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Foro de Consulta Ciudadana para la Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-­‐2018
“ México Actor con Responsabilidad Global”
Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciudad de México, 12 de Marzo del 2013
Panel de Discusión: Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
Tercera Mesa de Discusión: Medio Ambiente
La inclusión de la gestión adecuada de las sustancias químicas a lo
largo de su ciclo de vida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-­‐ 2018
M. en C. Fernando Bejarano González
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) A.C
Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas (CAATA)
http://www.caata.org http://www.rapam.org
coordinacion@caata.org.mx
RAPAM es una asociación civil mexicana sin fines de lucro con más de 20 años de
experiencia en el tema de los plaguicidas químicos, sus efectos en la salud y el
medio ambiente. Con CAATA ha ampliado sus actividades a otras sustancias
químicas sujetas a control bajo los convenios ambientales multilaterales de
Estocolmo, SAICM, Rotterdam y recientemente el nuevo convenio sobre mercurio.
Esta intervención retoma la recomendación dirigida al equipo de transición de la
Semarmat emitida por la segunda sesión ordinaria del 2012 del Comité Consultivo
Nacional para la Gestión Integral de Sustancias Químicas, Compuestos Orgánicos
Persistentes y Residuos Peligrosos sujetos a Convenios internacionales en materia
ambiental (CCNSQ) que indica que “dentro del Plan Nacional de Desarrollo se
incluya como tema prioritario la Gestión Ambiental de Sustancias Químicas a fin de
que dicho tema pueda ser debidamente presupuestado y atendido dada la
relevancia que tiene en la salud y medio ambiente”. Esta recomendación fue
aprobada por unanimidad el 16 de noviembre del 2012 en el Acuerdo VIII-­‐
I/II/2012. Cabe aclarar que las recomendaciones que se presentan en este escrito
son a título de nuestra organización y seguramente se enriquecerían con la
participación de otros miembros de las organizaciones de interés público y la
academia miembros del CCNSQ.
De manera resumida proponemos 10 puntos para su consideración en el Plan
Nacional del Desarrollo (PND):
1) Más allá del problema de los residuos en el PND, incorporar el ciclo de
vida de la gestión de los productos químicos en la definición del problema.
México enfrenta el reto en el próximo sexenio de promover los cambios a nivel
nacional para aplicar un enfoque estratégico en la gestión de las sustancias
químicas a lo largo de su ciclo de vida, que logren una mejor protección a la salud
humana y el medio ambiente frente al problema de la contaminación ambiental de
acuerdo a los compromisos asumidos en los convenios internacionales. Esto
requiere superar el enfoque adoptado en los planes nacionales de desarrollo de los
últimos sexenios que reduce al tema de los residuos la problemática de la llamada
“Agenda Gris” o los problemas de contaminación, sin plantear el problema desde
una perspectiva más amplia. El tema de los residuos se plantea como un problema
de manejo, tratamiento y disposición final, sin considerarlos como parte de la
gestión del ciclo de vida de los materiales y productos químicos y como resultado
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de los modos de producción y consumo no sustentable, como aconseja el Programa
XXI de la ONU desde 1992. Es decir, se requiere no sólo incluir el tema de los
residuos sino también las otras etapas del ciclo de vida de los productos químicos
(el diseño, producción, distribución y consumo) en un marco estratégico integral, y
multisectorial mediante un proceso transparente, incluyente y participativo.
Repetir el mismo enfoque reduccionista y sólo incluir a los residuos en la
estrategia nacional de desarrollo significaría dar la espalda a los compromisos y
evolución de la agenda ambiental internacional y permitir que la contaminación
siga deteriorando la calidad de vida de la población, vulnerando los derechos
humanos de los sectores más desprotegidos y aumentando el costo ambiental y a
la salud pública que paga finalmente la población.
2) El PND debe contribuir a alcanzar la meta 2020 del Convenio de SAICM.
Las acciones que promueva el gobierno de México en el Plan Nacional de
Desarrollo durante el sexenio del 2013 a 2018 serán decisivas para que nuestro
país contribuya a lograr que, a más tardar en el año 2020, los productos químicos se
produzcan y utilicen de modo que se logre la minimización de los efectos adversos
importantes en la salud humana y el medio ambiente. Este es el objetivo incluido en
el Plan de Aplicación de la Cumbre de Johannesburgo sobre el Desarrollo
Sostenible, que después fue adoptado como objetivo general por el Convenio
denominado Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel
Internacional (mejor conocido por sus siglas en inglés como SAICM), aprobado en
la Conferencia Internacional sobre la Gestión de los Productos Químicos en Dubai,
Emiratos Árabes Unidos, en febrero del 2006. Aunque es un convenio voluntario
México adquirió el compromiso de elaborar y actualizar un Plan Nacional de
Aplicación.
