Equipo Argentino de Antropologia Forense ... - Justicia Forense

Equipo Argentino de
Antropología Forense
Fotografías
Editoras, curadoras
Silvana Turner (EAAF)
Ana Aslan
Fragmento de un espejo decorado que se encontró en el
bolsillo del pantalón de una de las víctimas.
También se recuperaron documentos, aspirinas y
paquetes de cigarrillos. Los efectos personales
ayudaron en la identificación de los restos.
Kurdistán Iraquí, 1992. (Foto: Mercedes Doretti,
EAAF)

INTRODUCCIÓN
• Durante los años 70' y comienzos de los 80' gran parte de los países
Latinoamericanos atravesaron períodos de intensa violencia y represión. El
Estado, en muchos casos bajo control de gobiernos militares, cometió severas
violaciones a los derechos humanos contra grupos guerrilleros de izquierda,
organizaciones sociales y políticas. En los años 80', en muchos de estos
países, junto con la vuelta a la democracia surge la necesidad de investigar los
crímenes del pasado. La aplicación y desarrollo de la antropología forense en la
investigación de violaciones a los derechos humanos surge de esta necesidad
histórica.
• El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es una organización
científica, no gubernamental y sin fines de lucro que en 1984, con el retorno a la
democracia en Argentina, comenzó a trabajar en la búsqueda de personas
"desaparecidas" durante la última dictadura militar (1976-1983). Desde
entonces, distintas organizaciones nacionales e internacionales solicitaron la
colaboración del equipo en la investigación de casos similares en más de 20
países.

• A diferencia de los médicos forenses, que en general trabajan con
cadáveres, los antropólogos forenses recuperan y analizan principalmente
restos óseos. El trabajo del EAAF básicamente consiste, en primer lugar,
en tomar testimonios a familiares de las víctimas y testigos de los hechos y
evaluar la documentación existente en cada caso. El segundo paso implica
la exhumación con técnicas arqueológicas de fosas individuales o
comunes. Finalmente, se analizan los restos recuperados en el laboratorio.
Allí se intenta determinar la causa y manera de muerte e identificar los
restos de la víctima, con el fin de restituírlos a su familia y presentar la
evidencia a la justicia.
• El registro fotográfico es parte integral del trabajo. Al excavar se destruye el
contexto arqueológico para recuperar las evidencias. Las fotografías son
una manera de preservar la apariencia original de la fosa y de los hallazgos
durante la excavación. Lo mismo sucede con el trabajo de laboratorio.
Luego de su análisis, los restos óseos pueden ser devueltos a los familiares
de las víctimas para ser re-enterrados o cremados. Las fotos tomadas en el
laboratorio permanecen como registro de las principales conclusiones
alcanzadas. Las fotografías son presentadas como evidencia ante la
justicia y/o incorporadas en informes de comisiones de la verdad o
tribunales internacionales. Por otro lado, son también documentos para la
reconstrucción histórica de hechos en general controversiales.

• Esta muestra ilustra la manera en que la antropología forense puede
contribuir en la investigación de violaciones a los derechos humanos. A
partir de los casos elegidos intentamos mostrar algunos aspectos
metodológicos y resaltar los contextos sociales, políticos e históricos en
que se desarrollaron los trabajos. La calidad heterogénea de las imágenes
se debe a que durante la selección del material priorizamos el valor
documental de la foto más que los criterios estéticos.
• Las fotografías del EAAF fueron tomadas por algunos de sus miembros. El
resto de las fotos representan el trabajo de varios fotógrafos que
documentaron los hechos que se presentan en esta muestra, o registraron
el trabajo del equipo.
• Países en los que trabajó el EAAF: Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia,
Paraguay, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá, Honduras, El
Salvador, Guatemala, Haití, Filipinas, Surinam, Rumania, Croacia, Bosnia,
Kurdistán Iraquí, Etiopía, República Democrática del Congo, Zimbabwe y
Sudáfrica.

AGRADECIMIENTOS
Esta muestra es posible gracias a la generosa ayuda de personas e instituciones que
contribuyeron con su trabajo, recursos, materiales fotográficos y comentarios durante
los dos años de desarrollo de este proyecto. A todos ellos muchas gracias.
Financiaron esta muestra:
Diakonische Werk, de la Iglesia Evangélica en Alemania.
Fundación Henrich Böll, Alemania.
National Council of the Churches of Christ in the U.S.A. (Consejo Nacional
de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos).
Fotógrafos:
Ana Aslan, Andrew Beswick, Viviana D'Amelia, Stephen Ferry, Guillermo Loiacono,
Eduardo Longoni, Susan Meiselas, Daniel Muzzio, Roberto Pera, Jean-Marie Simon y
Eric Stover.
Gráficos e ilustración:
Claudia Bernardi
Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (ARGRA); archivo fotográfico del Diario
Página12, Argentina; Special Prosecutor Office, (SPO), Etiopía; Jon Lee Anderson,
familia Bruschtein, familia Loiacono, familia Pintos, Elena Arengo, Norma Baratta,
Ricardo Ceppi, Julieta Escardó, Fabiana Fernández, Robin Le Baron, Pedro Linger
Gasiglia y Laura Roush.
Fundaciones que financiaron durante los últimos 2 años el trabajo del EAAF:
Diakonische Werk y Misereor, Alemania; Missio, Austria; Joyce Mertz Gilmore
Foundation y John Merck Fund, Estados Unidos; Fundación Danielle Mitterrand, Francia;
Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO), Holanda;
Diakonia, Suecia y Consejo Mundial de Iglesias, Suiza.

