¿QUÉ FUNCIONA? - Unicef

La Participación de los y las Adolescentes en América Latina y el Caribe
tiempo del personal, financiación) para emprender la
evaluación de impacto, aun cuando sea crucial para
determinar si el programa está logrando el impacto
deseado y para mejorar la calidad del programa. Los
programas deben incluir el monitoreo y la evaluación
desde el inicio, y los formuladores de políticas y
financiadores deben brindar asistencia técnica y
financiación para apoyar la evaluación del impacto.
Si bien el presente manual está diseñado para
profesionales y está enfocado en prácticas promisorias,
también es importante considerar las implicaciones
de política que pueden apoyar más (o dificultar) la
participación adolescente. Las políticas nacionales
fuertes para adolescentes no sólo prestan servicios
necesarios sino también reconocen a los y las
adolescentes como activos y brindan oportunidades
para que los adolescentes contribuyan a su propio
desarrollo y al desarrollo de sus comunidades. 38
Muchos de los ejemplos de buenas prácticas
programáticas tienen fuertes alianzas institucionales
públicas y privadas que apoyan la participación de los y
las adolescentes. La investigación también ha mostrado
la importancia de las ONGs, las organizaciones
¿QUÉ FUNCIONA? 26
UNICEF/GBell/Cuba/2007
internacionales y los adolescentes mismos en abogar
por, crear y apoyar políticas para la participación
adolescente. Con respecto a eso, es crucial tener un
marco político fuerte y apropiado que garantice los
derechos de los y las adolescentes y ofrezca incentivos
a las instituciones de la sociedad civil que trabajan con
este sector objetivo de la población.
La lista siguiente esboza elementos de la política
nacional de servicio juvenil hallados por medio de una
encuesta a 19 países de América Latina y el Caribe. 39
Implicaciones para las políticas – Elementos de la
política nacional de servicio juvenil:
• Una política apoyada por la legislación del
gobierno nacional, como legislación propia o como
componente de otra legislación.
• Reglamentos legales que definen los derechos y
deberes de los y las adolescentes que participan
en los programas o consejos (consejos juveniles,
municipales, regionales o nacionales) para
formular planes para promover la participación.
• Una población objetivo definida, ya sea
enfocándose en la inclusión brindando
oportunidades para todos los y las adolescentes
(sin importar edad, antecedentes, situación
económica) o dirigiéndose hacia una población
adolescente específica (por ejemplo, estudiantes,
desempleados, procedentes de áreas rurales,
indígenas, afroamericanos, etc.)
• Un objetivo de política definido, tal como mejorar
el aprendizaje estudiantil y el compromiso cívico
mientras se tratan necesidades comunitarias,
brindar un mecanismo para cumplir la
participación adolescente en actividades
prosociales, o aumentar las habilidades para el
empleo y mejorar la ciudadanía.
• Un objetivo definido para tratar las necesidades
comunitarias: pobreza, ambiente, respuesta a
desastres naturales, aumentar la participación
democrática, etc.
• Un presupuesto público definido, ya que la
presencia o ausencia de financiación es un asunto
clave para la implementación de políticas.
• Implementación local de la política nacional en
alianza con escuelas, ONGs, organizaciones
comunitarias, etc., las cuales entregan los
programas de participación.
38 Metz, E., Alessi, B., Stroud, S., Acevedo, R., y Smith, G. (2006).
39 Adaptado del estudio de la ICP, Policy Scan: An Exploratory Study of
National Youth Service Policy in 19 Countries in Latin America and the
Caribbean, 2006.