IV.8. LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS - Universidad de Oviedo, la ...

IV.8. LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS
1.-NORMATIVA BÁSICA APLICABLE
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en aquellos
preceptos que tienen la consideración de legislación básica del Estado. El resto
de los preceptos tienen carácter suplementario.
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias,
modificado por la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Presupuestarias,
Administrativas y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales
para el año 2006 y por la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de Acompañamiento a los
Presupuestos Generales para el año 2007.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen de
concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, modificado por Decreto
14/2000, de 10 de febrero.
Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y
Administración Pública, del Principado de Asturias, por la que se establece el
sistema de información contable de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos:
artículos 43 a 46.
Resolución de 24 de enero de 2007, del Rector de la Universidad de
Oviedo, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias del Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2007.
2.-CONCEPTO
A) General
Desde el punto de vista doctrinal la generalidad de la doctrina define las
subvenciones como aquélla técnica propia de la administración de fomento que
consiste en una atribución patrimonial con el fin de llevar a cabo determinados
comportamientos de interés general a cuya consecución queda vinculado el
beneficiario.
B) En la Administración General.
Desde el punto de vista legal, el artículo 2 de la Ley General de
Subvenciones, dice:
“1.-Se entiende por subvenciones, a los efectos de esta ley, toda
disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el
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artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los
siguiente requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los
beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo,
la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una
situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales
que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de
promoción de una finalidad pública.
2.-No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las
aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, así como
entre la Administración y los organismos y otros entes públicos dependientes de
éstas, destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente en el ámbito
propio de sus competencias, resultando de aplicación lo dispuesto de manera
específica en su normativa reguladora.
3.-Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley
las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como
extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración local a favor
de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
4.-No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos:
a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la
Seguridad Social.
b) Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no
residentes en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora.
c) También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al
régimen de prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social, las
prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no
residentes en España, así como las prestaciones a favor de los afectados por el
virus de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos.
d) Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las
ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas
que hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio.
e) Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado,
pensiones de guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de
terrorismo.
f) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial.
g) Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad
Social.
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h) El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública
subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras
contraprestaciones de la operación de crédito”.
C) En el Principado de Asturias
A su vez, el artículo 2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias,
dice:
“Tendrán la consideración de subvención o ayuda todo desplazamiento
patrimonial que tenga por objeto una entrega dineraria o en especie realizada por
el Principado de Asturias a otras entidades públicas o privadas y a particulares,
sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios; afectada a un fin,
propósito, actividad o proyecto específico; con obligación por parte del
destinatario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o,
en caso contrario, proceder a su reintegro.
Estas subvenciones y ayudas tendrán siempre carácter voluntario, sin
naturaleza contractual aun cuando fueren otorgadas mediante concurrencia
pública; no podrán ser invocadas como precedente ni será exigible aumento o
revisión”.
D) En la Universidad de Oviedo
La normativa de referencia no contiene ninguna definición de
subvenciones. Se hace sólo referencia específica a la posibilidad de conceder
subvenciones, a tipos de subvenciones y a características generales, remitiendo,
por lo demás, a la normativa general y a la del Principado.
Así, el artículo 169. 4, letra d) de los Estatutos de la Universidad establece
que figurarán como gastos las transferencias y subvenciones que la Universidad
consigne en los estados de gastos de sus presupuestos.
A su vez, el artículo 29 de la Resolución de 24 de enero de 2007, del
Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se ordena la publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias del Presupuesto de la Universidad de
Oviedo para el ejercicio 2007 (artículo 30 de la Resolución de 31 de enero de
2006, para el ejercicio 2006), establece la siguiente regulación de las
subvenciones:
“1.-Toda subvención, beca o ayuda para las que exista crédito
comprendido en el presupuesto se otorgará según los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras de la concesión
que se establezcan.
2.-No será necesaria publicidad cuando la consignación presupuestaria
tenga carácter nominativo o su otorgamiento y cuantía resulten impuestas en
virtud de norma legal o compromiso con terceros debidamente formalizado.
3.-Todas las subvenciones se justificarán teniendo como mínimo:
a) Memoria descriptiva de las actividades realizadas.
b) Relación de justificantes.
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c) Facturas originales, para su compulsa, en su caso.
d) Recibo acreditativo del cobro o resguardo de la transferencia realizada.
e) Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
4.- Las subvenciones que se concedan incorporando la autorización para el
pago anticipado de las mismas con anterioridad a la realización de la actividad se
justificarán en un plazo máximo de un mes desde su terminación.
5.-Durante el ejercicio 2007, mediante Resolución del Rector, se regulará el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, aplicándose, mientras tanto,
de forma supletoria el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del Principado de
Asturias, que regula el régimen General de Concesión de Subvenciones y con las
adaptaciones, en su caso, derivadas de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones”.
3.-TIPOS
Atendiendo a su finalidad, las subvenciones pueden ser muy variadas; así,
pueden estar destinadas a rehabilitación de edificios, al inicio de una actividad, al
fomento del empleo, etc.
A su vez, las subvenciones atendiendo al modo de concesión pueden ser
directas o en concurrencia competitiva.
Las subvenciones directas siempre tienen un carácter excepcional y se
otorgan de forma directa y especial. Procederán únicamente en aquéllos casos
previstos nominativamente en los presupuestos, en los casos establecidos por
norma de rango legal y en aquéllos supuestos de carácter excepcional
debidamente justificado.
Requisito esencial para su concesión es la objetividad.
Las subvenciones otorgadas mediante concurrencia competitiva tienen
carácter general y se otorgan mediante comparación de las solicitudes
presentadas.
Requisitos esenciales para su otorgamiento son la objetividad, la publicidad
y la concurrencia.
4.-NOTAS
Como notas esenciales han de señalarse las siguientes:
La entidad concedente ha de ser una Administración pública.
Los fondos públicos destinados a su financiación han de estar debidamente
consignados en los respectivos presupuestos.
Constituyen un auténtico gasto público, de transferencia, no real.
Los fondos objeto de subvención se entregan con un fin público
comprendido en el ámbito de las competencias del ente concedente.
Se atribuyen a fondo perdido.
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Son fondos afectos al cumplimiento de un fin.
Son siempre consistentes en dinero. La legislación del Principado de
Asturias, como hemos señalado, al regular las subvenciones habla de entregas en
dinero o aportaciones en especie, pero ha ello ha de decirse que esto es así
porque regula al mismo tiempo las subvenciones, stricto sensu, y las ayudas y
respecto a éstas, es evidente que pueden consistir en dinero o en especie.
5.-NATURALEZA JURÍDICA
La subvención es una donación de Derecho público.
Como tal donación es un acto gratuito, de disposición de dominio y de
liberalidad.
Ahora bien, desde un punto de vista estrictamente jurídico es impensable
que en el ámbito de las Administraciones públicas puedan admitirse la existencia
de actos de liberalidad al ser estos contrarios a sus fines y a su propia existencia.
Por ello, el Tribunal Supremo al enfrentarse con esta cuestión ha entendido
que las subvenciones son actos de liberalidad pero no puros, pudiendo verse en
este sentido las Sentencias de 9 de junio de 1988 y de 26 de septiembre de 1989.
En efecto, en las subvenciones hay una manifestación de liberalidad que se
proyecta sobre la existencia de un interesado directo e inmediato, que es el
beneficiario, pero hay también un interés general indirecto como puede ser según
el objeto de la subvención el fomento de empleo, la protección a la vivienda, etc.
6.-PRINCIPIOS.
Las subvenciones están sujetas a diversos principios y a diferentes
condicionamientos que han de respetarse en su concesión, si bien ni unos ni otros
tienen la misma intensidad, importancia y trascendencia.
Los principios informadores de las subvenciones, son los siguientes:
Transparencia, homogeneidad, igualdad, eficiencia y eficacia y legalidad.
Por otra parte, dentro de los condicionamientos jurídicos de la actividad
subvencional, han de señalarse los siguientes:
Imposibilidad de autorizaciones genéricas; límites derivados de la posible
incidencia de la actividad subvencional en los derechos y libertades del Título I de
la Constitución Española; límites derivados de la posible incidencia con la libertad
de empresa; y límites derivados de la posible incidencia con los principios rectores
de la política social y económica.
Finalmente, ha de aludirse a las restricciones derivadas del Derecho
comunitario.
Los Estados miembros pueden otorgar subvenciones y conceder ayudas
pero quedan sujetos a las limitaciones de los artículos 87 y 88 del Texto
consolidado.
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7.-REQUISITOS OBJETIVOS DE LAS SUBVENCIONES
Dentro de los requisitos objetivos de las subvenciones, están:
Objeto, fin, condiciones y resolución.
Respecto al objeto de la subvención son los fondos públicos que se
entregan al beneficiario. Quedan fuera del objeto jurídico de las subvenciones las
donaciones en especie.
Respecto a la finalidad ha de señalarse que ha de suponer siempre la
realización de una actividad que presente un interés público.
En relación con las condiciones objetivas, han de hacerse las siguientes
consideraciones:
En primer lugar, existe una condición o cláusula principal que es el
cumplimiento de la finalidad de la subvención (conditio iuris).
En segundo lugar, existe una condición o cláusula accesoria de origen
legal, que es la que está constituida por cuanta información le sea requerida al
beneficiario por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora.
En tercer lugar, cabe hablar de condición o cláusula accesoria de origen
administrativo configurada a partir de la prohibición de establecer cláusulas
contrarias a la tipicidad del acto como pudiera ser exigir a cambio de la
subvención una contraprestación o su reintegro.
La concesión se realiza a través de un acto unilateral aunque requiera para
su eficacia el consentimiento del administrado.
Esta concesión culmina a través de la correspondiente resolución
administrativa que es “el acto de concesión”.
La resolución de concesión es un acto declarativo de derechos.
Como tal produce un efecto esencial que es que no es posible la
revocación o modificación posterior por la Administración, de conformidad con lo
establecido en los artículos 102-103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo
excepciones que son: cuando haya surgido el derecho a la subvención sobre la
base de una resolución nula; cuando se produzca una obtención concurrente de
ayudas; y, cuando se hayan obtenido sin reunir los requisitos o no se hayan
cumplido los exigidos.
8.-ELEMENTOS SUBJETIVOS DE LAS SUBVENCIONES
Dentro de los requisitos subjetivos deben de analizarse las cuestiones
referentes a los sujetos concedentes, a los beneficiarios y a los destinatarios.
A) Sujetos otorgantes.
Por lo que se refiere a las entidades concedentes éstas han de ser
Administraciones públicas.
A tales efectos se entienden por Administraciones públicas:
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a) La Administración General del Estado.
b) Las entidades que integran la Administración local.
c) La Administración de las Comunidades Autónomas.
Asimismo, a estos efectos de subvenciones pueden ser también otorgantes
las demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia
vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas en la
medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de
potestades administrativas.
Aspecto crucial dentro de la cuestión relativa a los sujetos concedentes
está el referente a la competencia.
El doble carácter de la subvención como actividad administrativa y como
gasto obliga a recurrir a una pluralidad de normas para determinar los órganos
competentes para su gestión.
Esta pluralidad de normas puede agruparse en los siguientes apartados:
Disposiciones generales sobre competencias financieras.