ARGENTINA
• En diciembre de 1983, un gobierno constitucional puso fin a la dictadura
militar que había ocupado el poder en 1976. El nuevo presidente electo, Dr.
Raúl Alfonsín, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP). A partir de las denuncias de los familiares de las
víctimas, sobrevivientes y testigos de los hechos, la CONADEP estableció
que alrededor de 10.000 personas habían sido "desaparecidas" durante el
último período militar. La gran mayoría fueron secuestrados de sus
domicilios por fuerzas de seguridad, fuerzas armadas o grupos
paramilitares; trasladados a centros clandestinos de detención que
funcionaron durante esos años en todo el país, donde eran interrogados
bajo tortura y luego en muchos casos ejecutados extrajudicialmente. El
objetivo de esta estrategia fue terminar con el accionar de grupos
guerrilleros de izquierda y de organizaciones sociales y políticas opuestas a
los intereses de los sectores de poder político y económico.
• Gran parte de los cuerpos de los desaparecidos fueron arrojados desde
aviones al mar Argentino o enterrados en fosas sin identificación en los
sectores para indigentes de los cementerios públicos. Desde entonces
distintas organizaciones de derechos humanos han reclamado a las
autoridades el esclarecimiento de estos casos y el enjuiciamiento de los
responsables. Durante los primeros años de democracia se llevaron a cabo
exhumaciones a cargo de expertos forenses de la policía y el poder judicial,
poco familiarizados con el tratamiento de restos óseos y cuya
independencia durante el período anterior había sido en muchos casos
severamente limitada.

• La CONADEP y las Abuelas de Plaza de Mayo, una organización de
derechos humanos no gubernamental, requirieron la ayuda del Programa
de Derechos Humanos y Ciencia de la Asociación Americana para el
Avance de la Ciencia (AAAS), Washington D.C. En 1984 una delegación de
científicos forenses y genetistas de los Estados Unidos llegó a la Argentina.
Entre ellos se encontraba el antropólogo forense Dr. Clyde C. Snow, quien
convocó a arqueólogos, antropólogos y médicos, para realizar
exhumaciones y análisis de restos óseos de manera científica. En mayo de
1984 se llevó a cabo la primer exhumación con técnicas arqueológicas en
el país. Durante los siguientes 5 años el Dr. Snow efectuó varios viajes a
la Argentina para colaborar en la formación del EAAF.
• En 1985 miembros de las fuerzas armadas y de seguridad del anterior
gobierno de facto fueron juzgados y condenados por graves violaciones a
los derechos humanos. La evidencia forense fue parte de las pruebas
presentadas a la justicia. Durante el gobierno del Dr. Alfonsín, se aprobaron
las leyes de Obediencia debida y Punto final, que limitaron los alcances de
los procesos judiciales. En 1989 el presidente Dr. Carlos Saúl Menem
indultó a militares, ex guerrilleros y militantes políticos. Por último, en
diciembre de 1990, otro indulto presidencial del Dr. Menem dejó en libertad
a los ex miembros de las Juntas militares que estaban cumpliendo sus
condenas, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Roberto Viola. A partir de
1998, algunos altos oficiales, incluyendo a Videla y Massera, han sido
detenidos bajo arresto domiciliario acusados de elaborar un plan
sistemático de secuestros y adopción ilegal de niños detenidos junto con
sus padres o nacidos en cautiverio, crimen no contemplado por los indultos.
También se están llevando a cabo juicios y gestiones en España, Italia,
Francia y Alemania por la desaparición en Argentina de ciudadanos de
estas nacionalidades.

Teniente general Jorge Rafael Videla, presidente de facto de la Nación
entre 1976 y 1981, saludando durante un acto por el día del ejército.
Buenos Aires, 29 de mayo de 1977. (Foto: Guillermo Loiacono)

Desde el 30 de abril de 1977 las madres de las personas secuestradas
y desaparecidas se reúnen en la Plaza de Mayo de la ciudad de
Buenos Aires, para reclamar por la suerte de sus seres queridos.
(Foto: Viviana D'Amelia)

Durante las primeras exhumaciones ordenadas por la justicia, no se
emplearon técnicas arqueológicas y en su mayoría los restos fueron
dañados, mezclados o dejados en las fosas. Madres de las víctimas
observan los resultados de estas exhumaciones. Avellaneda, Buenos
Aires, 1984. (Foto:Roberto Pera)

The first exhumations ordered by the justice system were not carried
out utilizing archaeological techniques, and most of the remains were
damaged, mixed up or left in the graves. Mothers of the victims observe
the results of these exhumations. Avellaneda, Buenos Aires, 1984.
(Photo: Roberto Pera)

Santiago Bruschtein, secuestrado el 11 de junio de 1976 y sus hijos,
Luis (izquierda), Irene Mónica y Víctor Rafael (derecha). Irene y Víctor
también fueron secuestrados y continúan desaparecidos. (Foto:
cortesía familia Bruschtein)

• La investigación
preliminar de un caso
incluye el análisis de
fuentes escritas y
orales, a partir de la
toma de testimonios a
testigos, sobrevivientes
y familiares de las
víctimas y de la reunión
de documentación,
como informes
judiciales, policiales o
militares, libros de
inhumación de
cementerios, actas de
defunción, fichas
dactiloscópicas,
protocolos de autopsia y
archivos periodísticos.
(Foto: Ana Aslan)

