a los Coniisioiiados en fu!icioiiarios
públicos a la Cornisióii en uiiz agencia del Gobierno de l
I'uerto Rico. Sostienen que, segíii~ lo dispuesto en la Orden
Ejecutis~a, para que piieda disponer de los f oiidos y 1-ecursos
! pí~blicos, la Coiiiisióii tieiie que. someter solicitudes l
/ Departaiiiento de Estado y cumplir con todas las nornias y 1
trámites administrativos internos del referido Departamento.
1 Indican que Únicamente después de obtener su aprobación, es !
l que la Comisión puede utilizar los fondos y recursos que
I
Los recurrentes plantean que el que una entidad privada
1 utilice fondos públicos para llevar a cabo un fin público no 1
!
la convierte en agencia del Estado. Alegan que en estos
casos y para asegiirar el cuinplimiento con el Articulo VI,
Sección 9 de la Constitución del ELA," el Contralor de
Puerto Rico posee la facultad para fiscalizar el uso de esos
, %
fondos públicos, aún cuando. ésto's sean admiiiistrados por
personas o entidades privadas. I
Sostienen, adeniás, que los fondos qiie reciben no les l
1 íuer-on asignados directamente a la Coniisióri, : no qiie l
fueron asigiiados al Departamento de Estado para que fuera
1 éste el. que los administrara. Por ello, postulan que diclia
I
/ sitiiaciói~ es iricoiiipatible con la idea que la Coiiiisión es una
l ñgeiicia ejecutiva. Afirman que la defi.niciói1 de agencia
e]ecutiva en la cual la OEG basa su fundaniento.
Puer-to Rico le provea 1-cpl.esent-ación legal y posteriornieiite asiiiiia el pago
licos.
Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines
púl~licos y pasa el sosteiiiniiento y fiiiicionamiento de las iiistitiicionrs
del Estado, ): en tod.2 caco por autoridad de ley.

i l sencillariiente ofrece un listado de tipos de agencias, pero l
I
l
1
) no formula características que permitan identificar los \
l
orqanisn~os y entidades a los que hace lefeirencia. Los
/ recurrentes sustentan su argumento en la definición de l
I
l
1 agencia incluida en el artículo 1.3 (a) de la L.P.A.U., 1
I
L.P.R.H. sec. 2102."
Es la posición de los recurrentes que, para que una I
oficina independiente como la Comislón pueda ser considerada
una agencia de la Rama Ejecutiva cc:!- funciones de
l
ireglanientar, investigar o emitir decisiones finales u
obligatorias, entre otras, tiene que estar autorizada por
ley y no por una orden ejecutiva; y que la Comisión ni fue I
creada por ley ni está autorizada por un estatuto para
disponer finalmente de algún asunto.
l I Por último, refutan que sean funcionarios públicos que 1
l l dirigen
una agencia de la Rama Ejecutiva. Arguyen que si, en l
efecto, la Comisión no es una agencia y los Comisionados no
son funcionarios públicos, tampoco puede serlo la Directora
Ejecutiva, pues ella sólo es una persona contratada para
i 2
(a) Aqeiicia. Sigiiif ica ciialqliier junta; cuerpo. tri t>uiial. exaniiiiador,
corpor-acióri píiblica, comisióii, oEiciiia independiente. divisióri,
adiiiiiiisLracióri, negociado, departamerito, autoridad,. funcional-io, persoria,
entidad o cualcpiie~ iiistxumeiitalidad del Estado Libre Asociado de Piierto
P.ico u organisiiio adniiiiistrativo autol-izado por ley a llevar a cabo
funciones de reglaneiitar. investigar, o qiie pueda ernitir una decisióii. o
con facultades pai-a espedii- liceiicias, certiEicados, permisos.
concesiones, acreditacioiies, privilegios, franquicias, acusar- o
adjudicar, excepto:
(1) El Seriado y la Cáiiiara de Representantes cle la Asarlblea Leyislatixxa
(2) La Raina Judicial
(3) La OEicina del Gcbernador y todas sus oficinas adscritas except.iiaiido
aquellas en donde se tiaya expresado liteiralmente la apl.icac.ióri de las
disposicioiies de este capitulo.
(4) La Guardia Nacional de I'uei-to Rico
(5) Los gobierrios niiiriicipales o sus entidades o corporac.iones
(61 I,a Comisión Estatal de Elecciories
(71 El rlegociado de Coiiciliacióil y Arbiti'aje del Departaiiieiito del Trabajo
y Reciirsos Huniailos

l 1 cllrlgi~ la adininist1-ación interna de la Coniisió~i y para /
. .
a)wdar en su funciorianiiento. Sostienen que la Directora l
Ejecutiva no posee ninguno de Los poderes típicos de un jefe
! 1
irle agencia de la estructura gubernamental del Estado y, por
1 1 consiguiente, iio puede estar sujeta a 11 Ley de Ética 1
I
I
Por su parte, el ELA concurre en su alegato con la
posición asumida por los recurrentes y objeta la Resolución
emitida por la OEG. Postula que los criterios aplicados por
la OEG para apoyar su decisión no son válidos ya que se
l limita a aplicar aquellos que ha establecido en sus 1
anteriores opiniones.
En su alegato, la OEG reitera, en síritesis, la tesis
central que expuso en el dictamen recurrido.
Resumidos los planteamientos de las partes, l 1
I resolveinos .
EN TORNO A SI LOS COMISIONADOSY LA DIRECTORA EJECUTXA
DE LA COMISIÓN SON FUNCIONARIOS P~BLICQI.
A. ----
1. Deleqación de parte clll_ poder deL...s~~oa!io.,
El Tribunal Supremo de Puerto Rico deiinió lo que es un
fiiiicioriario píiblico al interpretar dicho tél-rnino a la luz
del artícii1.0 3.1 de la Caxta Orgánica de 1317, 1 L.P.R.A.
sec. 34. Concluyó que funcionario píiblico es aquél. que está
investido con parte de los poderes del soberano y 110 un,
individuo cuyos deberes son pul-amente ministei-iales o
secretariales. Véase De la Vega v. .C_ancho Bone~L,~-TesL; 56
D.P.R. 753, 755 (1340). En LIazario v. W~ZII~~, 5.ó D.P.R.
-
(8) La Junta Asesol-a del Uepartanicnto de ?.suntos del Coi;s~irni:?oi- sobre el
SisLerna de Clasjíiiiaciori de Pxoyrarnas de Televisi611 y Juquetes

