1. STEDH N.C c. Reino Unido, de 27 de mayo de 2008, la sentencia ...

Caso N. contra Reino Unido. Sentencia de 27 mayo 2008
En el asunto N. contra Reino Unido,
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituido en una Gran Sala
compuesta por los siguientes Jueces Jean-Paul Costa, Presidente, Nicolas Bratza,
Peer Lorenzen, Françoise Tulkens, Josep Casadevall, Giovanni Bonello, Ireneu
Cabral Barreto, Boštjan M. Zupan#i#, Rait Maruste, Snejana Botoucharova, Javier
Borrego Borrego, Khanlar Hajiyev, Ljiljana Mijovi#, Dean Spielmann, Renate
Jaeger, Ján Šikuta, Mark Villiger, así como por Michael O'Boyle, Secretario adjunto,
Tras haber deliberado en privado el 26 de septiembre de 2007 y el 23 de abril de
2008,
Dicta la siguiente
Procedimiento
SENTENCIA
1. El asunto tiene su origen en una demanda (núm. 26565/2005) dirigida
contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que una
ciudadana ugandesa, la señora N. («la demandante») presentó ante el
Tribunal, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (RCL 1999, 1190,
1572) («el Convenio»), el 22 de julio de 2005. El Presidente de la Gran Sala
ha accedido a la petición de no divulgación de su identidad formulada por la
demandante (artículo 47.3 del Reglamento del Tribunal).
2. La demandante, a la que se ha concedido el beneficio de la justicia gratuita,
está representada ante el Tribunal por el señor Luqmani, solicitor colegiado
en Londres. El Gobierno británico («el Gobierno») está representado por su
agente el señor J. Grainger, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la
Commonwealth.
3. La demandante, seropositiva, alega que si fuese expulsada a Uganda no
tendría acceso al tratamiento médico que requiere, lo que implicaría una
violación de los artículos 3 y 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572).
4. La demanda fue asignada a la Sección Cuarta del Tribunal (artículo 52.1 del
Reglamento). El 22 de mayo de 2007, una Sala de dicha Sección, compuesta
por Josep Casadevall, Nicolas Bratza, Giovanni Bonello, Kristaq Traja,
Stanislav Pavlovschi, Ljiljana Mijovi# y Šikuta, así como por Lawrence Early,
Secretario de Sección declinó su competencia a favor de la Gran Sala, a lo
que no se opuso ninguna de las partes (artículos 30 del Convenio [RCL
1999, 1190, 1572] y 72 del Reglamento).
5. Se dispuso la composición de la Gran Sala de acuerdo con los artículos 27.2
y 27.3 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) y 24 del Reglamento del
Tribunal.
6. Tanto la demandante como el Gobierno presentaron alegaciones por escrito
sobre la admisibilidad y el fondo del asunto. Se recibieron asimismo las
alegaciones de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, a la que el
Presidente había autorizado a intervenir en el procedimiento escrito
(artículos 36.2 del Convenio [RCL 1999, 1190, 1572] y 44.2 del
Reglamento).

7. Los debates se desarrollaron en público el 26 de septiembre de 2007 en el
Palacio de los Derechos Humanos de Estrasburgo (artículo 59.3 del
Reglamento).
Comparecieron
– por el Gobierno: señor J. Grainger, agente, señora M. Carss-Frisk, QC,
abogada, señor T. Eicke, señora C. Adams, señor P. Deller, señora L. Stowe,
asesores.
– por la demandante: señores D. Pannick, QC, R. Scannell, abogados, L.
Luqmani, solicitor.
El Tribunal escuchó las declaraciones de la señora Carss-Frisk y del señor
Pannick, así como sus respuestas a las preguntas formuladas por los Jueces
Borrego Borrego y Mijovi#.
Hechos
I.
Circunstancias del caso
8. La demandante nació en 1974 en Uganda. Reside actualmente en Londres.
9. Llegó al Reino Unido el 28 de marzo de 1998 bajo una identidad falsa.
Hallándose gravemente enferma, fue hospitalizada. Se le diagnosticó una
infección VIH acompañada de «una inmunodepresión extremadamente
aguda y (...) una difusión del bacilo de Koch».
10. El 31 de marzo de 1998, unos solicitors presentaron en su nombre una
petición de asilo. Alegaban que la interesada había sido maltratada y violada
por el Movimiento nacional de resistencia en Uganda debido a su relación
con el Ejército de Resistencia del Señor y que temía por su vida y su
seguridad en caso de ser expulsada.
11. En agosto de 1998, la demandante contrajo una segunda enfermedad
vinculada al SIDA, el sarcoma de Kaposi. Su tasa de linfocitos CD4 había
descendido a 10 (cuando la de una persona en buen estado de salud era
superior a 500). Tras un tratamiento con medicamentos antirretrovirales y
frecuentes controles, su estado comenzó a estabilizarse. Así, cuando la
Cámara de los Lores examinó su caso en 2005, su tasa de CD4 había
aumentado a 414.
12. En marzo de 2001, a petición del solicitor de la demandante, un médico
redactó un informe pericial en el que opinaba que si la interesada dejaba de
recibir un tratamiento antirretroviral regular para mejorar y estabilizar su
tasa de CD4 y un seguimiento que garantizase el uso de la buena asociación
de medicamentos, su esperanza de vida sería inferior a un año, debido a la
proliferación del sarcoma de Kaposi y el riesgo de contraer infecciones.
Señalaba que el tratamiento que requería la demandante sólo estaba
disponible en Uganda a un coste extremadamente elevado y que la
interesada sólo podría conseguirlo limitadamente en Masaka, ciudad de la
que era originaria. Subrayaba asimismo que no existía en Uganda ninguna
subvención pública para los controles sanguíneos, cuidados básicos
ambulatorios, seguridad social, alimentación o vivienda.

13. Considerando que las explicaciones de la demandante carecían de
credibilidad y no convencido de que la interesada estuviese en el punto de
mira de las autoridades ugandesas, el ministro denegó la solicitud de asilo el
28 de marzo de 2001. Rechazó asimismo la queja fundada en el artículo 3,
señalando que el tratamiento del sida en Uganda era comparable al que se
hacía en cualquier otro país de África, y que todos los medicamentos
principales antirretrovirales estaban disponibles en Uganda a precios muy
subvencionados.
14. Un adjudicator resolvió el recurso de la demandante el 10 de julio de 2002.
Lo desestimó en la medida en que se refería a la negativa a conceder el
asilo, pero lo estimó, basándose en la Sentencia D. contra Reino Unido ( 2
mayo 1997 [ TEDH 1997, 29] ,
Repertorio de sentencias y resoluciones 1997-III), en lo que respecta al
artículo 3. Consideró que el asunto se hallaba en el ámbito de las
instrucciones de la Dirección de Asilo, las cuales disponen que ha de
concederse una autorización excepcional para permanecer o entrar en
territorio del Reino Unido:
«cuando existen pruebas médicas creíbles que muestren que, habida cuenta
del nivel de los servicios sanitarios disponibles en el país en cuestión, la
expulsión implicaría una reducción de la esperanza de vida del solicitante y
le sometería a un sufrimiento físico y moral extremo, en unas circunstancias
en las que se puede considerar que el Reino Unido ha asumido la
responsabilidad del tratamiento del interesado (...)».
15. El ministro interpuso recurso contra la conclusión relativa al artículo 3
arguyendo que todos los medicamentos para tratar el sida disponibles en el
Reino Unido en el marco del sistema nacional de salud podían también
obtenerse localmente y que se podía conseguir la mayor parte de ellos a
bajo coste gracias a los proyectos financiados por la ONU y a programas
bilaterales sobre el sida financiados por donantes. En caso de expulsión, la
demandante no se hallaría, por tanto, frente a una «falta total de
tratamiento médico» y no sería así sometida a «un sufrimiento físico y moral
extremo». La Comisión de apelaciones en materia de inmigración admitió el
recurso el 29 de noviembre de 2002. Concluyó así:
«En Uganda existen tratamientos médicos que permiten tratar a [la
demandante], incluso si la Comisión reconoce que el nivel de servicios
sanitarios disponibles en Uganda es inferior al del Reino Unido y que
continuará acusando un retraso respecto a los nuevos medicamentos que no
dejan de aparecer y que inevitablemente están antes disponibles en los
países desarrollados. Sin embargo, Uganda hace muchos esfuerzos por
hacer frente al problema del sida: se encuentran allí medicamentos contra el
sida, se distribuyen formas evolucionadas de medicamentos (aunque con
retraso), y sólo a medida que pasa el tiempo se puede evaluar las
necesidades específicas y evolutivas de [la demandante] y determinar si se
halla disponible el tratamiento adecuado».
16. El 26 de junio de 2003 se autorizó a la demandante a interponer recurso
ante el Tribunal de apelación. El 16 de octubre de 2003 este tribunal lo
inadmitió por dos votos contra uno ([2003] EWCA Civ 1369). Basándose en
la Sentencia D. contra el Reino Unido (TEDH 1997, 29) (previamente
citada), el Lord Justice Laws hizo la siguiente declaración (a la que se adhirió
el Lord Justice Dyson):

«La diferencia entre el bienestar relativo que se ofrece en un Estado
signatario a una persona muy enferma que lleva algún tiempo, incluso
mucho tiempo, instalada allí y las penurias y dificultades a las que (sin que
se produjese violación del Derecho Internacional) se enfrentaría si fuese
expulsada a su país de origen, constituye en mi opinión –incluso cuando esta
diferencia es muy grande– un fundamento muy débil sobre el que erigir una
obligación legal para el Estado de conceder o prolongar el derecho a
permanecer en su territorio, no sustentándose tal obligación en ninguna
decisión o política del brazo democrático, ejecutivo o legislativo, del Estado.
La elaboración de la política de inmigración (...) compete a todo gobierno
elegido. Se comprende fácilmente que los límites de tal responsabilidad
puedan ser modificados por una obligación legal derivada del Convenio
europeo de Derechos Humanos en el caso de que la persona en cuestión
solicite protección contra la tortura u otros malos tratos contrarios al artículo
3 en su país de origen, especialmente si tales tratos le son inflingidos por
agentes del Estado. En mi opinión, sin embargo, una solicitud de protección
de las dificultades derivadas de la falta de recursos, incluso si esta falta
parece aún más marcada en comparación con los servicios disponibles en el
país de acogida, es de un orden totalmente distinto.
(...) Diría que, cuando la queja se refiere en sustancia a la falta de recursos
en el país de origen del demandante (en oposición a los recursos disponibles
en el país del que ha de ser expulsado), la aplicación del artículo 3 sólo se
justifica cuando el aspecto humanitario del caso es tan poderoso que las
autoridades de un Estado civilizado no pueden razonablemente ignorarlo.
Reconozco que esto no constituye un criterio jurídico muy preciso (...) un
asunto de este tipo relativo al artículo 3 ha de fundarse en unos hechos que
sean no solamente excepcionales, sino también extremos en comparación
con todos los casos, o la mayoría de ellos, que (como el examinado) exigen
compasión por razones imperiosas (...)».
El Lord Justice Carnwath, disidente, declaró no poder decir que los hechos
de la causa estuviesen tan claros como para que la única solución razonable
consistiese en concluir con la no aplicabilidad del artículo 3. Precisó que,
visto el contraste flagrante entre la situación de la demandante en el Reino
Unido y la situación en la que se hallaría casi con seguridad si fuese
expulsada a Uganda –a saber, una esperanza de vida considerablemente
menor en ausencia de todo apoyo familiar efectivo–, él habría remitido el
caso al órgano que instruyó los hechos de la causa, a saber la Comisión de
apelaciones en materia de inmigración.
17. La demandante fue autorizada a interponer recurso ante la Cámara de los
Lores. El 5 de mayo de 2005, el Alto Tribunal rechazó, por unanimidad, el
recurso de la interesada ([2005] UKHL 31).
Lord Nicholls of Birkenhead resumió el pronóstico relativo a la demandante
en estos términos:
«(...) En agosto de 1998 [la demandante] contrajo una segunda enfermedad
vinculada al sida, el sarcoma de Kaposi. Si bien la tasa de CD4 de una
persona en buen estado de salud es superior a 500, el suyo había
disminuido a 10.
Gracias a la administración de medicamentos nuevos y a los tratamientos
médicos dispensados por un personal cualificado durante un largo período de
tiempo, incluido el recurso prolongado a una quimioterapia sistemática [la