En enero de 1988 comenzó el trabajo de exhumación y análisis de los
restos inhumados como N.N. (ningún nombre) en un sector de 12 x 24
metros anexo al cementerio de Avellaneda, al sur de la ciudad de Buenos
Aires. Este sector fue utilizado por las fuerzas de seguridad entre 1976-
1978 para deshacerse de los cuerpos de personas desaparecidas. (Foto:
Stephen Ferry)

• El trabajo
arqueológico en el
cementerio de
Avellaneda
involucró la
excavación de19
fosas comunes y11
fosas individuales
de las que se
recuperaron un total
de 324 individuos.
(Foto: Mercedes
Doretti, EAAF)

• El empleo de técnicas
arqueológicas permite
recuperar los restos
óseos de manera
completa y articulada.
Las cintas de colores
señalan los restos que
corresponden a cada
individuo, es necesario
en primer lugar
exponer toda la
superficie de la fosa y
trabajar desde afuera
de la misma para no
dañar o mover los
hallazgos. (Foto:
Mercedes Doretti,
EAAF)

• Húmero fracturado por
disparos de arma de
fuego, los proyectiles
se encontraron in situ,
asociados a las
lesiones del húmero y
torax. (Foto: Mercedes
Doretti, EAAF)

La identificación resulta de la comparación entre los datos físicos de la
persona desaparecida y los del esqueleto. Además de la edad, sexo y
estatura es posible observar consecuencias óseas de enfermedades,
tratamientos, anomalías y lesiones. Comparación de una radiografía de un
tratamiento odontológico tomada a una persona antes de su desaparición,
con los RX de la misma pieza dental de un esqueleto. (Foto: Silvana Turner,
EAAF)

Antes de iniciar el análisis de los restos óseos se toman las radiografías
necesarias, se lavan los restos con agua y una vez secos se inscribe una
sigla que identifique a todos los fragmentos de un mismo esqueleto.
Rotulado de los fragmentos de un cráneo estallado por disparos de arma
de fuego. (Foto: Eric Stover)

El registro visual y gráfico forma parte de la documentación de los casos
y se desarrolla durante todas las etapas de la investigación. Fotografiado
de un cráneo reconstruído que presenta una lesión causada por un
proyectil de arma de fuego. (Foto: Stephen Ferry)

La restitución de los restos es uno de los objetivos fundamentales de la
identificación. Concluídos los estudios y una vez cumplidos los
requerimientos legales, miembros del EAAF colocan en una urna los
restos de una persona identificada para ser entregados a sus familiares.
(Foto: Stephen Ferry)

Los familiares de las víctimas acompañan todo el proceso de
investigación. Las exhumaciones e identificaciones se llevan a cabo con
su colaboración y apoyo. Teodora Badilla y su familia junto con
miembros del EAAF durante la reinhumación de los restos de su marido,
Luis Adolfo Jaramillo. (Foto: Stephen Ferry)

El antropólogo forense norteamericano Dr. Clyde C. Snow declarando
durante los Juicios a los ex-comandantes en abril de 1985. (Foto: Daniel
Muzzio)

En 1985 los principales responsables de los crímenes fueron juzgados y
condenados. Años después distintas leyes e indultos presidenciales
limitaron los procesos judiciales y dejaron en libertad a quienes cumplían
sus condenas. Familiares de las víctimas y organizaciones de derechos
humanos continúan reclamando por la verdad y la justicia. (Foto: Eduardo
Longoni)

KURDISTÁN IRAQUÍ
• La región montañosa comprendida por el norte de Irak y Siria, sur de Turquía y oeste
de Irán es el hogar de alrededor 20 millones de kurdos. Desde el fin la Primera Guerra
Mundial el pueblo kurdo ha intentado crear su propio estado independiente,
Kurdistán. Sus intentos han sido reprimidos, muchas veces violentamente, por los
gobiernos de los países de la región.
• La situación de aproximadamente 4 millones de kurdos que vivían en el norte de Irak
cambió con el inicio de la guerra entre Irán e Iraq en septiembre de 1980. El gobierno
iraquí debilitó su control en el área y permitió la vuelta del exilio de miles de kurdos.
No obstante, al finalizar la guerra, el gobierno iraquí condujo una operación militar
contra los kurdos conocida como "Campaña Anfal", entre febrero y septiembre de
1988. Durante esta operación las fuerzas armadas iraquíes bombardearon aldeas, a
veces con armas químicas, llevaron a cabo relocalizaciones forzadas de personas y
ejecuciones sumarias. Según algunas organizaciones de derechos humanos,
alrededor de 80.000 personas "desaparecieron" durante esta campaña y otros miles
murieron de inanición.
• En 1991, con la derrota de Irak en la Guerra del Golfo, la guerrilla kurda tomó control
de gran parte del territorio del kurdistán iraquí. Mientras la región estuvo bajo su
control recuperaron de los edificios del gobierno documentación sobre la represión
llevada a cabo por la policía y el ejército durante la Campaña Anfal. Un mes después,
las tropas iraquíes ocuparon el área y obligaron a la población kurda a refugiarse en
Turquía. En 1992 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la
resolución 688 demandando al gobierno de Irak el cese de la represión y el retiro
permanente de sus tropas y estableció un territorio bajo protección militar de los
aliados de la guerra del golfo, que hizo posible el retorno de los kurdos a esas tierras.

