1. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Aoulim vs ...

Caso Aoulmi contra Francia. Sentencia de 17 enero 2006
En el asunto Aoulmi contra Francia,
El Tribunal europeo de Derechos Humanos (Sección Cuarta) constituido en una Sala
compuesta por los siguientes Jueces, Sir Nicolas Bratza, Presidente, señores J.
Casadevall, J.-P. Costa, G. Bonello, S. Pavlovschi, L. Gaslicki, J. Borrego Borrego,
así como por el señor M. O'Boyle, Secretario de Sección.
Tras haber deliberado en privado los días 10 de mayo y 13 de diciembre de 2005,
dicta la siguiente
Procedimiento
SENTENCIA
1. El asunto tiene su origen en una demanda (núm. 50278/1999) dirigida
contra la República francesa, que un ciudadano argelino, el señor Rachid
Aouilmi («el demandante»), presentó ante el Tribunal, en virtud del artículo
34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales ( RCL 1999, 1190 y 1572) («el Convenio»), el 11
de agosto de 1999.
2. El demandante está representado ante el Tribunal por el señor J. Debray,
abogado colegiado en Lyon. El Gobierno francés («el Gobierno») está
representado por su agente, la señora Edwige Belliard, Directora de Asuntos
jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
3. El demandante alegaba que su eventual expulsión a Argelia le haría correr
riesgos en el sentido del artículo 3 del Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) y
vulneraría su vida familiar en el sentido del artículo 8 del Convenio.
4. Conforme al artículo 52.1 del Reglamento se asignó el caso a la Sección
Tercera del Tribunal. La Sala constituida en Sección, conforme al artículo
26.1 del Reglamento del Tribunal, examinaría el caso (artículo 27.1 del
Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) ).
5. El Presidente de la Sala decidió aplicar el artículo 39 del Reglamento,
indicando al Gobierno que en interés de las partes y del normal desarrollo
del procedimiento era deseable que no se expulsase al demandante antes de
que el Tribunal dictase sentencia.
6. El 1 de noviembre de 2001 el Tribunal modificó la composición de sus
secciones (artículo 25.1 del Reglamento). La presente demanda fue
asignada a la nueva Sección Cuarta (artículo 52.1).
7. Por Decisión de 10 de mayo de 2005, la Sala admitió la demanda.
8. Tanto el demandante como el Gobierno presentaron sus alegaciones por
escrito sobre el fondo del asunto (artículo 59.1 de Reglamento). Como la
Sala decidió, tras consultar a las partes, que no procedía celebrar audiencia
sobre el fondo del asunto (artículo 59.3 in fine del Reglamento), cada una de
las partes presentó alegaciones complementarias.
Hechos
I.
1

Circunstancias del caso
9. El demandante nació en 1956 en Argelia donde reside actualmente.
A.
Hechos
10. El demandante llegó a Francia con sus padres en 1960. Tiene seis hermanos
y hermanas nacidos en Francia y todos de nacionalidad francesa.
11. El 13 de abril de 1982, el demandante fue condenado por el Tribunal
correccional de Lyon a ocho meses de prisión condicional y a 1.200 FF de
multa por robo con fractura y ocultación.
12. El 24 de abril de 1984 fue condenado por el Tribunal de primera instancia de
Lyon a seis meses de prisión por robo con fractura. El tribunal revocó
también la pena condicional dictada anteriormente. El 28 de junio de 1984,
el Tribunal de apelación de Lyon confirmó la revocación de la pena
condicional, único punto recurrido en apelación por el demandante.
13. El 6 de diciembre de 1988, el Tribunal de primera instancia de Lyon condenó
al demandante a catorce meses de prisión y a la prohibición definitiva del
territorio francés por delito contra la legislación sobre estupefacientes.
14. El 15 de abril de 1989, el demandante contrajo matrimonio con una
ciudadana francesa. El matrimonio se disolvió el 28 de enero de 1993. Es
padre de una niña nacida en 1983.
15. El 27 de abril de 1989, el Tribunal de apelación de Lyon aumentó la pena a
cuatro años de prisión y confirmó la prohibición definitiva del territorio por
delito contra la Ley de estupefacientes. Concretamente, señaló que, cuando
fue interpelado, el demandante se presentaba en el domicilio de una
prostituta drogada con una bolsa que contenía 100 gramos de heroína
calificada «de buena calidad» por el laboratorio de policía. Asimismo,
estimaba que el demandante no podía negar haber servido de intermediario
entre un traficante y su principal cliente y haber por ello poseído,
transportado y participado en tráfico de heroína; que la balanza de precisión
y la lactosa descubiertas en su domicilio afirmaban que tomaba parte en
dicho tráfico.
El tribunal subrayó asimismo que en la época de los hechos, el demandante
cumplía un período de prisión en semilibertad y que prefería actuar de
intermediario entre un traficante de droga y sus clientes que ir al trabajo
que había abandonado hacía un mes. Consideró que «el comportamiento de
este ciudadano extranjero, perjudicial para la salud y la seguridad pública,
era incompatible con su mantenimiento en territorio francés».
16. El 7 de junio de 1990, el Tribunal de Casación declaró al demandante
decaído en su derecho a presentar recurso.
17. El 22 de octubre de 1992, el Tribunal correccional de Lyon juzgó a quince
personas por delitos contra la Ley de estupefacientes.
Señaló que el registro llevado a cabo en el domicilio del demandante llevó al
descubrimiento de cuatro bolsas de plástico transparente con restos de
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polvo blanco, una caja de cerillas que servía de soporte para numerosas
cuentas, veinte jeringuillas, una cucharilla con la base ennegrecida, así como
dos documentos de identidad y un permiso de conducir falsificados.
Confirmando distintos testimonios, inclusive el de la esposa del demandante,
los resultados de las escuchas telefónicas y la vigilancia policial, el tribunal
concluyó que el demandante desempeñaba un papel esencial en la
distribución de este tráfico de droga.
Condenó al demandante a seis años de prisión por quebrantamiento de la
Ley de estupefacientes, tres meses por falsificación de documentos
administrativos y dos meses por permanencia en territorio nacional
quebrantando así una prohibición de residencia.
18. En 1994, se le diagnosticó una hepatitis crónica activa.
19. Por Sentencia de 6 junio 1996, el Tribunal de apelación de Lyon rechazó la
solicitud de levantamiento de la prohibición de territorio presentada por el
demandante. Señaló que el demandante había sido objeto de cinco
condenas entre el 13 de abril de 1982 y el 22 de octubre de 1992, a penas
de dos a seis años de prisión, que los hechos que habían conducido a la
condena de 27 de abril de 1989 se referían a la venta de heroína, en una
ocasión cien gramos de muy buena calidad, y que habían sido cometidos
cuando el demandante cumplía una pena en régimen de semilibertad.
Subrayó asimismo que ninguna iniciación de prueba había probado la
realidad del matrimonio del demandante con una ciudadana francesa y que
la medida de alejamiento dictada no provocaba un perjuicio
desproporcionado a los derechos protegidos por el artículo 8 del Convenio
(RCL 1999, 1190 y 1572) .
20. El 8 de diciembre de 1997, el Ministro del Interior dictó una orden de
expulsión contra el demandante. El recurso ejercitado por éste ante el
Tribunal administrativo de Lyon fue rechazado el 16 de diciembre de 1998.
