Condena a los abogados en incidente de impugnación de costas ...

l hilo
OTROSÍ – Nº 31 – NOVIEMBRE, 2001
Regulación de nuevo cuño
Condena a los abogados en
incidente de impugnación
de costas por excesivas
El autor en el presente artículo hace una exposición de nuevas ideas
sobre la condena a los abogados en los incidentes de impugnación de
costas por excesivas, a raíz de un artículo publicado en esta revista en
el mes de junio de Ignacio Izquierdo del Valle.
Luis Martín Contreras
A
del artículo de Ignacio Izquierdo del Valle
publicado en el número 27 de esta revista,
correspondiente al mes de junio de 2001,
he creído conveniente incorporar algunas
otras ideas a las ya de por sí interesantes recogidas
en él. En efecto, la posibilidad de
condenar al abogado en las costas del incidente
de impugnación por el concepto de excesivas
supone una regulación de nuevo cuño, que va a
producir más inconvenientes que ventajas.
Precisamente porque en el anteproyecto de
ley ya se recogía este precepto es por lo que me
sorprende más, si cabe, pues recuerdo que en un
curso de los organizados por el Colegio de Abogados
de Madrid, dedicado a las costas procesales,
me encargué de traer a la discusión de los asistentes
este tema, pensando que aquello podría
servir de toque de atención para lograr que la redacción
anacrónica que se pretendía pudiera ser
modificada en cualquiera de los trámites parlamentarios
por los que debía discurrir. Sin embargo,
a pesar de la sorpresa que causó entre los asistentes
al curso, entre algunos me atrevo a decir
casi estupor, lo cierto es que el precepto siguió su
ritmo y, como tantos otros preceptos, fue aprobado
como uno más de los varios que chirrían en la
nueva ley y que no tiene un fácil acomodo en
nuestro sistema procesal.
I. Órdenes jurisdiccionales en que puede
ser aplicado
SI bien es importante determinar a quién se pueden
imponer de manera general las costas de un
procedimiento, he considerado necesario acotar,
antes de cualquier otra consideración, los órdenes
jurisdiccionales en los que este precepto puede
ser aplicado, ya que, si bien la Ley de Enjuicia-

que, SI bien, en principio, sí podrían aplicarse las
normas de la ley supletoria, la práctica del foro ha
seguido insistiendo en el criterio general de la gra-
tuidad de la justicia en este orden jurisdiccional.
Si nos introducimos en el campo del proceso
penal, tampoco podrá ser aplicado el criterio previsto
en el art. 246.3 de la LEC, por cuanto existe una normativa
específica que regula la tasación de costas,
fundamentalmente en los arts. 244 y 245, con una
remisión expresa de este último precepto a la LEC,
pero sólo para llevara cabo la materialización del importe
de la tasación de costas por la vía de apremio.
A la vista de lo expuesto, a pesar de la vocación
de supletoriedad preconizada por el artículo 4
de la LEC, el 246.3 de este mismo texto legal sólo
podrá ser aplicado en la propia jurisdicción civil.
miento Civil tiene vocación de supletoriedad para
el resto, lo cierto es que habrá que estar al contenido
de las distintas cláusulas de supletoriedad para
determinar la aplicabilidad del precepto.
En efecto, al aplicar el artículo 246.3 ll nos enfrentamos
a un precepto de la Ley de Enjuiciamiento
Civil donde se establece una regulación específica
que será aplicable al resto de los órdenes
jurisdiccionales, si la cláusula de remisión de la norma
procesal de ese orden así lo recoge.
Pudiera parecer que esto que estoy defendiendo
no tiene mucho sustento científico, pero
no es así, pues no hemos de olvidar que el precepto
citado establece una regulación específica de
un principio general para la imposición de las costas,
de forma que su aplicación modifica el criterio
general aplicable en cada uno de los órdenes jurisdiccionales
concretos, matizando el criterio general
previsto en el artículo 394.1 de la LEC, como
bien recoge Ignacio Izquierdo en su artículo.
Entrando a analizar los distintos órdenes jurisdiccionales,
el artículo 139 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no
recoge una remisión genérica que permita aplicar
el precepto a este orden jurisdiccional, ya que, a
pesar de que la Disposición Final Primera de la citada
ley procesal recoge una cláusula de supletoriedad
muy amplia: “en lo no previsto por esta
ley”, la remisión específica sobre costas que hace
el artículo 139.6 de la LJCA se concreta en la regulación
y tasación de las mismas, pero no en cuanto
al criterio de imposición que debe regir, que se recoge
en el punto 1 del mismo artículo. De modo
que en todos los procedimientos, incluidos los incidentes
que se susciten en ellos, salvo las excepciones
que se recogen en los puntos siguientes
del mismo artículo, rige el principio general subjetivo
de la concurrencia de temeridad o mala fe, pero
no el de vencimiento, salvo que se trate de un
procedimiento en segunda instancia.