deberes se ejecutan, U) la forma eii que fue creado. S el /
término del cargo y 6) el fin perseguido. El funcionario se
distingue principalmente porque es un cargo de mayor
importancia y con autoridad pa1-a g r
o supervisar y 1
generalmente el cargo de un funcionario es creado por ley y
goza de cierta permanencia, con cuyo, desempeño está
involuci-ado el interés público. Brunet ~ustiniano v.
fjernández Colón, 130 D.P.R. 248, n.5 (13921, citando a
Neqrón Soto v. Gobernador, 110 D.P.R. 664 (1981).
El artículo 167 del Código Político, 3 L.P.R.A. sec.
541, dispone sobre los nombramientos de funcionarios que
todo ". . . funcionario, para cuyo nombramiento no se hubiere
prescrito forma alquna en la Constitución del Estado Libre
Asociado, o leves de Puerto Rico, será nombrado por el
Gobernador con el concurso y consentimiento del
Senado."IÉnfasis nuestro.) En esos casos, el procedimiento
es el siguiente: (a) el Gobernador soinete la ~iomiriación al
Sellado; íb) el Senado confirma la nominación; (c) el
Gobernador extiende el nombramiento concernido mediante la
expedición de la credencial correspondierite; y (d) el
1 funcioi~airio presta el juramento oficial y toma posesión de 1
su cargo. Opinión del Seci-etai-io de Justicia núniero 2 de
1991; artículos 168 y 170 del Código Político, 3 L.P.R.A.
secs. 542 y 544, respectivamente.
En lo pertinente y, por últiiiio, el artículo 1.2ía) de
la Ley de ktica Guberi~aiiiental, -m-, sigue el tenor
tradicional de l~o que es un funcionario público al disponer
que " [ilncluye aquellas pe~-conas que ocupan cal-gos o enipleos
1 en el Gobierno del. Estado Libre ~sbciado de Puertri Rico que l

KLKAO2005'75 3 F
están investidos de parte de la soberanía del Estado, por lo
que iritervieneri en la formulación e implantación de la
política pública." En otras palabras )f seqún esta .sección.&
l.a Ley de l?tica..G~~bernamental, la investidura de ~:3rte de la
. . . - - - . - .
soberanía del Estado es lo que lc~errnite inter-venir e n22
- --
forniulació~ e ii~i~lantación deAa ~olí tic&-_p&blica ._y
dceversa. Corisecuencia lógica de. ello es que, si 'una
persona no es funcionario público, no puede tener la
facultad de implantar la política pública o estar de alguna
otra forma investido de parte de la soberanía del Estado.
Ciertamente y aunque ,ninguna de las fuentes citadas
define en qué consiste "estar investido de la soberanía del
Estado", resulta patente, a nuestro juicio, que se refiere a
que por disposición de ley y por razón de su cargo, la
persona está facultada para formular e implenientar la
política del Estado o ejercer alguno otro de los poderes
ordinarios del soberano. En el caso del Poder Ejecutivo, se
refiere a que la persona está facultada por Ley para hacer
cumplir algún estatuto, investigar actuaciones o conducta
para adjudicar controversias de forma final y vinculante en
el orden adininistl-ativo o para sonieter una querella en el
orden administl-ativo o una denuncia0 acusación CL-iminal en'
el Tribunal General de Justicia, demandar en nombre del
Estado, imponel- nniiiltas administrativas, sanciones o para
eniitir órdenes de cese y desista.
A esos fines, es necesario examinar y evaluar tanto el
estatuto del cual dimana la alegada fuente de autoridad,
como las funciones que en éste se describen para determinar
si las personas están investidas de parte del poder soberano
1

KLRAO200575 7 7
del Estado. En el caso ante nos, era necesario que la OEG
examinara la Orden Ejecutiva y las funciones que ésta le
asigna a los Comisionados y a la Dii-ectoi-a Ejecutiva p_
así deteriiiiiiar si éstos son fiincionariosg&~L.~ ps~es-a-.
-~ - ~
ii~'~estido de la soberanía del Estado. Aunque así lo hizo la
-.
OEG, ésta erró al concluir que los . recurrentes eran
funcionarios públicos. Veamos.
No existe controversia alguna que, según la Orden
Ejecutiva, la Comisión fue creada para que un grupo de
ciudadanos privados evaluara e investigara las transacciones
gubernamentales significativas de la administración pasada y
la presente que, a juicio de la Comisión, lo requirieran, y .
para que luego rindieran los informes en el que incluirán
sus opiniones y recomendaciones a la Primera Ejecutiva de
Puerto Rico. No obstante, tampoco existe controversia en
cuanto a que, aunque el informe que produzca la Comisión
incluya su opinión sobre la transacción o evento que ha
investigado y sus recomendaciones, éstas no sólo no
adjudican de manera final el asunto investigado de modo que
pueda ejecutarse e.~.~y~gp~~~iy.&go- su reconieritlacióii, sirlo que
sus coiicl~isiones y reconiendaciones tan siquiera obligan a
las pac-tes, a la Primera ~jebutiva de Puerto Rico o al Poder
Ejecutivo, en general. Para actuar, el Poder Ejecutivo
tendría que realizai- su propia inv~stigació~i crimiiial, civil
o administrativa a través de sus propios depal-Lamentos y
agencias, segíiii fuese el caso, ante's de tomal- algiina accióri
y ello, siempre que la primera Ejecutiva de Puerto ~ ico así
lo dispusiese, una vez reciba los informes de la comisión.

KL,RR0200575 ..... . .
-
Aunque sus infornies incluyan las conclusiones ;;
liallazgos de los Coiiiisionados, coiiio heinos indj.cado,. lo!;
iilf«~-iiies no adjudicaii finaliueiibe a cliestióii ol~jeto del
estudio, la 1-esponsabilidad civil, admi~iistrativa o criniinal
de cualquier persona cuya conducta haya sido evaliiada,
quizás las inanifestaciones más reconocidas del poder del
soberano. Las reconiendaciones de 1.a Comisión son sólo eso -- .
recomendaciones.
El funcionamiento de la Comisión diseñado en la Orden
Ejecutiva no revela que se le haya investido de la soberanía
del Estado. Una cuidadosa lectura de la Orden Ejecutiva
revela que no le transfiere a los .Comisionados el poder del
Estado para compeler, por autoridad legal propia,, a
cualquier tercero a comparecer obligatoriamente ante ellos o
a producir inforniación o documentos que pudieran ser
pertinentes para evaluar una transacción investigada.
Únicamente es a través de las agencias o depar-tamentos
ejecutivos válidamente establecidos que los Coniisionados
podrían lograrlo. Pero ello, únicamente, se podría hacer s i
. .
éstas pudieran hacerlo dentro del poder seneral qile tenqaq,
I
pues la 01-de11 Ejecutiva no le transfiere a los departamentos
o agencias del Poder Ejecutivo un poder de citar a testigos
o a emitir s~ib[~oneas duces tecug para requerir la prodiicciói~
de docun\entos, a nombre de la Comisión. Los departainentos o
agencias del Poder Ejecutivo sólo podrían ejercer- el poder a
esos efectos que posean confol-me su estatuto habilitaclor.
Por- otro lado, al ciimplir las encomiendas de la Ordeii
Ejecutiva l.a Coiiiisión puede lograr cierto grado de
exposición pública y notoriedad debido al asunto o personas