demandante] ha mejorado mucho desde entonces. Su tasa de CD4 ha vuelto
a subir [de 10] a 414. Su estado se ha estabilizado. Sus médicos dicen que,
si continúa con los medicamentos y los servicios sanitarios disponibles en el
Reino Unido, su estado debería seguir siendo bueno durante "varias decenas
de años". Por el contrario, sin estos medicamentos y servicios, el pronóstico
es "espantoso": su salud se deteriorará, sufrirá y morirá en un plazo de uno
o dos años. Ello se debe al hecho de que los medicamentos antirretrovirales
altamente activos que toma actualmente no sirven para curar la
enfermedad, ni restablecen el estado de salud anterior a su aparición. Estos
medicamentos sólo reproducen las funciones del sistema inmunitario
debilitado, y protegen a la interesada de las consecuencias de su
inmunodeficiencia únicamente mientras los tome.
La cruel realidad es que si [la demandante] regresa a Uganda, no es seguro
que pueda obtener los medicamentos necesarios. Hacerle regresar a este
país, si no puede conseguir la asistencia sanitaria que requiere para
controlar su enfermedad, es como desconectar un aparato que mantiene las
funciones vitales».
Los Hope, cuya opinión suscribieron Lord Nicholls of Birkenhead, Lord Brown
of Eaton-under-Heywood y Lord Walker of Gestingthorpe, citó
detalladamente la jurisprudencia del tribunal (apartados 32-39 infra) y
declaró:
«(...) El Tribunal de Estrasburgo se ha atenido siempre a dos principios
esenciales. De un lado, debido a su carácter fundamental, el derecho
garantizado por el artículo 3 se aplica cualquiera que sea la conducta del
demandante, es decir, incluso si ésta es reprensible (...). De otro lado, los
extranjeros amenazados de expulsión no pueden reivindicar un derecho a
permanecer en el territorio de un Estado contratante para continuar
recibiendo la asistencia sanitaria, social o de otro tipo que asegura el Estado
que expulsa. No hay excepción a esta regla cuando la expulsión es
impugnada por razones médicas, salvo ante circunstancias excepcionales.
(...) La cuestión a la que el tribunal debe conceder toda su atención es la de
saber si el estado actual de salud del demandante es tal que, por razones
humanitarias, no debe ser expulsado, salvo si se prueba que los servicios
médicos y sociales que manifiestamente necesita son realmente accesibles
en el país de destino. Los únicos casos en los que el Tribunal ha concluido
que no debía haber expulsión son D. contra Reino Unido (TEDH 1997, 29)
(...) y B. B. contra Francia
(...) En sus Decisiones, el Tribunal de Estrasburgo ha tratado de evitar
cualquier ampliación complementaria de la categoría de casos excepcionales,
entre los que D. contra Reino Unido es emblemático.
Puede que el Tribunal no haya medido realmente las consecuencias
derivadas de la evolución de las técnicas médicas desde que se dictaron las
sentencias D. contra Reino Unido y B. B. contra Francia. Actualmente las
infecciones por VIH pueden ser controladas eficazmente gracias a la
administración de medicamentos antirretrovirales. En casi todos los casos en
los que se prescribe este tratamiento con éxito, se percibe que el paciente
recobra la buena salud. Por el contrario, en casi todos estos casos, la
interrupción del tratamiento conduce en poco tiempo a la reaparición de
todos los síntomas que el paciente presentaba inicialmente, así como a su
muerte en un corto plazo. El tratamiento antirretroviral puede compararse a
un aparato que mantiene las funciones vitales. Aunque los efectos de la
interrupción no sean tan inmediatos, son igualmente fatales en un más o

menos largo plazo. Parece algo engañoso por parte del Tribunal
concentrarse en el estado de salud del demandante cuando este estado en
realidad se debe plenamente al tratamiento cuyo seguimiento está
justamente en peligro.
Sin embargo, no se puede decir que el Tribunal ignore los avances de la
ciencia médica en este campo. Todos los asuntos posteriores a S. C. C.,
contra Suecia lo muestran. Si el Tribunal no parece haberse conmovido por
estos casos, es en mi opinión porque se atiene al principio según el cual los
extranjeros amenazados con la expulsión no pueden reivindicar un derecho a
permanecer en el territorio de un Estado contratante al objeto de seguir
gozando de la asistencia médica, social o de otro tipo que asegura el Estado
que expulsa. La forma en que se ha invocado este principio y aplicado
posteriormente en el asunto Amegnigan contra Países Bajos (...) es, a mi
parecer, muy significativa. Lo que el Tribunal ha dicho, en el fondo, es que el
hecho de que el tratamiento corra el riesgo de no estar al alcance del
demandante en el Estado de destino no debe considerarse una circunstancia
excepcional. Las cosas serían algo distintas en situaciones en las que se
pudiese decir que este tratamiento no está disponible en dicho país y que el
demandante corre un riesgo inevitable por la falta total de tal tratamiento.
Ahora bien, cada vez es menos probable que eso suceda, teniendo en cuenta
la importancia de la ayuda médica que llega a los países del tercer mundo,
concretamente a los del África subsahariana. Las circunstancias no pueden
calificarse de "muy excepcionales", retomando las palabras utilizadas por el
Tribunal en el asunto Amegnigan, a menos que se pruebe que el estado de
salud del demandante ha llegado a una fase realmente crítica que existen
motivos humanitarios imperiosos para no expulsarlo a un lugar que no
ofrece los servicios sanitarios y sociales que requiere para prevenir el
sufrimiento extremo antes de su muerte.
(...) Mientras [la demandante] continúe con su tratamiento, seguirá estando
en buena salud y podrá esperar vivir así durante varias decenas de años. Su
estado actual no puede calificarse de crítico. Le permite viajar y
permanecerá estable si puede obtener el tratamiento que requiere tras su
regreso a Uganda, mientras que pueda acceder a él. Las pruebas muestran
que este tratamiento está disponible en dicho país, aunque a un coste
extremadamente elevado. La demandante sigue teniendo allí familia, pero
afirma que ninguno de sus familiares querrá ni podrá alojarla y ocuparse de
ella. En mi opinión, su caso pertenece a la misma categoría que los asuntos
S. C. C. contra Suecia, Henao contra Países Bajos, Ndangoya contra Suecia,
y Amegnigan contra Países Bajos, en los que el Tribunal consideró que no se
cumplía el criterio de las circunstancias excepcionales. A mi parecer, la
jurisprudencia del Tribunal lleva indefectiblemente a concluir que la
expulsión de [la demandante] a Uganda no sería contraria al artículo 3 del
Convenio (...)».
Lord Hope concluyó, señalando lo siguiente:
«[Toda ampliación de los principios que se desprenden de D. contra Reino
Unido] tendría como efecto conferir a todas las personas que se hallan en el
mismo estado que [la demandante] un derecho de asilo en este país hasta
que el nivel de los servicios sanitarios disponibles en su país de origen para
el tratamiento de la infección por VIH/del sida haya alcanzado al existente
en
Europa. Ello conllevaría el riesgo de atraer al Reino Unido a un gran número
de personas que ya son seropositivas, esperando ellas también quedarse
aquí indefinidamente al objeto de beneficiarse de los servicios sanitarios

disponibles en este país, lo que absorbería unos recursos muy importantes y
seguramente imposibles de cuantificar, y se pueden albergar serias dudas,
por no decir más, de que los Estados partes en el Convenio aceptasen tal
cosa. Es realmente preferible que los Estados continúen centrando sus
esfuerzos en las acciones que han emprendido actualmente, con la ayuda de
los laboratorios farmacéuticos, para que los cuidados médicos necesarios
estén universal y gratuitamente disponibles en los países del tercer mundo
que continúan padeciendo esta plaga implacable que es el VIH/sida».
La baronesa Hale of Richmond, considerando ella también que cabía
inadmitir el recurso, pasó revista a los precedentes de la jurisprudencia
interna y de la de Estrasburgo y definió en estos términos el criterio a
aplicar:
«(...) Se trata de saber si la enfermedad ha llegado a una fase tan crítica (es
decir, cercana a la muerte) que sería inhumano privar al interesado de los
cuidados que recibe actualmente y enviarlo a su casa, donde tendría una
muerte prematura, salvo si pudiese beneficiarse de unos cuidados
adecuados que le permitiesen acabar sus días con dignidad (...). Este no es
el caso que nos ocupa».
II.
El tratamiento médico de la infección por VIH y del sida en el Reino Unido y
Uganda
18. Se desprende de las informaciones que ha obtenido el propio Tribunal que
la infección por VIH se trata normalmente con medicamentos
antirretrovirales. En el Reino Unido, al igual que en la mayor parte de los
países desarrollados, estos medicamentos se prescriben en asociación, lo
que constituye un «tratamiento antirretroviral altamente activo» (HAART).
Para una buena administración de los medicamentos antirretrovirales, es
necesario que el paciente se someta a un seguimiento regular,
concretamente análisis de sangre, y que el personal sanitario esté disponible
para modificar a intervalos frecuentes la dosis y el tipo de medicamento. Tal
tratamiento es distribuido generalmente de forma gratuita por el Servicio
Nacional de Salud.
19. En Uganda, se ha tratado de reducir la dependencia del país respecto a los
medicamentos importados produciendo, concretamente, medicamentos
genéricos. Sin embargo, como en la mayor parte de los países del África
subsahariana, la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales se ve
obstaculizada por los recursos económicos limitados y las lagunas en la
infraestructura sanitaria necesaria para administrarlos eficazmente. En
consecuencia, según un estudio elaborado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en Uganda sólo alrededor de la mitad de las personas que
requieren un tratamiento antirretroviral lo recibe (OMS, «Progress on Global
Access to HIV Antiretroviral Therapy» [Progreso en el acceso global al
tratamiento antirretroviral contra el VIH], marzo 2006, pgs. 9, 11 y 72). En
la parte dedicada a Uganda del análisis de la situación por países que
efectuaron en 2007, el programa común de las Naciones Unidas sobre el
VIH/sida (ONUSIDA) y la OMS señalaron los principales obstáculos para la
prevención, el tratamiento y la asistencia en lo que respecta al VIH: poca
inversión pública, cobertura limitada y ausencia de un marco político.
Existen también importantes disparidades entre las zonas urbanas y las
rurales en lo relativo a la disponibilidad de los medicamentos (World Health
Organization Country Profile for HIV/AIDS Treatment Scale-Up for Uganda,

diciembre 2005). Además, el número incesantemente creciente de personas
a tratar contrarresta los progresos llevados a cabo en materia de oferta de
asistencia sanitaria (ONUSIDA/OMS, «El punto sobre la epidemia de sida»,
2006, pg. 18). Así, habida cuenta del rápido crecimiento de la población en
Uganda, un nivel estable de incidencia del VIH significa que un número
creciente de personas contrae el VIH cada año (ONUSIDA/OMS, «El punto
sobre la epidemia de sida», 2007, p. 17).
Fundamentos de derecho
I.
Sobre la admisibilidad
20. La demandante alega que, habida cuenta de su enfermedad y puesto que
no puede recibir gratuitamente en Uganda todo lo que requiere para curarse
(medicamentos antirretrovirales y de otro tipo, asistencia social y cuidados
ambulatorios), su expulsión a este país le expondría, en violación del artículo
3 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572), a un sufrimiento físico y moral
extremo así como a una muerte prematura. El Gobierno no comparte esta
tesis.
El artículo 3 dispone:
«Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes».
El artículo 8 dice lo siguiente:
«1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida (...) familiar, de su
domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este
derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la Ley y
constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria
para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del
país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud
o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás».
21. El Tribunal considera que la demanda en conjunto plantea cuestiones
jurídicas suficientemente serias como para que se pueda pronunciar al
respecto sin un examen en cuanto al fondo. Como la demanda no se
enfrenta, por lo demás, a ningún otro motivo de inadmisibilidad, el Tribunal
la admite. Conforme al artículo 29.3 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572),
procederá ahora al examen a fondo de las quejas de la demandante.
II.
Sobre la violación del artículo 3 del Convenio
A.
Argumentos de las partes
1
El Gobierno