Disposiciones específicas sobre subvenciones.
Disposiciones generales sobre competencias administrativas.
Con carácter general, en el ámbito de la Administración General del Estado
las competencias financieras están reguladas en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria y con carácter específico en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Esta última ley, a la única que por su especificidad hacemos ahora
referencia, establece en relación con la competencia:
“1.-Los ministros y los secretarios de Estado en la Administración General
del Estado y los presidentes o directores de los organismos públicos y demás
entidades que tengan que ajustar su actividad al derecho público son los órganos
competentes para conceder subvenciones, en sus respectivos ámbitos, previa
consignación presupuestaria para este fin.
2.-No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, para autorizar la
concesión de subvenciones por cuantía superior a 12 millones de euros, será
necesario acuerdo del Consejo de Ministros o, en el caso de que así lo establezca
la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos.
La autorización a que se refiere el párrafo anterior no implicará la
aprobación del gasto, que, en todo caso, corresponderá al órgano competente
para la concesión de la subvención.
3.-Las facultades para conceder subvenciones, a que se refiere este
artículo, podrán ser objeto de desconcentración mediante real decreto acordado
en Consejo de Ministros”.
Con carácter particular, por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, con carácter general la competencia viene regulada en el
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Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias y
en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen de
concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, modificado por Decreto
14/2000, de 10 de febrero; sin olvidar la legislación básica y, en su caso
supletoria, recogidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo y en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Con carácter particular, el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, establece:
“1.-Los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para
otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia, previa
consignación presupuestaria para este fin.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, será necesario acuerdo del
Consejo de Gobierno autorizando la concesión de la subvención o ayuda cuando
por razón de la cuantía corresponda al mismo la autorización del gasto con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 6/86, de 31 de mayo, de
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias” (esta referencia
ha de entenderse hoy sin efecto tras la disposición derogatoria única del Decreto
Legislativo 2/1998, de 25 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido del
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, y su sustitución
por el precepto equivalente de esta norma).
Por lo que se refiere a derechos y obligaciones como Administraciones y
entidades públicas que son están sujetas a la ley y al derecho en todo el
procedimiento de concesión de las subvenciones.
Como derecho a destacar está el de exigir el reintegro de la subvención
concedida en los casos así previstos en la norma reguladora de las subvenciones
y como obligación básica la del pago de la subvención concedida en los términos
legales establecidos.
B) Beneficiarios
Otro de los elementos subjetivos es el constituido por los beneficiarios.
Han de entenderse como tales el destinatario de los fondos públicos que
haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre
en la situación que legitima su concesión, de conformidad con lo señalado en el
artículo 11.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuestión polémica es determinar si el concepto legal de beneficiario es
extensible a todo aquél que se beneficia económicamente de las ayudas o sólo es
predicable del que recibe los fondos públicos.
De conformidad con lo indicado ha de darse la respuesta de que el
beneficiario es sólo el perceptor último de los fondos públicos. La relación
subvencional es una relación financiera que sólo llega hasta donde llega el dinero
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público, ya se reciba directamente o a través de otra entidad que actúe por cuenta
y en nombre de departamento u organismo concedente.
Respecto a los derechos de los beneficiarios deben distinguirse dos
situaciones:
La primera, aquella en que el beneficiario es titular de un derecho subjetivo,
lo que ocurre cuando la subvención sea nominativa y se cumpla el presupuesto
de hecho de la misma. En este caso para la concesión de la subvención no se
requiere publicidad, no se requiere convocatoria pública ni consignación
presupuestaria, siendo ésta únicamente requisito para su eficacia.
La segunda situación es la que afecta a la generalidad de las subvenciones
relativa a las concedidas en régimen de concurrencia competitiva. En estos casos,
los posibles beneficiarios sólo tienen derecho a participar en igualdad de
condiciones con los que reúnan los requisitos establecidos en las normas.
Respecto a las obligaciones de los beneficiarios, éstas vienen recogidas
con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en los siguientes términos:
“1.-Son obligaciones del beneficiario:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso,
el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuare tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine
reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional
decimoctava de la Ley
f) Disponer los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.
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g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo
18 de esta ley.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo 37 de esta Ley.
2.-La rendición de cuentas de los perceptores de las subvenciones, a que
se refiere el artículo 34. 3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación
de justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la
subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo”.
Para terminar esta cuestión han de mencionarse los efectos del posible
incumplimiento de sus obligaciones por parte de los beneficiarios.
Las responsabilidades en las que pueden incurrir pueden ser de dos tipos:
administrativas y penales.
La responsabilidad administrativa derivará en el correspondiente
expediente que finalizará con la exigencia de reintegro de las subvenciones
indebidamente obtenidas.
La responsabilidad penal se producirá en aquellos casos en los que se
incumpla el tipo de injusto fijado en la ley penal.
Estos aspectos son analizados más extensamente en el epígrafe 12,
referente al incumplimiento de las obligaciones.
C) Destinatarios
Finalmente ha de hablarse de los destinatarios.
Se considera destinatario el perceptor de fondos no final. En consecuencia
la diferencia esencial entre beneficiario y destinatario estriba en que el primero es
el perceptor final mientras que el segundo es el perceptor de los fondos con
destino al beneficiario.
Dentro de los destinatarios se encuentran las entidades colaboradoras. El
artículo 12. 1. 1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, define a las entidades colaboradoras de la siguiente forma:
“1.-Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por
cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención,
entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se
establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención
sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos
fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.
Igualmente tendrán esta condición los que habiendo sido denominados
beneficiarios conforme a la normativa comunitaria tengan encomendada,
exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior
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2.-Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y
demás entes públicos, las sociedades mercantiles participadas íntegra o
mayoritariamente por las Administraciones públicas, organismos o entes de
derecho público y las asociaciones a las que se refiere la disposición adicional
quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las
condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan.
3.-Las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales podrán actuar
como entidades colaboradoras de las subvenciones concedidas por la
Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes que
tengan que ajustar su actividad al derecho público. De igual forma, y en los
mismos términos, la Administración General del Estado y sus organismos públicos
podrán actuar como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones
concedidas por las comunidades autónomas y corporaciones locales”.
Por lo que se refiere a los derechos y obligaciones ha de partirse del hecho
de que la relación jurídica de la entidad colaboradora es doble: con el organismo
concedente y con el beneficiario.
Frente a la Administración concedente tiene la obligación de justificar la
aplicación de los fondos percibidos y entregar la justificación recibida de los
beneficiarios.
Frente a los beneficiarios la ley establece que tiene la obligación de
entregarles los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las
normas reguladoras de la subvención y verificar el cumplimiento y efectividad de
las condiciones determinantes para su otorgamiento.
El artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, dice al respecto:
“1.-Son obligaciones de la entidad colaboradora:
a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los
criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en el convenio
suscrito con la entidad concedente.
b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones
y requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.
c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente
de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los
beneficiarios.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la
gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
2.-Cuando la Administración General del Estado, sus organismos públicos
o las comunidades autónomas actúen como entidades colaboradoras, las
actuaciones de comprobación y control a que se hace referencia en el párrafo d)
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del apartado anterior se llevarán a cabo por los correspondientes órganos
dependientes de las mismas, sin perjuicio de las competencia de los órganos de
control comunitarios y de las del Tribunal de Cuentas”.
9.-PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
A) Consideraciones básicas.
Al hablar del procedimiento de concesión hay que distinguir entre los
supuestos de concesión en régimen de concurrencia competitiva y los supuestos
de concesión en régimen de concesión directa.
Con carácter general, el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones,
precepto que tiene la consideración de legislación básica, establece:
“1.-El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva. A efectos de esta ley, tendrá la
consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la
concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las
solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de
acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases
reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la
convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor
valoración en aplicación de los citados criterios.
En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran
derivarse de la capacidad de autoorganización de las Administraciones públicas,
la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano
colegiado a través del órgano instructor. La composición del órgano colegiado
será la que establezcan las correspondientes bases reguladoras.
Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el
órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios, de la
subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.
2.-Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales, en los
términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de las
subvenciones.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la
Administración por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de
concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa
c) Con carácter excepcional aquellas otras subvenciones en que se
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
3.-No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se
determine en la convocatoria”.
B) En la Administración General
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a) Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
En este procedimiento se distinguen tres fases: iniciación, instrucción y
resolución.
El artículo 23 de la Ley General de Subvenciones contiene las reglas a
seguir aplicables en la fase de iniciación.
El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará siempre de
oficio.
Esta iniciación se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el
órgano competente, que desarrollará el procedimiento para la concesión de las
subvenciones convocadas de acuerdo con los principios establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La convocatoria por la que se regula la concesión de las subvenciones,
tendrá necesariamente el siguiente contenido mínimo:
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases
reguladoras y el diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a su
especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía
total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles
o, en su defecto, cuantía estima de la subvenciones.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de
concurrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución
del procedimiento.
g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que será de aplicación las
previsiones contenidas en el apartado 3 de este artículo.
h) Plazo de resolución y notificación.
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.
k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso
contrario, órgano ante el cual ha de interponerse recurso de alzada.
l) Criterios de valoración de las solicitudes.
m) Medio de notificación o publicación.
Las solicitudes de petición de subvenciones deben presentarse
acompañadas de los documentos e informaciones fijados en la norma o
convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de
cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso la solicitud podrá
acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el
130

órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y
cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento
exigido, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en
su defecto la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el
documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
Asimismo, cabe la posibilidad de presentación telemática de solicitudes y
documentación complementaria en los términos previstos en la disposición
adicional decimoctava de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
A efectos de lo previsto en el apartado 3 de la citada disposición adicional
decimoctava, la presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la
autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad
Social.
La norma reguladora de la subvención podrá admitir la sustitución de la
presentación de determinados documentos por una declaración responsable del
solicitante. En este caso, con anterioridad la propuesta de resolución de
concesión de la subvención se deberá requerir la presentación de la
documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada
declaración, en un plazo no superior a quince días.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de
convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane
en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La siguiente fase que es la instrucción, está regulada en el artículo 24 y se
ajustará a las siguientes condiciones:
“1.-La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones
corresponderá al órgano que se designe en la convocatoria.
2.-El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuántas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta
de resolución.
3.-Las actividades de instrucción comprenderán:
a) Petición de cuantos informes estime necesario para resolver o que sean
exigidos por las normas que regulan la subvención. En la petición se hará constar,
en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos.
El plazo para su emisión será de 10 días, salvo que el órgano instructor,
atendiendo a las características del informe solicitado o del propio procedimiento,
solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda
exceder de dos meses.
131