que investigan, atraer -el interés. del público en general
sobre sí y 1iasi:a afectar la reputación de las persorias
investigadas uria vez la !?rimel-a Ejecutiva de Puerto llico
llaga públicos los inforines que le rinda la Coini.sión. Sin
embargo, la Orden Ejecutiva no le concede a los Ccunisionados
el control o la responsabilidad real y sustancial sobre el
mariejo de los asuntos públicos o gubernamentales, aunque l a
publicidad de sus hallazqospuedan crear esa impresión.
La Comisión tampoco está facultada para es'tablecer o
promulgar la política pública del Poder Ejecutivo, aunque
sus recomendaciones puedan influenciar a los que
constitucionalmente están facultados para hacerlo. Atendidos
los términos de la Orden ~jecutiva.,
realmente constituye un
absurdo concluir que la Comisión formula política píiblica
oficial y obligatoria para el ~stado Libre Asociado de
, .
Puerto Rico.
Por el contrario y repetiiiios, el radio de acción de la
Comisión se circunscribe a investigar las transacciones,
evaluar la prueba que obtenga y a ofrecer conclusiones y
1-ecomendar cursos de acción, que no son obligatorios para la
-
Gobel-tiadora de Puerto ~ ico o la liaiiia Ejecutiva. Puede opiiiai-
sobre la responsabilidad de cualquier persona investigada,
reconiendar el proceso a segulr y proponer altei-nativas a
prácticas adniinistrativas ' existentes para realizar-
tl-ansacciones gubernamentales. De ningún modo están
facultados para establecer o determinar las directrices.
criterios o penalidades a los que los departamentos n
agencias del Estado y todos los empleados y fuiicioiiarios
públicos deben atenerse de inciirrjr en actos de col-L-iipcióri
-

liL,IU~0200575 . -. . --
pí~blica. No están autorizados
debel-es de personas privadas o
Gobernadora de Puerto Rico y los
Puerto Rico tienen esa facultad.
En el ejercicio de sus
Ejecutiva, los ~ornisioriad64 gozan de discreción. y autononiía
administrativa interna para escoger las transacciones
gubernamentales que van a investigar; para seleccionar
disci-ecionalmente la metodología de su investigación, para.
formular el alcance de ella y diseñar el marco c&nceptual
aplicable; para escoger el período a ser investigado, a.
quiénes investigar y cómo llevarla a cabo. Sin embargo,
'aunque dicha discreción se asenieje a. aquella que puedan
poseer algunos funcionaribs públicos, los Comisionacios no
formulan política pública en el área de 15 detección de la
'corrupción Y depuración de las transacciones
gubernamentales, como apunta la OEG.
En fin, mediante la orden Ejecutiva los Comisionados no
fueron investidos con el poder de implantar, adoptar,
modificar o dejar sin efecto ex propio viqoxe la política
pública en cor;tr-a de la corrupcibii en el sector píi5lico. L,os
Coiiiisio~lados y la Directora Ejecutiva de la Corliisióii carecen
1 de parte de la soberanía del Estado para hacerlo, por lo que.
la OEG insidió al resolver que, por ser funcionarios
públicos, los recurrentes estaban obligados a rendir el
, ,
primer inforiiie de divulgación firiancie1-o que requiere el
artículo 4.2 de la .Ley de ktica Guberrianiental, 3 L.P.P..A.
sec. 1832.

L . El que el ~evartanien~~ de Est~clo haya asuniidg
c~actualmente 'la~esponsabi1idacl peciiiiiaria. por
los daños que puedan causar los Comisionados en el'
- desempeño de sus f uiiciones
. .
l
Según señalado antes, en su Resolución la OEG considera
I que el que en el contrato con los recurl-entes se incluyó una l
/
l
cláusula pal-a cpie el Departamento de Estado asumiera la
iesponsabilidacl de satisfacer el pago de cualquier 1
1
compensación reclamada por los da663 que ocasionen los
primeros en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes
bajo los contratos de servicios y de proveerle
representación legal es evidencia d.e que los recurrentes son
funcionarios públicos. Aduce que Ya cláusula contractual es
análoga a la protección que le suniinistra a los funcionarios
públicos la Ley Núm. 9, supra. No tiene razón.
En primer lugar, esta protección no constituye una
( facultad que forme parte del poder soberano del Estado o 1
atribuible a éste. En el caso de los recurrentes se trata
/ obvianiente de iin beneficio o privilegio que se le ha 1
I
concedido contractualmente ya que. resulta obvio que la
concesión de ese beneficio no fue contemplada en la Orden
Ejeciitisra que creó la Coiiiisióii. Es siiiiilal- al beiieficio qiie
provee a los funcional-ios públicos la Ley Núiii. 9, SL!I~-C~~,
aprobada por la 12eyisl.atura de Puerto Rico, estatuto que
recoge la política pública en torno a la responsabilidad del
Estado por los actos de los funcionarios púb1ic.o~. Si el
l pri~~ilegio no fue concedido eri la Orden Ejecuti~..,?. no puede l
l
decirse con propiedad que con ello la Priiiiera Ejecutisra de
Puerto Rico preLenclia converti.1- an los Coi~iI:;j(:~iintlos y I la
l
Directora Ejecutiva de la Comisióri en funcir~iiarios píiblicos.

