PROYECTO ANTICORRUPCIÓN Nº 39 - Julio de 2014

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12 12 De esta redacción se puede colegir que el interés estatal a proteger tiene que ver con el poder político (o de gestión de intereses) con que cuentan los funcionarios públicos y con la prohibición explícita de que obtengan algún beneficio indebido en razón de dicho poder. En términos más específicos, lo incompatible de una negociación radica en que esta tiene como razón de ser el interés particular del funcionario, en detrimento del interés general y de los principios que de ello se desprenden, como por ejemplo, la transparencia en los contratos y operaciones comerciales donde el Estado actúa como parte. Así, parece lógico afirmar que el bien jurídico protegido (protegido del interés privado de los funcionarios públicos) es la objetividad y legalidad de los contratos u operaciones comerciales que la Administración lleva cabo. II. Conducta típica Es un acierto irrefutable del legislador haber utilizado una fórmula genérica para referirse a la forma en la cual el funcionario o servidor público muestra su interés en determinado contrato u operación (directa, indirecta o por acto simulado). Y es que en realidad la Administración como aparato gubernamental de ejecución y gestión funciona de forma coordinada, e incluso muchas veces dependiente entre cada una de sus oficinas, departamentos, direcciones o jefaturas. Con lo cual, es razonable prever que el interés en cierta negociación pueda nacer en la oficina A y tener repercusión en la oficina B, justamente en razón de interdependencia apuntada. De otro lado, es necesario destacar que la “muestra de interés” puede llevarse a cabo mediante un acto propio de las funciones del servidor público o, incluso, puede tratarse de acciones que trasgredan sus funciones. Y es que el tipo penal nada dice al respecto. El verdadero desvalor penal de la conducta radica en que el agente delictivo lleve a cabo conductas de interés que nacen en , algo que debe ser interpretado, cuanto menos, de dos formas: i. que exista un abuso del cargo: es decir, que el funcionario desconozca las funciones de sus subordinados, asuma competencias impropias o imponga su criterio u opinión respecto de alguna decisión que incida en el proceso de contratación o cualquier otra operación comercial en la que el Estado actúa como interesado (esta conducta no tiene que ser, necesariamente, directa respecto de la contratación u operación comercial, como bien señala el tipo penal); ii. el legislador no solo previó el único escenario en el que un determinado funcionario tenga competencia directa sobre algún proceso de contratación u operación comercial, sino que incluso prevé actos indirectos y simulados. En este sentido, nada impide que la frase “en razón de su cargo” también explique el actuar del funcionario interesado que sin tener competencia actual en algún contrato u operación lleve a cabo gestiones que a la postre viabilizarán contrataciones públicas de su interés. En este supuesto, claro está, habrá que probar además el interés futuro del funcionario. Si lo que ha de primar es una interpretación sistemática y teleológica, el punto ii) va de la mano con nuestra judicatura, cuando dice: “El mencionado interés puede darse en los actos preparatorios del contrato u operación, durante su ejecución o en la fase de liquidación y, claro, puede incluir un ámbito muy variado de expresiones prácticas”. Dicho de otro modo, un contrato u operación comercial debe ser entendido como un proceso dividido en tantas etapas como sean necesarias para su configuración, y sobre cada una de ellas se protege el mismo bien jurídico, o lo que es lo mismo, el delito de negociación incompatible puede materializarse en cualquier etapa y a través de cualquier muestra de interés razonable. Dato Anticorrupción
COMENTARIO ACADÉMICO La Conducta Prohibida en el Delito de Concusión 13 13 Por David Torres Pachas Julio Rodríguez Vásquez Erick Guimaray Mori Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP El artículo 382° del código penal tipifica el delito de concusión de la siguiente forma: “El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años”. El bien jurídico protegido es el fin prestacional que cumple la administración pública de acuerdo a nuestra Constitución. El objeto del bien jurídico es la legalidad del ejercicio de la función pública. De esta manera, el funcionario público que comete el delito de concusión afecta la legalidad de los servicios públicos, ya que abusa de su cargo para satisfacer fines privados mediante la incidencia en la voluntad del particular. En otras palabras, las potestades públicas no le son conferidas al funcionario para que este se aproveche de ellas y obtenga ventajas privadas a través del constreñimiento de la voluntad del particular. El delito de concusión es un delito especial, toda vez que el círculo de autores está limitado a los funcionarios públicos. Esta delimitación se justifica en que todo sujeto, al ingresar a la función pública, adquiere las potestades suficientes para lesionar el fin prestacional que la administración pública cumple en un Estado Social y Democrático de Derecho. En palabras de Schünemann, el funcionario público ejerce un control cualificado sobre el bien jurídico tutelado a raíz del poder estatal del que dispone [1] . Esta relación de dominio funcional es la que justifica la prohibición contenida en los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. Si se comparte lo antes dicho, podemos afirmar que el núcleo de la prohibición penal radica en el ejercicio ilegítimo de las funciones y facultades que el servidor público detenta. Y ello en cuanto el uso de la actividad pública es el instrumento mediante el que se lesiona o pone en peligro el fin prestacional de la administración pública en los delitos de corrupción [2] . El legislador penal utilizó los vocablos abuso del cargo para referirse a este mal uso de la función pública [3] . 1 SCHÜNEMANN, Bernd. El dominio sobre el fundamento del resultado: Base Lógico-objetiva común para todas las formas de autoría. Revista de Derecho Penal y Criminología de la Universidad del Externado de Colombia. Bogotá: 2004, No 75, Volumen 25. pp. 13 – 25, p. 24. 2 VASQUEZ PORTOMEÑE SEIJAS, Fernando. Los delitos contra la administración pública. Teoría General. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública – Universidad de Santiago de Compostela, 2003, p.304. 3 Ver: R.N. 1062-2012, Ejecutoria Suprema emitida el 14
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