21. El 9 de agosto de 1999, el demandante fue liberado de la prisión y puesto
bajo retención administrativa con vistas a su expulsión del territorio.
22. El 11 de agosto de 1999, el prefecto tomó la decisión de expulsar al
demandante a Argelia.
23. El 13 de agosto de 1999, el demandante presentó una demanda ante el
Tribunal administrativo tendente a la anulación y el aplazamiento de la
ejecución de esta decisión, acompañada de una demanda de suspensión de
su ejecución.
24. El 16 de agosto de 1999, el Tribunal administrativo inadmitió la solicitud de
suspensión considerando que «no se desprende del sumario y
concretamente del certificado médico presentado por el demandante que su
estado de salud requiera imperativamente de inmediato un tratamiento
contra la hepatitis C mediante dos productos combinados que no están
disponibles actualmente en Argelia que, en consecuencia (el demandante)
no está autorizado para solicitar la suspensión de la ejecución de la decisión
del prefecto de Isère que prescribe su expulsión con destino a dicho país».
25. El 16 de agosto de 1999, presentó una solicitud de asilo que fue rechazada
el 18 de agosto de 1999 por el organismo francés de protección de los
refugiados y apátridas (OFPRA) debido a que «su solicitud, presentada fuera
de plazo, no consta de ningún elemento caracterizado y personalizado que
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permita probar el fundamento de sus temores de persecución frente a las
autoridades argelinas actuales».
26. Un médico inspector de salud pública de la Dirección departamental de
asuntos sanitarios y sociales (DDASS) del Ródano envió dos correos al
prefecto de la región de Ródano-Alpes los días 13 y 18 de agosto de 1999,
respectivamente. En el primero de estos documentos, el médico indica
concretamente:
«Observo que el señor Aoulmi no ha presentado un documento médico
posterior al mes de enero de 1998, que no ha pedido ser visitado por un
médico desde su admisión en el centro de retención y que actualmente no
sigue ningún tratamiento. Tengo así fundamentos para considerar que su
estado de salud actual no presenta un carácter preocupante inmediato.
El certificado médico menciona que el estado de salud del señor Aoulmi
podría justificar un tratamiento combinado de interferón y ribavirina (…)
He tomado la referencia del laboratorio (…) que produce la ribavirina. Según
las informaciones que se me han dado la ribavirina no se comercializa
actualmente en Argelia. El medicamento puede ser importado con la
autorización del Ministerio argelino de Salud a petición de la farmacia central
del centro hospitalario de Argel. Los trámites para permitir la exportación de
la molécula a Argelia están en curso (…)».
27. En su segundo correo el mismo médico indicaba:
«Ha tenido usted a bien trasmitirme para consulta un segundo certificado
médico relativo al estado de salud del señor Aoulmi Rachid establecido en el
centro hospitalario de Lyon-Sud el 13 de julio de 1999. En complemento del
certificado anterior que me dio usted a conocer, este segundo certificado
atestigua que la afección que padece el señor Aoulmi Rachid requiere un
tratamiento combinado de interferón y ribavirina. Las menciones del
certificado relativas a la disponibilidad de la ribavirina en Argelia no
corresponden a las que el laboratorio me ha dado de palabra (…).
Preciso que la ribavirina está disponible en Francia con autorización temporal
de utilización (ATU) solamente en las farmacias hospitalarias y que
próximamente se concederá la autorización de comercialización (AMM)».
28. El 19 de agosto de 1999, el demandante fue embarcado rumbo a Argelia.
29. El 13 de diciembre de 2000, el Tribunal administrativo de Lyon anuló la
decisión de expulsar a la frontera adoptada por el prefecto el 11 de agosto
de 1999. Estimó que:
«Considerando que se desprende de las piezas del sumario, y concretamente
del certificado médico del servicio de hospitalización y programa de atención
en el medio penitenciario de 13 de julio de 1999, presentado por el
demandante, que éste es portador de la hepatitis C; que su estado de salud
requiere imperativamente un tratamiento de dos productos combinados, el
interferón y la ribavirina, que no estaban disponibles en Argelia en la fecha
de la decisión impugnada; que, por lo tanto, teniendo en cuenta las
consecuencias de la excepcional gravedad que podría entrañar la medida
adoptada en su contra, la decisión del prefecto de Isère designando Argelia
como el país al que debe expulsarse al señor Aoulmi en cumplimiento de la
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orden de expulsión de la que fue objeto el 10 de abril de 1998, debe ser
anulada».
Esta sentencia es definitiva.
30. El 17 de junio de 2003, el abogado del demandante indicó que éste tenía
dificultades para que se le expidiese un pasaporte. Adjuntaba a este correo
un atestado del Jefe de la Daría de Béjaia de 5 de febrero de 2003.
31. El 13 de octubre de 2003, el abogado del demandante indicó que éste no
podía entrar en Francia debido al hecho de que las autoridades argelinas no
le expedían el pasaporte ni las autoridades francesas un pase. Añadía que,
según las noticias que había recibido a través de su familia, su estado de
salud continuaba degradándose y no recibía la atención médica necesaria.
32. Por correo de 5 de noviembre de 2003 envió al Tribunal la copia de la
denegación de visado del consulado general de Francia en Argel el 13 de
octubre de 2003.
33. Según el certificado médico establecido por un médico argelino el 31 de julio
de 2005, el demandante presenta las siguientes enfermedades:
«enfermedad ulcerosa que solo responde al omeprazol, gastropatía
eritematosa, TFI y estreñimiento crónico, hepatitis viral C crónica tratada
con interferón en Francia desde hace diez años sin ningún seguimiento ni
control desde hace diez años».
B.
Procedimiento
34. El 11 de agosto de 1999, el Presidente de la Sección Tercera decidió señalar
al Gobierno, en aplicación del artículo 39 del Reglamento interno del
Tribunal, que sería deseable, en interés de las partes y del normal desarrollo
del procedimiento ante el Tribunal, no expulsar al demandante a Argelia
antes de la reunión de la sala competente, el 24 de agosto de 1999. En
aplicación del artículo 49.2 a) del mismo reglamento, el Gobierno fue
asimismo invitado a facilitar informaciones sobre el tratamiento médico
accesible en Argelia.
35. Las autoridades competentes decidieron aplazar la ejecución de la medida
de expulsión hasta el 16 de agosto de 1999, al objeto de que pudiese
establecerse un dictamen médico (apartado 27 supra).
36. El 19 de agosto de 1999 el demandante fue expulsado a Argelia.
37. El 20 de agosto de 1999, el Gobierno presentó sus respuestas a las
preguntas planteadas.
38. El abogado del demandante presentó las suyas el 24 de septiembre de
1999.
39. El 9 de noviembre de 1999, el Tribunal decidió autorizar al Gobierno a
presentar alegaciones sobre la admisibilidad y el fundamento de la demanda
así como sobre el hecho de que el demandante fuese expulsado pese a la
aplicación del artículo 39 del Reglamento del Tribunal.
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40. El Gobierno presentó su escrito de alegaciones el 3 de febrero de 2000 y el
abogado del demandante presentó las suyas el 23 de marzo de 2000.
41. El 9 de septiembre de 2003, el Tribunal decidió aplazar el examen del
asunto en espera de la Sentencia de la Gran Sala en el asunto Mamatkulov y
Askarov contra Turquía (demandas núms. 46827/1999 y 46951/1999).