• En 1992 dos miembros del EAAF formaron parte de una delegación internacional
que viajó al Kurdistán Iraquí para investigar las violaciones a los derechos
humanos cometidas por el gobierno de Irak contra los kurdos durante la Campaña
Anfal. La misión fue pedida por los dos partidos políticos kurdos y conducida por
Human Rights Watch/ Middle East y Médicos por los Derechos Humanos (PHR),
dos organizaciones de los Estados Unidos, no gubernamentales, de derechos
humanos.
• Uno de los casos investigados fue el de la masacre de la aldea de Koreme, una de
las aproximadamente 4000 aldeas destruídas por tropas iraquíes durante la
Campaña Anfal. Koreme reunía a 150 familias de agricultores. Entre el 23 y 24 de
agosto comenzaron los bombardeos en la región.
• Los pobladores de Koreme intentaron cruzar la frontera con Turquía, al
encontrarla bloqueada por tropas iraquíes regresaron a Koreme y se rindieron
entregando sus armas. Los soldados iraquíes separaron a los hombres jóvenes
del grupo y los ejecutaron en el lugar. Las mujeres, niños y ancianos fueron
trasladados a prisiones y campamentos militares. Algunos desaparecieron o
murieron allí, otros pudieron regresar a Koreme en 1991.

Un miembro del EAAF, con la colaboración de un traductor,
entrevistó a sobrevivientes y familiares de las víctimas de la
masacre de la aldea de Koreme. Distintos testigos relataron lo
ocurrido y los familiares brindaron información física sobre sus
seres queridos. (Foto: Luis Fondebrider, EAAF)

Semanas después de la masacre, los cuerpos de los hombres
ejecutados fueron enterrados por los soldados en las afueras de
Koreme. Cuatro años más tarde, en mayo de 1992, el Dr. Clyde
Snow, a cargo de la delegación forense, observa la aparición de los
primeros restos, rodeado por los familiares de las víctimas. (Foto:
Mercedes Doretti, EAAF)

Fueron exhumados los restos de 27 hombres en dos fosas
comunes. Todos ellos presentaban lesiones por disparo de arma de
fuego, algunos proyectiles se encontraron junto con los esqueletos.
Una mujer observa los restos de su hermano y su marido. (Foto:
Mercedes Doretti, EAAF)

Los familiares de las víctimas de Koreme permanecieron alrededor
de las fosas durante la excavación. El padre de dos de los jóvenes
ejecutados colabora con la antropóloga chilena Isabel Reveco en la
limpieza de un cráneo. (Foto: Mercedes Doretti, EAAF)

Familiares muestran fotos de las víctimas de un ataque con armas
químicas a la aldea de Birjinni, en 1988 durante la Campaña Anfal. Al
ser examinadas las muestras de suelo recolectadas de las carcazas de
las bombas por el equipo forense, se comprobó la presencia de gas
nervioso y gas mostaza. (Foto: Mercedes Doretti, EAAF)

• Todos los restos
exhumados fueron
identificados y
enterrados por sus
familiares en sepulturas
individuales durante
una ceremonia
colectiva en el
cementerio de Koreme.
Según la práctica
musulmana, sólo los
hombres pueden
participar del entierro,
los restos son envueltos
en tela blanca y
enterrados con la
cabeza mirando a la
Meca. (Foto: Luis
Fondebrider, EAAF)

GUATEMALA
• Desde el inicio de la guerra civil en 1962, Guatemala sufrió uno de los conflictos
más largos y violentos de Latinoamérica. En un país con alrededor de 10 millones de
habitantes, más de 200.000 personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas o
"desaparecidas" y se calcula que el conflicto generó más de un millón de refugiados
y desplazados internos.
• El período de mayor violencia se desarrolló entre 1978 y 1986, durante los gobiernos
militares de los generales Lucas García, Ríos Montt y Mejía Vítores, quienes
condujeron una serie de campañas de contrainsurgencia destinadas a arrasar aldeas
campesinas y asesinar a sus habitantes para terminar con el apoyo que los grupos
guerrilleros, esencialmente rurales, podían recibir de parte de los campesinos.
• En 1986 Guatemala vuelve a un régimen democrático y aunque la situación en
relación a las violaciones de los derechos humanos mejora, sigue siendo crítica. En
diciembre de 1996, tras 6 años de negociaciones mediadas por Naciones Unidas, el
gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen y una coalición de grupos guerrilleros, la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), firman los acuerdos de paz y ponen
fin a la guerra. Estos acuerdos establecieron la creación de una Comisión de
Esclarecimiento Histórico que en marzo de 1999 presentó un detallado informe sobre
las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto interno. La
responsabilidad sobre la gran mayoría de los crímenes es atribuída a las fuerzas
armadas guatemaltecas y grupos paramilitares. Según distintas organizaciones de
derechos humanos, los responsables de estos crímenes difícilmente serán juzgados,
ya que una ley de amnistía aprobada en 1996 con el acuerdo del ejército y de la
guerrilla limita esta posibilidad. No obstante, los familiares de las víctimas continúan
demandando la investigación de los casos, la exhumación de las fosas comunes y la
restitución de los restos a sus familias y comunidades.

• El EAAF ha trabajado en Guatemala regularmente desde 1991 a pedido del Poder
Judicial de Guatemala y de organizaciones de derechos humanos locales como el
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Comisión Nacional de Viudas de Guatemala
(CONAVIGUA), los Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala
(FAMDEGUA) y la Oficina legal del Arzobispado de la ciudad de Guatemala. Para la
realización de estos trabajos se contó con el apoyo financiero del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) de Costa Rica; la Asociación
Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), Médicos por los Derechos
Humanos (PHR) y la Fundación Harry Frank Guggenheim, de los Estados Unidos; y
la Organización Inter eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo, de Holanda.
• Durante 1992 el EAAF participó en el entrenamiento de algunos de los profesionales
que actualmente forman los distintos equipos forenses locales. Desde 1997 el EAAF
colabora con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), en las
investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos que continúan
realizándose bajo su conducción.