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado como
preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el plazo
de los trámites sucesivos.
b) Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme los
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora
de la subvención o, en su caso, en la convocatoria.
La norma reguladora de la subvención podrá contemplar la posibilidad de
establecer una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento de
las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la
subvención.
4.-Una vez evaluadas las solicitudes el órgano colegiado previsto en las
correspondientes bases reguladores deberá emitir informe en el que se concrete
el resultado de la evaluación efectuada.
El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano
colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca la
convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
Examinadas las alegaciones en su caso por los interesados, se formulará la
propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía,
especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del
órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se
desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.
5.-La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de
acuerdo con las bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido
propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo
previsto en dicha normativa comuniquen su aceptación.
6.-Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no
se le haya notificado la resolución de concesión.
Por lo que se refiere a la resolución sus características vienen reguladas en
los artículos 25 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
El artículo 25, señala al respecto:
“1.-Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y, en su caso, en la correspondiente norma o convocatoria,
el órgano competente resolverá el procedimiento.
132

2.-La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las
bases reguladoras de la subvención debiendo, en todo caso, quedar acreditados
en el procedimiento la resolución que se adopte.
3.-La resolución, además de contener el solicitante o la relación de
solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de
manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.
4.-El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento
no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley
establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión
Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente
convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.
En el supuesto de subvenciones tramitadas por otras Administraciones
Públicas en las que corresponda la resolución a la Administración General del
Estado o a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ésta,
este plazo se computará a partir del momento en que el órgano otorgante
disponga de la propuesta o de la documentación que la norma reguladora de la
subvención determine.
5.-El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la
solicitud de concesión de la subvención”.
A su vez, el artículo 26 regula la notificación de la resolución, en los
siguientes términos:
“La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará
a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada ley”.
Para finalizar este apartado, ha de hacerse mención a la reformulación de
solicitudes, regulada en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en los siguientes términos:
“1.-Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a
desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de
resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se
podrá instar del beneficiario, si así se ha previsto en las bases reguladoras, la
reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la
subvención otorgable.
2.-Una vez la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se
remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la resolución.
3.-En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el
objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de
valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones”.
b) Del procedimiento de concesión directa.
133

El artículo 28 de la Ley General de Subvenciones, establece las
particularidades a que han de someterse las concesiones de subvenciones en
régimen de concesión directa.
Son las siguientes:
“1.-La resolución de concesión, y en su caso, los convenios a través de los
cuales se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y
compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del
Estado, o en los de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este
respecto establezca su normativa reguladora.
2.-El Gobierno aprobará por real decreto, a propuesta del ministro
competente y previo informe del Ministerio de Hacienda, las normas especiales
reguladoras de las subvenciones reguladas en el párrafo c) del apartado 2 del
artículo 22 de esta ley.
3.-El real decreto a que se hace referencia en el apartado anterior deberá
ajustarse a las previsiones contenidas en esta ley, salvo en lo que afecte a la
aplicación de los principios de publicidad y concurrencia, y contendrá como
mínimo los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter
singular de las mismas y las razones que acreditan el interés público, social,
económico o humanitario y aquéllas que justifican la dificultad de su convocatoria
pública.
b) Régimen jurídico aplicable.
c) Beneficiarios y modalidades de ayuda.
d) Procedimiento de concesión y régimen de justificación dada a las
subvenciones por los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras”.
B) En la Administración del Principado
a) Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva
El artículo 6. 2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, dice:
“2.-Las subvenciones y ayudas con cargo a dotaciones innominadas,
globales o genéricas, que figuran en los Presupuestos Generales del Principado,
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia
y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos en el presente
Decreto.
Cuando la finalidad o naturaleza de las subvenciones o ayudas así lo exija,
su concesión se realizará por concurso”.
Como en el régimen general de la Administración General, el procedimiento
para la concesión de subvenciones consta de las fases de iniciación, instrucción y
resolución.
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Como reglas particulares aplicables a este respecto, están las recogidas en
los artículos 7, 8 y 9 del citado decreto.
El artículo 7 se refiere a las bases reguladoras de la concesión, fijando al
respecto:
“1.-Los órganos competentes para la concesión de las subvenciones
aprobarán las bases reguladoras de la concesión, que serán objeto de publicación
en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia” y contendrán, al
menos, las siguientes determinaciones:
a) Definición del objeto de la subvención o ayuda.
b) Requisitos exigidos para tener acceso a las mismas y forma de
acreditarlos.
c) Cuantía máxima de la subvención o ayuda y criterios para su
adjudicación.
d) Plazo de presentación de solicitudes.
e) Determinación del órgano que debe proponer la concesión y del que
haya de decidir el otorgamiento.
f) Plazo de que disponga el órgano para resolver sobre la concesión.
g) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento
de la finalidad para la que se concedió la subvención o ayuda y de la aplicación,
en su caso, de los fondos percibidos.
h) Forma de pago de la subvención.
i) Forma y cuantía de las garantías, que en su caso, habrán de aportar los
beneficiarios, en el supuesto de contemplarse la posibilidad de efectuar anticipos
de pago sobre la subvención concedida.
j) Las medidas de garantía a favor de los intereses públicos que puedan
considerarse precisas así como la posibilidad, en los casos que expresamente se
prevean, de revisión de subvenciones o ayudas concedidas.
2.-Con observancia de lo preceptuado en el presente Decreto, los órganos
competentes podrán regular los procedimientos específicos para la concesión de
subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de sus respectivas secciones
presupuestarias”.
Es conveniente recordar en relación con este precepto que no hay
inconveniente legal alguno para que se puedan completar las previsiones de este
precepto autonómico con los extremos señalados en los artículos 23 a 27 de la
Ley General de Subvenciones.
El artículo 8 regula los requisitos de solicitud y documentación a aportar
con las mismas de la siguiente forma:
“1.-Las solicitudes se dirigirán al órgano convocante conforme a las normas
generales del procedimiento administrativo y en el plazo y, en su caso, la forma
que se establezca en la convocatoria.
2.-Sin perjuicio de la documentación específica que se exija en la
convocatoria, las solicitudes irán acompañadas, en todo caso, de la siguiente
documentación:
135

a) Documento acreditativo de la personalidad de la persona o entidad
solicitante y, en su caso, de la representación en que actúa.
b) Declaración responsable del solicitante o responsable legal relativa a los
siguientes extremos: hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de
seguridad social, no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas así como las
concedidas con la misma finalidad y si ha procedido a la justificación de las
subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma”.
Por lo que se refiere a la resolución, el artículo 9 del citado Decreto, dice:
“1.-En las resoluciones de concesión de subvenciones o ayudas se harán
constar, en todo caso, los siguientes extremos:
-el beneficiario, destino o finalidad y cuantía de la subvención o ayuda.
-la aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto.
-la forma y condiciones de abono o entrega.
-la forma y plazo de justificación del cumplimiento de su finalidad.
-las condiciones impuestas al beneficiario, en su caso.
2.-Cuando se trate de subvenciones o ayudas cuya concesión se realice
por concurso, la propuesta de concesión de las mismas se efectuará por un
órgano colegiado que tendrá la composición que se establezca en las bases
reguladoras.
3.-Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas para la
concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de
subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, Entes o
personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia se deberá hacer
constar en las correspondientes bases reguladoras a que se refiere el artícuo7 del
presente Decreto.
El importe de las subvención o ayudas en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras
Administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, supere el coste
de la actividad a desarrollar por el beneficiario”.
b) Del procedimiento de concesión directa
Los números 1, 3 y 4, este último añadido por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, del artículo 6 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, dicen:
“1.-Las subvenciones y ayudas nominativas e individualizadas que
aparezcan consignadas en los Presupuestos Generales del Principado, se harán
efectivas en sus propios términos por los órganos a los que corresponde la
ejecución de la Sección del Presupuesto en que se hallan consignadas.
3.-Excepcionalmente, cuando por razones de interés público, social,
económico o humanitario, o por las especiales características de la persona o
136