42. El 10 de mayo de 2005, el Tribunal invitó a las partes a facilitar
informaciones sobre el estado de salud del demandante, su situación
administrativa y el curso que se había dado a la Sentencia del Tribunal
administrativo de 13 diciembre 2000. Fueron también invitadas a volver a
pronunciarse, a la vista de la Sentencia Mamatkulov y Askarov contra
Turquía dictada el 4 de febrero de 2005, sobre una eventual violación del
artículo 34 del Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) .
43. Las partes presentaron sus alegaciones el 26 de septiembre de 2005.
II
Legislación interna aplicable
44. El artículo L. 630-1, apartado 1, del Código de salud pública, vigente en el
momento de los hechos, preveía:
«Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 23 y siguientes de la
ordenanza núm. 45-2658 de 2 de noviembre de 1945, los tribunales podrán
decretar la prohibición del territorio francés por un período de dos a cinco
años, contra todo extranjero condenado por los delitos previstos por los
artículos L. 626, L. 627-2, L. 628, L. 628-4 y L. 630. Podrán dictar la
prohibición definitiva del territorio francés contra todo extranjero condenado
por los delitos previstos en el artículo L. 627. La prohibición del territorio
implica de pleno derecho la expulsión del condenado a la frontera cuando
expire su pena (…)».
45. El antiguo artículo L. 627 del Código de salud pública preveía: «Serán
castigados con una pena de dos a diez años de prisión y una multa de 5.000
F a 50.000.000 de F, o una de estas dos penas solamente, aquellos que
quebranten las disposiciones de los reglamentos de administración pública
previstos en el artículo anterior y relativas a sustancias o plantas venenosas
clasificadas como estupefacientes por vía reglamentaria. Cuando el delito
haya consistido en la importación, producción, fabricación o exportación
ilícita de tales sustancias o plantas, la pena será de diez a veinte años de
prisión (…).
La tentativa de uno de los delitos sancionados en el párrafo anterior será
castigada como delito consumado. Así sucederá también con la asociación o
la confabulación con vistas a cometer estos delitos (…).
Serán asimismo sancionados con una pena de dos a diez años de prisión y
una multa de 5.000 a 50.000.000 F, o solamente una de estas dos penas:
1. Aquellos que faciliten a otra persona el uso de dichas sustancias o
plantas, a título oneroso o a título gratuito, bien procurándose para ello un
local, o a través de cualquier otro medio (…).
Cuando se haya facilitado el uso de dichas sustancias a uno o más menores
de veintiún años (…) la pena de prisión será de cinco a diez años (…)».
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46. En lo referente al cumplimiento del artículo 34 del Convenio ( RCL 1999,
1190 y 1572) , véase la Sentencia Mamatkulov y Askarov contra Turquía
[GS], núms. 46827/1999 y 46951/1999, aps. 39 a 53, TEDH 2005-…
Fundamentos de derecho
I.
Sobre las excepciones preliminares del gobierno
47. En sus alegaciones presentadas el 26 de septiembre de 2005, el Gobierno
señala ante todo que el demandante no presentó recurso de casación contra
la Sentencia del Tribunal de apelación de Lyon de 6 junio 1996 denegando
su solicitud de levantamiento de la prohibición de entrada en territorio
francés.
48. Añade que el demandante tampoco formuló –posibilidad que tenía en virtud
de la Ley de 26 de noviembre de 2003– una solicitud de derogación de la
orden de expulsión ni una solicitud de levantamiento de la prohibición del
territorio.
49. El Tribunal recuerda que, según el artículo 55 de su Reglamento, si el
Gobierno demandado tiene la intención de plantear una excepción de
inadmisibilidad, deberá hacerlo en sus alegaciones sobre la admisibilidad de
la demanda. En este caso, el Gobierno no ha planteado estas cuestiones en
la fase de admisibilidad. Su derecho pues a formular esta excepción en esta
fase ha prescrito y, en consecuencia, debe rechazarse.
II.
Sobre la violación del artículo 3 del convenio
50. El demandante alega, en primer lugar, que su expulsión a Argelia le hace
correr riesgos en virtud del artículo 3 del Convenio ( RCL 1999, 1190 y
1572) puesto que, por un lado, el tratamiento que requiere su hepatitis no
está disponible en Argelia donde carece de cobertura social y, por otro lado,
debido a las actividades como harki (alistado en el ejército francés de 1954
a 1962) de su padre que le hacen temer represalias de los islamistas.
El artículo 3 dispone:
«Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes».
A.
En cuanto al estado de salud del demandante
51. El demandante señala que su estado de salud sigue siendo preocupante y
que debe tenerse en cuenta el riesgo real vinculado a la evolución de su
enfermedad y también las condiciones en las que Argelia se haría cargo de
él. Recuerda sobre este punto que uno de los dos medicamentos aún no ha
recibido la autorización de comercialización en Argelia. Añade que desde su
regreso a Argelia, no puede recibir los cuidados necesarios.
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52. Sobre esta cuestión, el Gobierno subraya que antes de que se procediese a
la expulsión del demandante, se establecieron dos certificados médicos. De
las informaciones comunicadas por el Director de la DDASS sobre el estado
de salud del demandante se desprende que éste no seguía a la sazón ningún
tratamiento y que tampoco había solicitado ninguna visita de médico
durante su estancia en el centro de retención.
53. Expone asimismo que, en lo referente al tratamiento en cuestión que
combinaría dos medicamentos, uno de ellos no se comercializa en Argelia
pero que puede importarse y que, en todo caso, tampoco es accesible al
público francés. Concluye de ello que, si el demandante decidiese seguir un
tratamiento en Argelia, lo que no era el caso en el momento de su
expulsión, podría hacerlo aunque uno de los medicamentos no fuese
fácilmente accesible en dicho país.
54. El Tribunal recuerda ante todo que los Estados Contratantes tienen, en
virtud de un principio de Derecho internacional bien establecido y sin
perjuicio de los compromisos que para ellos se derivan de los tratados
internacionales, incluido el Convenio, el derecho de controlar la entrada, la
estancia y la expulsión de los no nacionales. Sin embargo, cuando ejercen
su derecho a expulsar a tales personas, deben tener en cuenta el artículo 3
del Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) que consagra uno de los valores
fundamentales de toda sociedad democrática. Esta es la razón por la que el
Tribunal constantemente recuerda, en sus anteriores sentencias sobre
extradición, expulsión o alejamiento de personas a terceros países, que el
artículo 3 prohíbe en términos absolutos la tortura o las penas o tratos
inhumanos o degradantes, por muy reprensible que haya podido ser la
conducta del interesado (ver, por ejemplo, Sentencias Ahmed contra Austria
de 17 diciembre 1996 [ TEDH 1996, 69] , Repertorio de sentencias y
resoluciones 1996-VI, pg. 2206, ap. 38 y Chahal contra Reino Unido de 15
noviembre 1996 [ TEDH 1996, 61] , Repertorio 1996-V, pg. 1853, aps. 73-
74).
