diario de sesiones de la cámara de senadores - Poder Legislativo

526-C.S. CÁMARA DE SENADORES 22 de marzo de 2013
Si se fuera a sustituir a un integrante del equipo
que tiene un excelente currículo en materia de Derechos
Humanos y una visión contraria a la del doctor
Chalar en ese sentido, con el argumento de que hay
un Ministro de la Corte y que por esa razón lo tendría
que desplazar, se estaría haciendo lugar al principio
de autoridad, que es algo que expresamente el Centro
de Estudios Judiciales no quiere enseñar a los Jueces
a respetar.
Desde este punto de vista, la argumentación no
tiene absolutamente nada que ver con la pretensión
de excluir una determinada visión sobre estos temas,
sino que tiene este otro fundamento que acabo de
expresar.
No podía pasar esto por alto pero, reitero, no es
la cuestión que estamos discutiendo y tampoco lo es
el enfoque que consagró la sentencia de referencia
en materia de Derechos Humanos. La cuestión tiene
que ver con que un funcionario internacional, acreditado
en el país y sujeto a las normas propias del
Acuerdo de Sede entre Uruguay y el Mercosur, así
como también a las normas del estatuto diplomático,
pueda permitirse cualquier declaración sobre los
temas del país e, inclusive, no ya sobre los órganos
sino respecto a las personas que los integran y que
adoptan determinadas decisiones. Desde este punto
de vista, creo que el planteamiento correcto es el que
ha formulado el señor Senador Abreu y me parece
que el Ministerio de Relaciones Exteriores hubiese
debido llamar a esta persona, haciéndole saber que
no puede permitirse este tipo de comentarios.
Esto es lo que hace un país que se respeta a sí mismo,
más allá de que el Gobierno tenga tal o cual orientación
política o ideológica, en este tema o en otro.
En esta cuestión puedo estar muy equivocado, pero
tal como veo las cosas, aquí no importa que seamos
colorados unos y blancos o frenteamplistas otros, sino
que está en juego la forma en que el Uruguay actúa
frente a la comunidad internacional. Reconocemos
la competencia de ciertos órganos de esa comunidad
para juzgar lo que se hace aquí, al tiempo que tenemos
cláusulas democráticas que le dan competencia
a otros órganos para adoptar pronunciamientos y hasta
sanciones con respecto a nosotros si incurrimos en
determinadas conductas, pero eso debe interpretarse
estrictamente en el ámbito que les es propio. Eso no
es una carta blanca para decir: “Uruguay renuncia
a que se observe en su territorio el principio de no
intervención y autoriza genéricamente a cuanto funcionario
haya para que venga aquí a decir cualquier
cosa”. No es lo mismo que el Comisionado de Naciones
Unidas o cualquier otro jerarca de ese organismo
comente estos episodios y diga lo que entienda
oportuno, porque esos funcionarios tienen su competencia
propia y no están acreditados específicamente
ante el Gobierno uruguayo ni radicados en nuestro
territorio. Este señor sí lo está, por lo que tiene un
estatuto especial que a nadie se le ocurriría aplicar al
Comisionado de Naciones Unidas.
Son situaciones bien distintas, señor Presidente,
respecto a las cuales creo que debemos reflexionar y
actuar porque en este mundo globalizado de competencias
internacionales cada vez más extendidas hay
que ser particularmente celoso de la defensa de las
prerrogativas nacionales para no perder terreno frente
a otros Estados que también defienden sus propias
prerrogativas, sin perjuicio de que todos integremos
un sistema a cuyas normas debemos la correspondiente
observancia.
Me parece que este es un tema extraordinariamente
delicado porque este equilibrio entre globalización
y defensa de soberanía lo tenemos que buscar
permanentemente en este y en muchos otros temas;
no podemos actuar al barrer, diciendo genéricamente
que como estamos en un mundo globalizado y los
temas se discuten en todos lados, vale todo. No, los
Estados no se regulan por ese criterio de que vale
todo; miren alrededor, en particular, a Brasil y vean si
allí van a permitir ese tipo de cosas.
Debemos actuar como lo hemos hecho siempre,
procurando una integración con el mundo y respetando
el Derecho Internacional, pero también haciéndonos
respetar a nosotros mismos y a nuestro
Derecho cuando corresponde.
Muchas gracias, señor Presidente.
SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor
Senador.
SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: después
de la intervención de la señora Senadora Constanza
Moreira, parecía que no había mucho para agregar:
se trata de dos visiones diferentes en este tema y, aparentemente,
no hay otros puntos de vista a tomar en
cuenta.
Ahora bien, los giros que el señor Senador Ope Pasquet
da al tema llaman un poco a la reflexión porque
desplaza los comentarios de Jeferson Miola y dice que
el Estado uruguayo debe actuar. Entonces, pone énfasis,
coloca la lupa –más de lo que podría hacerlo el
señor Senador Abreu–, en que el Estado uruguayo estaría
omiso; es más, repite en más de una oportunidad
que no se trata de una cuestión de blancos, colorados
o frenteamplistas –no sé si lo dijo en ese orden– sino
del Estado uruguayo, que no debe permitir que tal o
cual persona acreditada en nuestro país haga los comentarios
que hizo. En principio, si uno cumple con
la regla general, parecería lógico que embajadores o