KLRI~O200575 7 7
l
En segundo término y asuniiendo que la Orderi ~jecuti1.w
liubiera . autorizado la concesión del privilegio aludido, es
obvio q~ie la iiicliisión de la cláiisula en cl coiitrato de'.
1
I
servicio de los Coniisionados y de la Directora Ejecutiíia de
la Comisión sería. en todo caso, evidencia circiinstancial
que tiende a E~VOL-ecer más la tesis de que los recurrentes
no son funcionarios públicos, que aquella que postula que si
lo son. La Ley Núm. 9, supra, expresamente aplica a " [tl ocio
l
funcionario, ex funcionario, empleado o ex empleado del
Estado Libre Asociado de Puerto Ribo." Ello así, si la Orden
~j'ecutiva hubiera tenido la intención y propósito de'
convertir a los recurrentes, en funcionarios públicos, no
hubiera sido necesario incluir una cláusula en sus contratos
de servicios para concederle el beneficio análogo al que ya
ofrece la Ley Núm. 9.
. .
B. EN TORNO A SI LA COMISIÓN ES UNA AGENCIA DEL PODER
EJECUTIVO.
En su resolución la OEG también concluyó que la
Comisión era una agencia del Poder Ejecutivo para justificar
su dictamen. Para ello y como antes indicamos, consideró
varios elementos. Veamos.
.. ._ia
1. La coiicesión de apovo O q1ibe1-11ament.al---.asicrniciónde_foIibos..~~.4l~~oc~a.-i.~~Co~!!i~s
i n .:.
Sin exponer fundamento o explicación alguna para ello,
la OEG concluyó que el que se subvencionaran las operaciones
de la Comisión con fondos públicos del presupueste del
Departamento de Estado y se pusieran a su disposición otros
recursos indirectos apoyaban la conclusión que 1 Comisióri
. ..

1 es iiiia agenzia ejeciitiva." Ldo es hasta que pi-eseiita su 1
alegato ante est.e Tribunal que la OEG abunda, aunque iiiu;.
liniitadaiiiente, sobre este particular.
Sc)stieiie cliie los fondos públicos qiie iitiliza lri
1 Coniisióii provienen del presupuesto general cli spoiiible para I
el f uiicioriairiiento operacional de los departamentos,
age~icias, programas y demás instrumentalidades píiblicas en
l
vez de los fondos que se destinan a atender solicitudes de
l
donativos legislativos presentados ante la Oficina de la
( Con~isión Especial conjunta sol,re Donativos IJe

I completa discl-eción al realizar estas actividades
adiiiinisti-atlvas al igual que coi110 cal-acteristic?menLe lo
hace uiia agencia a la 1101-a de emplear- los fondos públicos
que se le asignan. l
No podemos concurrir con esta lógica y la conclusión a
que lleva.
Eri primer lugar, el método creado y utilizado por la
Oficina de la Gobernadora de puerto Rico y el Departanlerito.
de Estado para proveerle los fondos y apoyo a la Comisiói~
para ski funcionamiento no la convierten en. una acjericia del
. .
Poder- Ejecutivo de Puerto Rico. EY. que fondos hubiesen sido
asignados al Programa de ~il-ección y Administi-ación del
Departamento de Estado para sufragar, a su vez, Los gastos
de la Comisión, a lo sumo lo que delata es un ingenioso
método de distribución de fondos como parte del
funcionamiento del Departamento de Estado cuya corrección
podria al-rojar dudas sobre su licitud
Sin embargo, la adecuacidad fiscal del método y los
deseniuolsos son responsabilidad del Contralor de Puerto
Rico. La Ley Núm. 18 de 30' de octubre de 1975 eiirnericlh la 'ley
i.1iiiitei-o I, de 74 de julio de 1952, la ciial ci-eó la Oficii-ia del
Contralor, 2 L.P.R.A. sec. 1 et seq., para .~eqiie~-ir que los
departamentos, agencias, instrunie~italidacles, oficiiias y todo
1 ot~-o organisiiio o municipio del Estado Libre Asoc~ado, lleven
u11 regist1-o de todos los contratos que otorrjueri, cor? sus
enriiieiidas, y remitan copia de los mismos a la Oficina

I
1
Adeniás, el artíciilo 74-A del Código Político de 1902, según
enniendado por la Ley Núm. 86 de 1.3 de julio de 1988, l
L.P.R.A. sec. 82a, le inipone a las agencj-as el deber de
informar al Contralor cuando cualquier persona, sea enipleaclo
o pei-sona particular, haya utilizado o se haya beneficiado
de bienes o fondos púhlicoc, t?djo su control o custodia. I
Estado Libre Asociado v. Great Dmerican Insurance Com~any,
106 D.P.R. 825, 832 (1978).
En lo que nos y según las conclusiones I
incontrovertidas de la OEG, estas asignaciones de fondos no
fueron hechas a la Coniisión directamente y su desembolso a
la Comisión está sujeto a ciertas restricciones. Para
utilizar el dinero, la Comisión tiene que solicitárselo al
Departamento de Estado, obtener su aprobación y cuniplir con
todas las normas y trámites que imponga el Departamento para
llevar a cabo el proceso. Tal y como acepta la OEG en su
Resolución en Reconsideracici, ni el presidente de
1 Comisión ni ésta pueden comprometer los fondos públicos que
l
l
le fueran otorgados, ya que la autorización para disponer de
los fondos tiene que estar firmada por uii funcionario del
Departaiiiento de Estado. Conio tanhién admite la propia OEG,
es "requisito indispensable para que se p~idieraii conipronieter
los fondos públicos necesarios [ . . . 1 . "
Con semejante método de conti:ol para la uvilización de 1
los fondos públicos, resulta difícil aceptar que la Comisióri
pueda ser considerada una agencia de la Rania Ejecutiva, por
1 Ci~banameiital. a i i .
S ,
pp. 26-27 i81ifasis riri cirigiiial) - J

KIjR40.~0057S -
Por otro lado, el que ciudadaiios privados reciban
fondos públicos para llevar a cabo una función aunque sea de
beneficio público, no significa que ello los coiivierte en
fiincioiiarios pfiblicos del Estado o que las entidades
privadas a que pertenezcan se conviertan eii agencias o
departamentos de la Hania Ejecutiva.; a concesión de fondos
públicos a éstos lo que activa es la facultad del Contralor
de Puerto Rico para incluir a los recipientes de los fondos
en la fiscalización de esos fondos públicos. Qmoloco o£
Cag~ias,, c .
v. U~i!í!~-z.Dí.a.z, 126 1). 1'. R. 470 ( 1991)) ; Eug~:L-g
Rico Telephone Company v. Rivera, '114 D.P.R. 360, 362-363
(1983). Dicha norma se sostiene sobre el reconocimiento de
que los fondos con que operan son públicos. Comoloco of
Caquas, Inc. v. Benítez Díaz, ; Puerto Rico Telephone
Cooipany v. Rivera, supra, pág. 362; Torres Ponce v. Jiménez,
113 D.P.R. 58, 64 (1982). Véase, además, RDT Const. Corp. v.
Contralor 1, 1.11 D.P.R. 424 (1996); RDT Const. Corp. v. .
Contralor 11, 141 D.P.R. 861 (1996).
2. -naturaleza de las funciones de la Comiuó
En su dictamen,, la OEG analiz6 taiiibién la natiiraleza de
l a s fiiricioiies rle la Coiui.sióri y concl.ii)~ó ilue éstas
denioctrabaii qiie el-a una agencia de la Raiiia Ejeciitiva. E1
1
1 análisis era necesario, pero el 1-esultado del mismo es'
incol-recto.
De acuerdo con el artículo 1:2(el de la Ley de Ética
Guber-nsiiiental, s-xp_g&, tina ,agericia ejecutiva " [ il ricluye los
orcjalli.siiios y ent-i.dades de la Rama Ejecuti~~a c1r.l C;ril..lierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; incluyendo las
corporacioiies fiiblicas, los municipios y las agencias que

