Boletín Especial RUT Informa. Estudio de Caso No. 14. Septiembre ...

INFORMA
BOLETIN ESPECIAL
Estudio de Caso 14
SEPTIEMBRE DE 2006
“Wounaan phupur jeb gaain juapa theeg hiekha num”
PUEBLO WOUN
OUNAAN: TERRITORIO Y AUT
UTON
ONOMÍA
OMÍA
EDITORIAL
“En diciembre de 1996 comenzó una larga y
dolorosa historia de negación de la dignidad
humana en la región del Bajo Atrato. De allí en
adelante todo el departamento de Chocó se
ha constituido en escenario del flagelo del
desplazamiento forzado, causado por la
violencia política, que llegó a estas latitudes y
no ha cesado en su empeño de controlar la
región para el servicio del capital nacional e
internacional.
ISSN 1692-8210 - TARIFA POSTALREDUCIDA NO. 27. VENCE DIC. 2006
Como en otros tiempos de la diáspora obligada,
que vivieron los ancestros de la población
afrocolombiana, hoy se prolonga este duro
exilio de los lugares donde han reconstruido
su proyecto de vida. Con ellos los indígenas
han compartido la presión de sus territorios.
Esto ha sido posible a causa del pánico, del
terror que han sembrado los paramilitares en
abierta connivencia con la Fuerza Pública.
También con la presión de las Guerrillas, que
ven enemigos por todas partes y entonces la
población civil se ha vuelto en víctima de las
infracciones graves al Derecho Internacional
Humanitario.
Los rostros de quienes han sido desaparecidos
o asesinados siguen hablándonos, los gritos
de pánico de las niñas y los niños
afrocolombianos, víctimas del crimen de guerra
de Bojayá, no cesan de resonar en nuestros
oídos. Que su clamor siga llamando a nuestras
conciencias para que no desfallezcamos en la
búsqueda de la justicia”.
Son estas las palabras iniciales de la
Presentación del documento “Haciendo Memoria
– 10 años del Desplazamiento Forzado
Interno en el Chocó (1996-2006) – Cátedra virtual
sobre Desplazamiento Forzado”, resultado
de un esfuerzo conjunto de la Universidad
Tecnológica del Chocó, la Diócesis de Quibdó,
la Fundación Universitaria Claretiana, la
Universidad Nacional de Colombia y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR)
El estudio de caso que presentamos en este
boletín se refiere a un grupo específico de
población indígena, el Pueblo Wounaan, que
también ha sido víctima de desplazamiento
forzado y que en parte ha retornado a su
territorio. Para esta comunidad, como muchas
otras más, tiene vigencia lo planteado en el
documento citado inicialmente y que volvemos
a retomar.
“En muchos casos, particularmente en Bojayá,
los retornos han carecido de estabilidad, pues
se han hecho sin cambiar las condiciones de
inseguridad, con una continua zozobra por los

2
RUT Informa
CONFERENCIA EPISCOPAL DE
COLOMBIA
Secretariado Nacional Pastoral Social
Director
Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria
Sección de Movilidad Humana
Coordinador
P. Maurizio Pontín c.s.
Obispos Asesores
Mons. Nel H. Beltrán Santamaría
Mons. Francisco Javier Múnera Correa
INFORMA
combates dentro o cerca de los poblados de
los civiles, o por el asedio permanente de la
Fuerza Pública, de los Paramilitares y también
de la Guerrilla, en el control de alimentos.
Esto ha hecho que la responsabilidad del
Estado de garantizar la estabilidad de los
retornos ha sido muy deficiente, pues ha habido
casos en que, a pesar de la advertencia de la
Defensoría del Pueblo y de Naciones Unidas
para que no se realicen algunos retornos, estos
se han hecho amparados en la “libre” voluntad
de las comunidades desplazadas. Con lo cual
las comunidades han debido generar nuevos
desplazamientos, llegando a un círculo de idas
y venidas, que altera aún más el estado
emocional y acrecienta la dependencia
económica y alimentaria respecto a los
organismos de ayuda humanitaria”.
Lo que preocupa a las entidades de Iglesia, a
ONG y organismos internacionales, que
acompañamos a los Pueblos indígenas y
afrodescendientes del Chocó, es la falta de
concertación de las entidades públicas cuando
toman decisiones sobre el destino de los
territorios ancestrales, lugares de vida y
convivencia de estos pueblos, para
transformarlos en zonas de explotación minera,
y producción agroindustrial. El respeto a la vida,
a la cultura y a la dignidad de las personas y
los pueblos va más allá del supuesto progreso
de la nación.
P. Maurizio Pontin
Coordinador Sección Movilidad Humana
Editor
Secretariado Nacional de Pastoral Social
Director
P. Maurizio Pontin, c.s.
Comité de Investigación y
Redacción
P. Maurizio Pontin
Fanny Uribe
Estudio de Caso
Pastoral Social-Diócesis Istmina/Tadó
P. Jaime Zapata
Nidia Montoya Gil
Sandra Martínez
Jovanny Salazar
Cabildos Indígenas Wounaan
Gráficas y Tablas
Rodrigo García Tellez
Diseño y Diagramación
Villamira Castro L.
Impresión
Editorial Kimpres
Informes
Cra. 47 No. 84-85, A.A. 59206
Tels: 57-1 - 437 71 50
Fax: 57-1 - 311 50 58
Bogotá - Colombia
e-mail: snpscol@cable.net.co
www.pastoralsocialcolombia.org
CONTENIDO
PUEBLO WOUNAAN: TERRITORIO Y AUTONOMÍA
Editorial 1
I. Aspectos Generales sobre el Departamento del Chocó 3
Reseña Histórica 3
Ubicación y Descripción 3
Potencial Económico y Megaproyectos 4
Organizaciones Sociales y Presencia de Organismos Humanitarios 7
Diócesis de Istmina-Tadó 11
Comunidades Indígenas 11
II. Población en Situación de Desplazamiento Forzado en Istmina 13
Ubicación 13
Hechos y Antecedentes 13
Situación Actual y Ayudas Recibidas 14
Retorno de Miembros de las Comunidades 15
Necesidades y Búsqueda de Soluciones 16
Caracterización de la Población Desplazada 16
III. Conclusiones 20
IV. Proceso de Acompañamiento y Atención después del Retorno 22
Haciendo Memoria 27
¿POR QUÉ RUT?
RUT no es una sigla que tenga un significado especial, como si fuera de algún registro
unitario de desplazados. El nombre de nuestro "Sistema de Información sobre el
Desplazamiento Forzado por la Violencia" y su Boletín Informativo es tomado del
personaje bíblico descrito en un libro del Antiguo Testamento, que lleva por título
“RUT."
Rut es una mujer viuda, que decide acompañar a su suegra Noemí y le dice: “No
insistas en que te deje y me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré; donde tú
habites, yo habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios” (Rut, 1, 16).
De la misma manera la Iglesia Católica, con diferentes medios y formas,quiere
acompañar a los desplazados y desplazadas de Colombia, compartir sus tribulaciones
y sus angustias, pero también sus sueños y esperanzas.

RUT Informa 3
I. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 1
RESEÑA HISTÓRICA
Las tierras del Departamento del Chocó
estaban habitadas antes de la llegada
de los conquistadores españoles por
diversos grupos indígenas, entre ellos
los Cunas, los Chocoes, los
Noanamaes, y los Baudoes. El primer
español que exploró el golfo de Urabá
fue Rodrigo de Bastidas, en 1501.
Luego Vasco Núñez de Balboa se
estableció en 1510 en Santa María la
Antigua del Darién, primera fundación
en territorio colombiano, realizada por
Martín Fernández de Enciso. Balboa,
posteriormente organizó una
expedición y descubrió el océano
Pacífico el 25 de septiembre de 1513,
el cual denominó Mar del Sur. Por
decreto 1347 de 1906, se separó la
provincia del Chocó del Cauca y se
erigió como intendencia nacional
integrada por las provincias de San
Juan y del Atrato. Más tarde, por medio
de la ley 13 del 3 de noviembre de 1947,
el Chocó es elevado a la categoría de
Departamento.
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
El Departamento del Chocó está
ubicado en el occidente del país, en la
región de la llanura del Pacífico. Tiene
una superficie de 46.530 km 2 y limita
por el Norte con la República de
Panamá y el mar Caribe; por el Este
con los departamentos de Antioquia,
Risaralda y Valle del Cauca; por el Sur
con el departamento del Valle de
Cauca; y por el Oeste con el océano
Pacífico, quedando enmarcado entre
éste y la cordillera occidental.
El sistema hidrográfico chocoano es
uno de los más abundantes del país.
Además de los ríos Atrato, San Juan
y Baudó son importantes los ríos
Andágueda, Bebará, Bebaramá,
Bojayá, Docampadó, Domingodó,
Munguidó, Opogodó. En cuanto a las
cuencas de los ríos Atrato y San Juan
se puede señalar que estos dos ríos
corren dentro del Departamento del
Chocó en sentido opuesto: el primero
desemboca en el mar Caribe y el
segundo en el océano Pacífico.
El territorio se caracterizada por la alta
pluviosidad y la temperatura de sus
valles y tierras bajas costaneras es
superior a los 27°C, acompañada de
1
Tomado de la información del DANE. http://www.dane.gov.co

4
RUT Informa
alta humedad relativa (90%). En el
Departamento se encuentran los
parques nacionales naturales de Utría,
Los Katíos y Tatamá.
Los principales centros poblados y
económicos son Quibdó, su capital,
Istmina, Nóvita y Acandí en la costa del
mar Caribe; y Bahía Solano en la costa
del océano Pacífico. El sistema vial del
Departamento consta fudamentalmente
de dos carretera:una que une a
Quibdó con Medellín y otra por Bahía
Solano, Condoto, Nuquí y Riosucio;
debido a la escasa red vial terrestre,
su principal sistema de comunicación
es el fluvial. Para las comunicaciones
marítimas cuenta con dos puertos: uno
sobre Bahía Solano en el océano
Pacífico, y otro en Acandí, sobre la
costa del mar Caribe. El Departamento
posee varias pistas de aterrizaje, las
cuales están ubicadas en Quibdó,
Acandí, Bahía Solano, Condoto y
Nuquí.
Se estima que en el departamento de
Chocó habitan por lo menos 432.523
personas, según el Departamento
Nacional de Planeación (DNP 2000),
con una mayor concentración de
población en el área rural. Las
proyecciones del DANE 2005 hablan
de 416.318 habitantes, de los cuales
179.864 (43%) en las cabeceras
municipales. La población en su gran
mayoría es negra, descendiente de
esclavos africanos traídos hacia 1690,
en la época de la Colonia, para la
explotación minera y trabajo en las
plantaciones de las clases pudientes.
En el Departamento se encuentran 107
resguardos indígenas (6 compartidos
con el departamento del Valle del
Cauca), los cuales abarcan un área de
1.227.554 hectáreas, según el DNP, es
decir un 26% del territorio del Chocó
(INCORA, 1999), con una población de
cerca 37 mil indígenas distribuidos en
254 comunidades. Esta población
representa el 8.9% del total de la
población del Departamento.
Si bien la agricultura es rudimentaria y
difícil, debido a las intensas lluvias, es
posible encontrar productos como
plátano, maíz, arroz, cacao y coco. La
actividad minera se centra en la
extracción de oro, platino, y existen
además yacimientos de caliza,
molibdeno y cobre. El desarrollo industrial
del Chocó es de los más bajos del
país; sobresale la manufactura
agrupada en productos alimenticios,
bebidas y muebles de madera.
POTENCIAL ECONÓMICO
Y MEGAPROYECTOS 2
En la costa pacífica, punto de
encuentro de Centro y Sur América,
está una de las regiones con mayor
biodiversidad del mundo, el Complejo
Ecorregional Chocó Biogeográfico, el
cual se extiende desde el noroeste de
Ecuador hasta el suroeste de Panamá,
cubriendo la costa pacífica colombiana,
con una extensión de 145 mil
kilómetros cuadrados.
El Chocó por sus condiciones
ambientales es sin duda un ecosistema
estratégico, puesto que posee una
amplia riqueza hídrica y muchos
recursos naturales. Se ubica entre las
cinco regiones con mayor diversidad
biológica del planeta, parte de la cual
es explotada sin generar un desarrollo
al interior de la región y sin el respeto
por el cuidado al medio ambiente; sólo
se da una escasa posibilidad de trabajo
en “mano de obra no calificada” a los
pobladores de ésta.
En el Departamento se han impulsado
actividades productivas y extractivas,
por parte de personas y empresas
foráneas a la región, como son la
explotación forestal, la pesca y la
minería, desde inicios de la década de
los 90, todas ellas ligadas al desarrollo
de proyectos agroindustriales y a la
proyección de grandes obras de
infraestructura a razón de sus ventajas
2
Tomado de: Ficha Técnica Situación Humanitaria Departamento del Chocó. Sala de Situación Humanitaria, UN - Colombia, Febrero 2005. p. 3.