22. El Gobierno sostiene que se desprende claramente de la jurisprudencia del
Tribunal que, en casos médicos como éste, el artículo 3 (RCL 1999, 1190,
1572) sólo se aplica en circunstancias «excepcionales», incluso «muy
excepcionales». Esta restricción a la aplicación del artículo 3 sería correcta
en principio, puesto que la fuente del riesgo no se hallaría en el país que
expulsa y el riesgo derivaría de factores que no comprometen la
responsabilidad de las autoridades públicas del Estado de destino. Asimismo,
se desprende de la jurisprudencia que sólo puede hablarse de
«circunstancias excepcionales» cuando la enfermedad del demandante a
llegado a una fase muy avanzada o terminal y la falta probable en el país de
destino de asistencia sanitaria y apoyo, incluido por parte de los familiares,
tendría como consecuencia privar al interesado de «su dignidad humana en
lo que tiene de más elemental mientras que su enfermedad seguiría un
curso inevitablemente doloroso y fatal» (Sentencia D. contra Reino Unido
[TEDH 1997, 29], previamente citada, dictamen de la Comisión, pg. 807, ap.
60). Para establecer la existencia o no de circunstancias excepcionales, el
Tribunal se ha referido principalmente, en los casos anteriores, a la
gravedad del estado de salud del demandante en el momento en que se
contemplaba la expulsión, y nunca hasta hoy ha efectuado un examen
detallado de la cuestión de si el demandante podía efectivamente obtener el
tratamiento y los cuidados necesarios en el país de destino.
23. El Gobierno estima que en este caso no se cumple el criterio de las
«circunstancias excepcionales». Si bien reconoce que sin medicamentos
antirretrovirales el estado de la demandante se agravaría rápidamente y que
la interesada enfermaría y sufriría y que moriría en un plazo de uno o dos
años, afirma que la enfermedad está actualmente estabilizada y que el
tratamiento necesario está disponible en Uganda, aunque a un coste
extremadamente elevado. Sostiene que la demandante puede viajar y que si
puede conseguir el tratamiento necesario a su regreso a Uganda su estado
seguirá siendo estable durante el tiempo que pueda acceder al mismo. La
interesada tiene familia en dicho país, aunque afirme que sus familiares no
querrán ni podrán ocuparse de ella si estuviese gravemente enferma. Por
todos estos motivos, el presente caso se distingue del asunto D. contra
Reino Unido (TEDH 1997, 29) y pertenece a la categoría de casos médicos
en los que el Tribunal ha desestimado la queja basada en el artículo 3 (RCL
1999, 1190, 1572) (apartados 34-39 infra).
24. Los progresos realizados en el tratamiento de la infección por VIH y el sida
en los países desarrollados no incidirían en el principio general
anteriormente mencionado, enunciado en la jurisprudencia a partir de la
Sentencia D. contra Reino Unido (TEDH 1997, 29), en la medida en que el
Tribunal habría puesto énfasis, en estos casos, en el hecho de que se
trataba más de la garantía de poder morir con dignidad que del deseo de
prolongar la vida. Como para todo tratado internacional, la interpretación del
Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) estaría condicionada por el
consentimiento de los Estados contratantes. Extender la aplicación del
artículo 3 al caso de la demandante tendría por efecto conceder a ésta, así
como a las innumerables personas que padecen sida u otras enfermedades
mortales, el derecho a permanecer en un Estado contratante y continuar
recibiendo allí un tratamiento médico. No se puede concebir que los Estados
contratantes acepten tal cosa. El Convenio se habría elaborado
principalmente con el fin de garantizar unos derechos civiles y políticos, y no
unos derechos económicos y sociales. La protección prevista en el artículo 3
sería absoluta y fundamental, mientras que las disposiciones relativas a los
servicios sanitarios contenidas en otros instrumentos internacionales, como

la Carta Social europea (RCL 1980, 1436, 1821) y el Pacto Internacional
sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (RCL 1977, 893), sólo
tendrían un carácter programático y no conferirían a la persona unos
derechos directamente ejecutorios. Permitir a un demandante reclamar el
acceso a una asistencia sanitaria por el medio indirecto de la invocación al
artículo 3, es decir, pasando por «la puerta de atrás», privaría al Estado de
todo margen de apreciación; sería además una medida totalmente
impracticable y contraria al espíritu del Convenio.
2
La demandante
25. La demandante sostiene que, para comprometer la responsabilidad de un
Estado en un caso de expulsión, es necesario que el demandante pruebe que
el Estado podía prever razonablemente, en primer lugar, que su acción o
inacción provocaría un perjuicio, y, en segundo lugar, que este perjuicio
alcanzaría el grado de gravedad por debajo del cual no se puede hablar de
trato contrario al artículo 3 (RCL 1999, 1190, 1572). El análisis que ha de
efectuar el Tribunal en un caso de expulsión no es diferente que el que ha
de llevarse a cabo en cualquier asunto en el que se alega un perjuicio futuro
que entre en el ámbito de aplicación del artículo 3; por otra parte, el análisis
a practicar en una causa de expulsión de una persona que padece sida u
otra enfermedad grave no se distingue del que ha de realizarse cuando el
riesgo de malos tratos proviene de las autoridades públicas del país de
destino. Además, no existe una diferencia conceptual entre el sufrimiento
extremo provocado por la expulsión de una persona a punto de morir y
preparada psicológicamente para afrontar esta prueba y el causado por la
expulsión de una persona no preparada psicológicamente para morir tras
haber escapado por poco a la muerte gracias a un tratamiento que va a
interrumpir.
26. En el presente caso, los elementos del expediente muestran un contraste
entre la situación actual de la demandante y la suerte que correría de ser
expulsada. El adjudicator consideró que en caso de expulsión era previsible
que se enfrentase a un sufrimiento físico y moral extremo así como a una
muerte prematura. Esta constatación en ningún momento se puso en tela de
juicio en el procedimiento interno y Lord Hope la retomó explícitamente en
su declaración (apartados 14-17 supra).
27. La demandante afirma que cinco de sus seis hermanos y hermanas han
fallecido de enfermedades vinculadas al VIH en Uganda. Asistió a su muerte
y sabe por experiencia que todo lo que los médicos ugandeses pueden hacer
es tratar de atenuar los síntomas. El hospital situado en su ciudad natal es
muy pequeño y no está equipado para tratar el sida. Diciendo estar
demasiado débil para trabajar, la demandante sostiene que no podría cubrir
sus necesidades y pagar sus medicamentos si fuese expulsada a Uganda,
donde las condiciones de vida serían entonces espantosas: volvería a recaer
rápidamente y, sin unos familiares capaces de cuidar de ella, se vería
abandonada a su suerte. En los años pasados en el Reino Unido, se ha
creado una vida privada gracias a los contactos establecidos con personas y
asociaciones que le han ayudado a vivir con su enfermedad y le han
proporcionado el apoyo médico, social y psicológico necesario.
3
El tercero interviniente

28. Partiendo del principio de que las normas establecidas por el Tribunal
inciden en un gran número de personas aquejadas de sida, la Fundación
Helsinki para los Derechos Humanos, organización no gubernamental con
sede en Varsovia, Polonia, considera que el Tribunal debería aprovechar esta
ocasión para definir los factores a tener en cuenta cuando se trata de decidir
sobre la expulsión de una persona infectada por el VIH/que padece sida.
Estima que entre estos factores deberían figurar los derechos adquiridos por
la persona en cuestión si ésta ha sido autorizada a residir en un país de
acogida y si recibe en él una terapia antirretroviral, el estado de salud de la
persona, y sobre todo su grado de dependencia respecto a esta terapia, así
como la accesibilidad para ella de los medicamentos necesarios en el país de
origen.
B.
Valoración del Tribunal
1
Los principios generales relativos al artículo 3 y a la expulsión
29. Conforme a la jurisprudencia constante del Tribunal, para caer bajo el peso
del artículo 3 (RCL 1999, 1190, 1572), los malos tratos deben alcanzar un
mínimo de gravedad. La apreciación de este mínimo es relativa por
definición; depende del conjunto de los datos de la causa, concretamente de
la duración del trato y de sus efectos físicos y mentales, así como, en
ocasiones, del sexo, la edad y el estado de salud de la víctima (ver, entre
otras, Sentencia Jalloh contra Alemania [PROV 2006, 204643] [GS], núm.
54810/2000, ap. 67, TEDH 2006-...). El sufrimiento debido a una
enfermedad que sobreviene de forma natural, tanto si es física como
mental, puede depender del artículo 3 si se encuentra o si corre el riesgo de
verse intensificada por un trato –tanto si éste se debe a las condiciones de
detención, a una expulsión u otras medidas– del que las autoridades pueden
ser consideradas responsables (Sentencias Pretty contra Reino Unido [TEDH
2002, 23], núm. 2346/2002, ap. 52, TEDH 2002-III, Kud#a contra Polonia
[TEDH 2000, 163] [GS], núm. 30210/1996, ap. 94, TEDH 2000-XI, Keenan
contra Reino Unido [ TEDH 2001, 242], núm. 27229/1995, ap. 116, TEDH
2001-III, y Price contra Reino Unido [TEDH 2001, 444], núm. 33394/1996,
ap. 30, TEDH 2001-VII).
30. Según constante jurisprudencia del Tribunal, los Estados Contratantes
tienen, en virtud de un principio de Derecho internacional bien establecido y
sin perjuicio de los compromisos que para ellos derivan de los tratados,
incluido el Convenio, el derecho de controlar la entrada, la estancia y la
expulsión de los no nacionales. Sin embargo, la expulsión de un solicitante
de asilo por parte de un Estado Contratante puede plantear un problema en
virtud del artículo 3 (RCL 1999, 1190, 1572) y, por lo tanto, compromete la
responsabilidad de dicho Estado en virtud del Convenio, si existen motivos
determinantes para creer que el interesado correrá, en el país de destino, un
peligro real de ser sometido a un trato contrario al artículo 3. En tales
circunstancias, el artículo 3 conlleva la obligación de no expulsar a la
persona en cuestión a ese país (Sentencia Saadi contra Italia [PROV 2008,
64115] [GS], núm. 37201/2006 de 28 febrero 2008, ap. 124).
31. El artículo 3 (RCL 1999, 1190, 1572) se aplica principalmente para prevenir
el rechazo o la expulsión cuando el riesgo de que la persona sea sometida a

