APSA - Autoridad Marítima de Panamá

Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998.
Notifiquese y Cumplase" (fs. 2-5)
FUNDAMENTO DEL AMPARISTA
La licenciada ANA ISABEL CARRILLO actuando en representación de ATLANTIC
PACIFIC, S.A., ha interpuesto acción de amparo de Garantías Constitucionales contra
la resolución No. 027-99 de 19 de marzo de 1999 proferida por el Ingeniero Rubén
Reyna, Administrador General de la Autoridad Marítima de Panamá, que condenó a
dicha empresa a pagar una multa de DOSCIENTOS MIL BALBOAS (B/.200.000.00)
por descarga de sustancias contaminantes (491 barriles de Bunker C), hecho ocurrido el
día 5 de febrero de 1999, en la Finca de Tanques de Gatún, ubicada en el área de Brazos
Brooks, Provincia de Colón.
Manifiesta, que ATLANTIC PACIFIC, S.A., es la empresa concesionaria de la Finca de
Tanques de Gatún, en virtud del Contrato No. 001-94 celebrado el 18 de agosto de 1994
con la AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA. Dicha Finca de Tanques
se encuentra a una distancia de más de cinco (5) Kilómetros de la costa mas cercana y
lejos de la vía interior navegable (Canal de Panamá).
Señala, que el combustible derramado el día de los hechos fue contenido en una
quebrada artificial o desagüe construido con ésta finalidad en el evento de producirse
una contingencia como la ocurrida, y que además se encuentra lejos de la vía navegable
o costa más cercana, sin que se llegara a afectar el mar o alguna vía navegable, según lo
corroboran los informes de las instituciones que supervisaron e inspeccionaron las áreas
afectadas y las labores de contención, recogida y limpieza de la sustancia contaminante.
Del hecho acaecido, la autoridad Marítima de Panamá mediante la resolución
impugnada, asume la competencia sobre el derrame ocurrido, fundamentándose en la
Ley 21 de julio de 1980, imponiendo una sanción de DOSCIENTOS MIL BALBOAS
(B/.200.000.00) en concepto de multa, lo cual constituye una extralimitación de
funciones, debido a que dicha ley no tipifica ni regula lo ocurrido. Agrega, que debido a
ello, incurre la autoridad demandada, en violación directa por comisión del artículo 18
de la Constitución Nacional.
Como punto fundamental señala, que ATLANTIC PACIFIC, S.A., opera con dos
terminales de combustible, una en Balboa y otra en Cristóbal, en virtud de Contrato No.
2-008-94 de 23 de agosto de 1994, celebrado entre la Autoridad Portuaria Nacional
(Hoy Autoridad Marítima de Panamá) y ATLANTIC PACIFIC, S.A.; que en el caso
presente no se trata de una relación contractual entre las empresas mencionadas, sino
que es una relación entre la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y ATLANTIC
PACIFIC, S.A., puesto que el derrame se produce sobre un área de tierra que no
constituye recinto portuario.
Igualmente, señala la licenciada CARRILLO que la Autoridad Marítima de Panamá, no
es la competente para conocer de este hecho, debido a que en el artículo 1º de la Ley 21
de julio de 1980, le faculta a esta entidad conocer de la conducta punible de descarga de
cualquier sustancia contaminante en las aguas navegables y mar territorial. Agrega que