55. Es cierto que el artículo 3 ( RCL 1999, 1190 y 1572) ha sido más aplicado
por el Tribunal en asuntos en los que el riesgo a que la persona fuese
sometida a uno cualquiera de los tratos prohibidos derivaba de actos
intencionados de las autoridades públicas del país de destino o de aquellos
de organismos independientes del Estado (ver, por ejemplo, Sentencia
Ahmed [ TEDH 1996, 69] , previamente citada, pg. 2207, ap. 44).
Asimismo, los no nacionales que se encuentran bajo una orden de expulsión
no pueden en principio reivindicar el derecho a permanecer en el territorio
de un Estado Contratante a fin de continuar beneficiándose de la asistencia
médica, social u otra, asegurada durante su estancia por el Estado que
expulsa (ver Ndangoya contra Suecia (dec), núm. 17868/2003, 22 junio
2004, Arcila Henao contra Países Bajos (dec), núm. 13669/2003, 24 junio
2003, y, «mutatis mutandis», Sentencia D. contra Reino Unido de 2 mayo
1997 [ TEDH 1997, 29] , Repertorio 1997-III, pg. 794, ap. 54). Sin
embargo, teniendo en cuenta la importancia fundamental del artículo 3, el
Tribunal se reserva una flexibilidad suficiente para tratar la aplicación de
este artículo en otras situaciones susceptibles de presentarse. No le está
pues prohibido examinar la queja de un demandante en virtud del artículo 3
cuando el riesgo de que éste sufra en el país de destino tratos prohibidos
proviene de factores que no comprometen, directamente o no, la
responsabilidad de las autoridades públicas de dicho país o que,
aisladamente, no vulneran en sí mismos las normas de este artículo. Así
puede suceder en circunstancias excepcionales tales como la expulsión de
un no nacional cuyo estado de salud es crítico y que va a ser enviado a un
8

país donde se le privará de la asistencia médica (Sentencia D. contra Reino
Unido de 2 mayo 1997, Repertorio 1997-III, pg. 792, aps. 51 a 53).
Restringir así el campo de aplicación del artículo 3 equivaldría a atenuar su
carácter absoluto. Sin embargo, en este tipo de contexto, el Tribunal debe
someter a un examen riguroso todas las circunstancias del caso,
concretamente la situación personal del demandante en el Estado que
expulsa (Sentencia D. contra Reino Unido, previamente citada, ap. 49).
Además, para decidirse, el Tribunal se basa en el conjunto de elementos que
se le someten o, en caso necesario, que se procura de oficio ( Sentencia
H.L.R. contra Francia de 29 abril 1997 [ TEDH 1997, 28] , Repertorio de
sentencias y resoluciones 1997-III, ap. 37) y examina el asunto a la luz de
los datos que se manifiestan tras la aplicación del artículo 39 de su
Reglamento ( Sentencia Bensaid contra Reino Unido [ TEDH 2001, 82] ,
núm. 44599/1998, aps. 32 a 35, TEDH 2001-I).
56. El Tribunal indagará pues si existía un riesgo real de que la expulsión del
demandante fuese contraria a las normas del artículo 3 ( RCL 1999, 1190 y
1572) , teniendo en cuenta su estado de salud. Para ello, el Tribunal
evaluará este riesgo a la luz de los elementos de que dispone en el
momento en que examina el asunto y concretamente de las informaciones
más recientes sobre la salud del demandante (Sentencias anteriormente
citadas Ahmed [ TEDH 1996, 69] , pg. 2207, ap. 43, y D. contra Reino Unido
[TEDH 1997, 29] , pgs. 792-793, ap. 50).
57. El Tribunal considera que en este caso el demandante no ha probado que su
enfermedad no pueda ser tratada en Argelia. El hecho de que el tratamiento
sea menos fácil de procurarse en este país que en Francia, suponiendo que
ello fuese exacto, no es determinante desde el punto de vista del artículo 3
(Sentencia Bensaid [ TEDH 2001, 82] previamente citada, ap. 38). El
Tribunal señala asimismo que, según el certificado médico emitido por un
médico inspector de salud pública de la Dirección departamental de asuntos
sanitarios y sociales (DDASS) del Ródano el 13 de agosto de 1999, el
demandante:
«No ha presentado un documento médico posterior al mes de enero de
1998, no ha solicitado la visita de un médico desde su admisión en el centro
de retención y actualmente no sigue ningún tratamiento. Tengo así
fundamentos para considerar que su estado de salud actual no presenta un
carácter preocupante inmediato» (apartado 26 supra).
58. Además, en términos del certificado emitido por un médico argelino el 31 de
julio de 2005, el demandante padece:
«Hepatitis viral C crónica tratada con interferón en Francia desde hace diez
años sin ningún seguimiento ni control desde hace diez años».
59. El Tribunal recuerda que el umbral que establece el artículo 3 ( RCL 1999,
1190 y 1572) es elevado, concretamente cuando el asunto no compromete
la responsabilidad directa del Estado Contratante debido al daño causado, en
ausencia de circunstancias excepcionales como en el asunto D. contra Reino
Unido ( TEDH 1997, 29) previamente citado y a la luz de su Sentencia
Bensaid ( TEDH 2001, 82) y su jurisprudencia reciente sobre la expulsión y
el alejamiento de extranjeros a terceros países (ver Arcila Henao,
previamente citada [Colombia], Meho contra Países Bajos (dec), núm.
76749/2001, 20 enero 2004 [Kosovo], Ndangoya previamente citada
[Tanzania] y Salkic y otros contra Suecia (dec), núm. 7702/2004, 29 junio
2004 [Bosnia y Herzegovina]).
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60. En estas condiciones, si bien consciente de que el demandante padece una
grave enfermedad, el Tribunal no considera que exista un riesgo
suficientemente real para que su expulsión a Argelia sea en estas
circunstancias incompatible con el artículo 3 del Convenio –Dragan y otros
contra Alemania (dec), núm. 33743/2003, 7 octubre 2004–.
B.
En cuanto a los riesgos a los que se expone el demandante
61. En lo referente a los riesgos a los que se expone en Argelia, el demandante
precisa que, no habiendo estado nunca antes en dicho país, le cuesta dar
parte de elementos personalizados.
62. Expone, sin embargo, que su abuelo combatió por Francia durante la
primera guerra mundial y que su padre se alistó del lado de Francia en la
guerra de independencia de Argelia. Considera pues que se expone a un
riesgo en su condición de hijo de «harki», condecorado como tal por Francia
en 1994.
63. El Gobierno recuerda al respecto que la OFPRA ha desestimado la existencia
del riesgo alegado. Considera que el demandante no ha demostrado la
existencia de ninguna amenaza personalizada de tratos inhumanos y
degradantes en su país de origen. Concluye de ello que, en todo caso, la
medida de expulsión de la que ha sido objeto no puede considerarse
contraria al artículo 3 si no demuestra la realidad de los riesgos a los que se
expone.
64. El Tribunal recuerda que la prohibición de malos tratos que enuncia el
artículo 3 ( RCL 1999, 1190 y 1572) es también absoluta en materia de
expulsión. De esta forma, cada vez que existen motivos serios y probados
para creer que una persona correrá, en el país de destino, un riesgo real de
ser sometida a tratos contrarios al artículo 3, se compromete la
responsabilidad del Estado contratante – de protegerle de tales tratos – en
caso de expulsión ( Sentencias Vilvatajah y otros contra Reino Unido de 30
octubre 1991 [ TEDH 1991, 49] , serie A núm. 215, pg. 34, ap. 103, Chahal
[ TEDH 1996, 61] , anteriormente citada, ap. 80 y Müslim contra Turquía
[TEDH 2005, 42] , núm. 53566/1999, ap. 66, 26 abril 2005).