malos tratos en el país de destino deriva de actos intencionados de las
autoridades públicas de dicho país o de actos de organismos independientes
del Estado contra los cuales las autoridades no pueden ofrecerle una
protección adecuada (Sentencias H. L. R. contra Francia de 29 abril 1997
[TEDH 1997, 28], Repertorio 1997-III, ap. 32 y Ahmed contra Austria de 17
diciembre 1996 [TEDH 1996, 69], Repertorio 1996-VI, pg. 2207, ap. 44).
2
La jurisprudencia del Tribunal relativa al artículo 3 y a la expulsión de
personas gravemente enfermas
32. Asimismo, salvo estos ejemplos y teniendo en cuenta la importancia
fundamental del artículo 3 en el sistema del Convenio (RCL 1999, 1190,
1572), el Tribunal declaró en la Sentencia D. contra Reino Unido (TEDH
1997, 29) (anteriormente citada, apartado 49) reservarse la suficiente
flexibilidad para tratar la aplicación de este artículo en las demás situaciones
que pudiesen presentarse, cuando el riesgo de que el demandante sufra
unos tratos prohibidos en el país de destino provengan de factores que no
pueden comprometer, ni directa ni indirectamente, la responsabilidad de las
autoridades públicas de dicho país o que, aisladamente, no vulneran por sí
solos las normas de esta disposición.
33. En el asunto D. contra Reino Unido (TEDH 1997, 29), el demandante era un
ciudadano de Saint-Kitts que había sido condenado en el Reino Unido por
una infracción a la legislación sobre estupefacientes. Cuando cumplió su
pena de prisión, las autoridades británicas trataron de expulsarlo a Saint-
Kitts. Sin embargo, entre tanto había llegado a una fase avanzada de sida.
Cuando el Tribunal se pronunció sobre su causa, su tasa de CD4 era inferior
a 10, su sistema inmunitario había sufrido unos daños graves e irreparables
y el pronóstico era fatal; de hecho su muerte estaba próxima. Había recibido
asistencia psicológica en cuanto a la manera de enfrentarse a la muerte y
establecido relaciones con las personas que se ocupaban de él. De las
pruebas aportadas al Tribunal se desprendía que los centros médicos de
Saint-Kitts no estaban equipados para aplicarle el tratamiento necesario y
que carecía de domicilio familiar y de familiares cercanos que se ocuparan
de él en dicho país. El Tribunal se expresó así (apartados 53-54):
«Habida cuenta de estas circunstancias excepcionales y del hecho de que el
demandante se halla en una fase crítica de su enfermedad fatal, la ejecución
de la decisión de expulsarlo a Saint-Kitts constituiría, por parte del Estado
demandado, un trato inhumano contrario al artículo 3.
(...) El Estado demandado asume la responsabilidad del tratamiento del
demandante desde agosto de 1994. Éste depende de la asistencia médica y
de los cuidados paliativos que recibe actualmente y, sin duda alguna, está
preparado psicológicamente para afrontar la muerte en un entorno familiar y
humano. Aunque no se pueda decir que su situación en el país de destino
constituiría en sí misma una violación del artículo 3, su expulsión le
expondría a un riesgo real de morir en unas circunstancias particularmente
dolorosas y constituiría, por tanto, un trato inhumano.
(...).
Así las cosas, el Tribunal subraya que los no nacionales que han cumplido
una pena de prisión y contra los que pesa una orden de expulsión no pueden
en principio reivindicar el derecho a permanecer en el territorio de un Estado

Contratante al objeto de continuar recibiendo la asistencia médica, social o
de otro tipo asegurada durante su estancia en prisión por el Estado que
expulsa.
Sin embargo, habida cuenta de las circunstancias muy excepcionales del
caso y de las consideraciones humanitarias imperiosas que están en juego,
se ha de concluir que la ejecución de la orden de expulsión contra el
demandante violaría el artículo 3».
34. Desde la Sentencia recaída en el asunto D. contra Reino Unido (TEDH 1997,
29) , el Tribunal nunca ha concluido, en un caso de impugnación de la
decisión de un Estado de expulsar a un extranjero, que la ejecución de tal
decisión violaría el artículo 3 debido a la mala salud del interesado.
35. En el asunto B. B. contra Francia (Sentencia de 7 septiembre 1998 [TEDH
1998, 93], Repertorio 1998-VI), el demandante, que había cumplido una
pena de prisión en Francia, estaba aquejado de sida y presentaba una
inmunodepresión aguda. Se hallaba en una fase avanzada de la enfermedad
y había ingresado varias veces en el hospital, pero su estado se había
estabilizado gracias a la administración de un tratamiento antirretroviral que
afirmaba no podría recibir en su país de origen, la República Democrática del
Congo. En su informe, la Comisión consideró que era altamente probable
que en caso de expulsión el demandante no tuviese acceso al tratamiento
concebido para bloquear la propagación del virus y que las numerosas
epidemias que hacían estragos en su país aumentarían el riesgo de
infección. Precisó que pedir al interesado que se enfrentase sólo a su
enfermedad sin el apoyo de su familia, equivaldría realmente a imposibilitar
que conservase su dignidad a medida que progresaba la enfermedad.
Concluyó, por tanto, que la expulsión vulneraría el artículo 3 (RCL 1999,
1190, 1572). El asunto fue remitido al Tribunal pero, antes de que éste se
pronunciase, el Gobierno francés se comprometió a no expulsar al
demandante y se archivó la causa.
36. En el asunto Karara contra Finlandia (núm. 40900/1998, Decisión de la
Comisión de 29 de mayo de 1998), el demandante, un ciudadano ugandés,
era tratado en Finlandia desde 1992 de una infección por VIH. La Comisión
estableció una distinción entre este caso y los asuntos D. contra Reino Unido
(TEDH 1997, 29) y B. B. contra Francia (TEDH 1998, 93) debido a que la
enfermedad del demandante aún no había llegado a una fase tan avanzada
como para que su expulsión constituyese un trato prohibido por el artículo 3.
En consecuencia, desestimó la demanda.
37. En el asunto S. C. C. contra Suecia (Decisión, núm. 46553/1999, 15 febrero
2000), a la demandante, una ciudadana de Zambia, se le había denegado el
permiso para entrar en Suecia donde había vivido anteriormente y había
sido tratada de su seropositividad. Se sometió entonces a unas pruebas
médicas que mostraban que el tratamiento destinado a prolongar su vida
tendría mayores probabilidades de éxito si se le concedía la posibilidad de
continuar en Suecia, dado que el nivel de asistencia y de facilidades de
seguimiento existente en Zambia no era tan elevado como en Suecia. El
Tribunal desestimó la demanda debido a que, según un informe de la
Embajada de Suecia en Zambia, en este país se encontraba el mismo tipo de
tratamiento para el sida, aunque a un coste extremadamente elevado, y que
los hijos y otros familiares de la demandante vivían allí. Teniendo en cuenta
el estado de salud de la demandante a la sazón, el Tribunal concluyó que su
expulsión a Zambia no constituiría un trato prohibido por el artículo 3 (RCL
1999, 1190, 1572).

38. Al año siguiente, el Tribunal dictó la Sentencia Bensaid contra el Reino
Unido (TEDH 2001, 82) (núm. 44599/1998, TEDH 2001-I). El demandante,
de nacionalidad argelina, padecía esquizofrenia y era tratado desde hacía
varios años en el Reino Unido. El Tribunal rechazó por unanimidad la queja
basada en el artículo 3 (RCL 1999, 1190, 1572). Se expresó como sigue
(apartados 36-40):
«En el presente caso, el demandante padece una enfermedad mental de
larga duración, la esquizofrenia. Toma actualmente un medicamento,
olanzapina, que ayuda a controlar sus síntomas. Si regresa a Argelia ya no
podrá beneficiarse gratuitamente de este medicamento de forma
ambulatoria. No está afiliado a ninguna seguridad social ni puede aspirar a
ningún reembolso. Podría, por el contrario, beneficiarse de este
medicamento si estuviese hospitalizado o conseguirlo en el marco de una
consulta externa, pero entonces mediando pago. Otros medicamentos
utilizados en el tratamiento de las enfermedades mentales probablemente
estarían también disponibles. El hospital más cercano que puede asegurarle
este tratamiento está situado en Blida, a 75 u 80 km del pueblo en el que
vive la familia del interesado.
Las dificultades para conseguir este medicamento y las tensiones que no
dejarían de provocar un regreso a esta región de Argelia, presa de la
violencia y los actos de terrorismo, comprometerían gravemente, según él,
la salud del interesado. Un agravamiento de la enfermedad mental que
padece podría ya provocar un resurgimiento de las alucinaciones y los
delirios psicóticos que pueden inducir a actos destructores para él mismo o
para los demás, y constituir un freno a un modo de funcionamiento social
(por ejemplo el retraimiento y la falta de motivación). El Tribunal estima que
el sufrimiento que acompañaría tal recaída podría en principio hacer que se
aplicase el artículo 3.
El Tribunal señala, no obstante, que el demandante corre el riesgo de una
recaída incluso si permanece en el Reino Unido, puesto que su enfermedad
es de larga duración y exige un seguimiento constante. La expulsión del
demandante al Estado de destino aumentaría sin duda este riesgo, al igual
que los cambios que se producirían en el apoyo personal y el acceso al
tratamiento. El demandante afirma, en particular, que otros medicamentos
no mejorarían tanto su estado de salud y que sólo debe contemplarse en
última instancia la solución consistente en hospitalizarlo. Sin embargo, el
demandante puede recibir tratamiento médico en Argelia. El hecho de que
su situación en dicho país sería menos favorable que la que goza en el Reino
Unido no es determinante desde el punto de vista del artículo 3 del
Convenio.
El Tribunal considera que el riesgo de que el demandante vea degradarse su
estado si regresa a Argelia y que no reciba entonces el apoyo o los cuidados
adecuados, depende en gran medida de la especulación. Los argumentos
sobre la actitud de la familia del interesado, musulmana practicante, las
dificultades para ir a Blida y los efectos de estos factores en su salud son
también de carácter especulativo. De las informaciones facilitadas por las
partes no se desprende que la situación reinante en la región impida
efectivamente acudir al hospital. El demandante no es en sí mismo un
blanco probable de los actos terroristas. Aunque su familia no disponga de
automóvil, ello no excluye la posibilidad de organizarse de otro modo.