El convenio de SAICM proporciona el marco estratégico internacional para
la gestión de las sustancias químicas, aprobado por el propio gobierno de México
con el respaldo de la industria química y de los grupos de interés público de la
sociedad civil. El SAICM plantea objetivos y acciones en los ejes de reducción de
los riesgos, conocimiento e información, gobernanza, creación de capacidades y
cooperación técnica y el tráfico internacional ilícito; además de incluir
consideraciones financieras, principios y criterios, y una aplicación y evaluación de
los progresos logrados. Hay que recordar que este convenio cubre no sólo los
aspectos ambientales sino todos los demás aspectos relacionados con la gestión de
los productos químicos: los de salud ocupacional y ambiental, los aspectos
laborales, los económicos y sociales. Por su amplio campo de acción requiere una
participación y compromiso de todos los sectores involucrados que supere la idea
de que el Convenio del Enfoque Estratégico de SAICM es sólo responsabilidad de
las autoridades ambientales, y no del gobierno en su conjunto, y que es parte
indispensable en la consecución de un desarrollo verdaderamente sostenible y de
la transformación hacia una economía verde.
Incluir el enfoque y meta del 2020 del SAICM dentro de los objetivos del
PND con un capítulo específico sobre la gestión integral de las sustancias químicas
permitiría contar con un programa de actividades y presupuesto nacional que le
den respaldo al Plan Nacional de Aplicación del SAICM donde el apoyo
internacional sea un elemento complementario. Permitiría también mandar una
señal clara para superar los problemas de coordinación intersecretarial,
particularmente entre las Secretarías de Medio Ambiente y la Secretaría de Salud, y
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lograr que se involucren de manera más activa otras Secretarías como las de
Trabajo y la de Economía.
Los temas de la agenda de SAICM son relevantes y requieren que tengan un
lugar dentro del PND que permita cumplir con los nuevos temas normativos, como
son: la eliminación del plomo en las pinturas; el contar con un marco de gestión
preventivo frente al desarrollo de las nanotecnologías que incorpore las
recomendaciones propuestas por el GRULAC y SAICM; enfrentar los problemas de
contaminación por el reciclaje de productos eléctricos y electrónicos con
sustancias tóxicas persistentes; los productos químicos tóxicos en los productos de
consumo; el contar con un enfoque de gestión adecuado para prevenir la
exposición a sustancias químicas que tengan una acción hormonal o de disrupción
endocrina que afectan el desarrollo reproductivo, cánceres relacionados con la
acción hormonal, y el incremento de enfermedades cardiovasculares, obesidad y
diabetes, entre otros.
4) Política y programa de prohibición gradual y reducción del uso de
plaguicidas altamente peligrosos. En 2006 el Consejo de la FAO decidió que en la
en la aplicación del Convenio de SAICM los gobiernos podrían incluir como
actividades prioritarias para la reducción de riesgos a la prohibición gradual de los
plaguicidas altamente peligrosos (Highly Hazardous Pesticides en inglés ó HHP);
posteriormente, se definen los criterios por un grupo de expertos de la FAO junto
con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la participación de las ONGs. Los
plaguicidas altamente peligrosos se definen porque cuentan con una o más de las
siguientes características: una elevada toxicidad aguda, estar asociados con efectos
a largo plazo en la salud (cáncer, mutagénesis, efectos en la reproducción), o con
un mayor impacto en el ambiente (persistencia,) y los incluidos en los convenios
ambientales internacionales (Estocolmo y Rotterdam principalmente). Estos son
los criterios propuestos por expertos de la FAO-­‐OMS; a los que se añaden los que
propone la Red Internacional de Plaguicidas (Pesticide Action Network ó PAN)
para incluir a los plaguicidas que tengan mayor toxicidad por inhalación, y/o una
acción hormonal (disrupción endocrina), y/o toxicidad a las abejas.
En México más de la mitad (56%) del total de los ingredientes activos
autorizados en el Catálogo Oficial de Plaguicidas del 2004 son plaguicidas
altamente peligrosos, según los criterios descritos anteriormente por la FAO-­‐OMS
y PAN internacional. Esto nos da un perfil nacional de la peligrosidad intrínseca de
los plaguicidas muy alto frente al cual es necesario un cambio de política para
prevenir el riesgo y promover su sustitución por plaguicidas químicos menos
peligrosos y por alternativas no químicas de control de plagas.
México cuenta con la experiencia de las organizaciones campesinas, de
productores rurales y la evidencia documentada de las principales universidades
agrícolas del país y organizaciones de académicos como la Sociedad Mexicana de
Agricultura Sustentable (SOMAS) o la Sociedad Científica Latinoamericana en
Agroecología (SOCLA), entre otros, que demuestran que es técnicamente efectivo y
económicamente viable la reducción y sustitución del uso de plaguicidas químicos.