Para establecer dicha responsabilidad, no puede evitarse valorar la situación
del país de destino según las exigencias del artículo 3.
65. En este caso, el Tribunal ha tomado nota de los argumentos del demandante
basados tanto en la historia de su familia como en la situación de Argelia.
Estos elementos implican sin embargo unas repercusiones demasiado
remotas ( Sentencia Soering contra Reino Unido de 7 julio 1989 [ TEDH
1989, 13] , serie A núm. 161, pg. 33, ap. 85 y Kavak contra Alemania (dec),
núm. 61479/2000, 26 octubre 2000) para permitir concluir que el
interesado, que no ha ido nunca a Argelia ni ha sugerido haber
desempeñado personalmente actividades políticas, corriese, al respecto, un
riesgo real de ser sometido a un trato contrario al artículo 3 ( Sentencia
Müslim contra Turquía [ TEDH 2005, 42] , previamente citada, ap. 69).
66. El Tribunal vuelve a afirmar que la mera posibilidad de malos tratos debido a
una coyuntura inestable en un país no entraña en sí misma la vulneración
del artículo 3 ( Sentencias Vilvarajah y otros [ TEDH 1991, 49] ,
10

previamente citada, ibidem), menos aun cuando, en este caso, se está
produciendo en Argelia una evolución democrática y se está en condiciones
de esperar que ello implique en un futuro una mejora de la coyuntura actual
( Sentencia Müslim contra Turquía [ TEDH 2005, 42] , previamente citada,
ap. 70).
67. El Tribunal concluye, por lo tanto, que la ejecución de la decisión de expulsar
al demandante a Argelia no ha violado el artículo 3 del Convenio ( RCL 1999,
1190 y 1572) .
III.
Sobre la violación del artículo 8 del convenio
68. El demandante hace asimismo valer que su expulsión a Argelia es contraria
al artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) ya que toda su familia,
padres, hija, hermanos y hermanas, tíos y tías viven en Francia. Añade que
no tiene ningún vínculo familiar en Argelia, donde no ha estado nunca.
El artículo 8 dispone:
«1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de
su domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este
derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la Ley y
constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria
para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del
país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud
o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás».
A.
Tesis de las partes
69. El demandante recuerda que ha sido expulsado a un país al que no había ido
desde hace 39 años, que había dejado a la edad de cuatro años y con el que
el único vínculo que todavía le une es su nacionalidad.
70. Añade que esta decisión de expulsión le separa definitivamente de todos los
miembros de su familia y concretamente de su hija con la que tenía una
relación privilegiada. Hace referencia al asunto Mehemi contra Francia
(Sentencia de 26 septiembre 1997 [ TEDH 1997, 80] , Repertorio de
sentencias y resoluciones 1997-VI).
Concluye de ello que la medida no era proporcionada y que el artículo 8 del
Convenio ha sido violado en su caso.
71. El Gobierno no discute que la expulsión del demandante a Argelia constituya
una injerencia en el derecho de éste al respeto de su vida privada y familiar.
72. Subraya, no obstante, que la medida estaba prevista por la Ley (ordenanza
de 2 de noviembre de 1945) y fue considerada legal por el Tribunal
administrativo que conoció del recurso del demandante.
73. La medida perseguía también un fin legítimo, el de la defensa del orden
público, la prevención del delito penal y la protección de la salud pública. Se
11

trataba en efecto de evitar que el demandante no cometiese en Francia
otros delitos, concretamente contra la Ley de estupefacientes.
74. Por último, la medida era necesaria en una sociedad democrática y
proporcional al fin legítimo: el demandante, llegado a Francia a la edad de
cuatro años con sus padres y que tiene seis hermanos y hermanas todos
ellos de nacionalidad francesa, padre de una hija nacida en Francia en 1983,
tenía un importante pasado penal. Se había declarado culpable desde 1980
de delitos cada vez más graves: ocultación de objetos robados, robo con
fractura, uso ilícito de sustancias estupefacientes, posteriormente tenencia,
adquisición, oferta y cesión de sustancias estupefacientes. Ha sido
condenado en total a más de diez años de prisión.
75. Haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal y concretamente a los
asuntos Djaid contra Francia ( TEDH 1999, 44) (núm. 38687/1997, 29
septiembre 1999) y Bahgli contra Francia (núm. 34374/1997, TEDH 1999-
VIII), el Gobierno considera que no se vulneró el equilibrio justo a mantener
al tener en cuenta las actuaciones delictivas del demandante y la realidad de
su vida privada y familiar en Francia y que la medida tomada era conforme a
las exigencias del artículo 8.2 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) .
B.
Valoración del Tribunal
1
Existencia de una injerencia
76. El Tribunal recuerda que el Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) no
garantiza, como tal, ningún derecho a los extranjeros para entrar o residir
en el territorio de un país determinado. Sin embargo, excluir a una persona
de un país en el que viven sus padres puede constituir una injerencia en el
derecho al respeto de la vida familiar, protegido por el artículo 8.1 del
Convenio ( Sentencia Benhebba contra Francia [PROV 2004, 73093] , núm.
53441/1999, ap. 25, 10 julio 2003).
2
Justificación de la injerencia
77. Tal injerencia vulnera el Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) si no cumple
con las exigencias del apartado 2 del artículo 8. Se deberá, por lo tanto,
determinar si estaba «prevista por la Ley», inspirada en uno o más fines
legítimos respecto a dicho apartado, y era «necesaria en una sociedad
democrática».
a)
«Prevista por la Ley»
78. No se discute que la prohibición del territorio francés pronunciada contra el
demandante se basase en las disposiciones pertinentes del Código Penal.
b)
Fin legítimo
12

79. Tampoco se discute que la injerencia en cuestión persiguiese unos fines
plenamente compatibles con el Convenio, a saber «la defensa del orden y la
prevención del delito».
c)
«Necesaria», «en una sociedad democrática»
80. El Tribunal recuerda que es prerrogativa de los Estados Contratantes
garantizar el orden público. En este contexto, tienen también derecho a
controlar, en virtud de un principio de derecho internacional bien establecido
y sin perjuicio de los compromisos que derivan de los tratados, la entrada y
estancia de los no nacionales. A este respecto, tienen la facultad de expulsar
de entre ellos a los delincuentes. Sin embargo, sus decisiones en la materia,
en la medida en que vulneren un derecho protegido por el apartado 1 del
artículo 8, deben evidenciarse necesarias, en una sociedad democrática, es
decir, justificadas por una necesidad social imperiosa y, concretamente, ser
proporcionales al fin legítimo perseguido ( Sentencias Amrollahi contra
Dinamarca [ PROV 2002, 181196] , núm. 56811/2000, 11 julio 2002, ap.
33, Boultif contra Suiza [ TJCE 2001, 502] , núm. 54273/2000, ap. 46,
TEDH 2001-IX, ap. 46, y Adam contra Alemania (dec), núm. 43359/1998, 4
octubre 2001).