El Tribunal reconoce que el estado de salud del demandante es grave.
Teniendo en cuenta, sin embargo, el grado elevado que fija el artículo 3,
cuando el caso no compromete directamente la responsabilidad del Estado
contratante debido al perjuicio causado, el Tribunal no considera que exista
un riesgo suficientemente real para que la deportación del demandante en
estas circunstancias sea incompatible con las normas del artículo 3. No se
presentan aquí las circunstancias excepcionales del asunto D. contra Reino
Unido ( TEDH 1997, 29) (anteriormente citada) en el que el demandante se
hallaba en fase terminal de una enfermedad incurable, el sida, y no podía
esperar gozar de asistencia sanitaria o de apoyo familiar si era expulsado a
Saint-Kitts».
39. En el asunto Arcila Henao contra Países Bajos ((Dec), núm. 13669/2003, 24
junio 2003), el demandante era un ciudadano colombiano que seguía un
tratamiento con medicamentos antirretrovirales después de que se hubiese
descubierto que era seropositivo cuando cumplía una pena de prisión por
tráfico de estupefacientes. El Tribunal consideró que el estado de salud del
interesado en la época del examen de la demanda era razonable, pero que
corría el riesgo de una recaída si se interrumpía el tratamiento. Señaló que
el tratamiento requerido estaba «en principio» disponible en Colombia,
donde residían el padre y seis hermanos y hermanas del demandante.
Estableció una distinción entre este caso y los asuntos D. contra Reino Unido
(TEDH 1997, 29) y B. B. contra Francia ( TEDH 1998, 93) (anteriormente
citados), debido a que la enfermedad del demandante no había llegado a
una fase avanzada o terminal, y a que el interesado podría obtener
asistencia sanitaria y apoyo familiar en su país de origen. Consideró, por
tanto, que la situación del demandante no era excepcional hasta el punto de
que su expulsión constituyera un trato prohibido por el Convenio (RCL 1999,
1190, 1572) y desestimó la demanda.
40. En el asunto Ndangoya contra Suecia [(Dec), núm. 17868/2003, 22 junio
2004], el demandante era un ciudadano tanzano en el que un tratamiento
antirretroviral había permitido reducir la infección por VIH hasta el punto de
de hacerla imperceptible. El interesado sostenía que existían pocas
probabilidades de que pudiese proseguir con su tratamiento en Tanzania y
que la interrupción del mismo llevaría consigo una degradación de su
sistema inmunitario en un plazo relativamente breve, la aparición del sida en
un plazo de uno o dos años y su fallecimiento al cabo de tres o cuatro años.
El Tribunal desestimó la demanda porque la enfermedad no se hallaba en
una fase avanzada o terminal, se encontraba el tratamiento adecuado en
Tanzania, aunque a un coste extremadamente elevado y en cantidad
limitada en la zona rural de donde era originario el demandante y el
interesado había conservado algunas relaciones con unos miembros de su
familia que, quizás, podrían ayudarle.
41. El Tribunal llegó a una conclusión análoga en el asunto Amegnigan contra
Países Bajos [(Dec), núm. 25629/2004, 25 noviembre 2004], en el que el
demandante, originario de Togo, seguía un tratamiento antirretroviral en
Holanda. Las pruebas médicas indicaban que, si el tratamiento se
interrumpía, el demandante recaería a una fase avanzada de la enfermedad
lo que, teniendo en cuenta el carácter incurable de ésta, supondría una
amenaza directa para su vida. Un informe sobre la situación en Togo
mostraba que el tratamiento estaba disponible allí, pero que una persona sin
seguro médico tendría dificultades en conseguirlo si su familia no le ayudaba
económicamente. El Tribunal consideró que la demanda carecía
manifiestamente de fundamento, desde el punto de vista del artículo 3 (RCL
1999, 1190, 1572), debido a que el sida no se le había declarado totalmente

al demandante y que éste no padecía infecciones oportunistas. Admitiendo
eso sí que el demandante recaería en caso de que se interrumpiese el
tratamiento, como había declarado el especialista que le trataba, el Tribunal
señaló que la terapia adecuada estaba en principio disponible en Togo, si
bien a un coste extremadamente elevado.
3
Principios que se desprenden de la citada jurisprudencia
42. En síntesis, el Tribunal señala que, tras el pronunciamiento de la Sentencia
D. contra Reino Unido (TEDH 1997, 29), ha aplicado de manera constante
los principios siguientes.
Los extranjeros contra los que pese una orden de expulsión no pueden, en
principio, reivindicar un derecho a permanecer en el territorio de un Estado
contratante al objeto de continuar beneficiándose de la asistencia, los
servicios médicos, sociales o de otro tipo que proporciona el Estado que
expulsa. El hecho de que en caso de expulsión del Estado contratante la
situación del demandante se degradaría de forma importante y se reduciría
significativamente su esperanza de vida, no es suficiente en sí mismo para
vulnerar el artículo 3 (RCL 1999, 1190, 1572). La decisión de expulsar a un
extranjero aquejado de una enfermedad física o mental grave a un país en el
que los medios para tratar esta enfermedad son inferiores a los disponibles
en el Estado contratante, puede plantear una cuestión desde el punto de
vista del artículo 3, pero solamente en casos muy excepcionales, cuando las
consideraciones humanitarias que militan a favor de la no expulsión son
imperiosas. En el asunto D. contra Reino Unido, las circunstancias muy
excepcionales se referían al hecho de que el demandante estaba gravemente
enfermo y su muerte parecía próxima, no era seguro que pudiese recibir las
asistencia médica o ambulatoria en su país de origen y no tenía allí ningún
familiar cercano que quisiese o pudiese ocuparse de él u ofrecerle al menos
un techo o un mínimo de sustento o apoyo social.
43. El Tribunal no excluye que puedan existir otros casos muy excepcionales en
los que las consideraciones humanitarias sean igualmente imperiosas. Sin
embargo, estima que debe conservar el umbral fijado en D. contra Reino
Unido (TEDH 1997, 29) y aplicado en su jurisprudencia posterior, umbral
que en su opinión es correcto en principio dado que, en estos casos, el
perjuicio futuro alegado provendría no de actos u omisiones intencionados
de las autoridades públicas u órganos independientes del Estado, sino de
una enfermedad que ha sobrevenido naturalmente y de la falta de recursos
suficientes para hacerle frente en el país de destino.
44. Aunque muchos derechos que enuncia tienen prolongaciones de orden
económico o social, el Convenio persigue esencialmente proteger derechos
civiles y políticos (Sentencia Airey contra Irlanda de 9 octubre 1979 [TEDH
1979, 3] , serie A núm. 32, ap. 26). Además, el deseo de asegurar un
equilibrio justo entre las exigencias del interés general de la comunidad y los
imperativos de la salvaguardia de los derechos fundamentales de la persona
es inherente al Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) en su conjunto (Sentencia
Soering contra Reino Unido de 7 julio 1989 [TEDH 1989, 13], serie A núm.
161, pg. 161, ap. 89). El progreso de la medicina y las diferencias socioeconómicas
entre los países hacen que el nivel de tratamiento disponible en
el Estado contratante y el que existe en el país de origen pueda variar
considerablemente. Si bien el Tribunal, habida cuenta de la importancia
fundamental del artículo 3 en el sistema del Convenio, ha de continuar

haciendo uso de cierta flexibilidad al objeto de impedir la expulsión en casos
muy excepcionales, el artículo 3 no impone al Estado contratante la
obligación de paliar tal disparidad proporcionando asistencia sanitaria
gratuita e ilimitada a todos los extranjeros que carecen del derecho a
permanecer en su territorio. Concluir lo contrario impondría una carga
demasiado pesada a los Estados contratantes.
45. Por último, el Tribunal considera que, si bien la presente demanda, al igual
que la mayor parte de las citadas más arriba, trata de la expulsión de una
persona seropositiva y aquejada de unas afecciones vinculadas al sida, se
han de aplicar los mismos principios a la expulsión de toda persona que
padece una enfermedad física o mental grave que ha sobrevenido
naturalmente y que puede provocar sufrimiento y dolor y reducir la
esperanza de vida, y que requiere un tratamiento médico especializado que
puede no ser fácil hallar en el país de origen del demandante o que puede
estar disponible pero solamente a un coste muy elevado.
4
Aplicación de los citados principios al presente caso
46. El Tribunal señala de entrada que, aunque pidió asilo en el Reino Unido,
petición que le fue denegada, la demandante no alega que su expulsión a
Uganda le hiciese correr el riesgo de ser sometida a malos tratos deliberados
que respondiesen a un móvil político. Su queja basada en el artículo 3 (RCL
1999, 1190, 1572) se funda únicamente en la gravedad de su estado de
salud y en la falta de tratamiento médico para curar su enfermedad en su
país de origen.
47. En 1998, se le diagnosticaron dos enfermedades relacionadas con el sida,
así como una inmunodepresión aguda. Gracias al tratamiento médico
recibido en el Reino Unido, su estado es ahora estable. Es apta para viajar y
su estado no se deteriorará mientras continúe tomando el tratamiento que
requiere. Sin embargo, se desprende de los elementos presentados ante los
tribunales internos que si se viese privada de los medicamentos que toma
actualmente su estado empeoraría rápidamente y debería afrontar la
enfermedad, la incomodidad y el sufrimiento, para morir en el plazo de unos
años (apartados 14-17 supra).
48. Según las informaciones obtenidas por la Organización Mundial de la Salud
(apartado 19 supra), en Uganda se encuentran medicamentos
antirretrovirales, aunque, sin los recursos suficientes, sólo la mitad de las
personas que los necesitan pueden obtenerlos. La demandante alega que no
tendrá los medios para comprar estos medicamentos y que no podrá
conseguirlos en la región rural de la que es originaria. Parece que tiene
familia en Uganda, pero sostiene que ésta no querrá ni podrá ocuparse de
ella si se halla gravemente enferma.
49. Las autoridades británicas han proporcionado a la demandante una
asistencia sanitaria y social financiada con fondos públicos durante los nueve
años que han requerido los tribunales internos y el Tribunal para
pronunciarse sobre su petición de asilo y sus quejas basadas en los artículos
3 y 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572). Sin embargo, ello no implica
que el Estado demandado esté en la obligación de continuar ofreciéndole
dicha asistencia.

50. El Tribunal reconoce que la calidad y esperanza de vida de la demandante
padecerán con su expulsión a Uganda. Sin embargo, la demandante no se
encuentra, actualmente, en un estado crítico. La apreciación de la rapidez
con la que su estado se degradaría y la medida en la cual podría obtener un
tratamiento médico, apoyo y cuidados, incluida la ayuda de familiares
cercanos, implica necesariamente una parte de especulación, habida cuenta
en particular de la evolución constante de la situación en materia de
tratamiento de la infección por VIH y del sida en el mundo entero.
51. En opinión del Tribunal, el presente caso no se distingue de los asuntos
citados en los apartados 33 a 41 supra. No está marcado por las
circunstancias muy excepcionales que caracterizaban el asunto D. contra
Reino Unido (TEDH 1997, 29) (previamente citado), y la ejecución de la
decisión de expulsar a la interesada a Uganda no constituiría una violación
del artículo 3 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572).
III.
Sobre la violación alegada del artículo 8 del Convenio
52. Desde el punto de vista del artículo 8 (RCL 1999, 1190, 1572), la
demandante sostiene que la situación en la que se hallaría a su regreso a
Uganda podría lesionar su derecho al respeto de su vida privada.
53. El Tribunal considera que no se plantea ninguna cuestión distinta desde el
punto de vista del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572). En
consecuencia, no procede examinar esta queja.
POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL
1º
Declara, por unanimidad, admisible la demanda;
2º
Declara, por catorce votos contra tres, que no habrá violación del artículo 3
del Convenio si la demandante es expulsada a Uganda;
3º
Declara, por catorce votos contra tres, que no procede examinar la queja
desde el punto de vista del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572)
;
Hecha en francés y en inglés y leída en audiencia pública en el Palacio de los
Derechos Humanos de Estrasburgo, el 27 de mayo de 2008. Firmado: Jean-
Paul Costa, Presidente – Michael O'Boyle,Secretario adjunto.
Se adjunta a la presente sentencia, conforme a los artículos 45.2 del
Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) y 74.2 del Reglamento del Tribunal, la
opinión disidente común de la señora Tulkens y los señores Bonello y
Spielmann.
Opinión disidente común de la señora Tulkens y los señores Bonello y
Spielmann