RUT Informa 5
comparativas con otras regiones del
país. Sin embargo, tales actividades no
tienen en cuenta la fragilidad ambiental
de la región, ni las condiciones socioeconómicas
y culturales de la población;
situación que se ha vuelto aún
más compleja en la última década por
la implementación e incremento de
actividades ligadas al narcotráfico y al
escalamiento del conflicto armado.
Es indiscutible que sobre la región
chocoana cobran cada vez mayor
vigencia intereses geopolíticos,
extractivos, comerciales y militares.
Son estos intereses y el desarrollo
agroindustrial los que vienen proyectando
y potenciando macroproyectos,
especialmente en las áreas de vías
de acceso.
Algunos de ellos son 3 :
−
−
−
−
−
−
−
El canal seco
El canal interoceánico
El puerto de Cupica
La carretera Urrao-Buchadó-
Cupica
El puerto de Tribugá
La carretera panamericana,
sector Las Animas-Nuquí
Las hidroeléctricas Alto Atrato y
Alto San Juan
Cultivos de palma africana 4
De acuerdo con algunos estudios,
Colombia es uno de los países con
mayor cantidad de tierras aptas para
el cultivo de palma africana: al menos
3,5 millones de hectáreas.
Se estima que su entrada al país se
dio hacia la década de los 30, pero su
cultivo de manera extensiva comenzó
a darse a mediados de los años 40,
fecha desde la cual ha crecido paulatinamente.
Los departamentos de
Bolívar, Magdalena, Cesar, Atlántico,
Guajira, Santander, Norte de
Santander, Meta, Cundinamarca,
Casanare, Caquetá y Nariño cuentan
con millares de hectáreas ya cultivadas
y en explotación. Para el año 2001
Colombia ocupaba el onceavo (11)
lugar como país exportador de aceite
de palma, lo que representó un ingreso
de 29.598.000 millones de pesos, es
decir un 1,55% del ingreso total del
país.
A la palma africana se le considera un
cultivo de alto rendimiento, con
rentabilidad económica en el corto
plazo, en comparación a otras fuentes
de aceite vegetal, tanto por la alta
cantidad de aceite que produce su
fruto, que en condiciones ideales
puede llegar hasta cinco (5) toneladas
de aceite al año, como por sus
múltiples utilidades a nivel comestible
(aceite de cocina y margarinas) y no
comestible (para producción de
cosméticos, jabones y detergentes,
fabricación de pinturas, fertilizantes,
entre otras), como sustituto del ACPM
e incluso como medio para atenuar la
emisión de gases de efecto
invernadero.
Si bien la palma africana trae ingresos
económicos a la nación y sectores
económicos que cuentan con grandes
extensiones, está llevando a que
grandes áreas de tierra sean
expropiadas o adquiridas a bajo costo
a los campesinos de varias regiones
del país y por ende a que se
pierdan formas tradicionales de
cultivo y producción, junto con
prácticas de trabajo colectivo,
como es la situación en el Chocó
con las comunidades afrodescendientes
e indígenas.
Explotación de hidrocarburos
La cuenca del Pacífico ha sido
objeto de prospección para la
explotación de hidrocarburos,
habiéndose perforado hasta
ahora 14 pozos, tanto en el
continente como costa afuera.
Ecopetrol estima que se pueden
encontrar unos 36 millones de
barriles de petróleo y unos 45
millones de metros cúbicos de
gas 5 . Actualmente se están adelantando
acciones de acercamiento y
concertación con consejos comunitarios
y algunas comunidades indígenas
para avanzar en la exploración
sísmica hacia el Medio San Juan.
3
Tomado de: Informe de Derechos Humanos en el Medio Atrato. www.choco.org
4
Tomado de: El cultivo de la palma africana en el Chocó. Legalidad ambiental, territorial y derechos humanos. Human Rights Everywhere –
Diócesis de Quibdó. 2004
5
Tomado de: El Pacífico como perspectiva económica. http://tdg-pacifico.org/documentos2.htm

6
RUT Informa
Intereses en la biodiversidad 6
La biodiversidad se ha convertido en
un tema central en cuanto al futuro, es
por ella en el largo plazo que se puede
garantizar la vida y la sobrevivencia de
las especie humana en el planeta
tierra, y de manera inmediata se torna
en un concepto trascendental en la
discusión y diseño de cualquier modelo
de desarrollo sostenible.
No obstante la aparición del concepto
de la biodiversidad como tema
relevante hace parte de un discurso
globalizado y de un modelo
determinado, el neoliberal. De un lado
se habla de la necesidad de la
preservación de bosques y reservas
naturales y, de otro lado, se hace
énfasis en la búsqueda de nuevos usos
comerciales de los recursos naturales
existentes.
La pretensión de hallar en la biodiversidad
genética la respuesta a algunos
males que aquejan la humanidad,
se presenta como una panacea. Ella
está llevando a la apropiación de
recursos y conocimientos de comunidades
ancestrales, en especial de las
comunidades indígenas, en nombre de
intereses humanitarios, los cuales en
el trasfondo solo contienen otro tipo de
motivaciones, más de orden económico,
quedando en riesgo el mantenimiento
del entorno natural a través de
prácticas tradicionales, sanas y
armoniosas.
Los recursos naturales indiscutiblemente
han cobrado tal relevancia que
en la década de los 90 el gobierno norteamericano
presentó la “Iniciativa para
las Américas”, la cual contempla la
posibilidad de cambio de deuda externa
por naturaleza, además de proponer
el otorgamiento de patentes ambientales,
como medio para avanzar en
el campo de la propiedad industrial,
dejando abiertas las puertas para la
investigación, la inversión, la apropiación
y la asignación de las patentes de
lo encontrado.
En 1993 en Colombia se firmó un
acuerdo sobre patentes (Resolución
345 del 21 de octubre), por medio del
cual se cede a las presiones de algunos
laboratorios pertenecientes a multinacionales.
Tal resolución garantiza
a éstas que las investigaciones que
sus laboratorios desarrollen con la diversidad
biológica en Colombia, pueden
ser patentadas por ellos y, además,
acceder a las regalías generadas
por su utilización.
Cultivos de uso ilícito 7
Los cultivos de uso ilícito de coca en
el Departamento del Chocó se detectan
oficialmente hacia el año 2003, por
medio de imágenes satelitales y son
reportadas por el Proyecto Sistema
Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos SIMCI, SIMCI-UNODC, el cual
es producto de un convenio entre el
Gobierno Colombiano a través del Ministerio
del Interior y Justicia y la Oficina
contra la Droga y el Delito de Naciones
Unidas UNODC. Aunque es
preciso señalar que tal fenómeno tuvo
su inicio en la compra de tierra por
parte de narcotraficantes, especialmente
de los departamentos de
Antioquia y del Valle del Cauca, desde
mediados de la década de los 90, y se
ha ido asociando a los grupos armados
ilegales, guerrilla y paramilitares,
como medio generador de ingresos
económicos para el sostenimiento militar.
Según las fuentes oficiales se estima
que para la implementación de las 453
hectáreas de cultivos de uso ilícito en
el Chocó, detectadas para el 2003, fueron
destruidas cerca de 1360 hectáreas
de bosque húmedo tropical, siendo
alterado de manera irreparable el
ecosistema, llevando a una pérdida
incalculable de recursos naturales,
además de traer nefastas consecuencias
sobre las comunidades ancestrales
residentes en la zona, en tanto
se expropia y hace uso de territorios y
se alteran las prácticas agrícolas tradicionales
de supervivencia. (Tabla 1)
Cultivos Ilícitos de Coca detectados para el Departamento del Choco
Fuente: Proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos.
SIMCI. Censos 2002 y 2003.
Tabla 1
6
Tomado de: Informe de Derechos Humanos en el Medio Atrato.
7
Tomado de: http://www.cultivosilicitoscolombia.gov.co/documentos/choco/cultivos_ilicitos_en_choco.htm

