Artículos Periodísticos - cegae

ingreso correspondiente hacia inversiones necesarias. Esto quita importancia al hecho de
que las cuencas hidrográficas estén en manos de los estados o del Gobierno federal. Si no
existen comités de gestión, la tasa federal sería aplicada por organismos públicos.
A continuación se ofrecen dos experiencias con enfoques distintos:
La experiencia brasileña:
Desde la reciente aprobación de la Ley Federal de Aguas (Ley 9.433, de enero de 1997),
Brasil está a punto de llevar a cabo una amplia gama de reformas en el sector del agua,
inclusive la introducción de un sistema de determinación de precios de utilización de agua
en gran escala. El marco jurídico brasileño de gestión de los recursos hídricos se basa en la
distinción constitucional entre aguas federales y estatales. Se denominan aguas federales las
que corren a través de fronteras estatales o a lo largo de fronteras de dos o más estados o
de un país extranjero. Se denominan aguas estatales las situadas enteramente dentro del
territorio de un mismo estado.
A nivel federal, la nueva legislación sobre aguas reconoce el hecho de que el agua es un
bien económico (no gratuito), por cuya utilización, en consecuencia, debe cobrarse, a fin de
(1) lograr una asignación racional de la misma y (2) crear recursos financieros para un
manejo integrado de los recursos hídricos a nivel de las cuencas hidrográficas. La aplicación
de la ley requiere aún la sanción de normas reglamentarias detalladas, inclusive criterios de
determinación de precios, que están siendo debatidas.
Según el proyecto de reglamento recientemente dado a conocer, los consejos de gestión de
cuencas hidrográficas estarán facultados para establecer los precios del agua conforme a
principios generales. Aunque en el nuevo sistema de gestión de aguas de Brasil se adoptó el
principio francés de una gestión por cuencas, los comités de cuencas brasileños, a
diferencia de los de Francia, son entidades formadas espontáneamente por usuarios,13 y la
tasa es determinada por ellos y constituye más bien un tipo de precio por servicios que un
impuesto.
Hasta ahora Ceará es el único estado que ha establecido cargos por utilización de agua. En
noviembre de 1996 introdujo cargos por utilización en gran volumen para usos domésticos
e industriales. La política de determinación de los precios del agua se basa expresamente en
criterios de capacidad de pago, en que el sector industrial constituye la fuente de la principal
proporción de los ingresos, otorgando subsidios cruzados a los hogares y, con el tiempo, a
los usuarios rurales. Actualmente los ingresos provenientes del sector industrial representan
alrededor del 65% del total, frente a una proporción del consumo que no llega al 5%. En el