81. La tarea del Tribunal consiste asimismo en determinar si la medida de
prohibición tomada contra el demandante en este caso respetó el equilibrio
justo entre los intereses en juego, a saber, de un lado, el derecho del
interesado al respeto de su vida familiar y, de otro lado, la protección del
orden público y la prevención del delito.
82. En lo referente a la situación privada y familiar del demandante, el Tribunal
constata que el demandante llegó a Francia a la edad de cuatro años en
1960, que ha vivido allí hasta 1999, es decir, lo esencial de su vida.
83. El Tribunal recuerda que en su citada Sentencia Boultif ( TEDH 2001, 502)
definió como sigue los principios rectores que deben guiar su valoración en
caso de que un Estado Contratante dicte una medida de expulsión contra un
extranjero llegado adulto a su territorio:
–la naturaleza y gravedad del delito cometido por el demandante;
–la duración de su estancia en el país del que va a ser expulsado;
–el período transcurrido entre la perpetración del delito y la medida en
litigio, así como el comportamiento del demandante durante dicho período;
–la nacionalidad de las diversas personas afectadas;
–la situación familiar del demandante, por ejemplo la duración de su
matrimonio y otros elementos que denoten el carácter efectivo de la vida
familiar en pareja;
–la cuestión de si el cónyuge estaba al corriente del delito al inicio de su
relación familiar;
–el nacimiento de hijos y, en caso afirmativo, su edad;
13

–la gravedad de las dificultades que corre el riesgo de conocer el cónyuge en
el país de origen de su esposo o esposa.
84. Los mismos criterios deben utilizarse para los inmigrantes de la segunda
generación o los extranjeros llegados en su primera juventud, cuando éstos
hayan fundado una familia en su país de acogida. Si este no fuese el caso, el
Tribunal no tendrá en cuenta sino los tres primeros. Se añaden, sin
embargo, a estos distintos criterios, los vínculos particulares que estos
inmigrantes han tejido con su país de acogida en el que han pasado lo
esencial de su vida. Han recibido en él su educación donde han establecido
la mayor parte de sus relaciones sociales y donde han desarrollado pues su
identidad propia. Nacidos o llegados al país de acogida debido a la
emigración de sus padres, a menudo tienen en él sus principales vínculos
familiares. Algunos de estos emigrantes no han conservado incluso con su
país natal sino el solo vínculo de la nacionalidad ( Sentencias Mehemi [TEDH
1997, 80] , previamente citada, ap. 36, y Boujlifa contra Francia de 21
octubre 1997 [ TEDH 1997, 86] , Repertorio 1997-VI, pg. 2264, ap. 44, y,
«a contrario» Bouchelkia [ TEDH 1997, 7] y Baghli [ TEDH 1999, 61] ,
anteriormente citadas, aps. 50 y 48 respectivamente; ver también
Recomendación 1504 (2001) de la Asamblea parlamentaria relativa a la no
expulsión de los emigrantes de larga duración).
85. En cuanto a la gravedad de los delitos cometidos por el demandante, el
Tribunal señala que la medida dictada el 6 de diciembre de 1988 por el
Tribunal de primera instancia de Lyon y confirmada el 27 de abril de 1989
por el Tribunal de apelación de Lyon, complementaria a la pena de prisión
dictada, se fundamenta en los hechos penales sancionados por la misma
decisión, así como en dos condenas anteriores esencialmente por hechos de
robo con fractura y ocultación, y el fracaso de todas las medidas anteriores
tendentes a favorecer su reinserción social. El Tribunal de apelación de Lyon
señaló concretamente que el demandante cumplía a la sazón una pena de
prisión en semilibertad, que hacía un mes que había dejado su trabajo y
que, en lugar de trabajar, «prefería» desempeñar el papel de intermediario
entre un traficante de droga y sus clientes.
86. El Tribunal señala, además, que se le había condenado por tráfico de
heroína, ámbito en el que concibe que los Estados Contratantes dan prueba
de gran firmeza respecto a aquellos que contribuyen a propagar esta plaga
(Sentencias C. contra Bélgica de 7 agosto 1996 [ TEDH 1996, 35] ,
Repertorio 1996-III, pg. 924, ap. 35, Dalia contra Francia de 19 febrero
1998 [ TEDH 1998, 5], Repertorio 1998-I, pg. 92, ap. 54, Baghli [ TEDH
1999, 61] previamente citada, ap. 48 in fine, Jankov contra Alemania (dec),
núm. 35112/1997, 13 enero 2000 y Mokrani contra Francia, núm.
52206/1999, ap. 32, 15 julio 2003). La pena de cuatro años de prisión
dictada contra él atestigua la gravedad de los hechos que se le imputan.
Queda por determinar si una medida tan radical como la expulsión era
proporcional al fin legítimo perseguido teniendo en cuenta los vínculos del
demandante con Francia.
87. El demandante llegó a Francia a la edad de cuatro años. Desde entonces ha
vivido en Francia donde ha cursado todos sus estudios. Lo principal de sus
relaciones sociales está en dicho país y no tiene ningún otro vínculo con su
país de origen aparte de su nacionalidad, como reconoce el Gobierno. Si
bien todos los miembros de su familia viven en Francia, el Tribunal recuerda
al respecto que las relaciones entre adultos no gozan necesariamente de la
protección de artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) sin que se
demuestre la existencia de unos elementos complementarios de
14

dependencia distintos a los vínculos afectivos normales ( Sentencia Ezzouhdi
contra Francia [ TEDH 2001, 85] , núm. 47160/1999, 13 febrero 2001, ap.
34 y núm. 31519/1996, Kwakie-Nti y Dufie contra Países Bajos, Decisión de
7 de noviembre de 2000, sin publicar).
88. El Tribunal señala en primer lugar que el demandante estuvo casado con
una ciudadana francesa de abril de 1989 a enero de 1993. Cuando el
demandante contrajo matrimonio, ya se había dictado la medida de
prohibición de territorio. En consecuencia, no podía ignorar la relativa
precariedad de su situación (ver, «mutatis mutandis» Baghli contra Francia
[TEDH 1999, 61] , núm. 34374/1997, ap. 48, 30 septiembre 1999 y Mokrani
contra Francia, anteriormente citada, ap. 34). El Tribunal recuerda, sin
embargo, que para examinar la cuestión de si el demandante tenía una vida
familiar en el sentido del artículo 8 ( RCL 1999, 1190 y 1572) , debe situarse
en la época en la que devino definitiva la medida en litigio ( Sentencias
Bouchelkia [ TEDH 1997, 7] y El Boujaïdi [ TEDH 1997, 79] previamente
citadas, aps. 41 y 33 respectivamente), en este caso en la fecha de la
Sentencia del Tribunal de apelación de Lyon denegando la solicitud de
levantamiento de la prohibición del territorio. El matrimonio llevaba
entonces tres años disuelto.
89. El Tribunal señala además que el demandante es padre de una hija nacida
en 1983 y que tenía pues dieciséis años cuando se expulsó al demandante.
Sin embargo, el demandante solamente indica que mantenía con ella una
«relación privilegiada» sin precisar la naturaleza ni el papel que podía jugar
en su vida.
