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DEBATE
El gran debate sobre el suelo
Carlos Hernández Pezzi
Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos
de España (CSCAE)
ANTE LA SITUACIÓN de colapso del litoral y el desbordado crecimiento
inmobiliario, el manifiesto suscrito en mayo por urbanistas,
arquitectos y geógrafos de toda España reclama una
“nueva cultura del territorio“, que recoja el deseo de que el
Gobierno y las Cortes controlen —a través de la planificación
de las obras públicas y el agua— el crecimiento del urbanismo,
siempre respetando las competencias de los ayuntamientos
y de las comunidades autónomas. Especialistas portugueses
quieren extender a toda la península este manifiesto, que
aboga por que se cambie la Ley del Suelo de 1998, ya que,
según los expertos firmantes, la vocación del suelo tiene “valores
ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse
al precio del suelo”; ni el objetivo del suelo es sólo el
de ser urbanizado.
Es un documento que plantea
adecuadamente nuevas fórmulas de
transparencia y participación ciudadana,
valoraciones reales de suelos y movilización
ordenada de los recursos disponibles
El Ministerio de Vivienda ha elaborado el proyecto de la
nueva Ley del Suelo, que tiene como objetivo “apostar de una
manera decidida por un desarrollo territorial y urbano sostenible”.
Es un documento que plantea adecuadamente nuevas
fórmulas de transparencia y participación ciudadana, valoraciones
reales de suelos y movilización ordenada de los recursos
disponibles. Contiene medidas para hacer efectivos los
derechos contenidos en un estatuto de los ciudadanos, que recoge
sus garantías constitucionales en la materia y les da entidad
jurídica real en el acceso a la vivienda digna y el medio
ambiente adecuado. Tal avance, que abre, ¡por fin!, un debate
de incalculables proporciones, debe complementarse con
una política integral del Gobierno en varios ámbitos, porque
—debido a tantas dependencias y visiones ilegales o desfasadas—,
el suelo todavía no parece tener el perfil obvio de gran
problema nacional. La cultura que se basa en la especulación
y el despilfarro de recursos constituye una manera arcaica
de entender el crecimiento, ya que prescinde de los elementos
de innovación económica y ambiental que producen más
valor añadido.
Sin embargo, el cambio no es sólo de porcentajes de reserva;
debería ir desde la mejora de la financiación local a las
medidas fiscales sobre el suelo y el dinero negro, pasando
por la lucha contra la delincuencia organizada. Un profundo
cambio cultural que ha de cambiar las legislaciones sobre
gobierno local, financiación, hacienda pública, participación
de los ciudadanos en el urbanismo, etc.; acciones que
deben contribuir a cortar de raíz los delitos contra el territorio,
El debate parlamentario sobre la nueva Ley
del Suelo tiene la ventaja de que tratará
sobre un proyecto que habla de lucha contra
la especulación, de derechos urbanos y de
valores, no de precios y burocracia
ordenando el urbanismo incontrolado. Los poderes públicos
deben innovar en esta materia y defender la iniciativa pública
sobre el suelo, la valoración real del mismo y el aumento
del patrimonio municipal, apoyando a la promoción solvente,
a las empresas y a la propiedad legítima que garantizan
—como el que más— los derechos y deberes ligados a la calidad
de vida.
El debate parlamentario sobre la nueva Ley del Suelo tiene
la ventaja de que tratará sobre un proyecto que habla de
lucha contra la especulación, de derechos urbanos y de valores,
no de precios y burocracia. Tal vez sea importante que la
sociedad asuma la idea de que es un proyecto vital para alcanzar
ideas compartidas por la mayoría sobre transformaciones
estructurales de los problemas urbanos de España. ❚
50 | Profesiones Septiembre-Octubre 2006