RUT Informa 7
ORGANIZACIONES SOCIALES Y
PRESENCIA DE ORGANISMOS
HUMANITARIOS
Existen en el territorio Chocoano diversas
organizaciones sociales, en
especial de población afrodescendiente
e indígena. Son de resaltar la
labor de la OREWA (Organización
Regional Emberá-Waunaan del Chocó),
la cual se constituyó en el año
1986, y tuvo su origen en la UNDICH
(Unión de Indígenas del Chocó), promovida
en los años 70 por Mons.
Gustavo Posada Peláez, y la ACIA
(Asociación Campesina Integral del
Atrato) desde 1985, organizaciones
sociales que surgieron de movimientos
de base que cuentan en la actualidad
con reconocimiento regional
y nacional, que con ahínco han adelantado
acciones para visibilizar la situación
social, económica y política de
esta rica región del país, ante la escasa
presencia del Estado a través de
políticas de desarrollo y acciones de
inversión en infraestructura que faciliten
su comunicación e intercambio con
otras regiones del país. Éstas, junto
con otras organizaciones, entre ellas
instituciones como la Iglesia Católica,
promueven el respeto por la autonomía
y el territorio y el mejoramiento de
la calidad de vida de las comunidades
(ancestrales, afrodescendientes y
mestizas) desde prácticas organizativas
y solidarias, haciendo un uso y explotación
adecuados de los recursos
naturales existentes en el territorio
chocoano.
Igualmente, hay que reconocer que la
ley 70 impulsó el surgimiento de otro
tanto de organizaciones, como: los
Consejos Comunitarios, los Consejos
Mayores, la Asociación Campesina del
San Juan (ACADESAN), la Asociación
Campesina del Baudó (ACABA) y la
Asociación Campesina del Alto San
Juan (ASOCASAN).
Las comunidades que han habitado
ancestralmente este territorio, ante la
situación de violencia y conflicto armado,
a pesar de haber vivido en
muchas ocasiones del desplazamiento
forzado y el impacto de las
acciones violentas, han optado por
desarrollar estrategias de resistencia
pacífica para mantenerse en el
territorio, el cual ha sido titulado colectivamente
posterior a la Ley 70,
en el caso de las comunidades
afrocolombianas, y de la ley 89 de
1890 y otras posteriores como el
Decreto 2164 de 1995, con la creación
y titulación de resguardos para
los pueblos indígenas.
Ante la situación de violencia y el
alto impacto de ésta sobre la población,
diferentes organismos humanitarios
y de cooperación internacional han
volcado sus miradas en esta rica y vasta
región del país destinando recursos
para la atención a la población vulnerable,
en especial a quienes se encuentran
en situación de desplazamiento
forzado, siendo algunos de
ellos: ACNUR- PMA – OIM y misiones
de UNICEF- PNUD y OACNUDH por
parte del Sistema de Naciones Unidas
en Colombia; CICR, OPS, Brigadas de
Paz Internacional, Médicos sin Fronteras,
Catholic Relief Service (CRS),
Misereor, junto con las Embajadas de
España , Austria y Canadá. * (Tabla 2 9 )
«El Departamento del Chocó es una de las regiones más ricas del mundo en biodiversidad y recursos mineros e
hidrográficos. Pero la paradoja comienza con el promedio de vida de 48 años; el analfabetismo llega al 60 por
ciento; la mortalidad es de 68 por cada mil habitantes y la infantil es de 11.7 por cada mil, un 10 por ciento más que
el promedio nacional. El 89 por ciento de sus 850 corregimientos y 18 municipios aún tiene sus necesidades básicas
sin satisfacer, además de malaria, paludismo, parásitos y enfermedades respiratorias. Todas estas cifras son de
organizaciones civiles, oficiales del mismo departamento y las de la Diócesis» 8 .
* ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados); OACNUDH (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos), OIM (Organización Internacional de Migraciones); PNUD (Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo); PMA (Programa Mundial de Alimentos); UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia); CICR (Comité Internacional
de la Cruz Roja) y OPS (Organización panamericana de la Salud)
8
Entrevista a Mons. ALONSO LLANO RUIZ, Grandes entrevistas. Periódico El Colombianos, Octubre de 2004.
9
Tomado de: Ficha Técnica Situación Humanitaria - Departamento Del Chocó, Sala de Situación Humanitaria. UN - Colombia, Febrero 2005.

8
RUT Informa
Situación de violencia y
Crisis Humanitaria
En el Chocó ha existido
presencia de diversos grupos
armados ilegales al
menos desde la década de
los 70. Este es un territorio
estratégico no sólo por su
biodiversidad y recursos de
explotación, madera, minerales
y yacimientos de petróleo,
sino también por su
ubicación geográfica que
permite el acceso a los
océanos Atlántico y Pacífico
para el fortalecimiento
de múltiples intereses económicos,
entre ellos el tráfico
de armas e ingreso de
insumos para la producción
y luego comercialización
de la coca.
Tabla 2
“El conflicto armado se ha intensificado
en el departamento desde 1996.
Desde 1998 se vienen presentando
enfrentamientos directos entre las guerrillas
y los grupos de autodefensa.
Tales enfrentamientos alcanzan su nivel
más elevado en 2002, poniendo en
grave riesgo a la población civil. Según
el Observatorio de Derechos Humanos
de la Vicepresidencia de la República,
hacia finales del año 2003, la
mayor parte de los pueblos y pequeños
centros urbanos a lo largo de los
ríos Atrato, Baudó y San Juan, cuentan
con una elevada presencia de las
autodefensas. En los pueblos ubicados
en sectores más altos, las guerrillas,
en particular las FARC, tienen presencia
mayoritaria. Ambos grupos armados
ilegales ubican puestos de control
en los ríos y carreteras para vigilar
el movimiento de personas y productos.
El observatorio señala que, en los últimos
años, la actividad armada de las
FARC es notablemente más alta que
la del ELN. Desde finales del 2002, la
presión de la Fuerza Pública contra las
FARC y el ELN se ha concentrado en
el Alto Atrato y sus municipios vecinos.
La respuesta de las guerrillas ha consistido
en un mayor número de acciones
de sabotaje, hostigamientos y emboscadas.
Las acciones de los grupos armados
ilegales buscan controlar los principales
corredores de acceso al
Pacífico: Riosucio–Juradó, en
el Bajo Atrato y frontera con Panamá;
Quibdó–Medellín, en la
zona de la carretera; Quibdó–
Mistrató, en la región del Alto
San Juan y límites con
Risaralda; Quibdó–Pizarro, en
la costa sur chocoana y la región
del Baudó (Informe
Defensoría del Pueblo, Agosto
de 2002). Estos corredores son
relevantes para las actividades
ilícitas y para todo tipo de tráfico
irregular (drogas, armas,
personas) por ser vías de acceso
al Pacífico y a Panamá.
Estas zonas, asociadas a proyectos
de infraestructura y de
desarrollo, también ofrecen posibilidades
de comunicación y
obtención de recursos para los
grupos clandestinos (alimentos,
armas, municiones, dinero a través de
la extorsión, etc.). Tales zonas son escenarios
de bloqueos económicos,
asesinatos, secuestros, desapariciones
y desplazamientos forzados. (…)
De acuerdo con los informes de la SSH
[Sala de Situación Humanitaria] durante
el 2004, el departamento de Chocó
estuvo en riesgo permanente, debido
a la disputa territorial entre los grupos
armados ilegales y los enfrentamientos
de estos grupos contra la Fuerza Pública.
(…)
A comienzos del 2004, la Organización
Indígena Regional Embera Wounaan
(OREWA) denunció que la entrada de
un grupo paramilitar en territorio de las
RUT en la web
Desde estas páginas queremos expresar nuestro agradecimiento a la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) por el espacio que brinda a nuestras publicaciones en su web. Los últimos boletines de “RUT Informa”
se pueden encontrar en la página “Salud y Desplazados” a la dirección

RUT Informa 9
comunidades Embera provocó fuertes
enfrentamientos con el frente José
María Córdoba de las FARC. Según
esta Organización, los paramilitares no
permitieron que la comunidad saliera
de su pequeño poblado, obligándola a
permanecer como escudo humano. La
población sufrió hambre y las enfermedades
propias de la situación de tensión
y pánico. (…)
Algunas ONG que trabajan en la región
alertaron sobre el aumento de
asesinatos selectivos de población civil
en la zona limítrofe entre los departamentos
de Chocó y Risaralda. Esta
zona actualmente está en disputa entre
los actores armados que buscan el
control estratégico de una zona de interés
multinacional, que además permite
la movilización y el tráfico de armas
y drogas” 10 .
Durante el año 2005 se presentaron
casos de confinamiento en algunas comunidades
de la región después de
enfrentamientos entre las FARC y las
AUC, teniendo como finalidad las primeras
avanzar desde el sur del departamento
para recobrar el control sobre
el territorio y las segundas mantener
el control y el poder, llegando incluso
a negar la alternativa del desplazamiento
a la población ante los
enfrentamientos armados de ambos
grupos al margen de la ley y de éstas
con el ejército. Esta situación generó
desabastecimiento en las comunidades
afro e indígenas, puesto que se
vio disminuida su capacidad productiva
y de búsqueda de medios de subsistencia.
miembros de los grupos armados, presentan
limitaciones para salir hacia las
cabeceras municipales para la consecución
de alimentos. Cuando logran
hacerlo tienen restricciones para ingresar
sus compras a la zona, puesto que
se les condiciona el tamaño de las raciones
para el consumo familiar. Todas
estas situaciones vulneran sus derechos
e infringen el DIH, además de
hacerlas más vulnerables por las limitaciones
a la que se ven sometidas,
las cuales condicionan su subsistencia,
la salud y sus vínculos sociales y
económicos con otras comunidades.
Para el año 2006, se puede señalar
que continúa la presencia de grupos
de insurgencia en la zona, en especial
de las FARC, los cuales han recobrado
territorios posterior al proceso de
desmovilización de 358 hombres de las
AUC del Bloque Héroes de Choco realizado
en el municipio de Istmina en el
mes de agosto del 2005. También se
conoce sobre la presencia de otros
actores armados hacia las zonas limítrofes
con los departamentos de
Risaralda y el Valle del Cauca.
En la actualidad la fuerza pública hace
presencia en especial en los cascos
urbanos, teniendo limitaciones para la
movilización hacia zonas lejanas a las
cabeceras municipales por dificultades
de accesibilidad, ante las limitaciones
de medios y recursos.
Al visitar la región y conocer la situación
de las comunidades y la población
en situación de desplazamiento
forzado, es innegable percibir que se
está ante una manifestación de la crisis
humanitaria, resultante del conflicto
armado, el abandono y las limitaciones
del Estado en el desarrollo de políticas
económicas y sociales que permitan
a los habitantes mejorar su calidad
de vida, viéndose así amenazada
la vida humana, la salud y subsistencia
de poblaciones históricamente vulnerables,
como los son las
afrodescendientes e indígenas existentes
en la región del Chocó.
Las comunidades, además de abstenerse
de ingresar a la zonas donde
solían cazar por temor a encontrar
10
Tomado de: Ficha Técnica - Situación Humanitaria Departamento del Chocó, Sala de Situación Humanitaria. UN - Colombia, Febrero 2005. p.
4

10
RUT Informa
Mapa tomado del periódico El Colombiano, 3 de julio de 2005. p.8a (Rumbo Nacional)

RUT Informa 11
DIÓCESIS DE ISTMINA-TADÓ 11
En el departamento del Chocó confluyen
tres jurisdicciones eclesiásticas,
las Diócesis de Apartadó, Quibdó e
Istmina–Tadó.
La hoy Diócesis de Istmina-Tadó fue
erigida en el año 1953 como Vicariato
Apostólico del San Juan, Baudó y Costa
Pacífica. Presidida desde el año
1993 por Mons. Alonso Llano Ruíz,
se ubica en la margen occidental del
Departamento del Chocó, tiene una
extensión de 23.000 Km 2 , con una población
aproximada de 180.000 habitantes,
conformada por un total de 18
municipios: Istmina, Condoto, Tadó,
Nóvita, Medio San Juan, Unión Panamericana,
Sipí, San José del Palmar,
Certeguí, Río Iró, Cantón del San Pablo,
Pizarro, Medio Baudó, Alto Baudó,
Litoral del San Juan, Bahía Solano,
Juradó y Nuquí. (Ver mapa 3)
En esta jurisdicción, un 85% de la población
es afrocolombiana, un 10% indígena
y el otro 5% es mestiza. La
mayor concentración de habitantes se
da en las cabeceras municipales y un
70% del total de la población vive bajo
condiciones de extrema pobreza.
La actividad económica de la población
se centra en la agricultura para el
autosustento, la explotación minera
(artesanal y semi-mecanizada), la explotación
forestal y la pesca. La actividad
agrícola se restringe especialmente
al consumo local, en tanto la región
carece de medios de transporte e infraestructura
(vías terrestres y acopios)
para la comercialización a mayor escala
de los productos autóctonos de la
región.
Actualmente la Diócesis cuenta con 60
sacerdotes, distribuidos en 42 parroquias
y otras instancias pastorales,
además de la presencia permanente
de 12 comunidades religiosas. Su trabajo
pastoral ha girado de manera relevante
entorno a la evangelización y
al fortalecimiento social y organizativo
de las comunidades afrodescendientes
e indígenas, quienes han habitado el
territorio ancestralmente y que en su
gran mayoría vive en condiciones precarias.
COMUNIDADES INDÍGENAS
La población indígena del Chocó se
estima entre los 37 a 40 mil personas,
distribuida en al menos 254 comunidades,
que se agrupan en 107 resguardos
indígenas (6 compartidos con el
departamento del Valle del Cauca).
Esta población representa el 8.9% del
total de la población del Departamento.
El conflicto armado no ha sido ajeno a
estas comunidades. Se han presenta-
11
Tomado de: Informe de Crisis Humanitaria en el San Juan, Baudó y Costa Pacífica. Pastral Social - Diócesis de Istmina–Tadó. 2006.

