INFORME - Tribunal Supremo de Elecciones

I N F O R M E D E L A B O R E S 2 0 1 0
Cancelación o anulación de credenciales de miembros de los Supremos Poderes (artículos 262 a 264 del nuevo
Código Electoral)
El Tribunal cancelará o anulará las credenciales del Presidente de la República, Vicepresidentes de la República y de
los Diputados de la Asamblea Legislativa, únicamente por las causales establecidas en la Constitución Política, sin
perjuicio de lo que establece el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. También se
cancelarán credenciales por renuncia. Cuando se inste la cancelación de credenciales del Presidente, Vicepresidentes
o Diputados, el Tribunal procederá inicialmente a valorar la admisibilidad de la denuncia.
Una vez admitida se designa un Magistrado instructor, para que desarrolle una investigación preliminar con fundamento
en la cual el Tribunal determinará si existe mérito para solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la
inmunidad.
En caso de que el órgano legislativo proceda de conformidad o que se produzca la renuncia del funcionario investigado,
también se desarrollará el procedimiento administrativo ordinario previsto en la Ley General de la Administración
Pública, también a cargo de un Magistrado que actuará como órgano director del procedimiento. En caso de disponerse
la cancelación de la credencial, el Tribunal procederá a llamar a quien le corresponda ocupar el puesto respectivo.
Una vez que se declare firme la cancelación respectiva, el Tribunal procederá a llamar a quien le corresponda ocupar
la vacante producida.
Denuncia por parcialidad o beligerancia política (artículos 265 al 270 del nuevo Código Electoral)
Los partidos políticos, o cualquier persona que tenga conocimiento de parcialidad política de los servidores del
Estado en el ejercicio de sus cargos, o de la participación en actividades político-electorales de funcionarios públicos
a quienes les esté prohibido desplegarla, podrán denunciar ese hecho ante el Tribunal.
El asunto se trasladará a la Inspección Electoral -órgano director del procedimiento administrativo ordinario- que,
concluida la investigación, devolverá el expediente al Tribunal para su resolución.
En caso de funcionarios con inmunidad el Tribunal valorará la admisibilidad de la denuncia y, si lo estima necesario,
ordenará a la Inspección Electoral una investigación preliminar. Con base en esta y si se considera procedente,
el Tribunal trasladará la denuncia a la Asamblea Legislativa para que realice el proceso de levantamiento de la
inmunidad constitucionalmente establecido.
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