Otro tanto podría afirmarse de la jurisdicción
laboral, en la que la remisión a la norma supletoria
se hace de manera genérica en la Disposición Adicional
Primera: “en lo no previsto en esta ley regirá
como supletoria la de Enjuiciamiento Civil”. No
obstante, en materia de costas procesales no existe
una regulación específica en la ley procesal laboral,
pues el artículo 25 de la Ley de Procedimiento
Laboral, que proclamaba la gratuidad de la
administración de justicia en esta jurisdicción hasta
la ejecución de la sentencia, y el art. 26 de la misma
norma fueron derogados por la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, por lo
Conviene
determinar
quién puede
ser el sujeto
que soporte
las costas
ocasionadas por
el procedimiento
judicial
ll. ¿Quién puede soportar las cargas
del proceso?
Una vez concretado el orden jurisdiccional en el
que puede ser aplicado el precepto, conviene también
determinar quién puede ser el sujeto que soporte
las costas ocasionadas por el procedimiento
judicial. En este sentido, la doctrina siempre ha
coincidido en residenciar el pago de las costas en
los litigantes, es decir, en las personas que pueden
ser sujetos de derechos y obligaciones dentro
del procedimiento. En este sentido cabe destacar
la definición de costas que hace el profesor
Moreno Catena1, para quien las costas son aquellos
gastos que han de satisfacer los litigantes como
consecuencia de un proceso, de los que una
de las partes puede reembolsarse si se produce la
condena en costas de la contraria. Es decir, son las
partes quienes han de anticipar los pagos de los
gastos originados en el proceso, también llamados
costas, pero sólo ellas han de satisfacerlos, sin
perjuicio de que, con posterioridad a la finalización
del proceso, puedan verse reembolsados de los
mismos si se produce una condena a la parte contraria
que incluya el pago de esos gastos.
De forma más amplia, el profesor Almagro Nosete2
define a las partes como los sujetos del proceso
que pretenden la tutela jurisdiccional, concretada
al objeto del mismo, y aquellos contra quienes se reclama
la referida tutela. Así pues, el concepto de
parte resulta excluyente, de manera que únicamente
podrán ostentar este concepto quienes ejerciten
una pretensión y aquellos que la tengan que soportar
para defenderse de la misma, sin que el papel
protagonista que tienen encomendado por ley estos
sujetos pueda ser asumido por terceros, salvo en
los supuestos de sucesión o novación.

Amiiidíid
Como conclusión dentro de este apartado podemos
afirmar que, según la doctrina, sólo las partes
pueden soportar los costes del proceso, al menos
de manera forzosa, pues siempre cabe la posibilidad
de que un tercero realice un pago en
nombre o por cuenta de la parte obligada a ello.
La solución al desafuero cometido contra los
abogados la apunta Ignacio lzquierdo en su artículo,
y con él coincido en que deberá ser el legislador en
una futura reforma quien, más pronto que tarde,
rectifique y modifique la norma, excluyendo este
tipo de penalización atípico, con la única posibilidad
temporal, mientras la reforma llega, de instar un recurso
de amparo constitucional por parte del abogado
afectado o, quizá de manera más adecuada,
instar de un órgano jurisdiccional el planteamiento
de una cuestión de inconstitucionalidad.
III. Un sistema sancionador
En contra de quienes mantienen la tesis de lo adecuado
del precepto para evitar abusos de los abogados
a la hora de minutar (minoritaria), simple-
Según la
doctrina,
sólo las partes
pueden
soportar los
costes del
proceso, al
menos de
manera forzosa
mente sirvan algunos argumentos amparados en
la propia norma ahora criticada.
En primer lugar, la distinta vara de medir que
el redactor de la norma utiliza respecto del impugnante
y del impugnado. En efecto, se establece en
el citado precepto que cuando la impugnación sea
rechazada en su totalidad, las costas del incidente
se le impondrán a la parte que las impugnó, mientras
que cuando la impugnación fuera estimada,
aunque sólo sea parcialmente, se le impondrán al
abogado de la parte impugnada. Si la justificación
de la imposición de las costas al abogado pretende
sustentarse en el abuso por parte del abogado minutante,
no se entiende por qué no se aplica ese
mismo criterio respecto del abogado impugnante
cuando la impugnación es desestimada, buscando
el amparo de esa imposición en el abuso del
Derecho, o, como ha ocurrido en este último supuesto,
podía haberse llevado la penalización de
aquel abuso al ámbito competencial de las corporaciones
de abogados a través del Estatuto General
de la Abogacía.