12
RUT Informa
do diversos hechos que vulneran sus
derechos fundamentales, como:
enfrentamientos armados, asesinatos,
torturas, desplazamientos forzados,
bloqueos económicos y en la movilización
(confinamiento), además de
desconocer su poder y autonomía sobre
los territorios ancestralmente ocupados
y titulados colectivamente por
el gobierno, a través de la ocupación
de sus tierras y el uso de ellas para la
siembra de cultivos de uso ilícito y
apropiación / explotación de los recursos
naturales existentes en ellas.
“Debido a las estructuras sociales tradicionales
vigentes en las comunidades
negras y en los pueblos indígenas,
el conflicto afecta a la colectividad: la
muerte de un líder espiritual, de una
autoridad o de un jefe de hogar, y la
salida del territorio de una o varias familias,
generan graves rupturas en las
líneas y mecanismos de autoridad, en
la configuración de parentelas y en las
relaciones vitales entre las familias y
autoridades tradicionales que desempeñan
diferentes roles en los procesos
de transmisión cultural, socialización y
educación” 12 , es decir el daño sobre
la población va más allá de lo material,
afecta el patrimonio cultural de los
pueblos indígenas y de Colombia en
general.
Pueblo Wounaan
Este grupo, adscrito a la ONIC (Organización
Nacional Indígena de Colombia),
hace parte de la etnia de los
Chocoes, junto con los Embera, los
Katíos, los Chamíes y los Tule. Está
asentado sobre el río San Juan y la
Serranía Wounaan, mientras otro sector
de esta misma población reside en
la República de Panamá. Se estima
que este pueblo indígena está compuesto
por cerca de 5.900 personas
en el territorio colombiano 13 y distribuido
en al menos 25 resguardos.
El pueblo Wounaan tiene una gran
apropiación territorial y su subsistencia
se basa en prácticas tradicionales
de producción agrícola, la cacería y la
pesca. Las prácticas religiosas se sustentan
en la realización de rogativas,
las cuales se llevan a cabo ante épocas
o situaciones especiales, como el
tiempo de cosecha, o situaciones adversas
vividas en la comunidad y son
convocadas por el gobernador del cabildo
[mar- bur], quien es la máxima
autoridad de la comunidad elegida por
medio de asamblea.
El territorio y las prácticas culturales,
incluyendo las de justicia que comprenden
una forma de gobierno particular
(cabildo) y leyes propias para la aplicación
de la justicia, son amparadas
por la legislación colombiana, la cual
acoge a su vez instrumentos internacionales
relacionadas con la protección
de los pueblos indígenas.
Las comunidades Wounaan residentes
en el Medio San Juan, actualmente
están asociadas y representadas por
dos organizaciones registradas ante la
Dirección de Etnias en Bogotá, y son:
Asociación de Autoridades del Pueblo
Indígena - NOMAN y ASIVA
(Asosicación Indígena del Valle). Después
de la experiencia del desplazamiento
forzado (abril a junio de 2006),
los gobernadores de dichas comunidades
decidieron hacerse parte de una
sola Asociación, la cual actualmente
adelanta sus trámites legales para ser
reconocida en el Ministerio del Interior.
Descripción social
y medios de subsistencia
En su territorio cuentan con la gran
mayoría de los productos de consumo
cotidiano; solo deben adquirir algunos
alimentos (khoojem) y productos de
complemento a la canasta como aceite,
verduras, arroz, sal y jabón, aunque
es preciso señalar que los tres primeros
se producen en las comunidades
en cantidades limitadas. Las compras
las realizan solo una vez al mes,
a razón de las distancias de 4 a 5 horas
por vía fluvial y el costo del pasaje,
que está cerca de 35.000 pesos, para
llegar a las cabeceras municipales de
Medio San Juan/Andagoya e Istmina.
Los hombres adultos, se dedican en
especial a la agricultura, a la cacería
de animales de monte (como la guagua
y el güatí) y la pesca para la subsistencia
familiar. Son quienes construyen
las canoas [jap] y canaletes de
árboles como el chachajo, el chano, la
güina y el chaquiro extraídos de las
reservas forestales.
Las mujeres se encargan de las labores
del hogar y, en la mayoría de ocasiones,
apoyan las labores de la agricultura,
realizan artesanías como los
canastos de werregue (palma) o pulseras
y collares con chaquiras; algunas
participan del comité de mujeres,
el cual por lo general delega una representante
para el cabildo.
Niños, niñas y jóvenes, van a la escuela
en un número considerable. Los
varones hacia la edad de 10 años comienzan
a salir al campo con sus padres
para iniciar el aprendizaje de las
actividades para devengar la subsistencia
y las niñas se inician en las labores
del hogar. Su tiempo libre lo dedican
a prácticas deportivas como el
fútbol y juegos de resistencia, como el
pulso y contener la respiración bajo el
agua.
12
Tomado de: Ficha Técnica Situación Humanitaria Departamento del Chocó, Sala de Situación Humanitaria. UN - Colombia, Febrero 2005. p. 3.
13
De acuerdo a las cifras del DANE. Cuadro de población indígena y negra censada, por departamentos, según grupos étnicos 1993.

RUT Informa 13
II. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN ISTMINA
UBICACIÓN
Las comunidades Unión Chocó, Unión
Wounaan, Olave, Macedonia y San
Cristóbal en situación de desplazamiento
forzado están asentadas en el
Medio San Juan, sobre la margen este
río y algunos de sus afluentes, abarcando
los dos resguardos indígenas de
San Juan y Unión Chocó – San Cristóbal,
adscritos a los municipios de
Andagoya e Istmina. (Tabla 3)
HECHOS Y ANTECEDENTES
La situación de derechos humanos se
ha ido agudizando paulatinamente en
la Región del San Juan, llegando a un
punto crítico durante el año 2006, producto
de la múltiple violación de los
derechos humanos e infracciones el
Derecho Internacional Humanitario por
medio de asesinatos, amenazas y desapariciones
forzadas.
Hacia mediados del mes de marzo,
miembros de un grupo armado hacen
presencia en la comunidad Unión Chocó
y elaboran un censo de la población.
Una vez concluida la labor hacen
lectura de una lista de varios líderes
de los cabildos indígenas a ser
“ajusticiados” por no estar de acuerdo
con el censo poblacional que se estaba
realizando y la siembra de cultivos
de uso ilícitos en su territorios, además
de ser señalados como informantes del
ejército o de los paramilitares.
Tabla 3
Luego, entre los días 30 y 31 de marzo
del presente año, después de la
retención y posterior asesinato de dos
profesores indígenas de las comunidades
Unión Wounaan y Unión Chocó:
el primero fue sacado de un salón
de clases (Arcelio Peña Guatico, 37
años) y el segundo (John Jairo Osorio
Piraza) retenido y descendido de una
embarcación cuando se dirigía al funeral
del docente asesinado el día anterior,
por parte del mismo grupo insurgente,
con presencia histórica en la
zona, las comunidades del pueblo
Wounaan se congregan en la comunidad
Unión Wounaan y deciden desplazarse
hacia el municipio de Istmina.
De acuerdo a algunas versiones, toda
la población no logra llegar al lugar de
destino debido a las dificultades para
el transporte por desabastecimiento de
gasolina y la escasez de recursos para
acceder a ella, y según otras fuentes,
las comunidades deciden dejar en el
territorio parte de la población para
cuidar de los enseres, cultivos y animales,
quedando éstas en un estado
de mayor vulnerabilidad debido a las
dificultades para la consecución de alimentos
por el miedo y las restricciones
en el territorio.
El 1° de abril se realiza una reunión en
el municipio de Istmina con la participación
de líderes de los cabildos mayores
del municipio, delegados de la
OREWA, el Obispo y otros delegados
de la Diócesis de Istmina – Tadó, junto
con miembros de organizaciones de
Derechos Humanos, el Defensor Comunitario,
el Personero y el Secretario
Municipal de Istmina y el Secretario del
Medio San Juan, donde se pone en
conocimiento la situación vivida por las
comunidades y se pone de manifiesto
el deseo de desplazamiento de las cin-

14
RUT Informa
A su llegada comienzan a ser acompañados
de manera directa por la Oficina
de ACNUR y UNICEF de Quibdó
y la Diócesis de Istmina – Tadó a través
de la Pastoral Social. Se ubican
en 5 albergues, 2 casas, una sede de
la Defensa Civil y de la IPS- Phakermia
y la otra de la OREWA, y 3 albergues
construidos cerca de éstas con apoyo
de la UNICEF, la Pastoral Social, la
Alcaldía de Istmina y Acción Social.
co comunidades, compuestas por
1.748 personas de 344 núcleos familiares,
hacia las cabeceras municipales
en busca de protección y apoyo de
las organizaciones gubernamentales y
organismos humanitarios. Se concierta
una visita de verificación sobre el
estado de las comunidades y se convoca
a un Comité Extraordinario de Atención
a la población desplazada para el
día 3 de abril, teniendo en cuenta un
plan de contingencia para la atención
de la población en materia de alojamiento
en albergues, alimentación y
salud.
Es así como entre los días 3 al 5 de
abril de 2006, llegan en situación de
desplazamiento al municipio de Istmina
un vasto grupo de personas, al menos
738 * personas, entre ellos niños, niñas,
jóvenes y adultos mayores, mujeres y
hombres, quienes hacen parte del pueblo
Wounaan asentado en inmediaciones
del Río San Juan, entre los municipios
de Istmina y Medio San Juan,
procedentes de 5 comunidades, que
suman cerca de 1.800* personas, que
ocupan dos resguardos indígenas.
SITUACIÓN ACTUAL Y AYUDAS
RECIBIDAS
El pueblo Wounaan tiene un gran sentido
de unidad familiar, de hecho la preocupación
de la población en situación
de desplazamiento forzado son las
personas que quedaron en las comunidades
por que no pudieron salir de
allí y que “la están pasando difícil, no
pueden ir muy adentro a buscar la comida”,
de acuerdo a las palabras de
uno de sus líderes.
Hacen presencia la organización internacional
Médicos Sin Fronteras de
Bélgica durante las primeras semanas,
prestando atención en salud a los indígenas
en situación de desplazamiento
forzado, servicio que luego comienza
a ser coordinado y queda bajo responsabilidad
de ser “suministrado” por
el Hospital local, e igualmente la OPS
con el suministro de filtros para el agua
para disminuir el riesgo de enfermedades
digestivas.
El CICR - Acción Social han proveído
alimentos en la etapa de emergencia,
los cuales no son suficientes pues en
promedio las familias están compuestas
de entre 5 y 8 personas, sin contar
que las raciones entregadas contienen
alimentos que no son de uso común
para estas comunidades, como el fríjol
y la lenteja, las cuales han generado
problemas digestivos, especialmente
en los menores. Lo que se une a la
imposibilidad de acceder a productos
de uso frecuente en su dieta
alimentaria como la papachina, el ba-
DESAFÍOS PARA CONSTRUIR NACIÓN
El País ante el desplazamiento, el conflicto armado y la crisis humanitaria 1995 - 2005
Es este el título de la nueva investigación sobre población en situación de desplazamiento realizada por la Sección
de Movilidad Humana del SNPS de la Conferencia Episcopal de Colombia, con el fin de conmemorar los 10 años
de la publicación de la primera investigación sobre el tema. Consulte el texto completo de la investigación en la
página de ACNUR: http://www.acnur.org/pais/docs/1264.pdf o http://www.disaster-info.net/desplazados en la
casilla “Publicadores”