Las patrullas de autodefensa civil (PAC), eran grupos de campesinos
reclutados forzosamente por el ejército. Respondían a la autoridad
militar local y armados con rifles, machetes y palos debían vigilar a
sus vecinos, participar en detenciones, secuestros y asesinatos.
Detención de un campesino en la región de Quiché. (Foto: Jean-Marie
Simon)

• En 1992 el EAAF
realizó
exhumaciones en el
departamento de
Santa Cruz del
Quiché. Trece de
los esqueletos
exhumados fueron
encontrados con
las manos atadas
en la espalda y
entradas de
proyectiles de arma
de fuego en la
nuca. (Foto: Luis
Fondebrider, EAAF)

En 1994 y 1995 a pedido de FAMDEGUA, miembros del EAAF
viajaron a la región de El Petén para investigar la masacre de la
aldea de Las Dos RRs. Según las denuncias, parte de las víctimas
habían sido arrojadas a un pozo de agua seco. Para acceder a los
restos se construyó una rampa adyacente al pozo. (Foto: Silvana
Turner, EAAF)

Según testigos, el 8 de diciembre de 1982, el ejército quemó la
aldea de Las Dos RRs y asesinó alrededor de 500 hombre mujeres
y niños. A medida que se fue profundizando la excavación del
pozo se apuntalaron las paredes de toda la estructura. (Foto: Ana
Aslan)

El pozo tenía una profundidad de 12.20 m. y 1 m. de diámetro en
su base. Se exhumaron de su interior un total de 162 esqueletos,
67 correspondían a niños menores de 12 años con un promedio
de 7 años de edad. Vista de la base del pozo y los restos de un
niño. (Foto: Silvana Turner, EAAF)

El 65% de la población guatemalteca está formado por
campesinos indígenas que en su gran mayoría fueron víctimas de
la violencia. Grupos de familiares rezan frente a las cajas que
contienen los restos exhumados en 1992 en la región de Quiché.
(Foto: Luis Fondebrider, EAAF)

Fosa común clandestina excavada por la Fundación de
Antropología Forense de Guatemala (FAFG) en la región de Quiché
en 1997. Los familiares de las víctimas acompañaron las
exhumaciones y prendieron velas alrededor de la fosa. (Foto:
Silvana Turner, EAAF)

Recolección de restos óseos encontrados en la superficie en una
zona cercana a la aldea de Las Dos RRs. Los banderines rojos
indican las concentraciones de restos que fueron registradas en un
gráfico según su ubicación antes de ser removidos. (Foto: Silvana
Turner, EAAF)

La gran mayoría de los restos exhumados presentaban fracturas
y lesiones por disparo de arma de fuego. Junto con ellos se
recuperó ropa y efectos personales. Secado de restos y evidencia
encontrados en la superficie de manera desarticulada. (Foto: Ana
Aslan)

• Cuando no hay
suficiente
información física
de la víctima, es
posible establecer
la identificación
comparando el
material genético
recuperado de los
restos óseos con el
de una muestra de
sangre de los
supuestos
familiares.
Extracción de
muestra sanguínea
por la FAFG en
San Andrés
Sacabajal, Quiché,
1997. (Foto:
Silvana Turner,
EAAF)

• Según la ley
guatemalteca, el juez
puede certificar
identificaciones a
partir del
reconocimiento de
los retos, la ropa o
efectos personales
de las víctimas por
parte de sus
familiares. Exhibición
pública de los restos
y la evidencia
recuperados del pozo
de la aldea de Las
Dos RRs, El Petén.
(Foto: Silvana
Turner, EAAF)

Después de una ceremonia religiosa de la que participaron
pobladores de toda la zona, una procesión cargó las urnas con los
restos de las víctimas de la masacre de Las Dos RRs hasta el
cementerio de la aldea más próxima para enterrarlos en una fosa
colectiva. (Foto: Silvana Turner, EAAF)

BOLIVIA
• Ernesto " Che" Guevara nació en Argentina en 1928 donde se graduó como
médico. En 1955 se unió a Fidel Castro en la lucha que llevaría a la revolución
cubana a la victoria. Convencido de la necesidad de expandir la revolución en
América Latina y África, Guevara intentó sin éxito establecer focos guerrilleros en
Argentina, el Congo Belga y finalmente en Bolivia.
• En noviembre de 1966 el Che entró clandestinamente a Bolivia y fue seguido por
un grupo de 50 cubanos, bolivianos, peruanos y argentinos hasta el departamento
de Santa Cruz de la Sierra al sudeste del país, para iniciar la revolución
continental. Tuvieron que enfrentar la falta de apoyo del partido comunista
boliviano, las deserciones, las enfermedades, la muerte de parte del grupo en
combate y la captura de otros. Conociendo los planes de Guevara, el gobierno de
los Estados Unidos envió agentes de la C.I.A. para entrenar a militares bolivianos
en técnicas de contrainsurgencia.
• El 8 de octubre de 1967, el grupo del Che fue emboscado en la Quebrada del Yuro
por el ejército boliviano. Murieron en el enfrentamiento o fueron ejecutados:
Octavio "Moro" Concepción de la Pedraja, Jaime "Chapaco" Arana Campero, Lucio
"Eustaquio" Galván y Francisco "Pablito" Huaca. Guevara y Simón "Willy" Cuba
fueron llevados a La Higuera, una aldea cercana a Vallegrande. El entonces
presidente de Bolivia, General René Barrientos, ordenó la ejecución de ambos. El
9 de octubre el Che y Willy fueron ejecutados sumariamente en la escuela de La
Higuera. Al día siguiente el cuerpo de Guevara fue exhibido públicamente en la
lavandería del Hospital de Vallegrande. Esa noche el ejército retiró el cuerpo y
desde entonces ocultó el destino que le había dado a los restos.