El MI
En segundo lugar, debe añadirse que el propio
artículo 243.2 ll de la LEC establece una obligación
para el secretario judicial, con el fin de que
pueda atemperar el importe de la minuta de honorarios
de abogados, peritos y otros profesionales
no sometidos a tarifas o a arancel, a tenor del límite
de la tercera parte de la cuantía a que se refiere
el art. 394.3 de la propia LEC.
En tercer lugar, para evitar el sistema de penalización
al letrado podría aumentarse el protagonismo
de los colegios de abogados en materia de costas,
de forma que los honorarios establecidos por
estas corporaciones no fueran orientativos sino máximos,
sin perjuicio de que pudieran establecerse
unas normas que permitieran calibrar la minuta en
base al trabajo desplegado, no necesariamente en
base al tipo de procedimiento al que se refiera.
Por último, para el caso de que por encima
de todo el legislador busque la penalización a ultranza
de los abogados que abusen en sus minutas
cuando han de ser soportadas por la parte
contraria, podía haberse optado por una alternativa
más viable desde un punto de vista procesal,
de forma que cuando hubiera se estimase la impugnación
y la misma lo fuera en los términos
plan- teados por el impugnante, aplicando el criterio
general del vencimiento, se impusiera no las
costas del incidente que recaerían según ese
mismo criterio sobre la parte vencida, sino una
sanción pecuniaria al abogado.
IV. ¿Quién va a soportar efectivamente la carga?
He dejado para el final lo que podría haber sido el
principio de este artículo, pues, a la postre, lo que
al ciudadano interesa es saber quién va a soportar
el pago de esas costas que legalmente se van a
imponer al abogado.
Si nos atenemos al contenido del precepto
está claro que quien ha de soportar las costas es
el abogado. Sin embargo, supondría una falacia
pensar esta posibilidad, por el simple hecho de
que el abogado no va a asumir un pago como
consecuencia de su participación de asesoramiento
profesional, de forma que, salvo en los
supuestos aun hoy excepcionales en los que el
abogado y su cliente hubieran suscrito un convenio
de asesoramiento, según los términos previstos
en el artículo 44 del Estatuto General de la
Abogacía, el cliente va a abonar a su abogado lo
que éste le minute, de acuerdo con lo que esté
estipulado en los honorarios del Colegio de Abogados
correspondiente, y, para el caso de que haya
que presentar minuta de honorarios para prac-
Resulta claro
que en nuestro
sistema
procesal los
terceros pueden
ser sancionados
por los jueces
cuando abusen
del Derecho
ticar la tasación de costas, será el abogado quien
tenga que optar, posiblemente previa consulta
con su cliente, para determinar qué tipo de minuta
presenta, si la misma que le ha presentado al
cobro al cliente u otra rebajada, de modo que si
se presenta la primera le advertirá del riesgo de
que la parte contraria la pueda impugnar, lo que
conllevaría la posibilidad de tener que abonar las
costas del incidente.
En cualquiera de los dos supuestos, quien
soportará el pago será el cliente. En el primero de
los casos porque al acordar entre el abogado y el
cliente que se presente la minuta real, la abonada
por éste, es más que probable que entre uno y
otro lleguen al acuerdo de que, para el caso de
que se impugne, se estime la impugnación y se
impongan las costas del incidente al abogado, éstas
sean soportadas por el cliente. En el segundo
de los supuestos porque si se presenta la minuta
rebajada y es aprobada en la tasación de costas, el
déficit de la minuta deberá ser soportado por la
parte vencedora en el procedimiento, sin posibilidad
de reembolso a cargo del perdedor, al no haber
sido incluido en la tasación de costas,
V. Conclusiones
De lo expuesto con anterioridad se pueden extraer
las conclusiones siguientes:
1. El precepto introducido en el artículo 246.3 ll
regula con mejor intención que acierto un supuesto
que pretende evitar los abusos de los
abogados a la hora de llevar a cabo la redacción
de su minuta.
2. Resulta meridianamente claro que en nuestro
sistema procesal los terceros pueden ser sancionados
por los jueces cuando abusen del Derecho o
cuando se aprovechen de su posición profesional,
pero no pueden ser equiparados a las partes a la
hora de soportar las costas procesales.
3. La consecuencia no querida de todo ello es que
el precepto, lejos de favorecer a las partes, perjudicará
al beneficiario de la tasación de costas por
cuanto, al rebajar la minuta su abogado para evitar
la impugnación y posible condena en costas, deberá
ser aquél quien termine soportándola.
Luis Martín Contreras,
secretario judicial, doctor en Derecho
NOTAS
(1) Moreno Catena, Víctor, y otros:
Derecho Procesa/, Tomo 1, Volumen ll, pág 643,
segunda edición. Valencia, 1987
(2) Almagro Nosete, José, y otros:
Derecho Procesa/, Tomo 1, Volumen I pág 292,
segunda edición Valencia, 1987