RUT Informa 15
nano, la caña, por la ausencia de
los cultivos y de recursos económicos
que faciliten la compra de
estos.
Las comunidades fueron acompañadas
también en los componentes
de educación y recreación
para los menores de edad y cursos
no formales para la población
adulta, como manipulación de alimentos,
por parte los Hermanos de La
Salle.
A mayo 31 de 2006, de acuerdo a un
censo rápido realizado por ACNUR -
UNICEF con el apoyo de la Pastoral
Social, con el fin de aportar al desarrollo
oportuno de acciones urgentes en
salud, saneamiento básico, educación
y apoyo psicoafectivo, que para los menores
de edad esto fue a través del
programa Retorno de la Alegría, se
encontró que en el municipio de
Istmina se hallaban alrededor de 112
familias del pueblo Wounaan en situación
de desplazamiento forzado,
distribuidas de la siguiente manera:
(Tabla 4)
Tabla 4
En los albergues, a la fecha del
censo anteriormente mencionado,
se encuentran 9 personas con tuberculosis
(TBC) y otro número sin
especificar con neumonía, 39 menores
fueron detectados con déficit
nutricional por el Hospital a través
de consulta externa y otros 11
menores con varicela, ésta última
de gran riesgo para las mujeres
gestantes residentes en los albergues.
Lo más complejo de la situación
es que tales problemas de salud
pueden ser prevenibles, si se
toman las medidas pertinentes,
pero que pueden propagarse fácilmente
en tanto no se desarrollen acciones
para su control.
Todo lo anterior es indicador de las
condiciones precarias de la población
y la ausencia de programas preventivos
a nivel de salud y de seguridad
alimentaria, que les permitan llevar un
estilo de vida digno y saludable. Aquí
la intervención de las instancias estatales,
que deben atender la problemática,
no ha sido suficiente, se ha limitado
a la espera de la consulta/demanda
por parte de los indígenas enfermos
en las instalaciones del hospital local,
dando posibilidad al avance e incremento
de enfermedades entre
los indígenas ubicados en los albergues.
De hecho, 3 menores
murieron mientras estaban en los
albergues y 2 personas adultas
fueron remitidas a Quibdó para
ser atendidas en un hospital de
segundo Nivel, sin contar que los
dolores de cabeza, en la garganta
y el cuerpo, la fiebre y la diarrea
son molestias generalizadas en la
población en situación de desplazamiento.
RETORNO DE MIEMBROS DE LAS
COMUNIDADES EN SITUACIÓN
DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
Durante la última semana del mes de
mayo al menos 230 * personas de las
comunidades de San Cristóbal y Unión
Wounaan retornaron. “Nos fuimos por
que no estábamos bien aquí… de primera
vez uno se asusta, el problema
(tal vez) no sea el último… vamos a
trabajar la resistencia, no podemos
salir de nuestro territorio” son las
palabras de un miembro de las comunidades,
que recibieron el apoyo
de instancias gubernamentales
en combustible para que retornaran
y el compromiso de enviar las
ayudas a las comunidades de origen
después de retornar al territorio.
El 9 de junio retornó el resto de la
población, a razón de las condiciones
precarias en que estaban en
el municipio de Istmina y en la espera
de que los acuerdos establecidos
sobre la ayuda alimentaria,
educación (nombramiento de docentes
para las comunidades) y
salud (asignación de promotores
de salud) sean cumplidos después
*
Cifras según líderes de las comunidades Wounaan en situación de desplazamiento forzado.

16
RUT Informa
de su retorno, a pesar de la desconfianza
de esta por las experiencias previas
en las que se han pactado compromisos
que luego no han sido cumplidos
por las instituciones de carácter
gubernamental.
NECESIDADES Y BÚSQUEDA DE
SOLUCIONES
El territorio para las comunidades del
Pueblo Wounaan, como para todas las
comunidades indígenas, es fundamental
para su desarrollo vital: de él se proveen
y a él deben la vida. Por ello desde
el inicio concibieron el retorno como
la mejor opción, sólo que carecen de
condiciones de seguridad y medios
para vivir dignamente y permanecer en
éste.
Derechos como la salud, la educación
y la seguridad alimentaria hacen parte
de sus necesidades. Sus niños y jóvenes
requieren de docentes nombrados
por la Secretaría de Educación para
que permanezcan de manera continuada
en las comunidades. Igualmente,
las comunidades del Medio San
Juan señalan que requieren de programas
de salud para prevenir enfermedades,
pues las entidades locales solo
hacen presencia una o dos veces al
año con jornadas de vacunación, lo
cual no es suficiente, si se tiene en
cuenta que deben desplazarse por el
río entre 4 y 5 horas para llegar al casco
urbano para recibir atención médica
de primer nivel.
Igualmente han contemplado realizar
una Asamblea con delegados de todas
las comunidades a finales del mes de
junio para decidir conjuntamente, entre
los cabildos y las comunidades en
general, las acciones a realizar para
poder permanecer en el territorio, mantener
sus formas organizativas y desarrollar
su proyecto colectivo como
pueblo indígena, independiente a la
organización indígena que esté inscrita
la comunidad, sea NOMAM o
ASIVA.
Las comunidades solicitan condiciones
de seguridad, a través del fomento a
la economía, la inversión en salud y
educación y la presencia de instancias
Tabla 5
civiles del gobierno, que promuevan el
desarrollo de las comunidades, más
que la presencia de las fuerzas armadas,
que generan en los pobladores
temor de que se den enfrentamientos
que generen la pérdida de vidas humanas
y nuevos desplazamiento forzado.
(Tabla 5)
CARACTERIZACIÓN
DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA
La encuesta del Sistema Rut se aplicó
a 89 familias (469 personas) de las
comunidades Wounaan entre los días
2 al 5 de junio, con apoyo de personas
delegadas por parte de los gobernadores
de los cabildos de las comunidades
desplazadas y voluntarios de las
mismas. Tal muestra corresponde a un
79,4% de la población indicada por el
censo de ACNUR – UNICEF - Pastoral
Social de la Diócesis de Istmina –
Tadó, elaborado el día 31 de mayo de
2006. De acuerdo a la información de
los líderes sobre el número de personas
en situación de desplazamiento
(738 personas) en Istmina se logró
abarcar con la encuesta un 63,5% del
total la población. Si bien la encuesta
no cubrió el total de la población
Wounaan desplazada, permite tener
un aproximado sobre su situación después
de su desplazamiento.
De otro lado no cuentan con suficientes
recursos para ampliar o mantener
sus cultivos, las herramientas para labrar
la tierra son limitadas y los animales
para el consumo se hallan en el
“monte” o zonas de reserva, espacio
al cual se sienten limitados para ingresar
después de los hechos que motivaron
su desplazamiento.
Tabla de población en situación de desplazamiento forzado según diferentes fuentes:
ACNUR–UNICEF - Pastoral Social, Líderes de las Comunidades Wounaan y Sistema
Rut de Información)

RUT Informa 17
De acuerdo a la encuesta Rut la población
por comunidades está distribuida
de la siguiente forma: 36 familias
con 174 personas de Macedonia, 23
familias con 121 personas de Unión
Chocó, 12 familias con 72 personas
de Olave, 11 familias con 58 personas
de Unión Wounaan y 7 familias con 44
personas de San Cristóbal. (Gráfica 1)
Gráfica 1
Composición familiar,
género y edad
En las 89 familias se observó que la
jefatura familiar está representada en
un 88% (78 personas) por hombres y
un 12% (11 personas) por mujeres,
siendo la comunidad Unión Chocó la
que posee mayor número de familias
(5) con jefatura femenina. En pocos
casos se comparte la vivienda con
otros familiares como padres/suegros
(6) y nietos (8); para el primer caso la
acogida se da cuando las mujeres han
quedado viudas y, en el segundo,
cuando las hijas mujeres son madres
solteras.
Gráfica 2
De acuerdo al sexo se encuentra que
el 55,4% del total de la población son
hombres (260) y el 44,5% son mujeres
(209). Si bien la tendencia es la
prevalencia de población masculina, se
encuentra que la Comunidad de San
Cristóbal es la única donde se presenta
un mayor número de población femenina
(23) en comparación a la población
masculina(21). (Gráfica 2)
La población de acuerdo a la edad se
distribuye de la siguiente manera:
menores de 2 años 51 (10,8%); de 3 a
6 años 81 (17,3%); de 7 a 13años 98
(21,0%); de 14 a 17 años 57 (12,1%);
de 18 a 45 años 145 (31%); de 46 a 64
años 27 (5,8%) y de 65 y más años 10
(2,1%). Siendo el 61% (287) de la población
menor de 18 años, lo que indica
que la población menor de edad es
la más afectada por el desplazamiento
forzado. (Gráficas 3 y 4)
Identificación civil
Gráfica 3 Gráfica 4
Con respecto a la documentación se
puede indicar que el 97% (456 personas)
de la población tiene documento
de identificación civil, el 2% (9 personas)
no los poseen y de un 1% (4 personas)
no se tiene información. De
acuerdo a las categorías, se tiene que
el 36% (170 personas) tienen cédula
de ciudadanía y el 61% posee registro
civil. Aunque es preciso anotar que al
momento de realizar la caracterización
se hizo visible que tales documentos
presentan inconsistencia en cuanto a
la escritura de nombres y apellidos e
incluso algunos apellidos no corres-