entidad que haya de ejecutar la actividad a subvencionar, no sea posible
promover la concurrencia pública, será necesario acuerdo del Consejo de
Gobierno autorizando la concesión de la subvención al que se incorporará
necesariamente informe acreditativo de tales extremos emitido por el centro
gestor correspondiente.
4.-Trimestralmente se publicarán en el “Boletín Oficial del Principado de
Asturias” las subvenciones concedidas al amparo de lo previsto en el párrafo
anterior cuyo importe sea superior a un millón de pesetas (seis mil diez con doce
euros), donde se hará constar el beneficiario, el objeto de la subvención y la
cuantía de la misma”.
Para concluir este apartado han de tenerse en cuentas las dos
advertencias siguientes:
En primer lugar que este artículo 6 del Decreto citado debe de interpretarse
de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de
Subvenciones, que tiene en este punto la calificación de legislación básica.
En segundo lugar, que este precepto contempla el régimen tanto de las
subvenciones como de las ayudas.
C) En la Universidad de Oviedo.
a) Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva
El artículo 29 de la Resolución de 24 de enero de 2007, del Rector de la
Universidad de Oviedo, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias del Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el
ejercicio 2007 (artículo 30 de la Resolución de 31 de enero de 2006, para el
ejercicio 2006), establece en relación con las subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva:
“1.-Toda subvención, beca o ayuda para las que exista crédito
comprendido en el presupuesto se otorgará según los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras de la concesión
que se establezcan”.
b) Del procedimiento de concesión directa
En el número 2, del citado anteriormente artículo 29 de la Resolución de 24
de enero de 2007, se dice al respecto:
“2.-No será necesaria publicidad cuando la consignación presupuestaria
tenga carácter nominativo o su otorgamiento y cuantía resulten impuestas en
virtud de norma legal o compromiso con terceros debidamente formalizado”.
10.-PAGO
A) En la Administración General
La Ley General de Subvenciones en sus artículos 34 y 35 establece unos
requisitos mínimos reguladores de la aprobación del gasto y pago, que podemos
resumir de la forma siguiente:
137

a) Requisitos generales.
Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión
directa de la misma deberá efectuarse la correspondiente aprobación del gasto.
La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso del
gasto correspondiente.
El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el
beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del
comportamiento para el que se concedió.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de
las causas de reintegro.
Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse
pagos a cuenta. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos
fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones
subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación
presentada.
También podrán realizarse pagos anticipados que supondrán entregas de
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el
régimen de garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora
de la subvención.
En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando
se haya solicitado la declaración de concurso, hayan sido declarados insolventes
en cualquier procedimiento, se hallen declarados en concurso, estén sujetos a
intervención judicial o hayan sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso, hayan sido declarados en quiebra, en concurso de
acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimiento o sujeto a intervención
judicial, haber iniciado expediente de quita y espera o de suspensión de pagos o
presentado solicitud judicial de quiebra o de concurso de acreedores, mientras, en
su caso, no fueran rehabilitados.
La realización de pagos a cuenta o pagos anticipados así como el régimen
de garantías, deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la
subvención.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
b) Reglas específicas.
Se refieren a los supuestos de retención de pagos como medida cautelar a
tomar en determinadas circunstancias.
A este respecto, el artículo 35 de la Ley General de Subvenciones, dice:
“1.-Una vez acordado el inicio del procedimiento de reintegro, como medida
cautelar, el órgano concedente puede acordar, a iniciativa propia o de una
138

decisión de la Comisión Europea o a propuesta de la Intervención General de la
Administración del Estado o de la autoridad pagadora, la suspensión de los
libramientos de pago de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario o
entidad colaboradora, sin superar, en ningún caso, el importe que fijen la
propuesta o resolución de inicio del expediente de reintegro, con los intereses de
demora devengados hasta aquel momento.
2.-La imposición de esta medida cautelar debe acordarse por resolución
motivada, que debe notificarse al interesado, con indicación de los recursos
pertinentes.
3.-En todo caso, procederá la suspensión si existen indicios que permitan
prever la imposibilidad de obtener el resarcimiento, o si éste puede verse
frustrado o gravemente dificultado, y, en especial, si el perceptor hace actos de
ocultación, gravamen o disposición de sus bienes.
4.-La retención de pagos estará sujeta en cualquiera de los supuestos
anteriores, al siguiente régimen jurídico:
a) Debe ser proporcional a la finalidad que se pretende conseguir, y, en
ningún caso, debe adoptarse si puede producir efectos de difícil o imposible
reparación.
b) Debe mantenerse hasta que se dicte la resolución que pone fin al
expediente de reintegro, y no puede superar el período máximo que se fije para
su tramitación, incluidas prórrogas.
c) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, debe levantarse cuando
desaparezcan las circunstancias que la originaron o cuando el interesado
proponga la sustitución de esta medida cautelar por la constitución de una
garantía que se considere suficiente”.
B) En el Principado de Asturias
El artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, redactado
de conformidad con el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, establece:
“1.-Las subvenciones y ayudas se harán efectivas a los beneficiarios en un
único pago, previa justificación de las mismas de acuerdo con lo establecido en el
presente decreto.
2.-Excepcionalmente, y siempre que estuviese previsto en las bases
reguladoras para las subvenciones y ayudas con cargo a dotaciones
innominadas, o en la resolución de concesión para las subvenciones nominativas
o para las subvenciones concedidas de acuerdo con lo establecido en el artículo
6.3 podrán realizarse abonos parciales o abonos anticipados en los términos que
se indican en los apartados siguientes.
3.-Previa justificación y siempre que el objeto de la subvención admita
fraccionamiento porque sea susceptible de utilización o aprovechamiento
separado, podrán autorizarse abonos parciales que consistirán en el pago
fraccionado del importe total de la subvención. Todo ello en las condiciones y con
los requisitos que se establezcan en las bases reguladoras o en la resolución de
concesión.
139

4.-Los abonos anticipados, que podrán ser totales o parciales, supondrán
entregas de fondos con carácter previo a la justificación como financiación
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención,
previa constitución de garantía en los términos, supuestos y condiciones que se
determinen por la Consejería competente en materia económica y
presupuestaria”.
11.-JUSTIFICACIÓN.
A) En la Administración General
El artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece al respecto:
“1.-La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención
se documentará de la manera que se determine reglamentariamente, pudiendo
revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o acreditarse dicho
gasto por módulos o mediante la presentación de estados contables, según se
disponga en la normativa reguladora.
2.-La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del
beneficiario o de la entidad colaboradora, en la que se deben incluir, bajo
responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto
de la subvención pública. La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición
de la misma vendrán determinados por las correspondientes bases reguladoras
de las subvenciones públicas.
A falta de previsión de las bases reguladoras, la cuenta deberá incluir
declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, y su
presentación se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad.
3.-Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de
carácter probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente.
La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas
electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en
el ámbito tributario.
Reglamentariamente, se establecerá un sistema de validación y
estampillado de justificantes de gasto que permita el control de la concurrencia de
subvenciones.
4.-Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la
subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá
acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos
a las actividades subvencionadas.
5.-En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de los
justificantes establecidos en el apartado 3 de este artículo, debe aportarse
140

certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el
correspondiente registro oficial.
6.-Los miembros de las entidades previstas en el apartado 2 y segundo
párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley vendrán obligados a cumplir los
requisitos de justificación respecto de las actividades realizadas en nombre y por
cuenta del beneficiario, del modo en que se determinan en los apartados
anteriores. Esta documentación formará parte de la justificación que viene
obligado a rendir el beneficiario que solicitó la subvención.
7.-Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de
una determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación
previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran
establecerse para verificar su existencia.
8.-El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en
los términos establecidos en este capítulo o la justificación insuficiente de la
misma llevará aparejado el reintegro en las condiciones previstas en el artículo 37
de esta ley”.
B) En el Principado de Asturias
El artículo 11 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, establece:
“1.-Los beneficiarios de las subvenciones o ayudas vendrán obligados a
justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en la resolución de
concesión, el cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión y, en su caso,
la aplicación de los fondos recibidos.
2.-Los medios de justificación de la aplicación de las subvenciones y
ayudas que se determinen en la resolución de concesión, serán, como mínimo,
los exigidos con carácter general para la justificación del destino de los créditos
presupuestarios, atendiendo a la naturaleza específica de los gastos”.
Este precepto ha de interpretarse de conformidad con el artículo 30 de la
Ley General de Subvenciones en la medida en que éste tiene la condición de
legislación básica.
C) En la Universidad de Oviedo
El artículo 29, números 3, y 4 de la Resolución de 24 de enero de 2007, del
Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se ordena la publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias del Presupuesto de la Universidad de
Oviedo para el ejercicio 2007 (artículo 30 de la Resolución de 31 de enero de
2006, para el ejercicio 2006), establece al respecto:
“3.-Todas las subvenciones se justificarán teniendo como mínimo:
a) Memoria descriptiva de las actividades realizadas.
b) Relación de justificantes.
c) Facturas originales, para su compulsa, en su caso.
141

d) Recibo acreditativo del cobro o resguardo de la transferencia realizada.
e) Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
4.- Las subvenciones que se concedan incorporando la autorización para el
pago anticipado de las mismas con anterioridad a la realización de la actividad se
justificarán en un plazo máximo de un mes desde su terminación”.
12.-EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.
Las responsabilidades en las que pueden incurrir los distintos beneficiarios
y destinatarios de las subvenciones pueden ser de dos tipos: administrativas y
penales.
La responsabilidad administrativa derivará en el correspondiente
expediente que finalizará con la exigencia de reintegro de las subvenciones
indebidamente obtenidas.
La responsabilidad penal se producirá en aquellos casos en los que se
incumpla el tipo de injusto fijado en la ley penal.
La calificación entre infracción administrativa por fraude de subvenciones y
delito viene determinada por la cuantía de la defraudación. La distinción entre
delito y falta está en función de la cuantía y del carácter de la infracción, esto es,
sólo está contemplada la posibilidad de fraude de subvenciones como falta en el
ámbito de la defraudación a la Comunidad Europea.
La normativa básica en el tema de infracciones, delitos y faltas en materia
de subvenciones está constituida por los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y por los artículos 308, 309 y 628 del
Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en su
redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre.
13.-REINTEGROS
A) En la Administración General
a) Concepto
Es la acción por virtud de la cual el beneficiario de una subvención procede
a su devolución al haber nacido el derecho a la misma por nulidad de la
resolución de la concesión o haber perdido el derecho a ella por el incumplimiento
de alguno de los requisitos exigidos para su percepción.
b) Naturaleza jurídica.
Ya se ha indicado que la resolución de la concesión es un acto declarativo
de derechos, de ahí que en principio no sea posible la revisión, la modificación ni
la revocación de las subvenciones concedidas. La excepción es, pues, el
reintegro.
142

Siendo esto así el reintegro es posible porque como dice el Tribunal
Supremo, entre otras, en la Sentencia de 9 de junio de 1988, estamos ante actos
declarativos de derechos que no son puros.
Se trata de actos declarativos de derechos con reserva de revocación para
los casos previstos en la ley.
En suma, estamos ante un negocio jurídico con condición resolutoria.
c) Causas de reintegro.
Los artículos 36 y 37 de la Ley General de Subvenciones establecen las
causas de reintegro de subvenciones.
Estas causas se agrupan en dos grandes apartados:
1º) Devoluciones derivadas de la invalidez de la resolución de concesión:
infracciones legales cometidas cuando se dictó, no por circunstancias
sobrevenidas.
A este respecto, cabe decir que el acto de concesión, como cualquier acto
administrativo, puede ser:
- Nulo de pleno derecho (artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
- Anulable (artículo 63 de la misma ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).
- Nulidad por infracción de la legalidad presupuestaria.
2º) Reintegros por privación de la eficacia del acuerdo de concesión:
incumplimiento del fin, falta de justificación, etc., independientemente de la validez
o no del acto de concesión.
Los supuestos contemplados dentro de este apartado, son:
- Obtención de subvenciones falseando condiciones exigidas u ocultando
incumplimientos (si como consecuencia de estas conductas lo defraudado supera
determinadas cantidades y según además la entidad perjudicada, se cometerá
delito o falta de fraude de subvenciones).
- Incumplimiento del fin, actividad u objetivo para la que se concedió.
- Incumplimiento de la obligación de justificación.
- Incumplimiento de la obligación de las medidas de difusión.
- Resistencia, excusa o negativa a la actividad de comprobación y control
financiero o incumplimientos contables.
- Adopción de conformidad con lo establecido en los artículo 87 a 89 del
Texto Consolidado de la Unión Europea de una decisión de la que derive el
reintegro.
- Incumplimiento de condiciones impuestas a entidades colaboradoras o
beneficiarios si afectan al modo de cumplir objetivos, realizar la actividad, ejecutar
143

el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la
subvención.
- Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las
entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea, o de organismos
internacionales.
- Las demás específicamente previstas en la norma reguladora de la
concesión (artículo 19. 4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones).
Salvo el supuesto recogido en primer lugar, esto es, el de la obtención de
subvenciones falseando las condiciones exigidas u ocultando incumplimientos,
que es antes de la concesión, en los demás supuestos el incumplimiento se
produce una vez concedida, por lo que, decretado el reintegro, hay que proceder
al cobro.
d) Iniciación del procedimiento
El procedimiento de reintegro puede iniciarse bien de oficio, por la propia
Administración concedente en los casos previstos en la ley, por denuncia o por el
perceptor por concurrir alguna de las causas establecidas en la ley o por renuncia
(artículo 42. 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
FORMAS DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
De oficio
Por el perceptor
Por denuncia
Por renuncia del beneficiario
e) Órgano competente
El órgano competente para la tramitación y resolución del procedimiento de
reintegro es el órgano concedente (artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).
f) Contenido de la devolución.
En cuanto a la devolución esta comprenderá la cantidad percibida, total o
parcial según proceda; si hay concurrencia de subvenciones de modo que se
144

