Condena a los abogados en incidente de impugnación de costas ...

El MI
En segundo lugar, debe añadirse que el propio
artículo 243.2 ll de la LEC establece una obligación
para el secretario judicial, con el fin de que
pueda atemperar el importe de la minuta de honorarios
de abogados, peritos y otros profesionales
no sometidos a tarifas o a arancel, a tenor del límite
de la tercera parte de la cuantía a que se refiere
el art. 394.3 de la propia LEC.
En tercer lugar, para evitar el sistema de penalización
al letrado podría aumentarse el protagonismo
de los colegios de abogados en materia de costas,
de forma que los honorarios establecidos por
estas corporaciones no fueran orientativos sino máximos,
sin perjuicio de que pudieran establecerse
unas normas que permitieran calibrar la minuta en
base al trabajo desplegado, no necesariamente en
base al tipo de procedimiento al que se refiera.
Por último, para el caso de que por encima
de todo el legislador busque la penalización a ultranza
de los abogados que abusen en sus minutas
cuando han de ser soportadas por la parte
contraria, podía haberse optado por una alternativa
más viable desde un punto de vista procesal,
de forma que cuando hubiera se estimase la impugnación
y la misma lo fuera en los términos
plan- teados por el impugnante, aplicando el criterio
general del vencimiento, se impusiera no las
costas del incidente que recaerían según ese
mismo criterio sobre la parte vencida, sino una
sanción pecuniaria al abogado.
IV. ¿Quién va a soportar efectivamente la carga?
He dejado para el final lo que podría haber sido el
principio de este artículo, pues, a la postre, lo que
al ciudadano interesa es saber quién va a soportar
el pago de esas costas que legalmente se van a
imponer al abogado.
Si nos atenemos al contenido del precepto
está claro que quien ha de soportar las costas es
el abogado. Sin embargo, supondría una falacia
pensar esta posibilidad, por el simple hecho de
que el abogado no va a asumir un pago como
consecuencia de su participación de asesoramiento
profesional, de forma que, salvo en los
supuestos aun hoy excepcionales en los que el
abogado y su cliente hubieran suscrito un convenio
de asesoramiento, según los términos previstos
en el artículo 44 del Estatuto General de la
Abogacía, el cliente va a abonar a su abogado lo
que éste le minute, de acuerdo con lo que esté
estipulado en los honorarios del Colegio de Abogados
correspondiente, y, para el caso de que haya
que presentar minuta de honorarios para prac-
Resulta claro
que en nuestro
sistema
procesal los
terceros pueden
ser sancionados
por los jueces
cuando abusen
del Derecho
ticar la tasación de costas, será el abogado quien
tenga que optar, posiblemente previa consulta
con su cliente, para determinar qué tipo de minuta
presenta, si la misma que le ha presentado al
cobro al cliente u otra rebajada, de modo que si
se presenta la primera le advertirá del riesgo de
que la parte contraria la pueda impugnar, lo que
conllevaría la posibilidad de tener que abonar las
costas del incidente.
En cualquiera de los dos supuestos, quien
soportará el pago será el cliente. En el primero de
los casos porque al acordar entre el abogado y el
cliente que se presente la minuta real, la abonada
por éste, es más que probable que entre uno y
otro lleguen al acuerdo de que, para el caso de
que se impugne, se estime la impugnación y se
impongan las costas del incidente al abogado, éstas
sean soportadas por el cliente. En el segundo
de los supuestos porque si se presenta la minuta
rebajada y es aprobada en la tasación de costas, el
déficit de la minuta deberá ser soportado por la
parte vencedora en el procedimiento, sin posibilidad
de reembolso a cargo del perdedor, al no haber
sido incluido en la tasación de costas,
V. Conclusiones
De lo expuesto con anterioridad se pueden extraer
las conclusiones siguientes:
1. El precepto introducido en el artículo 246.3 ll
regula con mejor intención que acierto un supuesto
que pretende evitar los abusos de los
abogados a la hora de llevar a cabo la redacción
de su minuta.
2. Resulta meridianamente claro que en nuestro
sistema procesal los terceros pueden ser sancionados
por los jueces cuando abusen del Derecho o
cuando se aprovechen de su posición profesional,
pero no pueden ser equiparados a las partes a la
hora de soportar las costas procesales.
3. La consecuencia no querida de todo ello es que
el precepto, lejos de favorecer a las partes, perjudicará
al beneficiario de la tasación de costas por
cuanto, al rebajar la minuta su abogado para evitar
la impugnación y posible condena en costas, deberá
ser aquél quien termine soportándola.
Luis Martín Contreras,
secretario judicial, doctor en Derecho
NOTAS
(1) Moreno Catena, Víctor, y otros:
Derecho Procesa/, Tomo 1, Volumen ll, pág 643,
segunda edición. Valencia, 1987
(2) Almagro Nosete, José, y otros:
Derecho Procesa/, Tomo 1, Volumen I pág 292,
segunda edición Valencia, 1987