18
RUT Informa
ponden a las personas, asunto que
posiblemente se debe a las diferencias
de lengua de los miembros de los pueblos
indígenas y los empleados oficiales
cuando estos acuden a tramitar la
documentación.
Tierras abandonadas
Las tierras ocupadas ancestralmente
por las comunidades afectadas corresponde
a dos resguardos indígenas.
Uno, el San Juan o Puadó - La Lerma
– Mataré - Terdó de 12.662 hectáreas
(Resolución 039/86) ocupado por las
comunidades Olave, Unión Wounaan
y Macedonia, y el segundo, el Resguardo
Unión Chocó y San Cristóbal, ocupado
por las comunidades con el mismo
nombre, de 21.400 hectáreas (Resolución
036/84).
Si bien no es pertinente señalar en términos
legales que las tierras fueron
abandonadas, pues “nadie puede
apropiársela” en tanto son de titulación
colectiva, es preciso señalar que el territorio
poblado por las cinco comunidades
afectadas no puede ser disfrutado
plenamente por la población para
obtener de él los medios de subsistencia,
ante las restricciones existentes
tanto para la población que aún permanece
en el territorio como para la
población en condición de desplazamiento
forzado que es el 40%
(738 personas) del total de la población
indígena residente en el
Medio San Juan, la cual se estima
es de un total aproximado de 1.850
personas.
La población indígena le asigna un
gran valor a la tierra, tiene una relación
especial con ella, por ella y
de ella se vive. Por eso la mayoría
(el 92% equivalente a 428 personas)
de la población en situación
de desplazamiento forzado desea
retornar y solo un 7% (34) manifiesta
interés en permanecer en el casco
urbano y el otro 1% (7) al momento
de la entrevista no tenía decidido
si retornar o permanecer.
Situación de salud
Posteriormente al desplazamiento forzado
el 51,2% (240 personas) ha padecido
alguna enfermedad, siendo las
enfermedades respiratorias (18%) y
digestivas (11%) las que se dan con
mayor frecuencia en la población. En
tercer lugar aparecen otras enfermedades
(9%), en las cuales fueron incluidas
las personas enfermas de tuberculosis
(TBC), varicela y neumonía
al momento de llevar a cabo la encuesta
del Sistema Rut.
Las comunidades de Macedonia (105
personas) y Unión Wounaan (35 personas)
son las que presentan un mayor
número de población enferma: el
60% del total de sus miembros en situación
de desplazamiento; lo cual
Gráfica 5
puede obedecer a las condiciones de
los albergues y el hacinamiento existente
en estos.
Escolarización
y nivel de escolaridad
Solo el 40% (73 niños y niñas) de la
población en edad escolar que asistía
a clases en las comunidades se mantiene
escolarizada después del desplazamiento.
El otro 60% (108 personas)
perdió todo vínculo educativo por su
condición de desplazamiento, con la
agravante que las comunidades no
cuentan con docentes vinculados o
contratados de manera permanente
por la Secretaria de Educación Departamental
a pesar de que existen en las
comunidades docentes con título de
normalistas. Sin contar que dos docentes
que prestaban apoyo a la labor
educativa fueron asesinados y otros
quedaron bajo la condición de desplazamiento
junto con sus familias.
En cuanto al nivel de escolaridad un
53% (248 personas) de la población
desplazada ha culminado estudios de
primaria, con una variación del 11,3%
entre hombres y mujeres, teniendo los
primeros un mayor nivel de escolaridad.
Solo un 9% (44 habitantes) ha
concluido la secundaria, en su mayoría
hombres (36). Lamentablemente
el 30% de la población no ha
asistido a la escuela, teniendo los
mayores índices de analfabetismo
las comunidades de Unión Chocó
36% (44) y Macedonia 28% (50).
(Gráfica 5)
Ocupación
El 43,6% de la población, incluyendo
hombres y mujeres, se dedicaban
a la agricultura antes del desplazamiento;
al momento de realizar
la caracterización sólo el 0,35%
indicó poder dedicarse a la agricultura.
Por consiguiente el número de
personas en edad productiva sin

RUT Informa 19
trabajar después del desplazamiento
pasó a ser del 67,6% (192). Las personas
con ocupaciones que dependen
de recursos externos a las comunidades
(2,81%), como docentes, funcionarios
públicos y servicios técnicos,
continuaron conservando su ocupación
después del desplazamiento forzado.
(Tabla 6)
Gráfica 6
Ayuda humanitaria e instituciones
que brindaron ayuda
Mas del 50% de la población reconoce
haber recibido las siguientes ayudas:
alimentos, 93,60% (439); colchonetas,
87,63% (411); elementos de
aseo, 85% (399); alojamiento, 75,69%
(355); elementos de cocina, 61,19%
(287), y atención en salud, 58,64%
(275). Otras ayudas como transporte,
medicinas, consecución de documentos,
educación y vestuario fueron recibidas
en menor escala.
Hasta el momento de la entrevista, en
las ayudas recibidas por las familias
en situación de desplazamiento en el
municipio de Istmina estuvo ausente
el componente de apoyo psicosocial.
Y solo un 2,35% (11) manifestó no haber
recibido ayuda alguna. (Gráfica 6)
Más del 50% de la población reconoce
el apoyo recibido por ACNUR,
UNICEF, la Pastoral Social de la Diócesis
de Istmina–Tadó, el Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR),
Acción Social y otras ONGs, como
Médicos sin Fronteras y la Organización
Panamericana de la salud (OPS).
Después de las instituciones humanitarias,
son reconocidas las ayudas de
parte de conocidos y familiares
(25,37%) y otros entes (19%) como la
OREWA y las alcaldías, especialmente
en apoyo con combustible, durante
el desplazamiento y para el retorno de
algunas familias. (Tabla 7)
Tabla 7
Gráfica 7
Necesidades
La población manifiesta diferentes necesidades,
entre ellas: alimentación
(99,36%), implementos de cocina
(86,35%), dinero (83,80%), elementos
de aseo (83,58%), atención en salud
(79,53%), educación (70,15%) y trabajo
(69,87%). Si bien se han recibido
estas ayudas, la población las considera
insuficientes. El apoyo psicosocial
es considerado como una necesidad
por parte del 14,71% (69). (Gráfica 7)
Instituciones que brindaron apoyo a la población
en situación de desplazamiento forzado
Ocupación de las personas ANTES y
DESPUÉS del
Tabla 6 desplazamiento forzado

20
RUT Informa
III. CONCLUSIONES
Ante la situación de desplazamiento
forzado de las cinco comunidades
del Pueblo Wounaan del Medio
San Juan y el riesgo de desplazamiento
de otras comunidades
indígenas y afrodescendientes ubicadas
en las orillas del río San
Juan se puede señalar:
• Es innegable la violación de los
derechos fundamentales de las
comunidades indígenas del Pueblo
Wounaan del Medio San Juan
por parte de actores armados,
quienes asesinaron dos maestroslíderes
de las comunidades Unión
Chocó y Unión Wounaan, además
de pretender controlar la población
y hacer uso de sus territorios para
beneficios económicos y militares.
La vida, don de Dios, y su integridad
física y moral han sido vulneradas.
La población clama por el
respeto a su territorio como único
medio de subsistencia y bien fundamental
dentro sus planes y proyectos
como comunidad, además
de la observancia a su autonomía,
reconocida constitucionalmente.
• La presencia del Estado, en tanto
garante de la integridad y seguridad
de la población, en las comunidades
indígenas sigue siendo
mínima. Los recursos que se disponen
para la atención de la población
indígena son escasos, además
de centralizados. Las comunidades
demandan mayor inversión
en salud y educación a través
de la asignación de docentes y promotores
de salud permanentes,
como un medio necesario para el
desarrollo y pervivencia de las comunidades
indígenas. Éstas ven
con temor la presencia de las fuerzas
armadas en sus territorios por
el temor a enfrentamiento armados
en sus territorios.
• El mayor esfuerzo en la atención
y el acompañamiento lo han
realizado organismos humanitarios
y la Pastoral Social de la Diócesis
de Istmina–Tadó, siendo poco visible
la acción de los organismos
y entes de protección de los derechos
humanos para la defensa de
la población en situación de desplazamiento,
más aún cuando está
de por medio la vida, en especial
de un número significativo de menores
con déficit nutricional, sin tener
en cuenta que durante el tiempo
de desplazamiento tres menores
fallecieron por enfermedades
“acrecentadas” por su estado de
desnutrición.
• De poco sirven los planes de
contingencia elaborados por las
instancias a quienes compete la
atención a la población en situación
de desplazamiento forzado, si
no hay disponibilidad de recursos
para la atención de emergencia y
la estabilización socioeconómica y
la voluntad política de atender a la
población conforme lo estipula la
ley. La población indígena, y más
aún en condición de desplazamiento,
forzado merece atención
de calidad y diferencial conforme
a sus condiciones sociales, culturales
y económicas.
• La atención humanitaria de
emergencia a la población en situación
de desplazamiento forzado
debe proveerse de manera adecuada
y suficiente, teniendo en
cuenta sus necesidades y costumbres.
En el caso de las comunidades
del Pueblo Wounaan en situación
de desplazamiento, el paquete
de alimentos entregados a la población
contiene productos que no
son de uso frecuente para ellas,
como el fríjol y la lenteja, los cuales
ocasionaron la aparición de

RUT Informa 21
enfermedades de tipo digestivo,
sin contar que la cantidad de estos
no es suficiente si se considera
que los grupos familiares cuentan
con un promedio de cinco personas.
• Las formas de atención y acompañamiento
a las comunidades indígenas,
en lo referente a salud y
educación, deben brindarse acorde
con las necesidades y costumbres
de la población, superando las
barreras culturales y de idioma. No
deben ser objeto de discriminación
alguna por su origen (etnia) y su
condición de desplazamiento forzado.
• El retorno sólo debe apoyarse
en tanto existan condiciones de seguridad
y los medios necesarios
para que la población desplazada
pueda desarrollar su forma de vida
y de subsistencia habitual, cerciorándose
de que cuenten con los
medios y recursos para su restablecimiento.
Es indispensable que
se desarrollen estrategias en materia
de seguridad alimentaria para
que las comunidades indígenas
puedan mejorar su calidad de vida
y se superen los niveles de déficit
nutricional, en especial en la población
infantil, y las enfermedades
asociadas a éste.
• Deben darse a conocer y poner
a consideración los proyectos económicos
o de desarrollo por parte
del gobierno a las comunidades indígenas
antes de tomar decisiones
sobre estos. Es indispensable que
se evalúen los impactos de estos
sobre las comunidades, sus bienes
y formas de relación con el territorio
que habitan. Algunos
megaproyectos, como la explotación
de hidrocarburos que se encuentra
actualmente en la etapa de
exploración y concertación, indudablemente
inciden sobre los proyectos
de las comunidades del
ARTÍCULOS DE INTERÉS
Pueblo Wounaan y su territorio,
puesto que afectan el entorno, del
cual se proveen de recursos para
su subsistencia.
§ http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=37110 - COLOMBIA: Indígenas
huyen de asesinatos de las FARC, Bogotá, 6 abr (IPS).
§ http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?
cid=3397 - Colombia/Indígenas Wounaan continúan desplazándose, Redacción,
Actualidad Étnica, Bogotá. Abril 7 de 2006
§ http://www.onic.org.co/nuevo/noticias.shtml?x=146 - Botes repletos
de indígenas wounnan seguían llegando ayer a Istmina (Chocó
§ http://www.elcolombiano.terra.com.co/BancoConocimiento/G/
guerra_acosa_a_indigenas_acnur/ guerra_acosa_a_indigenas_
acnur.asp?CodSeccion=7 - Guerra acosa a indígenas: ACNUR, Por Javier
Arboleda García
§ http://www.elcolombiano.terra.com.co/BancoConocimiento/I/
invierno_agravo_destierro/invierno_agravo_destierro.asp?CodSeccion=7
- Invierno agravó destierro. El invierno y la tuberculosis...
§ Informe de crisis humanitaria en el San Juan, Baudó y Costa Pacífica.
Diócesis de Istmina–Tadó. 2006
§ Informe de Derechos Humanos en el Medio Atrato. En: www.choco.org
§ Panorama actual del Chocó. Observatorio del Programa Presidencial
de Derechos Humanos y DIH. Documento PDF.
§ La problemática social del Pacífico. EN: http://tdg-pacifico.org/
documento3.htm