supere el coste de la actividad subvencionada se devolverá el exceso de lo
obtenido; los intereses de demora; y, en su caso, los respectivos recargos de
apremio (artículos 19. 3 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y 28.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
g) Alcance del reintegro
El reintegro podrá ser parcial o total.
El reintegro parcial tendrá lugar cuando el cumplimiento por el beneficiario
o, en su caso, la entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, en cuyo caso la cantidad a
reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el
párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de esta ley o, en su caso, las establecidas
en la normativa autonómica reguladora de la subvención.
El reintegro total, a contrario sensu, procederá en los restantes supuestos.
h) Obligados al reintegro.
Se recogen en el artículo 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones
Aquí podremos diferenciar los siguientes supuestos:
1º) Obligados principales: beneficiarios y entidades colaboradoras.
2º) Supuestos de transmisión de la deuda: mortis causa (los herederos y
legatarios sin perjuicio de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario); e
inter vivos (en caso de sociedades disueltas y liquidadas, los socios o partícipes
hasta el valor de la cuota de liquidación); otros casos: en los supuestos de fusión
por absorción, la entidad absorbente.
3º) Supuestos de responsables: solidarios: los representantes legales de
los incapaces, asociados o miembros de entes sin personalidad para actividades
a las que se hubieran comprometido; y subsidiarios: administradores y
representantes legales de sociedades que no realizasen los actos necesarios que
fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas,
adoptasen acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o consistieran el
de quienes de ellos dependan; y los administradores y representantes legales de
las personas jurídicas que hayan cesado en su actividad.
4º) Obligados por adquirir bienes afectos dentro de los límites señalados en
la ley y hasta donde alcance el valor del bien en concreto.
i) Procedimiento para declarar el reintegro
Está regulado en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Complementariamente se aplicará la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).
145

Hay que diferenciar dos fases esenciales: la fase declarativa y la
recaudatoria.
1º) Fase declarativa.
El fin de esta fase es constatar la existencia del incumplimiento y la
procedencia, en su caso, del reintegro.
Respecto a la competencia, ya indicamos que la tiene el órgano
concedente.
Respecto a la tramitación se sigue el tipo base regulado en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, debiéndose resaltar que, en todo caso, ha
de darse audiencia al interesado.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de
reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo
podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6
del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si trascurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución
expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar
las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la
prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.
La resolución ha de ser motivada y en ella se especificarán la cuantía a
devolver, los intereses y, en su caso, los recargos.
La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía
administrativa.
2º) Fase recaudatoria de los fondos que deben ser reintegrados.
A este respecto, ha de decirse que las cantidades a reintegrar tendrán la
consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su
cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria y lo señalado en el
Reglamento General de Recaudación.
j) Prescripción.
El artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, regula la prescripción del derecho al reintegro, en los siguientes
términos:
“1.-Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a
reconocer o liquidar el reintegro.
2.-Este plazo se computará, en cada caso:
a) Desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación
por parte del beneficiario o entidad colaboradora.
b) Desde el momento de la concesión, en el supuesto previsto en el
apartado 7 del artículo 30.
146

c) En el supuesto de que se hubieran establecido condiciones u
obligaciones que debieran ser cumplidas o mantenidas por parte del beneficiario o
entidad colaboradora durante un período determinado de tiempo, desde el
momento en que venció dicho plazo.
3.-El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá:
a) Por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento
formal del beneficiario o de la entidad colaboradora, conducente a determinar la
existencia de alguna de las causas de reintegro.
b) Por la interposición de recursos de cualquier clase, por la remisión del
tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el
Ministerio Fiscal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento
formal del beneficiario o de la entidad colaboradora en el curso de dichos
recursos.
c) Por cualquier actuación fehaciente del beneficiario o de la entidad
colaboradora conducente a la liquidación de la subvención o del reintegro”.
B) En el Principado de Asturias
Venía regulada la revocación y reintegro en el artículo 13 del citado
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen de concesión
de subvenciones en el Principado de Asturias.
Pero este precepto en lo que resulta incompatible con la Ley General de
Subvenciones ha de entenderse derogado; en consecuencia, en este punto por lo
que se refiere a las subvenciones serán de aplicación los artículos 36 y 37 de
dicha Ley.
14.-CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
Mediante acuerdos o pactos las administraciones concedentes podrán
suscribir convenios con otras entidades públicas o privadas para la ejecución de
subvenciones.
A) En la Administración General
El artículo 16, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, establece:
“1.-Se formalizará un contrato de colaboración entre el órgano
administrativo concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las
condiciones y obligaciones asumidas por ésta.
2.-El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia
superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el mismo su modificación y su
prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin
que la duración total de la prórroga pueda ser superior a la vigencia del período
inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración pueda
exceder de seis años.
147

No obstante, cuando la subvención tenga la subsidiación de préstamos, la
vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la total cancelación de los
préstamos.
3.-El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los
siguientes extremos:
a) Definición del objeto de colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones
que van a ser gestionadas por la entidad colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del órgano
administrativo concedente, medios de constitución y procedimiento de
cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en
las diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos,
determinación del período de entrega de los fondos a la entidad colaboradora y de
las condiciones de depósito de los fondos recibidos hasta su entrega posterior a
los beneficiarios.
g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos,
condiciones de entrega a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por el
órgano administrativo concedente.
h) Formas de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento
de las condiciones para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la
verificación de la misma.
i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones
aportada por los beneficiarios y, en caso de colaboración en la distribución de los
fondos públicos, de acreditación por parte de la entidad colaboradora de la
entrega de los fondos a los beneficiarios.
j) Determinación de los libros y registros contables específicos que debe
llevar la entidad colaboradora para facilitar la adecuada justificación de la
subvención y la comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas.
K) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento
de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención
y, en todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de esta ley.
l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de
comprobación y control previstas en el párrafo d) del apartado1 del artículo 15 de
esta ley.
m) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la entidad
colaboradora.
4.-Cuando las comunidades autónomas o las corporaciones locales actúen
como entidades colaboradoras, la Administración General del Estado o los
organismos públicos vinculados o dependientes de la misma suscribirán con
aquéllas los correspondientes convenios en los que se determinen los requisitos
148