5) Cancelación de todas las autorizaciones del insecticida endosulfán y
programa de trabajo para la implementación de alternativas en
cumplimiento del Convenio de Estocolmo. Esta debe ser una primera medida a
adoptar en los próximos meses en cumplimiento de la decisión SC-­‐5/3 adoptada
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por la Quinta Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes en abril del 2011 y de la cual México tiene
que informar en la próxima Conferencia de las Partes en mayo del 2013. Esto
significa que se le den instrucciones precisas a la Comisión Federal de Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que tiene la competencia por la Ley General
de Salud de cancelar las autorizaciones de los plaguicidas en nuestro país. Más de
90 países han prohibido o puesto fecha límite a la importación, exportación y uso
del insecticida endosulfán, incluidos nuestros principales socios comerciales de
Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, además de otros países de América
Latina, como Brasil, Argentina y Chile, entre otros.
El otro compromiso adquirido en el Convenio de Estocolmo es promover un
programa de trabajo para la implementación de alternativas al endosulfán que
incluya alternativas no químicas de control de plagas; esto requiere que la
Secretaría de Agricultura Pesca y Alimentación consulte los documentos sobre el
tema que ha elaborado el Comité de Revisión de COPs y que serán examinados en
la próxima Conferencia de las Partes, y convoque a todos los grupos interesados,
incluyendo alternativas de control biológico, agroecológico y de producción
orgánica para conocer las experiencias exitosas de control y desarrolle un
programa de trabajo nacional.
6) Política de sustitución y control de sustancias tóxicas, persistentes y
bioacumulables, teniendo como prioridad aquellas señalados en el Convenio
de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) y el
Convenio de Minamata sobre Mercurio. Esto requiere, por ejemplo, desarrollar
un programa de minimización y sustitución de fuentes de COPs no intencionales
como las dioxinas y furanos que incluya las modificaciones adecuadas a las
Manifestaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo para exigir la
evaluación de alternativas a los insumos, prácticas y procesos que eviten la
formación y liberación de COPs no intencionales, y su adecuado control en caso de
no ser posible. Para tal fin se podría formar un grupo de trabajo incorporando a
todos los sectores interesados, incluyendo a las instituciones académicos,
organizaciones de interés público en protección a la salud, ambiente,
consumidores y trabajadores; y desarrollar una política de intercambio de
información y cooperación con los países y experiencias más significativas,.
Aplicar las medidas de control y sustitución acordadas en la Quinta Reunión
de Negociación del que será el Convenio de Minamata sobre Mercurio cuya firma
está programada para octubre del 2013 en Japón. En particular, pensamos que la
Secretaría de Salud debería impulsar en el corto plazo una política de compras
libres de mercurio en termómetros, esfigmomanómetros y amalgamas,
considerando los caso exitosos que CAATA ha promovido con el apoyo de Salud Sin
Daño y la iniciativa de otras instituciones de salud. También a corto plazo se
deberían de desarrollar programas de reducción y control de todas las fuentes
ambientales de mercurio en los sitios altamente contaminados, como en la cuenca
de Coatzacoalcos donde con IPEN se han presentado resultados de las altas
concentraciones de mercurio en el pelo de los pobladores locales (ver reporte).
7) Fortalecer y ampliar los derechos de acceso a la información, de
participación ciudadana en la toma de decisiones y acceso a la justicia en
materia ambiental. México es signatario de la Declaración del Principio 10 de la
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Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo elaborada en el marco de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río +20, en julio
del 2012. El gobierno de México junto con los otros países signatarios se ha
comprometido a elaborar un plan de acción regional 2012-­‐2014 para un eventual
convenio regional u otro instrumento, con apoyo de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) como Secretaría Técnica. Esta es una buena
oportunidad para que la Secretaría de Relaciones Exteriores abra un proceso de
consulta más amplio con todos los actores interesados, se refrende el principio 10
dentro del PND, y se consideren reformas que logren, entre otros:
• Cumplir y actualizar con los nuevos COPs del Convenio de Estocolmo lo que
establece el Art. 10 Información, sensibilización y formación del público. El
cumplimiento de las obligaciones descritas en este artículo es una tarea
pendiente y un gran rezago que no incentiva la participación ciudadana y no
permite que se modifiquen las peores prácticas o se elijan las mejores prácticas
por falta de información al público.
• Ampliar el derecho público a la información y la obligación de las empresas de
reportar al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC),
ampliando la lista de sustancias reportadas y ligándola a políticas y metas de
reducción en el uso de sustancias tóxicas y materiales peligrosos en las zonas
más contaminadas del país.
• Una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) autónoma de
Semarnat que amplíe los mecanismos de denuncia y vigilancia ciudadana.