• En noviembre de 1995, el General retirado Vargas Salinas al ser
entrevistado por el periodista Jon Lee Anderson, dijo que había participado
del enterramiento del cuerpo de Guevara en una fosa común bajo la
antigua pista de aterrizaje de Vallegrande, la noche del 11 de octubre de
1967. El gobierno boliviano formó una Comisión cívico-militar que junto con
la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Mártires por la Liberación
Nacional de Bolivia (ASOFAM), solicitaron la colaboración del EAAF en la
búsqueda de los restos de Guevara y sus compañeros también
desaparecidos. Entre noviembre de 1995 y julio de 1997, en que fueron
exhumados los restos del Che, miembros del EAAF realizaron varios viajes
a Bolivia. Se sumó a la búsqueda un equipo de científicos cubanos a cargo
del Dr. Jorge González Pérez, Director del Instituto de Medicina Legal de la
Havana.
• Hasta fines de 1997 habían sido exhumados, identificados y restituídos a
sus familiares los restos de Ernesto Guevara, René Martínez Tamayo,
Orlando Pantoja Tamayo, Alberto Fernández Montes de Oca y Carlos
Coello Coello, cubanos; Aniceto Reynaga Gordillo, Simón Cuba, Jaime
Arana Campero, bolivianos y Juan Pablo Chang Navarro, peruano. En 1998
los investigadores cubanos encontraron los restos de Tamara "Tania"
Bunke, una agente cubana de nacionalidad argentina-alemana, que se unió
al grupo del Che y murió en una emboscada en agosto de 1967. El equipo
cubano continúa la búsqueda de alrededor de 23 guerrilleros que
permanecen enterrados en algún lugar de Vallegrande.

El Che Guevara y parte de su grupo en un campamento en la zona
de Ñancahuazú, Bolivia. De izquierda a derecha: Alejandro,
Pombo, Urbano, Rolando, Che, Tuma, Arturo y Moro. (Foto:
cortesía de Jon Lee Anderson)

Vista aérea de la antigua pista de aterrizaje junto al cementerio y
parte de las zonas señaladas como posibles lugares de
enterramiento de los restos del Che y algunos de sus compañeros
en las afueras de Vallegrande. (Foto: Silvana Turner, EAAF)

Debido a la gran extensión del área, científicos cubanos estudiaron
los cambios del paisaje y utilizaron técnicas geofísicas para
establecer sitios con alteraciones subterráneas que pudieran
indicar la presencia de una fosa. Empleo de gravímetro y
sismógrafo. (Foto: Silvana Turner, EAAF)

• El 28 de junio de
1997 el equipo
cubano encontró la
fosa que contenía
los restos de
Guevara y otros seis
guerrilleros en la
antigua pista de
aterrizaje de
Vallegrande.
Miembros del EAAF
participaron de la
exhumación de los
restos. (Foto:
Alejandro
Incháurregui, EAAF)

La identificación de los restos del Che se efectuó a partir de la
comparación de los datos físicos, especialmente de la información
odontológica. El análisis fue realizado por miembros del EAAF junto
con científicos cubanos y bolivianos. Técnica de superposición
cráneo-foto. (Foto: Patricia Bernardi/A. Incháurregui, EAAF)

Treinta años después de su muerte, en octubre de 1997, durante
una ceremonia pública en Santa Clara, Cuba, se depositaron en un
mausoleo junto a un monumento recordatorio, los restos del Che y
cinco de sus compañeros identificados. (Foto: Stephen Ferry)

ETIOPÍA
• En 1974 un movimiento revolucionario puso fin al prolongado gobierno del
emperador de Etiopía Haile Selassie, para establecer en esta nación del noreste
africano, un régimen unipartidario conocido como Dergue. Durante los siguientes 17
años, bajo la dirección del Coronel Mengistu Haile Marian, las fuerzas de seguridad
del Estado torturaron y ejecutaron a miles de personas de otros grupos étnicos
"rebeldes" o acusados de ser opositores al régimen. Se desconoce el número total
de víctimas pero han sido denunciados un mínimo de 10.000 asesinatos sólo en la
ciudad capital de Addis Ababa durante 1977.
• Entre 1976 y 1978, el gobierno lanzó una campaña conocida como "Terror Rojo",
fuerzas policiales y militares llevaron a cabo ejecuciones masivas y sistemáticas en
las principales ciudades de Etiopía. La violencia se extendió al interior del país
contra los líderes locales. El gobierno también fue responsabilizado por
organizaciones internacionales de derechos humanos, de utilizar la hambruna de
1984 como arma de guerra, al obstaculizar la llegada de asistencia a las zonas
afectadas, zonas donde también se encontraban los principales grupos disidentes al
régimen. La hambruna resultó en la muerte de alrededor de un millón de personas.
• Después de años de lucha, el Frente Democrático Revolucionario Etíope (EPRDF),
una coalición de organizaciones armadas, derrocó el régimen de Mengistu en mayo
de 1991 y estableció un gobierno de transición. En agosto de 1992 el gobierno
provisional creó la Oficina Especial de la Fiscalía (SPO) para investigar los crímenes
cometidos durante el período anterior y juzgar a los responsables. Este paso fue
considerado internacionalmente como un importante precedente en la lucha contra
la impunidad.

