APSA - Autoridad Marítima de Panamá

de la República vinculadas al Sector Marítimo, en cumplimiento a lo
dispuesto en el Inciso Final del Artículo 311 de la Constitución Política
de la República de Panamá, de manera tal que la Autoridad ostentará
todos los derechos y privilegios que garanticen su condición de autoridad
suprema para la ejecución de la "Estrategia Marítima Nacional".
Mientras que el ordinal 11 del artículo 4 del mismo Decreto es preciso en señalar entre
las funciones de la Autoridad Marítima Nacional, la de:
"Dirigir, en coordinación con otros organismos estatales competentes, las
operaciones necesarias para controlar los derrames de hidrocarburos y
sustancias químicas, y cualesquiera otros desastres o accidentes que
ocurran en los espacios marítimos y aguas interiores bajo jurisdicción
panameña". (Lo subrayado es nuestro).
En las disposiciones transcritas se establece claramente que la Autoridad Marítima de
Panamá, en lo relativo a las operaciones necesarias para controlar los derrames de
hidrocarburos y sustancias químicas, al igual que cualesquiera otros desastres o
accidentes que ocurran, tendrá competencia para coordinar con otros organismos
estatales competentes, siempre que dichos sucesos, es decir los derrames de
hidrocarburos y sustancias químicas, así como los desastres o accidentes, ocurran en los
espacios marítimos y aguas interiores bajo jurisdicción panameña. (Art. 4, numeral 11,
Decreto Ley 7de 10 de febrero de 1998).
A juicio de esta corporación, la ley 21 de 9 de julio de 1980 que en su artículo primero
establece una clara prohibición contra toda descarga de cualquier sustancia
contaminante en las aguas navegables y mar territorial de la República de Panamá, sean
que las mismas provengan de buques, aeronaves o instalaciones marítimas y terrestres
que estén conectadas o vinculadas con dichas aguas, está definiendo a qué tipo de
descargas se refiere, por una parte, pero además está estableciendo de manera precisa, el
lugar en el cual dichas descargas deben haberse producido, para los efectos de la
aplicación de la citada ley.
En éste sentido, se especifica que la prohibición contenida en el artículo 1, se refiere a
las descargas de sustancias contaminantes que se produzcan en las aguas navegables y
mar territorial de la República de Panamá.
Lo anterior, a los efectos de dilucidar si se produce la violación constitucional alegada
por la amparista contra la orden de hacer contenida en la resolución Nº 027-99 de 19 de
marzo de 1999, emitida por la Autoridad Marítima de Panamá, alcanza relevancia por
cuanto que es precisamente con fundamento en dicha Ley que la autoridad demandada
impone la multa de Doscientos Mil Balboas a la empresa ATLANTIC PACIFIC, S.A.,
por el derrame de 491 barriles de bunker C, ocurrida en el área de tanques de Brazos
Brooks, Gatún, provincia de Colón.
A juicio de la Sala, siendo que el lugar donde se encuentra ubicada la Finca de Tanques
de Gatún es un área de tierra, como así lo reconoce la Autoridad Marítima de Panamá,
en la propia resolución Nº 027-99 de 19 de marzo de 1999, y que indiscutiblemente la
cantidad derramada resulta significativa, al no haberse afectado aguas navegables ni mar
territorial, la aplicación de la Ley 21 de 9 de julio de 1980 resulta improcedente.