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fuentes generadoras de empleo y trabajo, los recursos minerales y las actividades
mineras son de carácter estratégico, de utilidad pública y necesidad estatal para el
desarrollo del país y del pueblo boliviano.
Se declara de carácter estratégico y de prioridad nacional la industrialización de
minerales y metales producidos en el territorio nacional.
Las normas de la Constitución Política del Estado, como no podía ser de otra
manera, se constituyen en la base y orientación de la política minera que sigue el
proyecto en todos sus Títulos y Capítulos, como también toma en cuenta algunas
instituciones del derecho minero que por su tradición e importancia han sido
recogidas e incorporadas adecuándolas a las normas constitucionales.
Establece el cambio de régimen de la ex concesión minera hoy denominada ATE, a
Contrato Administrativo Minero a suscribirse por la Autoridad Jurisdiccional
Administrativa Minera en representación del Estado, como la entidad autárquica
encargada de la otorgación, reconocimiento, renuncia, modificación y extinción de
derechos mineros, así como de los procedimientos establecidos. Sin embargo, las
atribuciones y competencias sobre el control y fiscalización de las actividades
mineras corresponden al Ministerio de Minería y Metalurgia como institución pública
del Organo Ejecutivo, todo ello en aplicación a los Parágrafos III y IV del Artículo 369
de la CPE.
El cambio de régimen a Contrato Administrativo Minero implica la finalidad de hacer
que las actividades mineras se encuentren sujetas a planificación técnica y
económica contenidas en los Planes de Trabajo e Inversión para la minería estatal y
minería privada y Planes de Trabajo y Desarrollo de las cooperativas mineras.
En conclusión, es posible apreciar que con la aprobación de una nueva Ley de
Minería se producirán cambios de vital importancia, mismos que repercutirán en los
derechos, exploración y explotación de la actividad minera.
Sobre el dominio y derecho propietario del pueblo boliviano, se ratifica que los
recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible
del pueblo boliviano, establece un resguardo a esa propiedad con la participación de
las instituciones públicas mineras que contarán con una nueva estructura
institucional y atribuciones y funciones de acuerdo a las necesidades del sector
minero, desde el Ministerio de Minería y Metalurgia que se encuentra a cargo de la
dirección de la política minera y el control y fiscalización de todas las actividades
mineras, hasta el Servicio Nacional de Comercialización de Minerales encargado del
registro y control de la comercialización de minerales y metales.
Establece las entidades de apoyo y fomento del sector minero:
Fondo de Apoyo a la Reactivación de la Minería Chica (FAREMIN)
Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM).
Crea nuevas instituciones como:
El Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN y el Centro de Investigaciones
Minero Metalúrgicas - CElMM y la creación de un Fondo de Financiamiento
para fomentar la formalización de actores productivos de la minería chica, con
la particularidad que su creación no constituye condición previa pa
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