90. Pese a la intensidad de los vínculos personales del demandante con Francia,
el Tribunal concluye que el Tribunal de apelación de Lyon podía
legítimamente considerar, debido al comportamiento del demandante y la
gravedad de los hechos que se le imputan, que imponerle una medida de
prohibición del territorio definitiva era necesaria para la defensa del orden y
la prevención del delito. La medida en litigio era, por lo tanto, proporcional a
los fines perseguidos ( Sentencias Baghli [ TEDH 1999, 61] , previamente
citada, aps. 48 y 49, El Boujaïdi contra Francia de 26 septiembre 1997
[TEDH 1997, 79] , Repertorio 1997-VI, aps. 41 y 42, Benamar contra
Francia (dec), núm. 42216/1998, 14 noviembre 2000, y Jankov,
previamente citada).
91. No ha habido pues violación del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190 y
1572) .
IV.
Sobre la violación del artículo 34 del convenio
92. El Tribunal constata asimismo que el Gobierno demandado no se ha
conformado a las indicaciones dadas en virtud del artículo 39 de su
Reglamento. Ello plantea la cuestión de si ha habido violación del artículo 34
del Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) , teniendo en cuenta la violación
alegada del artículo 3 del Convenio.
El artículo 34 del Convenio dispone:
«El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier
persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que
se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes
15

Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos.
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al
ejercicio eficaz de este derecho».
El artículo 39 del reglamento del Tribunal dispone:
«1. La sala o, llegado el caso, su presidente podrá, tanto a solicitud de una
parte o de otra persona interesada, como de oficio, señalar a las partes
cualquier medida preventiva que consideren debe ser adoptada en interés de
las partes o del buen desarrollo del proceso.
2. El Comité de Ministros será informado de ello.
3. La Sala podrá autorizar a las partes a presentarle informaciones sobre
cualquier cuestión relativa a la ejecución de las medidas preventivas
recomendadas por ella».
A.
Tesis de las partes
93. El abogado del demandante subraya que desde la expulsión de éste a
Argelia no ha podido contactar con él. Como consecuencia de ello el ejercicio
del recurso ante el Tribunal es muy difícil.
En su opinión, al expulsar al demandante el 19 de agosto de 1999, cuando el
Tribunal debía examinar la demanda el 24 de agosto siguiente, el Gobierno
violó el derecho a un recurso eficaz protegido por el artículo 34 del
Convenio.
94. En sus alegaciones complementarias el abogado del demandante hace
referencia a la Sentencia Mamatkulov y Askarov contra Turquía [GS], núms.
46827/1999 y 46951/1999, TEDH 2005-…).
95. Recuerda que en esta sentencia el Tribunal estimó que el incumplimiento de
una medida preventiva por un Estado Contratante constituye una violación
del artículo 34 del Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) .
96. Considera que en este caso se ha establecido claramente que el Estado
francés no ha respetado las medidas preventivas que se le habían señalado
y que esta actitud constituye una violación del artículo 34 del Convenio (RCL
1999, 1190 y 1572) .
97. El Gobierno señala que ha tenido en cuenta, en la medida de lo posible, la
petición hecha por el Tribunal en aplicación del artículo 39 de su Reglamento
y que después de la misma, se aplazó la expulsión del demandante al objeto
de permitir un nuevo examen de la situación.
Añade que con ocasión del examen complementario al que se procedió, se
constató que ninguna razón vinculada al estado de salud del demandante se
oponía a la medida de expulsión. Insiste en el hecho de que el demandante
no seguía ningún tratamiento médico y que el considerado como deseable
en un futuro por los médicos no está disponible actualmente tanto en
Francia como en Argelia.
16

98. Recuerda asimismo que esta petición, según los propios términos del
Reglamento del Tribunal, no es sino una medida señalada al Estado y no un
mandamiento jurídicamente obligatorio.
99. El Gobierno, que hace referencia la Sentencia Cruz-Varas contra Suecia,
estima que la ejecución de la medida de expulsión no ha vulnerado el
derecho que tenía el demandante en virtud del artículo 34 del Convenio (RCL
1999, 1190 y 1572) a presentar una demanda individual ante el Tribunal sin
que el Estado haya puesto traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho.
100. En sus alegaciones complementarias, recuerda que la expulsión del
demandante tuvo lugar con anterioridad al veredicto de la Sentencia
Mamatkulov y Askarov contra Turquía y estima que el Tribunal debe
pronunciarse haciendo referencia al contexto jurídico en vigor en el
momento en que se aplicó la medida en litigio.
B.
Valoración del Tribunal
101. El Tribunal recuerda que se pronunció el 4 de febrero de 2005,
mediante una Sentencia dictada por la Gran Sala, sobre la consecuencia,
respecto al artículo 34 del Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) , del hecho
para un gobierno demandado de no haberse conformado a las medidas
señaladas por el Tribunal en virtud del artículo 39 de su Reglamento
(Sentencia Mamatkulov y Askarov contra Turquía, previamente citada, aps.
99 a 129).
102. Recuerda que el compromiso de no poner traba al ejercicio eficaz del
derecho de recurso prohíbe las injerencias en el ejercicio del derecho para el
individuo de presentar y defender efectivamente su causa ante el Tribunal.
103. De esta forma, en asuntos tales como el presente, en los que se
alega de forma creíble la existencia de un riesgo de perjuicio irreparable en
el goce por el demandante de uno de los derechos que competen al núcleo
duro de los derechos protegidos por el Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) ,
una medida preventiva tiene como finalidad mantener el statu quo en
espera de que el Tribunal se pronuncie sobre la justificación de la misma.
Desde el momento en que trata de prolongar la existencia de la cuestión
objeto de la demanda, la medida preventiva afecta al fondo de la queja
basada en el Convenio. Con su demanda, el recurrente trata de proteger de
un daño irreparable el derecho enunciado en el Convenio que él invoca. En
consecuencia, el demandante solicita una medida preventiva y el Tribunal la
concede con vista a facilitar el «ejercicio eficaz» del derecho de demanda
individual que garantiza el artículo 34 del Convenio, es decir, de preservar el
objeto de la demanda cuando estima que existe un riesgo de que éste sufra
un daño irreparable debido a una acción u omisión del Estado demandado
(Sentencia Mamatkulov y Askarov contra Turquía, ap. 108).
104. En este caso, habiendo Francia expulsado al demandante a Argelia, el
nivel de protección que el Tribunal podía garantizar en cuanto a los derechos
enunciados en el artículo 3 del Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) , se ha
reducido de forma irreversible. Además, habiendo perdido el abogado del
demandante todo contacto con éste desde su expulsión, la aportación de
pruebas en apoyo de las alegaciones del demandante resulta más compleja.
105. El Tribunal señala que el sistema de protección tal y como funciona
actualmente fue modificado en este punto por el Protocolo núm. 11 ( RCL
17

1999, 1190 y 1572) : el derecho de demanda individual ya no depende de
una eventual declaración de los Estados contratantes. De esta forma, el
individuo ha visto reconocer en el plano supranacional un verdadero derecho
de acción para hacer valer derechos y libertades que obtiene directamente
del Convenio. Considera que a la vista de los principios generales de
Derecho internacional, del derecho de los tratados y de la jurisprudencia
internacional, la interpretación del alcance de las medidas preventivas no
puede disociarse del procedimiento en el curso del cual están previstas y de
la decisión sobre el fondo que tratan de proteger.
106. Concluye que por ello puede decirse que, cualquiera que sea el
sistema jurídico considerado, el normal desarrollo de la justicia implica que
no se lleven a cabo, en tanto en cuanto un procedimiento esté en curso,
actos de carácter irreparable.