22
RUT Informa
PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCIÓN
DESPUÉS DEL RETORNO
Después de creada por
Monseñor Alonso Llano,
Obispo de la Diócesis de
Istmina-Tadó, la Comisión Vida, Justicia
y Paz ha venido en la medida de
sus capacidades acompañando a las
Comunidades indígenas en situación
de desplazamiento forzado una vez
éstas acuerden con la Acción Social
su retorno, retorno sin las condiciones
suficientes para la estabilidad y restablecimiento
de los derechos fundamentales,
económicos sociales y culturales
de las comunidades afectadas. En
tales visitas se ha contado con la compañía
de otras organizaciones como la
Defensoría del Pueblo y la ACNUR,
en aras verificar las condiciones de
estas y diseñar y definir acciones de
acompañamiento desde la Iglesia
Diocesana
Durante el tiempo de desplazamiento
de las comunidades indígenas en la
ciudad de Istmina, UNICEF hizo presencia
apoyando asuntos de saneamiento
básico, seguridad alimentaria
y apoyo psicosocial. Igualmente, luego
del retorno de las comunidades a sus
territorios realizó acciones de acompañamiento
en estas, dedicando ente
5 – 10 días por comunidad, con acciones
de apoyo psicosocial y de alimentación
para los niños-as de las comunidades.
También es importante señalar el
apoyo y acompañamiento permanente
de las Hermanas Lauritas, quienes
desde hace varios años hacen
presencia en la región, con un Centro
Pastoral y Puesto de Salud en
Noanamá, quienes después del retorno
de las comunidades deciden
trasladar una de sus religiosas para
fortalecer el componente educativo y
proyectos de sostenibilidad (estanques
de peces, siembra de plantas
medicinales y horno de panadería) en
la comunidad de Unión Wounaan,
comunidad referente en lo organizativo
y de ubicación/ reunión de los cabildos
indígenas de las comunidades del
Pueblo Wounaan en el Medio San
Juan .
De otra parte, el Secretariado Nacional
de Pastoral Social y el Programa
conjunto con CRS se destinaron
recursos para el proceso de atención
a las comunidades desplazadas en
Istmina y en
resistencia en los
territorios del
Medio San Juan,
los cuales han sido
invertido por la
Pastoral Social de
la Diócesis de
Istmina – Tadó en:
construcción de
un albergue y
mejoramiento de otro, compra de
medicamentos para proveer de
medicamentos básicos a las
comunidades, dotación mínima para
prácticas culturales (rogativas),
además de la entrega de alimentos
para familias en resistencia.
La Diócesis de Istmina – Tadó además
a acompañó al PMA en el transporte
y entrega de alimentos de parte con
delgados de otras instituciones, entre
ellas: Alcaldías (Istmina y medio San
Juan), Defensoría del Pueblo y Acción
Social.
Agenda de visita:

RUT Informa 23
Integrantes de la Comisión:
La Comisión de verificación y acompañamiento
estuvo integrada por Sor
Milena Mercado Sarmiento y Sor Ana
Silvia Rodríguez Acero de la Comunidad
de Hermanas Dominicas de la
Doctrina Cristiana, Hna. Consuelo de
Jesús Rico Idarraga de la Comunidad
de Hermanas Capuchinas, Hno. Jaime
Hernán Escobar Lafuente de los
Hermanos de La Salle, y por parte del
Secretariado Nacional de Pastoral Social
las señoritas Sandra Patricia
Martínez Basallo, asistente del
proyecto “Territorio e identidad cultural
en omunidades indígenas y negras“ y
Nidia María Montoya Escobar,
asistente de Movilidad Humana para
la Regional Antioquia–Chocó.
Durante los días del 21 a 25 de agosto
de 2006 el equipo en representación
del Secretariado Nacional de Pastoral
Social, la Regional de Pastoral Social
de Antioquia-Chocó, la Diócesis de
Istmina-Tadó y comunidades religiosas,
recorrió las cinco comunidades
Wounaan afectadas por el desplazamiento
forzado ocurrido en el mes de
abril, con el fin de verificar la situación
humanitaria de estas comunidades, así
como el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por las entidades
competentes de atender esta problemática.
Después de más de un mes del retorno
de las familias desplazadas a sus
comunidades de origen, que se realizó
sin acompañamiento alguno y sin
contar con las garantías de seguridad
necesarias, se encontró una situación
humanitaria bastante crítica en términos
de la prestación de los servicios
de salud y educación, así como de las
condiciones de seguridad alimentaria,
productividad e infraestructura de estas
comunidades. Asimismo se pudo
constatar el bajo nivel de cumplimiento
de los compromisos adquiridos por las
agencias estatales y otros organismos
encargados de la atención de esta
problemática.
A continuación se describe la situación
general encontrada en los sectores de
salud, educación, seguridad alimentaria
y productividad, organización
comunitaria y aspectos culturales,
infraestructura y comunicaciones, así
como el análisis de las diferentes
ayudas recibidas por las comunidades
después del retorno a su territorio.
Salud
La atención en salud en estas comunidades
es deficitaria debido a que
prácticamente algunos de los promotores
nombrados para la prestación de
este servicio tuvieron que salir de las
comunidades debido a las amenazas
que recayeron sobre ellos. Si bien otros
integrantes de la comunidad se han
capacitado en el tema, estas personas
manifiestan no estar lo suficientemente
preparadas para la administración y
formulación de medicamentos o para
el diagnóstico de enfermedades, por
lo cual las comunidades ven en la
capacitación de promotores la necesidad
más sentida en materia de salud.
De las cinco comunidades visitadas,
cuatro no cuentan con la infraestructura
física ni con los medicamentos
necesarios para la prestación del
servicio y, aunque en tres de ellas se
dispone de microscopio para la detección
del paludismo, no se cuenta con
personal capacitado para utilizarlo o no
se dispone del material reactivo para
la toma de la gota gruesa.
Entre las enfermedades más frecuentes
es preciso señalar: enfermedades
respiratorias (IRA, tuberculosis,
tosferina, bronconeumonía), cólera,
paludismo, enfermedades digestivas,
varicela, enfermedades de la piel y
ETS (condiloma, sífilis).
Respecto a la tuberculosis, la comunidad
destacó cómo la superación de
esta enfermedad requiere no sólo de
la asistencia médica y de la droga para
su tratamiento, sino también de una
dieta alimenticia especial, que es difícil
de suplir en una situación de déficit
alimentario como la que están atravesando.
También es importante señalar que la
epidemia de varicela que está afrontando
la población indígena, especialmente
la infantil, fue adquirida durante
su permanencia en los albergues que
se dispusieron en Istmina para la
atención de esta emergencia.
De otra parte, todas las comunidades
cuentan con jaibanás y tongueros, e
incluso algunas como Unión Wounaan
se encuentran en un proceso de
recuperación de la medicina tradicional,
a partir de la capacitación de los
jóvenes y de la siembra de plantas
medicinales. Sin embargo se adolece
de personas capacitadas en la
atención de partos.
Educación
La situación educativa de estas comunidades
no puede ser más difícil, ya
que el asesinato de dos maestros
motivó la salida de los profesores y
principales líderes de las comunidades.
De manera que solamente en tres de
las cinco comunidades visitadas ha
habido normalidad académica durante
el año gracias al compromiso de los
docentes, quienes han tenido que asumir
varios grados simultáneamente.
A esto se suma que actualmente la
Secretaría de Educación exige, para
el nombramiento de docentes, contar

24
RUT Informa
como mínimo con el ciclo complementario
de Educación Normal Superior, lo
cual exige la validación de estos estudios
en la ciudad de Istmina, siendo
muy difícil para los bachilleres
indígenas sufragar el pago de la
matrícula así como su manutención
durante la realización de estos estudios
en Istmina.
De otra parte, la infraestructura física
disponible es insuficiente, ya sea
porque se carece de aulas o porque la
planta física de las escuelas se
encuentra en mal estado. Además, la
dotación de pupitres, material didáctico,
implementos deportivos y
papelería es insuficiente.
No obstante la difícil situación que
atraviesa el sector educativo, las
comunidades han venido liderando
propuestas tendientes a contrarrestar
esta situación, tales como la construcción
de un Hogar Estudiantil en Unión
Wounaan, donde los jóvenes de las
otras comunidades tengan la oportunidad
de culminar los grados que no se
han abierto en sus lugares de origen.
Asimismo, se está pensando en la
posibilidad de crear los grados 10 y 11
en el Centro Educativo de esta comunidad.
Por último, se pudo observar la falta
de alternativas de ocupación para los
jóvenes de estas comunidades, siendo
alto el número de bachilleres indígenas
interesados en iniciar estudios superiores,
pero que no cuentan con posibilidades
económicas o apoyo para
hacerlo.
Seguridad alimentaria
y productividad
Al momento del desplazamiento cuatro
de las cinco comunidades visitadas
contaban con una tienda comunitaria
administrada por un comité de mujeres,
las cuales se acabaron debido a
que los víveres y recursos económicos
dejados por las mismas fueron repartidos
entre las familias que se desplazaron.
Las tiendas comunitarias cumplían
una función social muy importante
para la atención de situaciones
de emergencia, tales como el traslado
de enfermos hasta Istmina y enfrentar
otras calamidades domésticas.
La reactivación de las tiendas comunitarias
se constituye entonces en una
de las necesidades más sentidas por
las comunidades, las cuales están
requiriendo el capital semilla para
abastecerlas nuevamente de víveres,
ropa, herramientas, entre otros
enseres.
Como ya se ha señalado, estas comunidades
derivan su subsistencia de la
agricultura de pancoger, la pesca
artesanal y la caza. Sin embargo, la
falta de canales de comercialización
desestimula la producción agrícola, ya
que los altos costos de transporte de
los productos hasta Istmina reducen
sus posibilidades de competir en el
mercado. Algo similar ocurre con la
fabricación de artesanías, las cuales
no cuentan con una demanda permanente
que aliente su producción.
La pesca y la caza son actividades
cada vez más marginales, debido al
alto nivel de contaminación del río y a
la destrucción del hábitat natural de
muchas especies, causados por la
práctica de actividades económicas
ambientalmente insostenibles tales
como la explotación indiscriminada de
los recursos auríferos.
Estos factores, sumados a la pérdida
de cosechas y animales, que se
produjo con el desplazamiento,
configuran una situación bastante
crítica para estas comunidades en
términos de las fuentes de subsistencia
y de ingresos, así como de la seguridad
alimentaria, especialmente de la
población infantil. Con relación a este
último aspecto, las comunidades ven
en la instalación de hogares de
bienestar familiar una alternativa para
mejorar las condiciones nutricionales
de los niños.
Por otro lado, algunas comunidades
cuentan con proyectos productivos
colectivos, tales como trapiches,
estanques piscícolas y cultivos
comunitarios, pero algunos de ellos no
se han podido poner en marcha debido
a que la maquinaria se encuentra en
mal estado o a la falta de materiales
de trabajo (mallas, angeos, semillas,
entre otros).
Organización Comunitaria
y aspectos culturales
Uno de los principales impactos que el
desplazamiento ha tenido sobre el
pueblo Wounaan ha sido la limitación
al ejercicio de la gobernabilidad y de
la autonomía por parte de las
autoridades étnicas, ya que el
asesinato de los maestros implicó la
salida de los docentes y promotores
de salud, impidiendo la prestación de
estos servicios y creando un clima de
zozobra e incertidumbre entre las