KLRZiii2005'75 . 7 7
está11 bajo el control de ecta Rama." Ciertamente, esta
defiriición 110 describe las características que debe tener
una agencia ejecutiva para que sea considerada como tal. La
. ~
de£ inición enumel-a diferentes tipos. Ello no debe sol-prendel-
a nadie, pues debe tenerse presente que la Ley de Ética
Gubernamental no es un estatuto dirigido a reglanientar las
agencias o departamentos del Poder Ejecutivo. Es una leyque
persigue velar porque los empleados y funcionarios públicos
cumplan estrictamente sus disposiciones. Desde esa
perspectiva no piiede esperarse que las definiciones sobre
agencias o similares sean tan abarcadoras.sobre ese tema. '
Por el contrario, la LPAU sí ofrece esas
características al indicar que una agencia ejecutiva es,
cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, corporación
pública , comisión, oficina independiente, división,
administración, negociado, departamento, autoridad,
funcionario, persona, entidad o cualquier instr\iiiieritalidad
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico u organismo
administrativo autorizado por ley a llevar a cabo funciones
de reglamentar, investigar, o que pueda emitir una decisión.
o con facultades para expedir licencias, C~L-tifirados,
permisos, concesiones, acreditaciones, privilegios,
franquicias, acusar o adjudicar. 3 L.P.R.A. sec. 2102(a).
Sin que esa fuera su intención, apreciamos que esta
disposición 1-ealniente describe actos que constituye11
manifestaci.orles del poder soberano del Estaclo. CoiiZornie est.a
definición, resulta evidente qiie para que u11 organismo sea
coiisiderado uria agencia, tiene que estar autorizada por ley

1 I
i
KLRA0200575
____...,-. _ _ T_--.
- ___I
para ejercitar esos poderes, los Gue iricliiyi?~i la emisión de
decisiones finales y ob1igato~-ias.
I
1
I
,
Ciertaiiiente, al inoineiito tie el~aluar si uii cl-gariisiiio es o
1
/ iio una agencia de la Rama Ejecutiva, tiene que e:~amiiia~-ce )
1'
lar fuiicioiies que estS 1egSlnieiiie .autorizada a llevar a cabo :

I
KLl~~OL00575 _
t~-aiisacción objeto de evaluacióri por la Coniisióii; 3)
requerir la a-yuda de los fiincionari.os pertinentes de la Rama
Ejecutiva par-a obtener la conipai-ecencia de ci.lalqui~r persona
o la enti-ega de cualquier docuiiieiito u objeto; 4) rendir los
iriformes que estiiiie apropiados con el resultado parcia: o
f i iial de las evaliiaciones de la Comi.sióii. La... Comi~~.i_ó~~. .np
está facultada para hacer más nada que no sea lo antes
-
mencionado.
Como ya hemos concluido, las funciones de la Comisión
se limitan a investigar, evaluar y estudiar las
transacciones gubernamentales y a someter un informe con sus
hallazgos y recomendaciones. Más allá de presentar este
informe, la Coniisión no tiene autoridad o discreción para
actuar o disponer del asunto que investigó o evaluó de forma
final y obligatoria para los irivestigados y en nombre o
representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No
I'
tiene poder alguno para llevar a sus últinias coiisecuencias.
las recomendaciones que tome. Esto le corresponde Únicamente
a las agencias ii organismos facultades expresamente para
ello y, en todo caso, si la Primer-a Ejecutiva de Pi.ierto Rico
luego de recibir el infoirriie deciae legalniente que así se.
haga. En fin. taiiibién carece de. parte de los poderes
soberano del Estado cjue en alguna u otra forma posee11 las
agencias o departairlentos de la Raiiia Ejecuti-~a.
A .nuestro juicio, el. errol- de la OEC: estrilla en gr-ari
1 iiiedida eri que coiicibe que una orden Ejec1:tiva pueda cr-ear l
una agencia o departainento del E'odel- Ejeclitivo qiie cai-ezca
tomar iiiia decisióii final coiiio evidencia contiindente que el organisnio iio
posee diclio "centro de gral~edad".