107. Asimismo, en el sistema del Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) , las
medidas preventivas, tal y como se han aplicado constantemente en la
práctica, tienen una importancia fundamental para evitar situaciones
irreversibles que impedirían al Tribunal proceder en unas condiciones
adecuadas a un examen de la demanda y, llegado el caso, asegurar al
demandante el goce práctico y efectivo del derecho protegido por el
Convenio que invoca. En consecuencia, el incumplimiento por un Estado
demandado, en estas condiciones, de unas medidas preventivas pone en
peligro la eficacia del derecho de demanda individual, tal y como garantiza el
artículo 34, así como el compromiso formal del Estado, en virtud del artículo
1, de salvaguardar los derechos y libertades enunciados en el Convenio.
108. El señalar medidas preventivas, como en este caso, le permite al
Tribunal no solamente examinar eficazmente una demanda sino también
asegurar la efectividad de la protección prevista por el Convenio ( RCL 1999,
1190 y 1572) respecto al demandante y posteriormente al Comité de
Ministros velar por la ejecución de la sentencia definitiva. Tal medida
permite asimismo al Estado en cuestión cumplir con su obligación de acatar
la sentencia definitiva del Tribunal, la cual tiene fuerza obligatoria en virtud
del artículo 46 del Convenio ( Sentencia Mamatkulov y Askarov contra
Turquía, previamente citada, ap. 125).
109. El Tribunal recuerda que, en su Sentencia Mamatkulov y Askarov
contra Turquía admitió que es en interés de la seguridad jurídica y de la
previsibilidad que no se aparta sin un motivo válido de sus propios
precedentes.
Sin embargo, siempre recuerda que es de crucial importancia que el
Convenio se interprete y aplique de manera que sus garantías sean
concretas y efectivas y no teóricas o ilusorias. Además, el Convenio es un
instrumento vivo a interpretar a la luz de las condiciones actuales (Sentencia
Tyrer contra Reino Unido de 25 abril 1978 [ TEDH 1978, 3] , serie A núm.
26, ap. 31).
110. El Tribunal considera que en el presente caso, la expulsión del
demandante a Argelia ha perjudicado el examen, de manera adecuada, de
las quejas del demandante conforme a su práctica constante en asuntos
similares y, a fin de cuentas, le ha impedido proteger en caso necesario las
potenciales violaciones del Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) . La
consecuencia de este impedimento es que se ha puesto traba al ejercicio
efectivo del derecho del interesado de demanda individual, garantizado por
el artículo 34 del Convenio.
18

111. El Tribunal recuerda que, en virtud del artículo 34 del Convenio ( RCL
1999, 1190 y 1572) , los Estados Contratantes se comprometen a
abstenerse de todo acto u omisión que dificulte el ejercicio efectivo del
derecho de recurso de un demandante.
Señala que aunque en la época en la que se expulsó al demandante la fuerza
obligatoria de las medidas adoptadas en aplicación del artículo 39 de su
Reglamento no se había afirmado implícitamente, ya se imponía a los Estados
Contratantes el artículo 34 y las obligaciones derivadas del mismo.
112. Teniendo en cuenta los elementos de que dispone, el Tribunal
concluye que no conformándose a las medidas preventivas señaladas en
virtud del artículo 39 de su Reglamento, Francia no ha cumplido con las
obligaciones que le correspondían en este caso a tenor del artículo 34 del
Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) .
V.
Sobre la aplicación del artículo 41 del convenio
113. En términos del artículo 41 del Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) ,
«Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos
y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera
imperfecta reparar las Consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a
la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa».
A.
Daños
114. El demandante señala que ha sufrido un daño moral importante
debido a su expulsión a Argelia. Añade que por razones vinculadas a la
historia de su familia, los suyos no pueden visitarle. Solicita al respecto
30.000 euros.
115. El demandante solicita también una indemnización por el perjuicio
derivado del no tratamiento de su enfermedad. A falta de un dictamen
médico, solicita la suma de 100.000 euros.
116. El Gobierno considera que estas peticiones son excesivas. Estima que
el perjuicio relativo a la falta de asistencia médica no ha sido probado. En
cuanto al daño moral, propone el pago al demandante de 20.000 euros.
117. El Tribunal no considera probadas la realidad del daño moral y la falta
de cuidados médicos.
118. En las circunstancias de la causa, considera por el contrario que el
demandante ha sufrido sin duda un daño moral resultante de la violación del
artículo 34 del Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) por Francia y que la
mera constatación de incumplimiento por el Estado demandado de sus
obligaciones, en virtud de este artículo, no puede reparar.
En consecuencia, resolviendo en equidad, como exige el artículo 41,
teniendo en cuenta el hecho de que no ha concluido con la violación de los
artículos 3 y 8 del Convenio y a la vista de su jurisprudencia anterior en la
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materia, el Tribunal concede al demandante 7.000 euros en concepto de
daño moral (ver Sentencia Mamatkulov y Askarov contra Turquía [GS],
núms. 46827/1999 y 46951/1999, ap. 134, TEDH 2005-…).
B.
Gastos y costas
119. El abogado del demandante solicita al respecto 9.568 euros. No
presenta ningún documento en apoyo de su solicitud.
120. El Gobierno señala que los gastos y costas satisfechos ante el
Tribunal pueden ser reembolsados a reserva de la presentación de
justificantes y del carácter razonable de estos honorarios. Con esta reserva,
el Gobierno propone el pago de 7.000 euros.
121. El Tribunal considera que indudablemente el demandante ha
soportado unos gastos para la presentación de su demanda ante el Tribunal.
En consecuencia, resolviendo en equidad, como exige el artículo 41 ( RCL
1999, 1190 y 1572) , le concede 5.000 euros en concepto de gastos y
costas.
C.
Intereses de demora
122. El Tribunal considera apropiado fijar el tipo de los intereses de
demora en el tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del
Banco central europeo incrementado en tres puntos.
POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD
1º
Rechaza las excepciones preliminares del Gobierno;
2º
Declara que no ha habido violación del artículo 3 del Convenio ( RCL 1999,
1190 y 1572) ;
3º
Declara que no ha habido violación del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999,
1190 y 1572) ;
4º
Declara que Francia ha faltado a sus obligaciones en virtud del artículo 34
del Convenio ( RCL 1999, 1190 y 1572) ;
5º
Declara,
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a) Que el Estado demandado deberá abonar al demandante, dentro del plazo
de tres meses, a partir de que la sentencia sea definitiva, conforme al
artículo 44.2 del Convenio, las sumas siguientes:
i. 7.000 EUR (siete mil euros) en concepto de daño moral;
ii. 5.000 EUR (cinco mil euros) en concepto de gastos y costas;
iii. las cargas fiscales correspondientes;
b) Que estas sumas se verán incrementadas por un interés simple anual
equivalente al tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del
Banco central europeo incrementado en tres puntos a partir de la expiración
del antedicho plazo y hasta el pago;
6º
Rechaza el resto de la solicitud de indemnización.
Hecha en francés y notificada por escrito el 17 de enero de 2006, conforme
a los artículos 77.2 y 77.3 del Reglamento del Tribunal. Firmado: Nicolas
Bratza, Presidente-Michael O'Boyle, Secretario.
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