RUT Informa 25
comunidades, debido a las amenazas
que recaen en sus principales líderes.
Resulta especialmente significativo
que, frente al conflicto armado, las
comunidades indígenas hayan
desarrollado diferentes estrategias de
resistencia que les han permitido
contrarrestar el impacto del
desplazamiento. Fue así como al
producirse el asesinato de los
docentes, las cinco comunidades se
reunieron en Unión Wounaan con el
fin de acordar estrategias para el
afrontamiento de esta situación,
conviniendo la salida de una parte de
las comunidades y la permanencia de
la otra para resguardar el territorio y
los bienes de las familias que salieron.
De ahí que se haya decidido distribuir
las ayudas recibidas entre la totalidad
de las familias y no sólo entre aquellas
que se desplazaron, ya que el pueblo
Wounaan considera que el conflicto
afecta a las comunidades en su
conjunto y no sólo a la población en
situación de desplazamiento.
Otra manera de afrontar el conflicto ha
sido la recuperación de la cultura
propia a través de la reactivación de
rituales como las rogativas o ruegos,
las danzas y la medicina tradicional,
que han servido como dispositivos
para mantener la cohesión social y la
solidaridad entre los indígenas.
No obstante, algunas de estas comunidades
carecen de los medios necesarios
para la celebración de estas
ceremonias, siendo necesarias la
ampliación de los tambos comunitarios,
la adquisición de la tela para la fabricación
de la indumentaria tradicional y
la alimentación de las personas
encargadas de practicar estos rituales.
En cuanto al manejo y administración
territorial, las comunidades cuentan
con reglamentos internos que
propenden por el manejo sostenible de
los recursos naturales a través de la
regulación del corte de maderas, de la
prohibición del envenenamiento y del
uso de dinamita y barbasco como
métodos de pesca así como de la
utilización de lazos para cazar. Para la
aplicación de estos reglamentos las
comunidades han zonificado sus
territorios de acuerdo con los diferentes
espacios de uso existentes, sean estos
sitios sagrados (cementerios), zonas
de reserva forestal, zonas de veda para
la caza y caminos de cacería, espacios
de uso familiar para la siembra de los
cultivos de pancoger, entre otros.
Desde el punto de vista organizativo,
estas comunidades se encuentran en
un proceso de unificación a través de
la creación de la Asociación de
Autoridades Tradicionales Indígenas
del Medio San Juan, proceso que ha
permitido ampliar la representatividad
de las comunidades. Uno de los
proyectos de la naciente organización
es precisamente la formulación de un
Plan de Vida específico para estas
comunidades, que actualmente se
encuentran cobijadas por el Plan de
Vida de la Organización Regional
Indígena Embera Wounaan - OREWA.
A pesar del fortalecimiento organizativo
en el que vienen trabajando los
Wounaan, se considera necesaria la
capacitación en temas como
jurisdicción especial indígena y
legislación, así como en contabilidad
y sistemas, con el fin de mejorar la
capacidad de gestión de los cabildos.
Por último, es importante señalar que
los dos resguardos tienen procesos de
saneamiento pendientes y que el
resguardo de Puadó - La Lerma -
Mataré - Terdó (que cubre las comunidades
de Olave, Unión Wounaan y
Macedonia) se encuentra en proceso
de ampliación. Sin embargo, la
dilatación en la respuesta de Incoder
ha hecho que las autoridades indígenas
desistan de estos procesos.
Infraestructura y comunicaciones
A excepción de una, todas las
comunidades cuentan con servicio de
acueducto. Sin embargo, adolecen de
tanques suficientes para el depósito de
agua.

26
RUT Informa
En cuanto al servicio de energía eléctrica,
tres de las comunidades visitadas
cuentan con planta eléctrica pero en
mal estado, una posee planta nueva
pero no le ha sido posible instalarla
debido a la carencia de las redes eléctricas,
el cableado y los portalámparas,
y la otra, no dispone de esta planta.
El transporte de estas comunidades
hacia Istmina es bastante difícil, sea
porque los botes y motores de los que
ellas disponen se encuentran en mal
estado, sea porque el precio de la
gasolina incrementa ostensiblemente
los costos de transporte.
Por último, todas las comunidades
cuentan con servicio telefónico a través
de cabinas Compartel.
Presencia institucional
Después del retorno de las familias a
sus comunidades de origen han hecho
presencia en estas comunidades: el
Programa Mundial de Alimentos
(PMA), UNICEF, Agencia Presidencia
de Acción Social, Médicos sin Fronteras
y Organización Panamericana de
la Salud (OPS), las cuales han suministrado
apoyo alimentario y nutricional
(víveres, gallinas ponedoras y
semillas), herramientas de trabajo,
atención en salud y filtros para el agua,
respectivamente.
No obstante, se presentaron algunos
inconvenientes con la entrega de estas
ayudas, tales como la pérdida de
víveres y herramientas, debido a las
difíciles condiciones climáticas y de
acceso a las comunidades, así como
a la falta de acompañamiento por parte
de las entidades donantes para
garantizar la llegada de la totalidad de
las ayudas suministradas a sus
beneficiarios.
Por otro lado, aún no se le ha dado
cumplimiento a los acuerdos establecidos
en materia de salud y educación,
en lo que se refiere al nombramiento
de docentes y promotores de salud
para estas comunidades.
- A partir del recorrido efectuado,
se pudo evidenciar la situación
de pobreza de estas comunidades,
que, si bien se vio agravada
y visibilizada con el desplazamiento
forzado, es producto de
la atávica marginalidad y
abandono estatal del Pueblo
Wounaan. Un ejemplo de ello es
el incumplimiento de los compromisos
referidos al nombramiento
de docentes y promotores de
salud adquiridos por las entidades
estatales con las familias
desplazadas durante su permanencia
en los albergues de
Istmina.
- El recorrido de distintas comunidades
permitió visualizar marcadas
diferencias en términos del
grado de fortalecimiento organizativo
de las autoridades indígenas,
ya que, si bien las condiciones
de vida son difíciles para
todas, éstas son más llevaderas
cuando las comunidades se
mantienen organizadas y unidas.
Es el caso de Unión Wounaan,
que viene liderando procesos de
recuperación cultural, adecuación
y construcción de infraestructura
comunitaria y proyectos
productivos, que benefician no
sólo a sus integrantes sino
también a los de las comunidades
indígenas de la zona.
- La experiencia de estas comunidades
antes, durante y después
del desplazamiento, evidencia
que los pueblos indígenas asumen
formas particulares de
afrontar esta problemática, que
requieren asimismo, una atención
diferencial por parte de las
entidades competentes.
CONCLUSIONES
- Así entonces, el desplazamiento
de los wounaan a la ciudad de
Istmina fue el resultado de una
acción concertada entre los
miembros de las diferentes
comunidades, que internamente
acordaron la salida de algunas
familias y la permanencia de
otras en el territorio, a fin de
resguardar los bienes familiares
y colectivos.
- Del mismo modo, el retorno al
territorio fue una decisión
colectiva y las ayudas recibidas
fueron distribuidas entre la
totalidad de las familias, bajo la
consideración de que el
desplazamiento tuvo el mismo
impacto entre todos los
integrantes de las comunidades.
- Asimismo, con el desplazamiento
se reactivaron mecanismos
de resistencia consistentes
en la recuperación de las tradiciones
culturales, que operan
como dispositivos para mantener
unida a la comunidad para
afrontar situaciones adversas
como el conflicto armado.

RUT Informa 27
Haciendo Memoria 1 ...
...“Se debe añadir que la situación para el retorno de comunidades indígenas y afrocolombianas desplazadas
resulta difícil, ya que los territorios abandonados son utilizados frecuentemente como zonas de tránsito por parte
de los grupos armados ilegales, lo que implica la posibilidad de que los líderes y la comunidad organizada sea
nuevamente amenazada. A su vez, no se descarta la posibilidad de la existencia de campos minados y de cultivos
ilícitos en estas zonas, lo cual generaría un riesgo adicional a la integridad física de la población civil” 2 .
Lo que evidenciamos en este ejercicio de aproximación al fenómeno de desplazamiento, su atención y los procesos
de retorno, es que, en relación a éstos últimos, los registros no se han hecho rigurosamente, por lo que las cifras de
estos retornos están por precisarse...
En los cuadros presentados, están resumidos los registros realizados por la
Diócesis de Quibdó y los datos de Acción Social... Las mismas comunidades
han decidido retornar, sin acompañamiento, sin garantías para el
restablecimiento en sus lugares de origen.
En el cuadro comparativo, que elaboramos sobre los datos que tiene Acción
Social, se puede establecer que no tiene realmente un registro actualizado de
los retornos y mucho menos de la reubicación de la población que ha sufrido el
fenómeno de desplazamiento en esta década.
Son muchas las actas que se conservan en los archivos de las organizaciones
étnico-territoriales, sociales de base y de la población en situación de
desplazamiento, de las reuniones interinstitucionales donde se planean los
retornos y se construyen de manera organizada y coordinada planes de
restablecimiento, pero que a la hora de concretar, han sido acuerdos incumplidos
y se provee sólo lo básico como es el
transporte de las familias y la alimentación
del primer mes. Han sido las propias
comunidades quienes con el apoyo de los organismos y agencias de la
cooperación internacional, han buscado alternativas para permanecer en sus
territorios, pese a que continúan las condiciones de riesgo y de bloqueo económico.
En testimonio de acompañantes y de los mismos desplazados, los “retornos no
han sido con dignidad,” pues no se cumplen con las condiciones y estándares
mínimos según la ley para los retornos, como son: vivienda digna, seguridad
alimentaria, salud y educación aseguradas. En la actualidad, si retomamos la
caracterización realizada por ACNUR y Defensoría del Pueblo sobre la situación
de los desplazados en Quibdó, ese balance no se aleja mucho de la realidad que
viven las comunidades rurales, de manera más infrahumana.
Haciendo un balance de las comunidades retornantes entre indígenas y negros
del área rural, realmente son muy pocas las que cuentan con escuela y maestros,
puestos de salud con sus promotores y la dotación necesaria para sus
actividades. En el tema productivo, se han entregado algunos insumos y
herramientas, pero al no ver un programa establecido con seguimiento y apoyo
técnico, muchas de esas iniciativas fracasan.
1
Textos tomados del documento “Haciendo Memoria – 10 años del Desplazamiento Forzado Interno en el Chocó (1996-2006) – Cátedra virtual
sobre Desplazamiento Forzado”, resultado de un esfuerzo conjunto de la Universidad Tecnológica del Chocó, la Diócesis de Quibdó, la Fundación
Universitaria Claretiana, la Universidad Nacional de Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
2
SUR, Red de Solidaridad Social. Observatorio del programa presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

Informa Informa Informa
Financiación de
Catholic Relief Services
USCC
Haciendo Memoria: 10 años del desplazamiento forzado
interno en el Chocó (1996-2006)
CÁTEDRA VIRTUAL
SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS-ACNUR
Asesoría Técnica de la
Organización Internacional para las
Migraciones
OIM
PROGRAMA DE INICIATIVAS UNIVERSITARIAS PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA
DIÓCESIS DE QUIBDÓ