1. No suscribimos la conclusión del Tribunal según la cual no habría violación
del artículo 3 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) si la demandante fuese
expulsada a Uganda.
2. En estas condiciones, tampoco podemos estar de acuerdo en que no
procede examinar la queja desde el punto de vista del artículo 8 del
Convenio (RCL 1999, 1190, 1572).
I. artículo 3
3. Un análisis profundo de las decisiones de los tribunales internos nos lleva
a concluir que existen serios y probados motivos para creer que la
demandante corre un riesgo real de sufrir un trato prohibido en su país de
origen. Además, este caso presenta realmente una gravedad excepcional
que corresponde al criterio de «circunstancias muy excepcionales» definido
en el asunto D. contra Reino Unido (TEDH1997, 29).
4. Sin embargo, antes de ir al grano, queremos formular cuatro
observaciones sobre los principios generales de la jurisprudencia del Tribunal
que, en nuestra opinión, no han sido valorados correctamente por la
mayoría. Expondremos a continuación nuestra propia opinión disidente.
A. Principios generales
5. En primer lugar, hemos de indicar que no podemos compartir la opinión
expresada por la mayoría según la cual el Tribunal ha de conservar el
umbral establecido «dado que, en estos casos, el perjuicio futuro alegado
provendría no de actos u omisiones intencionados de las autoridades
públicas u órganos independientes del Estado sino de una enfermedad que
ha sobrevenido naturalmente y de la falta de recursos suficientes para
hacerle frente en el país de destino» (apartado 43 de la sentencia).
Tal y como ya señaló el Tribunal en 1997 en el asunto H. L. R. contra Francia
(TEDH 1997, 28) 2 sobre el peligro potencial proveniente de organismos
independientes del Estado:
«40. Debido al carácter absoluto del derecho garantizado, el Tribunal no
excluye que el artículo 3 se aplique también cuando el peligro proviene de
personas o grupos de personas que no pertenecen a la función pública. Es
necesario todavía demostrar que el riesgo existe realmente y que las
autoridades del Estado de destino no pueden evitarlo con una protección
adecuada».
En lo que respecta concretamente al sufrimiento debido a una enfermedad
que sobreviene naturalmente, sea física o mental, el Tribunal ha elaborado
lo que se ha convenido en llamar el «umbral Pretty» 3:
«52. En cuanto a los tipos de «tratos» que dependen del artículo 3 del
Convenio (RCL 1999, 1190, 1572), la jurisprudencia del Tribunal habla de
«malos tratos» que alcancen un mínimo de gravedad e impliquen lesiones
corporales reales o un sufrimiento físico o mental intenso (ver Sentencias
Irlanda contra Reino Unido previamente citada, pg. 66, ap. 167, y V. contra
Reino Unido [TEDH 1999, 71] [GS] núm. 24888/1994, TEDH 1999-IX, ap.
71). Un trato puede ser calificado de degradante y caer así bajo el peso de la
prohibición del artículo 3 si humilla o degrada al individuo, si da testimonio
de una falta de respeto a su dignidad humana, incluso la rebaja, o si suscita
en el interesado sentimientos de miedo, angustia o inferioridad de forma que

se quebrante su resistencia moral o física (ver, recientemente, Sentencias
Price contra Reino Unido [TEDH 2001, 444], núm. 33394/1996, secc. 3,
TEDH 2001-VIII, ap. 24-30 y Valasinas contra Lituania [TEDH 2001, 481],
núm. 44558/1998, secc. 3, TEDH 2001-VIII, ap. 117). El sufrimiento debido
a una enfermedad que sobreviene de forma natural, tanto si es física como
mental, puede depender del artículo 3 si se encuentra o si corre el riesgo de
verse intensificada por un trato –tanto si éste se debe a las condiciones de
detención, a una expulsión u otras medidas– del que las autoridades pueden
ser consideradas responsables (ver Sentencias D. contra Reino Unido [TEDH
1997, 29] y Keenan contra Reino Unido [TEDH 2001, 242] previamente
citadas y Sentencia Bensaid contra Reino Unido [TEDH 2001, 82] núm.
44599/1998, secc. 3, TEDH 2001-I)»
Este principio debe, por tanto, aplicarse también cuando el perjuicio resulta
de una enfermedad que sobreviene naturalmente y de la falta de recursos
adecuados para hacerle frente en el país de destino si, en las circunstancias
de la causa, se alcanza el grado mínimo de gravedad. Cuando un examen
riguroso revela que existen serios y probados motivos para creer que la
expulsión hará correr a la persona un riesgo real de sufrir tratos inhumanos
o degradantes, la expulsión compromete la responsabilidad del Estado que
expulsa en virtud del artículo 3 del Convenio.
6. En segundo lugar, y éstos es particularmente lamentable, la mayoría
añade en el apartado 44 unas consideraciones de política preocupantes que
se basan en una afirmación incompleta, a saber, que el Convenio persigue
esencialmente proteger unos derechos civiles y políticos, lo que oculta la
dimensión social del enfoque integrado que adopta el Tribunal y expresado
en la Sentencia Airey contra Irlanda (TEDH 1979, 3) 4 así como en la
jurisprudencia reciente 5.
En el asunto Airey, el Tribunal dijo:
«26. (...) El Tribunal no ignora que el desarrollo de los derechos económicos
y sociales depende mucho de la situación de los Estados y concretamente de
sus finanzas. De otro lado, el Convenio ha de leerse a la luz de las
condiciones de vida actuales (Sentencia Marckx [TEDH 1979, 2] previamente
citada, pg. 19, ap. 41), y dentro de su campo de aplicación tiende a una
protección real y concreta de la persona (apartado 24 supra). Ahora bien,
aunque enuncia en esencia unos derechos civiles y políticos, muchos de ellos
tienen prolongaciones de orden económico o social. Al igual que la Comisión,
el Tribunal no estima que ha de descartar una u otra interpretación por el
mero motivo de que al adoptarla se corriese el riesgo de usurpar la esfera de
los derechos económicos y sociales; ningún muro estanco separa a ésta del
ámbito del Convenio (...)»
Hemos querido llamar la atención sobre el carácter incompleto y que, por
tanto, puede inducir a error, del extracto de la Sentencia Airey citada por la
mayoría en el apartado 44 de la sentencia por razones de claridad y
exhaustividad y no porque creamos que el presente caso se refiera a los
derechos económicos y sociales. En efecto, éste se refiere a uno de los
derechos civiles más fundamentales que ha de garantizar el Convenio (RCL
1999, 1190, 1572) , a saber, el derecho consagrado por el artículo 3.
7. En tercer lugar, estamos también en profundo desacuerdo con la
declaración muy discutible expresada por la mayoría en el apartado 44 de la
sentencia en el contexto del derecho garantizado por el artículo 3 (RCL
1999, 1190, 1572), no susceptible de derogación, a saber que «el deseo de

asegurar un equilibrio justo entre las exigencias del interés general de la
comunidad y los imperativos de la salvaguardia de los derechos
fundamentales de la persona es inherente al Convenio en su conjunto».
Aunque haya habido anteriormente «tentaciones proporcionalistas», muy
criticadas por la doctrina y, concretamente, en la jurisprudencia de la
antigua Comisión, el ejercicio de equilibrio fue claramente rechazado, en lo
que respecta al artículo 3, en la Sentencia que el Tribunal dictó
recientemente en el asunto Saadi contra Italia (PROV 2008, 64115) (28
febrero 2008) –en la que confirma el contenido de la Sentencia Chahal
contra Reino Unido de 15 noviembre 1996 (TEDH 1996, 61)–, en estos
términos:
«130. Para verificar la existencia de un riesgo de malos tratos, el Tribunal ha
de examinar las consecuencias previsibles de la deportación del demandante
al país de destino, habida cuenta de la situación general que reina en éste y
de las circunstancias propias del caso del interesado (...)».
«138. (...) Siendo la protección contra los tratos prohibidos por el artículo 3
absoluta, esta disposición impone no (...) expulsar a una persona cuando
corre, en el país de destino, un riesgo real de ser sometida a tales tratos. Tal
y como ha afirmado el Tribunal en numerosas ocasiones, no hay excepción a
esta regla (...)» 9 (negrita añadida).
8. En cuarto lugar, y contrariamente a lo que afirma la mayoría, queremos
añadir que en este caso no se ha alegado en absoluto que el artículo 3
imponga «al Estado contratante la obligación de paliar tal disparidad
proporcionando asistencia sanitaria gratuita e ilimitada a todos los
extranjeros que carecen del derecho a permanecer en su territorio»
(apartado 44).
Por el contrario, la consideración de la mayoría según la cual tal constatación
«impondría una carga demasiado pesada a los Estados contratantes»
(apartado 44 in fine), traduce su verdadera preocupación: si se permite a la
demandante permanecer en el Reino Unido para beneficiarse de la asistencia
que su sobrevivencia requiere, la carga sería demasiado pesada para las
arcas del Estado. Ahora bien, tal consideración es contraria al carácter
absoluto del artículo 3 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) y a la
naturaleza misma de los derechos garantizados por el Convenio, los cuales
se negarían totalmente si su goce hubiese de limitarse en virtud de unos
factores políticos tales como las obligaciones presupuestarias. Lo mismo
sucede con la aceptación implícita por la mayoría de la alegación según la
cual una constatación de violación del artículo 3 en este caso abriría las
puertas a la inmigración médica y se correría el riesgo de convertir a Europa
en «la enfermería» del mundo. Es suficiente con echar un vistazo a las
estadísticas relativas al artículo 39 del Reglamento del Tribunal aplicables
en el Reino Unido y comparar el número total de peticiones de aplicación de
este artículo, el número de inadmisiones y el número de demandas
aceptadas con el número de casos de VIH para comprender que el
argumento de la «apertura de puertas» es totalmente erróneo.
B. Los hechos de la causa
9. Los hechos, no discutidos, se exponen de manera elocuente en el
apartado 73 de la Sentencia de la Cámara de los Lores. Los reproducimos a
continuación puesto que muestran que existen serios y probados motivos
para creer que la interesada corre un riesgo real de sufrir un trato prohibido

en el país al que va a ser expulsada. Es lo que hace que este asunto sea
muy excepcional.
El apartado 73 de la Sentencia de la Cámara de los Lores dice así:
«73. El caso de esta demandante, una ciudadana ugandesa, es muy
representativo. Hace siete años, cuando tenía 23, llegó por avión de Entebbe
y al día siguiente, gravemente enferma, fue admitida en el Guy's Hospital,
donde se le diagnosticó una infección por VIH acompañada de una
inmunodepresión extremadamente aguda (una tasa de CD4 inferior a 10) y
una difusión del bacilo de Koch. Tras una primera hospitalización bastante
larga apareció una segunda enfermedad relacionada con el sida, el sarcoma
Kaposi, una forma de cáncer particularmente virulenta. Fue nuevamente
hospitalizada y comenzó un tratamiento de quimioterapia de larga duración.
En 2002, tras algunos años de tratamiento antirretroviral y de numerosas
recaídas, su tasa de CD había aumentado a 414 y se encontraba bien. En
octubre de 2002, fecha de los últimos informes médicos que figuran en el
expediente, el Dr. Meadway escribió que "su estado era estable y no
presentaba ninguna enfermedad importante" y que, si permanecía en el
Reino Unido, "podría continuar estando bien durante décadas". Por el
contrario, si era enviada a Uganda, su estado se deterioraría gravemente.
Ante esta eventualidad, el Dr. Meadway estimó que:
"los medicamentos antirretrovirales que toma la señora N. no se encuentran
actualmente en Uganda. El virus VIH que padece la señora N. ha adquirido
ya cierta resistencia y en un futuro habrá que modificar su terapia
antirretroviral, que incluirá probablemente unos medicamentos que no están
disponibles en Uganda. Si vuelve a dicho país, aunque en algunas regiones
se encuentren antirretrovirales, no podrá disponer de todo el tratamiento
necesario y, por ello, su salud se deteriorará, sufrirá y morirá en un breve
plazo".
Por "breve plazo" parece que el Dr. Meadway entendía un plazo de uno o dos
años como mucho. El Dr. Larbalestier, médico especialista en el Guy's
Hospital, en un documento fechado asimismo en octubre de 2002, declaró:
"Para mí no existe la menor duda de que si es obligada a volver a Uganda la
duración de su vida se verá reducida considerablemente y tampoco podrá
esperar vivir algunas decenas de años en buenas condiciones sino casi
seguramente menos de dos años."».
10. No debe entenderse que las garantías del Convenio (RCL 1999, 1190,
1572) hacen abstracción de la realidad concreta que forma el contexto de un
asunto. Esta realidad es descrita en los extractos de las intervenciones de
los miembros de la Cámara de los Lores y del adjudicator que se reproducen
a continuación.
Lord Hope of Craighead:
«20. La decisión que la Cámara de los Lores es llamada a tomar en este caso
tendrá profundas consecuencias para la demandante. Existen pocas
probabilidades de que sobreviva más de uno o dos años si es expulsada a
Uganda. Es muy probable que ya no pueda obtener la asistencia médica
vanguardista que ha permitido estabilizar su estado inhibiendo el virus VIH y
que la mantendría en buen estado de salud durante décadas si
permaneciese en el Reino Unido. Si es privada de esta asistencia, es
probable que recaiga y que su salud se deteriore rápidamente. No hay duda