liLLtri02005'75 ~
-
4 i1
de parte del poder soberano del estado desde el punto de
vista de nuestro sistenia constitucional de gobierno.
La facultad para emitir una Or-den Ejec!.itixra SS apo.;a
legalmente eii la autoridad general del Prinier- Ejecutivo de
curiiplir y liacer cuinplii:, las leyes, vigilar la coriducta
oficial de los funcionarios de la ama '~jeci.i~ivo. ;' de cuidar
que cuniplan con las obligaciones de sus cargos. Si11 enibargo,
el criterio prevaleciente es que una Orden Ejecutiva no
puede ir en conti-a de lo dispuesto en las leyes aprobadas
POL. la legisla tu^-a de Puerto Kico y niuclio menos con lo
dispuesto en el Artículo IV, Sec. 4 de la Constitución del
Estado Libre socia do de Puerto Rico; 3 L.P.R.A. sec 1.
Véase, además, Op. Sec. Just. Núm. 1968-2, Op. Sec. ~ust. '
Núm. 1986-24, Op. Sec. Just. Núm. 1985-5 y Op. Sec. Just.
Núm. 1984-31. Así, toda orden ejecutiva enmarca un mandato y
los organismos gubernamentales a ' 'los cuales va dirigida
deben ser de la Rama Ejecutiva. Véase, Op. Sec. Just. Núm
1985-5; Gregorio Igartúa de la Rosa, Aspectos Legales:
Proinulgaciones de Órdenes Ejecutivas y Proclanias por el
Gotiexiiador de Puerto Rico, 21 Kev. Del-. E~uertoi-~-ii(1~ieño, 83-
86 (1982).
Ciertamente, toda o.rden ejecutiva que se pl-ornulg~.ie a
teiior con la autoridad concedida al Primeir Ejecutivo de
Puerto Rico, bien sea por la ~onstituci6n 6 por la
Legisla-tura, tiene efecto de ley, pero no la tj.erie ~ en
ai.lsencia de aiitoirizac.i.6n coristit-~icj.oria1 o 1egi:;l~afiva.
~~~ ~ ~~.
~ ~...
-~ ~. ~~
-
- .~~ . .--- . ~
Véase, Op. Sec. Just. l.lÚin 1985-5. En otras palabras, una
1 orden ejecutiva debe tener respaldo legal en la C:o:istitución
2

KLRA0200575
-1
o en las leyes. Gregurio' Igartúa de la Rosa, Op. Cit. Este
autor señala con coi:reccióii que: "Al eniitir iliia orden l
l ejecutiva el Gobelmador tiene que ejercer su discreción l
dentro del contexto organizacional de que el goblei-no
1 fuiiciona a base del concepto de 12separación de poderesr1 Y I
que esta separación es mantenida a base del sistema
constitucionalmente delineado de. "checks and balances"
ejercido por cada una de las ramas' en relación a las otras".
Así, las órdenes ejecutivas estánsujetas a que se invaliden
I por los tribunales si exceden la autoridad delegada por el l
estatuto o si contravienen la Constitución.
A la luz de los anteriores criterios que coiiipartimos,
encontramos que la decisión de la OEG olvida que en nuestro
sistema de gobierno es la Asan?blea Leqislativa de Puerto
Rico la rama qubernamental que tiene la facultad para crear,
consolidar o reorqanizar . departamnntos e j=itivos._y de£ inir
sus funciones. Articulo 111, Sección 16 de la Constitución
---
del ~stado Libre Asociado de Puerto Rico. En otras palabras,
para establecer en Puerto Rico una agencia o departamento
del Poder Ejecutivo, se requiere una acción Irgislativa.
salvo aquellas que la propia ConstituciCn de Puel-to Rico
l estableció inicialmeiite: los Departamentos de Estado, l
Justicia, Educación, Salud, Hacienda, Trabajo, Ar~rj.cultura,
Comercio y Obras Públicas. Artículo IV, Sección 6, sup.ir+.
Claro está, estas últinias pueden ser reoigaiiizatlas por la
Asanlblea Legislativa según lo autoriza el artículo 111,
sección 16 de la Constitución.

KLRA02005'75
Así pues, opinamos que la escueta definición de agencia
ejecutiva eii la Ley de Ética Gub,exnamental no puede b.5.~
i / ja_?ct;-q cl-ear iiiia agencia o departaiiiento de la Rania Ejecutiva 1
y conferi~:le el podeir sobel-ario del Estado Libxe Asociado de
l l Así.
Pu~L-to Rico. Una tesis que avale tal pretensión es absurda.
para que la Comisión pudiera existir como una agencia
del Poder Ejecutivo para todos los efectos co~istitucionales
y lesales, incluyendo la Ley de Ética Gubernamental, tendría
que ser creada por la Asamblea Legislativa mediante una ley
habilitadora. No puede ser creada como tal mediante una
Orden Ejecutiva.
l I Atendido todo lo antes expuesto, tenemos que concluir
que, al declarar que la Comisión es una agencia
gubernamental del Poder Ejecutivo, la OEG erró. Como
consecuencia de ello, constitiiyó también un error que
concluyera que los Comisionados y la Directora Ejecutiva de
i 6
la Comisión eran jefes de agencias, lo que no requiere
1 1 rnayor explicación. Si la Coniisión no es una agencia, los (
recurrentes no pueden ser sus "jefe's".
IV
Recapitularnos. Es iridiscutible que la i~itenció~i de la
1 Ley de Etica Giiberiianiental es velar que la gerencia
'jubeirnaniental lriccirpore y consagle las más altas normas de
1
1
sana administración pública, e incorporar un Código de Ética
que reglartiente la co~iducta de los funcionarios y empleados,
públicos de la P,ania Ejecuti-va; evitar los posibles
~~.
~ .....
'" C

KL,ItH0200575
'1 L
conflictos de intereses que puedan surgir entl-e tina eiitidad.
privada coiitratada por el Gobier-no sobl-e un asunto doride
ésta tenga inte~-eses particulares reñidos con el Ein público
} anipliar el alcance de las prohibicio~ies para así evitar-
. .
todo posible conflicto que le reste al p~ieblo la confianza
en su Cohierno y ensus funcionarios públicos.
Ciertamente, en atención y respeto a estos propósitos y
dada la naturaleza de las. funciones que se le encomendaron,
los Comisionados - deberían estar obligados a rendir los
iiiior~iies de divulgación finaricieros que requiere la Ley de
Ética Gubernamental. Así el Pueblo de Puerto Rico se
aseguraría que la información y datos que éstos obtienen en
el descargo de sus encomiendas no serán utilizados para
beneficio personal y usos que conflijan con el interés
público. En ese sentido, no puede criticarse el celo de la
OEG por tratar de hacer cumplir los pro~ósims de la Ley de
Ética Gubernamental. No obstante, es nuestra opinión que
para que los Comisionados y la Directora Ejecutiva estén
1 legalmente obligados a someter los informes de diwlgación 1
fiiiaric~.era que exige la L~ey cle kticd G~berllci~iieiltal, es
necesario enmendarla, pues estos no son eniplcados