para la distribución y entrega de los fondos, los criterios de justificación y de
rendición de cuentas.
De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la
Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o
dependientes de la misma actúen como entidades colaboradoras respecto de las
subvenciones concedidas por las comunidades autónomas o las corporaciones
locales.
5.-Cuando las entidades colaboradores sean personas sujetas a derecho
privado, se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los
principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la
colaboración se formalizará mediante convenio, salvo que por objeto de la
colaboración resulte de aplicación plena el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.
El contrato, que incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en el
apartado 3 de este artículo, así como el que resulte preceptivo de acuerdo con la
normativa reguladora de los contratos administrativos, deberá hacer mención
expresa al sometimiento del contratista al resto de las obligaciones impuestas a
las entidades colaboradoras por esta ley”.
Respecto a otros derechos y obligaciones éstos están recogidos en el
epígrafe 8, apartado C), in fine.
B) En el Principado de Asturias
El Decreto 71/1992, de 29 de octubre prevé la posibilidad por parte del
Principado de Asturias de suscribir convenios de colaboración para la entrega y
distribución de fondos en que consisten las subvenciones y ayudas.
C) En la Universidad de Oviedo
La universidad de Oviedo puede suscribir convenios de colaboración con
entidades públicas y privadas así como con otras Administraciones Públicas de
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Autonomía
Universitaria de 21 de diciembre de 2001, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril y en el artículo 60 de sus Estatutos.
La Junta de Gobierno de 23 de junio de 2001 aprueba el Reglamento de
tramitación y aprobación de convenios
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ÍNDICE GENERAL
VI.1. EL PRESUPUESTO
1.- EL PRESUPUESTO: CONCEPTO Y CLASES.
A.- Concepto de Presupuesto.
B.- Clases de Presupuestos.
A) En función de su naturaleza.
B) En función de su alcance subjetivo.
C) El presupuesto como técnica.
1.- Presupuesto administrativo o de medios.
2.- Presupuesto por actividades o tareas.
3.- Presupuesto por objetivos o de ejecución.
4.- Presupuesto planificado o por programas.
5.- Presupuesto en base cero.
2.- EL CICLO PRESUPUESTARIO.
A.- Elaboración.
A) Actualización del Programa de Estabilidad
B) Acuerdo sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no
financiero del Estado
C) Orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
D) Anteproyectos parciales
E) Anteproyecto global
F) Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
G) Remisión a las Cortes
B.- Discusión y aprobación.
C.- Ejecución.
D.- Control.
A) Control interno.
1.- La función interventora.
2.- El control financiero permanente.
3.- Las auditorías públicas.
B) Control externo.
1.- Por el Tribunal de Cuentas.
2.- Por las Cortes.
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3.- EL PRESUPUESTO POR PROGAMAS: CONCEPTO Y OBJETIVOS.
A.- Concepto.
B.- Objetivos del presupuesto por programas.
4.- PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL.
VI.2. LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
1.- RÉGIMEN JURÍDICO
2.- PRINCIPIOS
A) Principio de legalidad
B) Principio de anualidad
C) Principio de unidad.
D) Principio de universalidad
1.- El principio de presupuesto bruto
2.- El principio de unidad de caja o no afectación
E) Principio de especialidad
3.- CARACTERÍSTICAS
A.- CONTENIDO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS
A) Articulado
1.- Título I. De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones
2.- Título II. De la gestión presupuestaria
3.- Título III. De los gastos de personal
4.- Título IV. De las pensiones públicas
5.- Título V. De las operaciones financieras
6.- Título VI. Normas tributarias
7.- Título VII. De los entes territoriales
8.- Título VIII. Cotizaciones sociales
B) Estados numéricos
4.- ESTRUCTURA
A.- El Presupuesto de Gastos
a) Clasificación por programas
b) Clasificación orgánica
c) Clasificación económica
B.- El Presupuesto de Ingresos
a) Clasificación orgánica
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) Clasificación económica
5.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
IV.3. EL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
1.-RÉGIMEN JURÍDICO.
A.- Normativa aplicable.
B.- Principios.
2.- ELABORACIÓN.
3.- APROBACIÓN.
4.- EJECUCIÓN.
5.-LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO. LAS CUENTAS DE
LIQUIDACIÓN.
IV.4. LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
1.-MODIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES.
2.-CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.
a) En la Administración General.
b) En el Principado de Asturias.
c) En la Universidad de Oviedo.
3.- AMPLIACIONES DE CRÉDITO.
a) En la Administración General.
b) En el Principado de Asturias.
c) En la Universidad de Oviedo.
4.- GENERACIONES DE CRÉDITO.
a) En la Administración General.
b) En el Principado de Asturias.
c) En la Universidad de Oviedo.
5.-TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.
a) En la Administración General.
b) En el Principado de Asturias.
c) En la Universidad de Oviedo.
6.- INCORPORACIONES DE CRÉDITO.
a) En la Administración General.
152

) En el Principado de Asturias.
c) En la Universidad de Oviedo.
IV.5. ORDENACIÓN DEL GASTO Y ORDENACIÓN DEL PAGO
1.-NORMATIVA APLICABLE.
2.-CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE GASTO Y PAGO.
3.-DIFERENCIA ENTRE GASTO Y PAGO.
4.-FASES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
5.-RÉGIMEN DE ORDENACIÓN DE LOS GASTOS Y PAGOS.
A.-Competencia
a) En la Administración General.
b) En el Principado de Asturias.
c) En la Universidad de Oviedo.
B.-Fases.
C. Documentos contables que intervienen en la ejecución de los gastos y de los
pagos.
a) Normas generales sobre gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la
ejecución del Presupuesto de Gastos.
b) Reglas específicas.
1.-Ejecución del gasto y pago.
2.-Aprobación o autorización del gasto.
3.-Compromiso o disposición del gasto.
4.-Reconocimiento de la obligación o liquidación del gasto.
5.-Procedimiento de ordenación y ejecución del pago.
6.-Documentos complementarios.
7.-Anulaciones.
8.-Fases acumuladas.
9.-Enlace entre operaciones.
D.-Normativa específica de la Universidad de Oviedo.
a).-Consideraciones previas.
b) Reglas específicas.
1.-Autorización del gasto.
2.-Compromiso del gasto.
3.-Reconocimiento de la obligación.
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4.-Fases acumuladas.
5.-Retención de crédito.
6.-Ejecución material del pago.
IV.6. GESTIÓN DEL GASTO
1.-NORMATIVA BÁSICA APLICABLE.
2.-GESTIÓN DEL GASTO. GASTOS PARA LA COMPRA DE BIENES Y
SERVICIOS. GASTOS DE INVERSIÓN.
a) Contratos menores.
b) Otros contratos.
c) Contratos de emergencia.
d) Tramitación de los gastos de expropiaciones.
e) Gastos derivados de expedientes de responsabilidad patrimonial.
3.-GASTOS DE TRASFERENCIAS: CORRIENTES Y DE CAPITAL.
IV.7. PAGOS
1.-NORMATIVA BÁSICA APLICABLE
2.-CONCEPTO.
3.-COMPETENCIA.
4.-CLASES.
5.-PAGOS EN FIRME Y A JUSTIFICAR.
6.-PAGOS POR OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS.
A) En la Administración General.
B) En el Principado de Asturias.
C) En la Universidad de Oviedo.
7.-PAGOS POR EJERCICIOS CERRADOS.
8.-ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
a) Concepto.
b) Naturaleza jurídica.
A) En la Administración General.
B) En el Principado de Asturias.
C) En la Universidad de Oviedo.
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9.-LIBRAMIENTOS. JUSTIFICACIÓN.
A) En la Administración General.
B) En el Principado de Asturias.
C) En la Universidad de Oviedo.
IV.8. SUBVENCIONES PÚBLICAS
1.-NORMATIVA APLICABLE.
2.-CONCEPTO.
A) General
B) En la Administración General.
C) En el Principado de Asturias.
D) En la Universidad de Oviedo.
3.-TIPOS.
4.-NOTAS.
5.-NATURALEZA JURÍDICA.
6.-PRINCIPIOS.
7.-REQUISITOS OBJETIVOS DE LAS SUBVENCIONES.
8.-REQUISITOS SUBJETIVOS DE LAS SUBVENCIONES.
9.-PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
A) En la Administración General.
a) Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
b) Del procedimiento de concesión directa.
B) En el Principado de Asturias.
a) Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
b) Del procedimiento de concesión directa.
C) En la Universidad de Oviedo.
a) Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.
b) Del procedimiento de concesión directa.
10.-PAGO.
11.-JUSTIFICACIÓN.
A) En la Administración General.
B) En el Principado de Asturias.
C) En la Universidad de Oviedo.
12.- EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.
155

13.-REINTEGROS.
A) En la Administración General.
a) Concepto
b) Naturaleza jurídica.
c) Causas de reintegro.
d) Iniciación del procedimiento.
e) Órgano competente.
f) Contenido de la devolución.
g) Alcance del reintegro.
h) Obligados al reintegro.
i) Procedimiento para declarar el reintegro.
j) Prescripción.
B) En el Principado de Asturias.
14.-CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
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