de que, si ello sucede, morirá en un breve plazo tras un período de
sufrimiento físico y mental extremo (...)» (negrita añadida).
Baronesa Hale of Richmond:
«59. (...) La cuestión es cuándo está permitido expulsar a una persona que
padece una enfermedad que puede ser tratada aquí pero que apenas tiene
posibilidades de obtener un tratamiento semejante en su país de origen.
(...).
67. (...) Ninguno de nosotros desea devolver a su casa a una joven que ya
ha sufrido tanto pero que ahora está bien atendida y tiene un futuro ante
ella, sabiendo que tendrá probablemente en su país una muerte prematura
en un entorno mucho menos favorable (...)» (negrita añadida).
Lord Brown of Eaton-under-Heywood:
«73. (...) Sin embargo, en el caso de que [la demandante] fuese expulsada
a Uganda, su estado se deterioraría gravemente » (negrita añadida).
11. El adjudicator, P. H. Norris, declaró el 3 de julio de 2002:
«10. (...) Admito que [la demandante] vino a este país para escapar de las
personas que le habían acosado y maltratado. Constato también que cuando
llegó al Reino Unido ignoraba que padecía una enfermedad mortal, y que no
vino aquí para recibir tratamiento médico. Constato que la enfermedad que
padece actualmente es el sida y que, sin el tratamiento perfeccionado que
toma, podría morir en unos meses. Constato que no encontrará en Uganda
en tratamiento que requiere. Para formular estas constataciones en cuanto a
su estado de salud, tengo en cuenta y reconozco la pertinencia de las
pruebas médicas que contiene el expediente de apelación. No necesito
referirme a un informe médico en particular: todos los informes van, en mi
opinión, en el mismo sentido. Sin embargo, creo que los tres informes de la
Dra. Jeanette Meadway, directora del hospital Mildmay (...) son
particularmente impresionantes. Observo que este hospital gestiona al
menos un hospicio en Uganda, y no veo motivo alguno para no admitir
íntegramente las opiniones de la Dra. Meadway. Una de sus conclusiones es
la siguiente: (...) obligar a la demandante a regresar a Uganda la expondría
a un sufrimiento y una muerte prematura y constituiría un trato inhumano y
degradante. Admito esta conclusión sobre la base de los medios de prueba
que he visto y oído» (negrita añadida).
11. Queremos añadir respecto a la situación en Uganda, país en el que la
enfermedad tiene «una alta preponderancia», que los progresos llevados a
cabo en materia de oferta de asistencia sanitaria se contrarrestan con la
propagación de la epidemia (hay más medicamentos pero también un
aumento constante de las personas a tratar).
12. En lo que respecta al tratamiento, y concretamente al tratamiento
antirretroviral altamente activo (HAART), la calidad de la asistencia sanitaria
depende no solamente de la disponibilidad de los medicamentos, sino
también de la presencia de médicos para administrar y modificar las dosis,
puesto que el tratamiento HAART, es una asociación de antirretrovirales que
requiere una vigilancia constante. Los informes médicos presentados en el
marco del procedimiento interno indican que la demandante tendría una
esperanza de vida de dos años si el tratamiento que recibe en el Reino Unido

se interrumpiese. El problema que plantea el hecho de no saber qué tipo de
asistencia médica gozaría a su regreso es que si ella no sigue una terapia
antirretroviral, es probable que muera de infecciones oportunistas (que el
cuerpo no puede combatir debido a la debilitación del sistema inmunitario,
de ahí los dos años de esperanza de vida).
13. Tal es el contexto y la realidad concreta en función de los cuales la Gran
Sala ha tenido que resolver el presente asunto.
C. Violación potencial del artículo 3
14. Lord Hope pidió expresamente al Tribunal que diera una respuesta clara,
declarando lo siguiente:
«no es a la [Cámara de los Lores] a quien corresponde hallar una solución al
problema de [la demandante] que no se encuentra en la jurisprudencia de
Estrasburgo. Es al Tribunal de Estrasburgo, y no a nosotros, a quien
corresponde decidir si su jurisprudencia ha perdido el contacto con la
realidad moderna y definir los complementos que proceda aportar, en su
caso, a los derechos garantizados por el Convenio (RCL 1999, 1190, 1572).
Debemos tomar su jurisprudencia como es y no como nos gustaría que
fuese» (negrita añadida).
15. Es cierto que el Tribunal no ha constatado violación en ninguno de los
casos resueltos desde la Sentencia D. contra Reino Unido (TEDH 1997, 29).
Sin embargo, ha llegado cada vez a su conclusión basándose en hechos
distintos de los de este asunto, así como de los del presente caso.
Remitimos al respecto a la síntesis muy precisa de la jurisprudencia que
figura en los apartados 34 a 41 de la sentencia. 13
16. Nos gustaría, no obstante, subrayar que, en el asunto B. B. contra
Francia (TEDH 1998, 93) 14, que concluyó con un arreglo amistoso y fue
archivado, la Comisión europea de Derechos Humanos había dictaminado,
por 29 votos contra 2, en su «informe en virtud del artículo 31» de 9 de
marzo de 1998, que la expulsión del demandante a la República del Congo
violaría el artículo 3 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572). La Comisión
fundó su dictamen en el siguiente razonamiento:
«53. En opinión de la Comisión, la constatación de la existencia de tal riesgo
no implica necesariamente la responsabilidad del país de acogida o de los
poderes públicos. De hecho y teniendo en cuenta la importancia fundamental
del artículo 3 en el sistema del Convenio, la Comisión y el Tribunal han
reconocido anteriormente que no les estaba prohibido examinar la queja de
un demandante en virtud del artículo 3 cuando el riesgo de que éste sufriese
tratos prohibidos en el país de destino proviniese de factores que no pueden
comprometer, directamente o no, la responsabilidad de las autoridades
públicas de este país o que, aisladamente, no vulneran en sí mismos las
normas de este artículo. Cabe pues examinar la aplicación de esta
disposición en todas las circunstancias que pueden implicar su violación
(TEDH, Sentencias Ahmed contra Austria de 17 diciembre 1996 [TEDH 1996,
69], Repertorio 1996-VI, informe de la Comisión y pg. 2207, ap. 44, H. L. R.
contra Francia de 29 abril 1997 [TEDH 1997, 28], Repertorio 1997-III,
informe de la Comisión y D. contra Reino Unido de 2 mayo 1997 [TEDH
1997, 29], Repertorio 1997-III, informe de la Comisión y pg. 792, ap. 49).
54. Considerando que el objeto y fin del Convenio, instrumento de
protección de los particulares, requiere comprender y aplicar sus

disposiciones de forma que sus exigencias sean concretas y efectivas
(Sentencia Soering contra Reino Unido [TEDH 1989, 13], op. cit., pg. 34, ap.
87), la Comisión considera que la exposición a un riesgo real y probado para
la salud, cuyo nivel de gravedad hace que se aplique el artículo 3 debido a
otros elementos existentes en el país de acogida, como la falta de asistencia
sanitaria y los factores sociales relacionados con el entorno puede, por
tanto, comprometer la responsabilidad del Estado que procede al
alejamiento (ver, por ejemplo, núm. 23634/1994, Dec. 19.5.94, I. R. 77-A,
pg. 133 y Nasri contra Francia, informe de la Comisión 10.3.94, TEDH, serie
A núm. 320, ap. 61 y Sentencia D. contra Reino Unido previamente citada,
pgs. 792-793, ap. 49 y siguientes).
55. La Comisión estima que si el demandante es devuelto a su país de
origen, muy probablemente no podrá beneficiarse del tratamiento destinado
a inhibir la multiplicación del VIH y ralentizar la aparición de infecciones
oportunistas a las que los enfermos de sida son extremadamente
vulnerables. Las numerosas epidemias que hacen estragos en el país siendo
la causa de una importante mortalidad, agravarían este riesgo de infección.
Además, estima que, en las circunstancias del causa, el hecho para el
demandante de afrontar solo, sin apoyo familiar, una enfermedad como
puede ser el sida en una fase avanzada, es una prueba que impide que
preserve su dignidad humana, a medida que su enfermedad siga su curso
inevitablemente doloroso y fatal».
17. La decisión de la Gran Sala constituye un claro paso atrás en relación a
este enfoque al mismo tiempo humanitario y razonable.
18. Al invitar al Tribunal a ampliar (o restringir) el alcance del criterio de
«las circunstancias muy excepcionales», Lord Hope parece ser partidario del
principio de que el presente caso se distingue del asunto D. contra Reino
Unido (TEDH 1997, 29).
19. Ahora bien, creemos que no es así. No estamos convencidos de que los
hechos del presente caso difieran de los del asunto D. contra Reino Unido
(TEDH 1997, 29) hasta el punto de que haya que adoptar una solución
distinta a la admitida en esta sentencia. Sin duda es cierto que, en D. contra
Reino Unido, la enfermedad mortal que padecía el demandante había
alcanzado ya una fase crítica. Igualmente cierto es que, en la sentencia
dictada en este caso el 2 de mayo de 1997, el Tribunal declaró con mucha
razón que, atendidas las «circunstancias excepcionales», la expulsión del
demandante a Saint-Kitts constituiría un trato inhumano por parte del
Estado demandado contrario al artículo 3. La mayoría del Tribunal se fundó
en este aspecto concreto del asunto D. contra Reino Unido al declarar en el
artículo 42 de su sentencia de Gran Sala:
«En el asunto D. contra Reino Unido, las circunstancias muy excepcionales
se referían al hecho de que el demandante estaba gravemente enfermo y su
muerte parecía próxima, no era seguro que pudiese recibir las asistencia
médica o ambulatoria en su país de origen y no tenía allí ningún familiar
cercano que quisiese o pudiese ocuparse de él u ofrecerle al menos un techo
o un mínimo de sustento o apoyo social».
La mayoría explica, sin embargo, en el apartado siguiente que:
«no excluye que puedan existir otros casos muy excepcionales en los que las
consideraciones humanitarias sean igualmente imperiosas».