1 Eiincio~iarios públicos.
I
La, opinión disidente indirectaniente respalda la tesis
de que la eiin~ienda a la Ley de Étlca Gubernamental no es
necesaria, aunque concurre con aquella parte de nuestra
decisión que revoca la decisión de la OEG que le ordenó a la
Directora Ejecut~va de la Comisión rendir el pr-iiiier irifoi-iiie
---
1 "jefe de aqericia" siijeto a lo dispuesto eri el artículc .i.i(a) (4) de la
- --
1: '

! dereclio qiie la CoinisiÓn 110 es uria agencia de la Raniii
1
i l j t : a . Fer-o, al igual que la OEG, iriterita j~istificar la l
1
ciecisi6ii ~ectir~icla en cuanto a los Coiiiicioiiadus, i-iilvanaiido
1
!
I
I
I
l
l l
l
directa e indil-ectamente val-ias premisas articuladas
. .
inarticuladas en un intento de alejarse d e la iiidubitable
realidad jurídica de que los Comisionados no son empleados o
funcionarios públicos. Dada la importancia del asunto bajo
estudio, pasamos a atenderlas. 17
Eii resumen, la opinión disidente propone los siguientes
argumentos para confirmar la decisión de la OEG en cuanto a I
los Comisionados:
1. Los Comisionados son funcionarios
gubernamentales de alto nivel y sensitivos a los
que es necesario requerirle el informe para evitar
posibles conflictos de inter-eses.
2. Conforme el artículo 4.1 (a) (5) de la Ley de
Ética ~ubel-namental, según enmendado por la Ley
Núiii. 150 del 22 de diciembre de 1994, 3 L.P.R.A.
sec. 1831, le requiere a los Comisionados rendir el
informe de divulgación financiera porque son
pl-esidentes o vicepresidentes de la Coniisión y qi~e
ésta es otra entidad &el-namental a la que se
1-efiere el al-ticulo.
3. La Coiiiisióil foriria parte . o está integrada al
Departamento de Estado de Puerto Rico y ésta es I
Ley ci;i ktica Guberiianieii~al, supra. .- .--
?i
Ci;ini> bi eii seiialii la opiriióii disiticnl,e, 1 S e i iii.ci~~oiit:ii
coiitr~ la parte dispositiva de las res01~~io11es. Óideiles O seliLe~?cias y
rio contra sus fuiidanientos. Si enhargo, 'ello constitiiye eseiicialiiieticc uii
f~iiidaii;eiito utilizado por iiri t 1-ibunal apelativo pal-a cotifir-inai- iriia
decisióii qiia estinia correcta, a pesar- de qiie los f~iiidariieritos iitilizados
en Ssta no lo sea!?. E:i la causa ante este Tribuiial, t;in enib5zgo.
revisanrs una resvliicióii cuya incorreccióri surge principalrnerite ric la
estriictiiracióii o coiifección de tina tesis qiie djinana de la uriióri de
distintos fiiiidarnentos que por si solos carecen de iiiíritos siificientes
para avalar la decis.iÓii reciiit-ida. Esa realidad y iiiiei;ti-;i k!i;tiroacii~ii dc
clilc la OEG coinetiió iin eri-oir iiiariifiesto para llegair ii la dccisióii jeti«
ritil. ii?ciirso, requirió evaluar esos Eiiiidariientos utilizaclos por- la OEG
'Ji!ase, p - ~ ~ l ~ ~ ~ ~ v ~ ~ ~ 2002 ~ ~ -TSPR l z 62. ~ ~ Tarl ~ ~ iiecesai-io ~ ~ I ~ erd l iese z , ~ ~ ~ y ,
íiruceso qiie la opiriión ciisiderite utiliza 1.a nijsnia niet:odoloi~i.-i tial-a t.1.atia1:

l
parte de la Kania Ejecut i.va cuyos inieiiibros tienen
que rericlir el irifornie.
4 El Dil-ectol- Ejecutivo de la OEG tiene
autoridad para ordenar motu p-io que los.
~oniisionados sometan los
~
informes financieros
después que utilice fundaiiieritos razonables.
5. La Coinisión fue creada . por una Orden
Ejecutiva.
6. La decisión de la OEG está resoaldada uor- la 1
decisión de Commission On California State
Government Organization and Economy v. -- Fa ir
Political Practices Comniission of the State of
- --
California, 75 Cal. App. 3d. 716, 142 Cal. Rptr. I
L.11 cuanto a los prin~eros dos argumentos, es pi-eciso
repetir que el que una persona ocupe en la Rama Ejecutiva un
cargo que pueda ser catal'ogado de alto nivel y sensitivo no
es lo determinante para que éste quede obligado a someter
los informes de divulgación financiera, conforme la Ley de
Ética Gubernamental. Lo determinante es que la persona sea
un ---- funcionario público, -- es decir, que esté i~ivestido de -
parte del poder del soberano, o que sea un empleado público.
Una lectura integral de las disposiciones de la Ley de'
Ética Gubernamental revela, sin lugar a diidas, qiie
constitiiye uri L-equisito sine qua non pal-a que sus
- - -. .-
empleado píiblico o un funcionario público, a niei>os que la
propia Ley los excluya. Véase los artículos 2.1, 3.1, 3.2, l
3.3, 3.4, 3.6, 4.1, 4.2 y 5.2 de la Ley de Ética
Gubernamental, 2 L.P.R.A. secs. 1811, 1821, 1832, 1823,
1024, 1826, 1031, 1832 y L852, L-espectivarnerite r:ii cada uno
de éstos se acial-a que lo preceptuado le aplica ii empleados
/ o funcionarios pí,i,licos.
i

1

KLJKk0200575 . - - - -- . - - - .- - - -
a~.ticulo 4.1 (a) ( 5) de la ¿ey de Ética, supl%, establece .que
las disposiciones que requieren someter inforiiies tina,~cieros'
son aplicables a los presidentes, vicepresidentes,
direct~~es y subdil-ectores ejec~itivos de las corporaciones
públicas y otras entidades gubernamentales. Esa tesis sigue
.
&~o.rando-que_-pga que así sea, lacqersonas que ocupan -
estos puestos tienen que ser funcionariospúblicos
-
investidos del poder soberano del Estado o empleados
Eblicos.
Por- el inisnio fundamento, también consideiramos un serio
error de apreciación el seiíalaniiento de que la Comisión es
una de las "otras entidades gubernamentales" a que se
refiere 'el inciso (a) ( 5) del articulo 4.1 de la Ley de Ética
Gubernamental, - siipra, para justificar la obligación de los
Comisionados de rendir los . informes de dimilgación
financiera. Ese articulo comienza indicando que ?'las
disposiciones de este subcapitulo que requieren someter'
infornies financieros son aplicables a los siguientes
funcionarios~empleados públicos: ..." (Énfasis ~iuestro)
-- -. ~
Desde esa perspectiva, el texto claro y libre de
ambigüedades del estatuto dispone que los PL-esidentes,
vicepresidentes, directores y subdirectores ejecutivos de
las coi-poi-aciones públicas y otras entidades -.-p.- g~ibeirnanientales
a que se refiere - tieileii c~ue - . ser -- o empleados
es errónea y la insistencia, preocupante.
. - - o .-
fi.iricionarios
.
