diario de sesiones de la cámara de senadores - Poder Legislativo

520-C.S. CÁMARA DE SENADORES 22 de marzo de 2013
de casi el 40 % de la superficie agrícola del país y que
compromete una estrategia de distribución de renta y
de justicia social”.
“Hace pocos días” –dice el Director de la Secretaría
del Mercosur en un artículo publicado en Brasil–
“en una arbitraria decisión administrativa la Corte
trasladó a la Jueza Mariana Mota del Juzgado Penal
para el Civil, se sospecha que debido a la actuación
técnica independiente de la Jueza Mariana en la investigación
de más de 50 violaciones de los derechos
humanos cometidas en la dictadura”.
“Para entender esta delicada situación” –manifestó
nuestro benemérito funcionario internacional
designado por los cuatro países– “es importante
identificar el nexo entre el origen social y político
de los jueces y la naturaleza de las decisiones
conservadoras de la Corte. En el Uruguay el acceso
a la carrera jurídica no se da por concurso público,
pero sí por indicaciones personales y discrecionales.
El nombramiento de los jueces de la Suprema Corte
es hecho por la Asamblea Nacional mediante 2/3 de
votos favorables, lo que obliga a arreglos y concesiones
políticas desfavorables incluso para los partidos que
ocupan eventualmente las mayorías simples del
Parlamento”.
Y agrega –en un juicio subjetivo que no puedo
calificar–: “De los actuales cinco jueces de la
Suprema Corte, cuatro de ellos construyeron
sus carreras en el período dictatorial. Hasta una
conciencia pueril consigue entender la razón para las
férreas resistencias de los sectores conservadores de
los países de la región al derecho a la memoria, a la
verdad, a la justicia y a la reparación. Las dictaduras
cívico-militares instaladas en las décadas de 1960
a 1980 viabilizaron los principales conglomerados
industriales, comerciales, financieros y especialmente
las oligarquías agrícolas, agrarias y mediáticas,
que ejercen enorme influencia política y decisivo
control de las áreas claves del aparato del Estado
todavía en la actualidad. El Poder Judicial, así como
otras instituciones políticas, está en la órbita de esa
influencia y control”.
Y expresó: “Es notable la coordinación de los
monopolios de medios de comunicación, el Poder
Judicial, ciertos segmentos empresariales y partidos
políticos de derecha en engendrar iniciativas contra
los gobiernos progresistas de la región. Sectores
mayoritarios del Poder Judicial están distanciados de
la modernidad y aliados a las conquista iluministas
del siglo XVIII, tornándola una institución antigua,
presa de ritos obsoletos y de un hermetismo que
mal consigue disfrazar su visión reaccionaria y su
carácter elitista. De la suntuosidad de sus edificios,
de la pomposidad de sus liturgias y de la solemnidad
arrogante de sentencias llenas de expresiones en
latín, francés e italiano, emanan violencias, distintas
en la forma, pero igualmente mortíferas para la
democracia y para la historia, como lo fueron los
crímenes de terrorismo de Estado”.
Esto fue dicho por el Director General de la Secretaría
del Mercosur. No sé si al partido de gobierno, al
Gobierno y a los señores Senadores les parece que estas
expresiones son aceptables, pero voy a citar lo que
indican el Derecho y las normas a las que tiene que
ajustarse esta autoridad del Mercosur, que se aplican
a todo funcionario a cargo de una Secretaría de un
organismo internacional, quien debe abstenerse de
tener una posición pública particular sobre temas internos
de los países que lo integran.
Todas las normas internas de los diferentes organismos
internacionales asignan derechos y obligaciones
a sus funcionarios con el común denominador de
establecer prohibiciones expresas. El Derecho Internacional
consuetudinario vigente le obliga a mantener
en reserva sus convicciones políticas o nacionales
y a abstenerse de cualquier manifestación pública al
respecto. Por menos que esto a un funcionario diplomático
se le aplicaría la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas donde se establece el deber
de “no inmiscuirse en asuntos internos” del Estado
receptor.
Por su parte, las normas particulares del Mercosur
se aplican también a su Director, que no es otra cosa
más que un funcionario sujeto a las reglas que la propia
organización se ha impuesto. La Decisión 03/12
sobre Funcionarios del Mercosur dice y reitera que
estos se desempeñarían de acuerdo con la Normativa
Mercosur específica vigente al respecto, mencionando
la Decisión 07/07 y la Resolución 06/04. La Decisión
07/07 que aprueba la estructura organizacional
de la Secretaría del Mercosur establece que todos
los funcionarios deberán observar la neutralidad inherente
a sus funciones, mientras que la Resolución
06/04 contiene las normas generales relativas a los
funcionarios de la Secretaría del Mercosur y es el texto
fundamental.
En el artículo 1.º el Anexo refiere a los funcionarios,
entre ellos el Director de la Secretaría, o sea que
todo el resto del Anexo se le aplica a todos los funcionarios
y a este señor Director.
El artículo 14 a), establece: «Artículo 14.- Los
funcionarios deberán abstenerse de: a) “Desarrollar
actividades y cumplir actos, dentro o fuera de la
Sede, que puedan afectar los derechos, el prestigio o
el buen nombre de la Secretaría, así como de intervenir
activa y públicamente en la política de un Estado
Parte”».