• Los juicios se iniciaron en 1994, muchos de los detenidos permanecieron sin cargos
durante varios años, hecho que fue cuestionado por distintas organizaciones de
derechos humanos internacionales. También según estas organizaciones, no
obstante la mejora en relación a las violaciones de los derechos humanos, la
situación sigue siendo crítica.
• A pedido de la SPO y con el apoyo de dos organizaciones de los Estados Unidos,
Presidential Carter Center y John Merck Fund, varios miembros del EAAF viajaron a
Etiopía en 1993, 1994 y 1996 para brindar evidencia forense en la investigación de
algunos casos y entrenar en el empleo de las técnicas de la antropología forenses a
profesionales locales.
• Los casos seleccionados involucran distintos tipos de crímenes en diferentes
regiones del país. En la región norte del Tigrey se trabajó un caso de bombardeo a
población civil durante el gobierno de Mengistu. Se estima que murieron alrededor
de 2.000 personas. En las afueras de Addis Ababa se exhumó una fosa común
ubicada dentro de un predio militar que contenía los restos de personas
desaparecidas bajo custodia. En la región sur del país se investigaron casos de
ejecuciones extrajudiciales bajo custodia, ocurridas durante el período del "Terror
Rojo" en dos aldeas rurales. Las fosas clandestinas se encontraban dentro de los
destacamentos policiales de las aldeas. Debido a que los juicios continúan su
proceso no es posible brindar detalles sobre las investigaciones.

Cartel de propaganda del gobierno: "Mi papá antes peleaba por su
país, ahora trabaja para recostruirlo!". Tigrey, 1996.
(Foto: Ana Aslan)

Abdo Rudwan Ahmed, detenido y ejecutado por la policía a
principios de 1978. Sus restos fueron encontrados en 1996 en una
fosa común dentro de un predio policial.
(Foto: cortesía SPO)

• Tomaskin Dinsa,
detenido en abril
de 1978, luego
de dos o tres
meses de
cautiverio fue
ejecutado
mientras se
encontraba bajo
custodia policial.
Sus restos
fueron
identificados en
1996.
(Foto: cortesía
SPO)

• Uno de los casos
investigados fue la
desaparición de 30
personas que se
encontraban
detenidas en
distintas prisiones
del país. Sus restos
fueron exhumados
de una fosa común
dentro de un predio
de inteligencia
militar en las
afueras de
Addis Ababa.
(Foto: Mercedes
Doretti, EAAF)

Todos los esqueletos tenían una soga de nylon verde alrededor del
cuello, lo cual apoya la hipótesis de una muerte por
estrangulamiento. Ocho víctimas fueron identificadas a partir de la
información física brindada por sus familias, otras cuatro a través
de análisis genéticos.
(Foto: Mercedes Doretti, EAAF)

El 22 de junio de 1988 la fuerza aérea etíope bombardeó la ciudad
de Hawzien en la región norte de Tigrey. Era día de mercado y no
había ningún objetivo militar en la ciudad, las víctimas fueron todas
civiles. En los tres sitios excavados se recuperaron restos óseos y
fragmentos de bombas.
(Foto: Stephen Ferry)

A partir de los testimonios de ex prisioneros se ubicaron cuatro
fosas, tres de ellas dentro de dependencias policiales de dos
ciudades al sur de Addis Ababa, donde fueron enterrados los
cuerpos de 15 personas detenidas y ejecutadas por la policía a
principios de 1978. Se identificaron 12 de las víctimas.
(Foto: Silvana Turner, EAAF)

Médicos y personal del Black Lion Hospital en Addis Ababa,
colaboran con los miembros del EAAF en el estudio de laboratorio,
como parte de su entrenamiento en el empleo de las técnicas de la
antropología forense.
(Foto: Stephen Ferry)

• Contando con la
coincidencia de los
datos físicos más
generales, la
comparación entre
la foto en donde se
observa una funda
de oro en un diente
frontal y la
información
odontológica de los
restos, permitió la
identificación
positiva de la
persona.
(Foto: Mercedes
Doretti, EAAF)

Paralelamente al trabajo de excavación, miembros de la Special
Prosecution Office (SPO) y del EAAF continuaron con la
recolección de testimonios y denuncias sobre violaciones a los
derechos humanos ocurridas en distintas regiones del interior del
país y sobre la posible ubicación de fosas clandestinas.
(Foto: Stephen Ferry)

Más de 5000 miembros del régimen anterior fueron acusados de
genocidio y crímenes de guerra. Más de 2000 están en prisión
desde 1992, muchos de los restantes dejaron el país y fueron
acusados en ausencia, incluyendo al Coronel Mengistu Haile
Marian.
(Foto: Andrew Beswick)