• Transformar el Comité Consultivo Nacional para la Gestión Integral de
Sustancias Químicas, Compuestos Orgánicos Persistentes y Residuos Peligrosos
sujetos a Convenios Internacionales en materia ambiental (CCNSQ) de la
Semarnat en un órgano consultivo de la Presidencia de la República con
secretarios técnicos rotatorios entre las diversas Secretarías involucradas en la
gestión de sustancias químicas, para asegurar un enfoque transversal y la
coordinación entre las distintas Secretarías. El CCNSQ creado por acuerdo de la
Semarnat y publicado el 16 de febrero del 2011 en el Diario Oficial de la
Federación, es una estructura de participación amplia como pocas en América
Latina, con 29 lugares para la Semarnat y Servidores públicos de diversas
Secretarías, 10 lugares para cada uno de los sectores de la Industria, Academia
y Organizaciones de interés público y sociales; sin embargo, el CCNSQ no tuvo
reuniones de los grupos de trabajo sobre cada uno de los convenios, incluido
SAICM, por falta de una política pública y programa específicos avalados por la
Presidencia y la propia Semarnat que le dieran la importancia política que
merece el tema en la agenda de desarrollo nacional. Por otra parte, el CCNSQ
siendo sólo asesor de Semarnat no asegura la transversalidad y coordinación
entre las diversas Secretarías involucradas sino eleva su nivel como cuerpo
consultor en la jerarquía institucional.
• Un mecanismo de intercambio de información y cooperación con el Convenio
de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma
de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado por
40 países, principalmente de Europa y Asia central, y que entró en vigor desde
el 2001.
8) Adoptar una política que tenga como meta principal reducir la generación
de residuos peligrosos y no peligrosos e introducir nueva legislación para
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ampliar la responsabilidad del fabricante. Además de establecer una política y
programa nacional que busque la reducción, reuso y reciclaje no tóxico de los
residuos (en ese orden jerárquico), y de una política federal de compras verdes
que incorpore estos objetivos, es necesario adoptar medidas relacionadas con la
llamada Responsabilidad Extendida del Productor (EPR en inglés). Esto requiere
introducir obligaciones legales que permita que sea el fabricante y distribuidor
quien asuma la responsabilidad y pague los costos para la recolección de envases y
productos una vez que terminan su vida útil, y no sigan transfiriendo esa
responsabilidad a los usuarios y autoridades municipales. Con EPR se podrían
internalizar los costos por el fabricante y se incentiva a que se realicen cambios en
el diseño, empaque y materiales de los productos para que reduzcan la presencia
de sustancias tóxicas, y se empleen materiales, reusables y reciclables no tóxicos,
como lo han hecho diversos países industrializados y en América Latina.
9) Privilegiar tecnologías de tratamiento de residuos con el menor riesgo
posible que eviten la formación y liberación de compuestos orgánicos
persistentes no intencionales como las dioxinas y furanos. Estas tecnologías
han sido identificadas por expertos internacionales (ver por ejemplo la revisión
que hace IPEN para el tratamiento de COPs en 2005 y 2012) y están operando en el
mercado internacional pero ha faltado una política de cooperación y transferencia
tecnológica que las haga accesibles en nuestro país. En cambio se están recibiendo
propuestas que implican una expansión de la incineración, pirólisis, y gasificación
que provocarán mayores daños a la salud y el ambiente que los problemas de
acumulación de residuos que pretenden resolver (ver por ejemplo los dos
documentos de IPEN y diversos documentos de GAIA al respecto). Hay que aclarar
que ninguna tecnología será suficiente si no se adoptan medidas como las
mencionadas en el punto anterior que pongan la prioridad en la reducción de la
generación de residuos con medidas de EPR y de sustitución de las sustancias
tóxicas de mayor prioridad.
10) Revisar la política de valorización energética de los residuos para
estimular el uso de combustibles de menor riesgo que no generen
compuestos orgánicos persistentes u otros contaminantes persistentes. Esto
tiene que ver con la revisión y evaluación del impacto ambiental, a la salud y social
que ha generado el uso creciente de residuos y materiales peligrosos y no
peligrosos como combustible alterno por la industria cementera y que ha
ocasionado el malestar y la protesta de numerosas comunidades a lo largo del país
con el llamado co-­‐procesamiento. La generación de dioxinas y furanos y de otros
metales pesados son un costo ambiental y a la salud que se ha transferido a las
comunidades vecinas que no compensa el pretendido ahorro energético que
justifica su uso y que no paga la industria cementera quien realiza un doble
negocio como productor de cemento y como agente comercial en el tratamiento de
residuos. Las medidas de control de dioxinas y furanos con mediciones una vez al
año, previo aviso, establecidas en la normatividad vigente no representan un
control efectivo que reflejen las condiciones reales de operación; por todo ello, se
requiere evaluar alternativas en el uso de combustibles de menor riesgo ambiental
y a la salud como el gas o biocombustibles no derivados de cultivos alimenticios.
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