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~iiblicos. Si no lo soii, el pr0pi.o texto los excluye. Eri la
L.-- -
medida que no recoiioce este requisito fundanient-al , a tesis
.
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1.; IJRi\ O 2 O O Lj '7 5 ~
.
;1 R
Po1- otro lado, la opinióil disidente al igual que la OEG.
se equivocan al razonar que, como l~a Comisióri es ii11 c~rnité
ad hoc adscrito al ~e~artamerito de Estado cuyos dirigerites
tienen la obligación de rericlir inforrnes financie~-os, los

1
KLR?~0200575
~ ,
~ . . . _
---
,
públicos a entidades senii~úblicas o aún privadas que cumplan
una función reconocidamente pública si el propósito de estas
eiitidades es colabo~ar en el desempeño de una labol-
g~ihcriiaiiieiital .
En cuanto a la facultad del Director- Ejecutivo para
e~iiitir decisiones u órdenes para que se cumpla la Ley, de
rigor es consigriar que ello. no se cuestiona. A~OL-a bien, al.
hacerlo e interpretar administrativamente su ley
habilitadora o adoptar una norma que respalde tina ortlen, .
podría inciirrir en una actiiacióii ultra vil=. Una ordeii
administrativa, al igual que un reglamento, tiene que
ajustarse a las normas sustantivas comprendidas en el
estatuto orgánico. Véase, Dernetrio Fernández Quiñones,
Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo
nif forme, Forum 1993, pág. 119.
Como es conocido, las agencias pueden aprobar
reglanientos para delimitair o precisar sus faciiltades al.
amparo de la ley, M.& B.S., Inc. v. Depto. de Aqricultura,
118 D.P.R. 319, 326 (1987), pero no confligir cori ella. Q
Parte Irizarry, 66 D.P.R.672 (1946); P.S.P. v. Com. Estatal
de Elecciones, 110 D. P.R. 400, 409 (1980) . Igiialniente suc:edé
con una orden administrativa. . '
La facultad del Director Ejecutivo de la OEG para
emitir decisiones obliga a la a la que va dirigida,
pero no depende solamente de que la ordeii sea 1-azonable,
1 corno sostieiie lo opiriión disidente. La ordeii i.iene que
ajustarse a las normas siistantivas de dereclio coiiiprendidas
en el estatuto orcj511ico de la OEG. Ninguno de los poderes
qiie el articulo 7.4 de la Ley de Ética Guberriainental, 3
--
. .
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L.P.R.A. sec. 1815, le confiere al Director Ejecutivo de la
OEG la facultad para imponerle a una persona la obliqaci6ri
de rendir iiifornies de diwlgación financiera, si la Ley no
obliga a la persona. La autoridad del Director. Ejecutivo
emana de la Ley y tiene que estar acorde con ésta. No está
por encima de la Ley.
E1 artículo 2.4 de la Ley de Ética Gubernamental,
supra, no constituye una carta blanca o fuente de del-echo
-
adicional para que el Director Ejecutivo le imponga esa
obligación a alguna persona, en contra de los términos
l expresos de la Ley. Por más razonable que sea su decisión, l
I si ésta o su interpretación es contraria a la Ley. no puede
1 prevalecer la orden del Director Ejecutivo de la OEG. l
En torno a la facultad para establecer mediante una
orden ejecutiva un departamento o agencia de la Rama
/ Ejecutiva o para enmendar una ley aprobada por la Asamblea I
Legislativa, no es necesario extendernos niás de lo expuesto
en otras partes de esta opinión. Sin embargo, resulta
/ apropiado indicar que en la causa ante nos, la orden 1
recurrida es incorlecta porque, contrario a la Ley, propone
que iiiediante una orden ejecutiva se puede imponer a
ciiidadaiios que no son enipleados o funcionarios públicos iiiia
/ obligación resel-vada por la Ley de Ética Gubernamental sólo 1
a éstos
1 Una lectura desapasionada de la Orclen Ejecutiva 1
demuestra sin ambages que los Coniisioiiados y la Directora
Ejecutiva no están investidos de ninguna pai:te de la
1 sobexaiiia del Estado, si se consideran sus términos.
La l
1 1
Orden Ejecutiva no convierte a 10s Cornisioiiados eii

1
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~ ~ ~ .~~...
f~ii~cionai-ios públicos, a pesar de la ayuda ecorióniica
material cjue le concede o autoriza a' la Comisión. Tampoco le
confiere personalidad jurídica a la Comisión, pues ello
solaiiiente se puede conceder mediante legislaciói-1.
1 l
!
de '
Finalmente, no compartimos el supuesto valor persuasivo
la decisión tomada en -- Comission on. California State ~.
I i
I l
Government Organization and '. Economy v. Fair Political
Practices Comission o£ the State. o£ California, 75 Cal. App.
3d 716, 142 Cal. Rptr. 468 (1978). Esta decisión no
iiil;erpr.eta la Ley de Étic'a Gubei-naineiiiral de Puerto Rico hi
evaluó una comisión similar.
La Comisión Sobre Organización y Economía del Gobierno
del Estado de California a que se refiere esa decisíón,
estaba integrada por 9 comisionados que no recibían
compensación y cuatro legisladores. Tenía la función de
asesorar al Gobernador y a la Legislatura de California
mediante la realización de estudios en los que formularía
recomendaciones diseñadas para lograr economía, eficiencia y
I 1
el mejoramiento de los servicios dentro de la rama ejecutiva
del. gobierno de ese estado. l
I
El Tribunal de Apelacioiies de California decidió que,
aunque los 9 niienbros de la Comisión no reciben compensación
I i alguna y que su funcióii primaria era foriiiular i
l l recomendaciones, los poderes de investigación que se le l
l
l otorgaron a la Coniisión 110 eran poderes de asesoría dentro
l
l l
de la intención del "Political Reform Act of 1974" de
California. ~oiicl~iy6
que el ejercicio por parte de la
Coiitisión de sus 'lpoderes agregados", la convirtió eii una 1
L

. P .
I \.yí
KLRA0200575
v
Por 10s fundamentos antes expuestos, se expide el aiito
solicitado Y Se revoca la Resolución recurrida,
Juez Rodríquez Muñiz concurre con el resultado en
cuanto a la Directora Elecutiva de la Conislón y en cuanto a
que la
--
no .S Una a n c a de la Rima ~ ] e c ~ ty i ~ ~
disiente en cuanto todo 10 demás, mediante opinión eScrltil,
General
Notifiquese Por fax O teléfono y del modo ordinario.
Lo acordó el Tribunal y 10 certifica la Secretaria
Secretaria General
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