EL SALVADOR
• A fines de los años 70' surgió en El Salvador una intensa guerra civil que duró 12
años y dejó un saldo de alrededor de 75.000 muertos. Antes y durante los primeros
años de la guerra, el ejército salvadoreño llevó a cabo una sistemática campaña de
represión contra los sindicatos, grupos defensores de los derechos humanos,
opositores políticos y contra el movimiento guerrillero o cualquier sospechoso de
apoyarlo.
• A principios de diciembre de 1981, el gobierno cívico-militar presidido por Napoleón
Duarte inició una gran ofensiva militar llamada "Operación Rescate", con el fin de
erradicar a la guerrilla del departamento de Morazán. Luego de algunos
enfrentamientos con el ejército los guerrilleros abandonaron la región. Días después,
entre el 10 y 13 de diciembre, el ejército arrasó con las aldeas de El Mozote, Jocote
Amarillo, Los Toriles, Cerro Pando, La Joya y Ranchería, al norte de Morazán. El
número total de víctimas registrado es de 792 civiles, de los cuales 326 eran niños
menores de 10 años y 417 mujeres. Estos hechos se conocen como "La masacre de
El Mozote", en nombre de la aldea con mayor cantidad de víctimas. Esta estrategia
de "tierra arrasada" fue dirigida a la población campesina, con el objetivo de terminar
con el apoyo que la guerrilla pudiera encontrar en las áreas rurales. Fue señalado
como principal responsable de estas masacres el Batallón de infantería "Atlacatl",
una fuerza de "elite" del ejército salvadoreño entrenados en técnicas de
contrainsurgencia por asesores militares de los Estados Unidos.

• Según testigos, el 10 de diciembre de 1981 el ejército entró a la aldea de El
Mozote. A la mañana siguiente reunieron a toda la gente en la plaza principal,
separaron a los hombres de las mujeres y los niños y luego de violar a las mujeres
más jóvenes, asesinaron a toda la población con machetes y armas de fuego. La
evidencia reunida a través del trabajo forense avala la hipótesis de una ejecución
extrajudicial masiva.
• Los informes sobre la masacre fueron publicados por el Washington Post y el New
York Times poco tiempo después, pero fueron negados por el gobierno
salvadoreño y por el departamento de estado norteamericano, fuertemente
involucrado en la guerra a trevés del envío de ayuda militar y financiera a El
Salvador. La masacre no pudo ser investigada hasta casi el final del conflicto. En
1989 la Oficina legal del Arzobispado de San Salvador, Tutela Legal; concluyó con
la investigación del caso y junto con representantes de familiares y víctimas
presentó la causa ante la justicia pero no logró que se autorizaran las
exhumaciones para comprobar sus denuncias.
• En 1992 los acuerdos que paz entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) y el gobierno presidido por Alfredo Cristiani pusieron fin a la
guerra e incluyeron la creación de una Comisión de la Verdad de Naciones Unidas
que apoyó la realización de las exhumaciones. Durante 1992 miembros del EAAF
realizaron dos viajes a El Salvador a pedido de Tutela Legal y de la Comisión de la
Verdad, para dirigir la investigación forense del caso y entrenar a profesionales
locales.

Acto de disolución del Batallón de Infantería Atlacatl del ejército
salvadoreño. Esta fuerza de elite fue señalada como principal
responsable de las masacres. En 1992 con la firma de los
acuerdos de paz fue ordenada su disolución. (Foto: Stephen
Ferry)

Vista general del área cercana a la aldea de El Mozote,
departamento de Morazán, según se encontraba al iniciarse los
trabajos de excavación en marzo de 1992. Luego de la masacre en
diciembre de 1981, la aldea fue abandonada hasta finalizar la
guerra en 1992. (Foto: Mercedes Doretti, EAAF)

• Algunos reporteros
extranjeros lograron
llegar a la zona en
diciembre de 1981 y
documentar lo ocurrido. A
pesar de las denuncias y
la publicación de la
evidencia en la prensa, la
administración Reagan
negó la existencia de la
masacre y continuó
enviando ayuda militar a
El Salvador. (Foto:
Susan Meiselas)

En octubre de 1989 Pedro Chicas, Rufina Amaya (al frente) y tres
otros sobrevivientes, con la asistencia de la Oficina legal del
Arzobispado, presentaron el caso ante la justicia para iniciar un
juicio contra el Batallón Atlacatl. (Foto: Stephen Ferry)

• Durante la primer
etapa de trabajo
miembros del
EAAF y de Tutela
Legal ampliaron la
investigación del
caso a través de la
toma de
testimonios, la
búsqueda de los
sitios de entierro y
la reunión de la
información física
de las víctimas.
(Foto: Mercedes
Doretti, EAAF)

El sitio seleccionado para la excavación fue las ruinas de una
construcción de adobe adyacente a la iglesia de 4.63 x 6.94
metros. Se estableció un sistema de grilla para situar los
hallazgos según su localización precisa. (Foto: Stephen Ferry)

Se recuperaron 263 fragmentos de proyectiles (rojo) y 245 vainas
servidas (negro) de rifle M-16, usado en ese momento sólo por el
Batallón Atlacatl. La mayoría de los proyectiles fueron encontrados
en relación directa con la concentración de esqueletos (círculos).
(Gráficos: Claudia Bernardi)

Fueron exhumados 143 esqueletos, de los cuales 131
correspondían a niños menores de 12 años, con un promedio de 6
años de edad. Entre los restos de personas adultas se encontraba
el de una mujer en sus últimos meses de embarazo. (Foto:
Stephen Ferry)

A partir de los resultados de las exhumaciones y luego de
entrevistar testigos y consultar documentación, la Comisión de la
Verdad consideró probada la naturaleza de la masacre,
responsabilizando al Batallón Atlacatl de la muerte de por lo
menos 200 civiles en la aldea de El Mozote. (Foto: Stephen Ferry)

El monumento recordatorio en El Mozote dice: 'Ellos no han muerto, están con
nosotros, con ustedes y con la humanidad entera'. (Ilustración: Claurdia Bernardi)