20. Efectivamente, la expulsión de «un demandante en su lecho de muerte»
sería en sí misma contraria al derecho absoluto que garantiza el artículo 3
del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572). En otras palabras, tal y como observó
Lord Brown justamente, «el mero hecho de que el demandante sea apto
para viajar no es suficiente, sin embargo, para impedir que su expulsión sea
calificada de trato contrario al artículo 3» (apartado 80 de la sentencia de la
Cámara de los Lores).
21. En nuestra opinión, sin embargo, los motivos complementarios
expuestos por el Tribunal en la Sentencia D. contra Reino Unido (TEDH
1997, 29) y referentes a la falta de asistencia sanitaria y de cuidados
paliativos así como a la falta de ayuda psicológica en el país de origen,
pueden también ser pertinentes para concluir con un aspecto distinto de
violación potencial del artículo 3 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572).
22. Basándose en este principio y, por encima de todo, en los hechos, el
Tribunal debería haber concluido en el presente caso con la violación
potencial del artículo 3 (RCL 1999, 1190, 1572) , precisamente porque
existen motivos serios y probados para creer que la demandante corre un
riesgo real de sufrir tratos prohibidos en el país de destino.
23. No hay duda de que en caso de expulsión a Uganda, la demandante
morirá prematuramente tras un período de grandes sufrimientos físicos y
morales. Estamos convencidos de que existen en este caso unos hechos
extremos que implican unas consideraciones humanitarias imperiosas.
Después de todo, las más altas autoridades judiciales del Reino Unido
constataron casi unánimemente que, si la demandante fuese expulsada a
Uganda, moriría en un breve plazo de tiempo. Dado que existen así unos
motivos serios y probados para creer que la demandante correría casi
seguramente el riesgo de sufrir en Uganda un trato prohibido, se
compromete la responsabilidad del Estado que expulsa.
24. Sin interpretar el alcance del artículo 3 del Convenio (RCL 1999, 1190,
1572), de modo distinto a como lo hizo en el asunto D. contra Reino Unido
(TEDH 1997, 29), el Tribunal podría haber concluido con la violación a la luz
de las circunstancias realmente extremas del presente caso. En otras
palabras, concluir con la violación potencial del artículo 3 en este caso no
habría representado una ampliación de la categoría de casos excepcionales,
de los que el asunto D. contra Reino Unido es emblemático.
25. Es por ello que efectuar una distinción entre el presente caso y el asunto
D. contra Reino Unido (TEDH 1997, 29), constituye, en nuestra opinión, un
error.
II. artículo 8
26. Aunque se puede comprender, en la jurisprudencia del Tribunal, que
éste se exima de examinar una segunda queja –sobre los mismos hechos–
cuando la primera ha sido objeto de una constatación de violación, es al
menos extraño que el Tribunal recurra a esta fórmula expeditiva según la
cual «no procede examinar la queja basada en el artículo 8 del Convenio
(RCL 1999, 1190, 1572)» tras constatar que no había violación del artículo 3
del Convenio. En el presente caso, si el Tribunal estimaba que las
circunstancias no eran muy excepcionales y que, en consecuencia, no se
había alcanzado el umbral de gravedad del artículo 3 debería haber
examinado, en nuestra opinión, atenta y cuidadosamente, la situación de la
demandante y de la enfermedad que padecía en virtud del artículo 8 del

Convenio que garantiza, concretamente, el derecho a la integridad física y
moral. Enfrentados a la situación de una persona de la que sabemos con
certeza que es enviada a una muerte segura, pensamos que el Tribunal no
podía, ni jurídica, ni moralmente, limitarse a decir que «no se plantea
ninguna cuestión distinta desde el punto de vista del artículo 8 del
Convenio».
1. Sentencia D. contra Reino Unido de 2 mayo 1997 (TEDH 1997, 29),
Repertorio de sentencias y resoluciones 1997-III.
2. Sentencia H. L. R. contra Francia de 29 abril 1997 (TEDH 1997, 28),
Repertorio de sentencias y resoluciones 1997-III.
3. Sentencia Pretty contra Reino Unido (TEDH 2002, 23), núm. 2346/2002,
TEDH 2002-III.
4. Sentencia Airey contra Irlanda de 9 octubre 1979 (TEDH 1979, 3), serie A
núm. 32; ver principalmente Sidabras y Džiautas contra Lituania (TEDH
2004, 55), núms. 55480/2000 y 59330/2000, TEDH 2004-VIII.
5. Para un análisis de esta sentencia y de la «permeabilidad» de las normas
en materia de derechos humanos, ver Virginia Mantouvalou (2005) 30
European Law Review, 573-585. Para un análisis de la justificación moral de
la protección de los derechos socio-económicos, ver J. Waldron, «Liberal
Rights: Two Sides of the Coin», in Waldron, Liberal Rights-Collected Papers
1981-1991 (Cambridge: Cambridge University Press), 1993, pgs. 4-17,
citado por Mantouvalou, op. cit.
6. S. van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la Convention
européenne des droits de l'homme. Prendre l'idée simple au sérieux
(Bruxelles: Bruylant, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis,
2001), pgs. 125 y siguientes.
7. Sentencia Saadi contra Italia (PROV 2008, 64115) [GS], núm.
37201/2006, TEDH 2008-...
8. Sentencia Chahal contra Reino Unido de 15 noviembre 1996 (TEDH 1996,
61), Repertorio 1996-V.
9. Lord Hope adoptó un enfoque similar en el asunto Limbuela, que trataba
de la pobreza y que fue resuelto por la Cámara de los Lores el 5 de
noviembre de 2005 (Regina contra Secretary of State for the Home
Department, ex parte Limbuela [2005] UKHL 66):
«55. Así el ejercicio del juicio es necesario para determinar si, en un caso
concreto, el trato o la pena han alcanzado el grado de gravedad exigido. Es
aquí donde le está permitido al Tribunal indagar si, en función del conjunto
de los hechos, se cumple este criterio. Pero sería un error defender, por
poco que fuere, la idea de que el criterio es más exigente cuando el trato o
la pena que de otro modo se consideraría inhumano o degradante es el
resultado de lo que el Juez Laws califica de política gubernamental legítima.
Ello equivaldría a introducir indirectamente unas consideraciones de
proporcionalidad en la prohibición absoluta. Tales consideraciones son
pertinentes cuando el Convenio implica la obligación de hacer algo. En ese
caso, la obligación del Estado ni es absoluta ni está exenta de condiciones.
Pero la proporcionalidad que confiere a los Estados un margen de
apreciación, no juega ningún papel cuando el comportamiento del que son

directamente responsables implica una pena o trato inhumano o degradante.
La obligación de abstenerse de tales comportamientos es absoluta».
De hecho la declaración de Lord Hope en el asunto Limbuela se refiere a la
«cuestión de si es correcto considerar al Estado responsable del perjuicio».
Ver el análisis de Ellie Palmer Judicial Review, Socio-Economic Rights and
the Human Rights Act (Oxford: Hart. Publishing), 2007, pg. 266.
10.– junio a diciembre 2005
15 demandas: 13 rechazadas, 1 estimada (a saber N. contra Reino Unido).
–2006
88 demandas: 83 rechazadas, 5 estimadas (dos de las cinco eran casos de
VIH).
–2007
951 demandas, de las que 217 fueron rechazadas, 182 estimadas (19 casos
de VIH, 14 estimados, 0 rechazados; en una de estas causas, se levantó la
indicación dada en virtud del artículo 39 y la demandante retiró su demanda
tras la apertura del procedimiento interno).
– 1 de enero de 2007 al 22 de abril de 2008
969 demandas, de las que 174 fueron rechazadas, 176 estimadas (19 casos
de VIH, 13 estimados y 0 rechazados).
Estas estadísticas requieren la siguiente explicación. El sistema registra
todos los asuntos en los que se han solicitado medidas cautelares, sea o no
la decisión adoptada por un juez. Ello explica por qué existe una gran
disparidad entre el número de demandas registradas en el período de enero
a abril de 2008 –969– y el número de veces en las que se ha aplicado el
artículo 39 –176– y el número de inadmisiones –174–. La diferencia
representa los casos que no se hallan en el ámbito de aplicación del artículo
o aquellos no sometidos por falta de documentación.
En lo que respecta a los casos de VIH, hay varias razones que pueden
explicar que 19 de ellos se registraron en los dos últimos años pero que sólo
se tomaron cada año 14 y 13 decisiones de aplicar el artículo 39,
respectivamente. Por ejemplo, el Gobierno dio garantías en algunos casos y,
en otros, los demandantes pudieron retirar su demanda porque habían
obtenido la autorización para permanecer en el territorio por otros motivos.
11. Ver el informe anual de la ONUSIDA:
http://data.unaids.org/pub/EpiReport/2006/2006_EpiUpdate_Fr.pdf pp. 17-
18
12. Comparar con la declaración de la baronesa Hale en el asunto R (on the
application of Animal Defenders International) contra Secretary of State for
Culture, Media and Sport [2008] UKHL 15 en el apartado 53: «No creo que
cuando el Parlamento nos otorgó estas facultades nuevas e importantes, nos
diera la de ir más allá que el Tribunal de Estrasburgo en nuestra
interpretación de los derechos garantizados por el Convenio. No creo
tampoco que quisiese que quedásemos rezagados (...)».

13. Ver Sentencia B. B. contra Francia de 7 septiembre 1998 ( TEDH 1998,
93) , Repertorio 1998-VI; Karara contra Finlandia, núm. 40900/1998,
Decisión de la Comisión de 29 mayo 1998: la enfermedad del demandante
aún no había alcanzado un estadio avanzado; S. C. C. contra Suecia (Dec.),
núm. 46553/1999, 15 febrero 2000: en Zambia estaba disponible el mismo
tipo de tratamiento para el sida que en Suecia, aunque a un coste
extremadamente elevado, y los hijos y otros familiares de la demandante
vivían en Zambia; Bensaid contra Reino Unido ( TEDH 2001, 82) , núm.
44599/1998, TEDH 2001-I: tratamiento médico disponible en Argelia y el
riesgo de que el demandante no reciba el apoyo o los cuidados adecuados
depende en gran medida de la especulación; Arcila Henao contra Países
Bajos (Dec.), núm. 13669/2003, 24 junio 2003: la enfermedad del
demandante no había llegado a una fase avanzada o terminal y el interesado
podía obtener asistencia sanitaria y apoyo familiar en su país de origen;
Ndangoya contra Suecia (Dec), núm. 17868/2003, 22 junio 2004: la
enfermedad no se hallaba en fase avanzada o terminal, se encontraba el
tratamiento adecuado en Tanzania, aunque a un coste extremadamente
elevado y en cantidad limitada en la zona rural de la que era originario el
demandante, y el interesado había conservado algunas relaciones con los
miembros de su familia que quizás podrían ayudarle; Amegnigan contra
Países Bajos (Dec.), núm. 25629/2004, 25 noviembre 2004: no se había
declarado totalmente en el demandante la enfermedad del sida y no padecía
infecciones oportunistas y la terapia adecuada estaba en principio disponible
en Togo, aunque a un coste extremadamente elevado; ver también
Sentencia Tatete contra Suiza (acuerdo amistoso), núm. 41874/1998, 6 julio
2000, y M. M. contra Suiza (Dec), núm. 43348/1998, 14 septiembre 1998,
sin publicar.
14. Sentencia B. B. contra Francia de 7 septiembre 1998 (TEDH 1998, 93),
Repertorio 1998-VI.
15. En su opinión separada, el Juez Cabral Barreto, entonces miembro de la
Comisión, fue todavía más allá al declarar:
«(...) donde el demandante debe desplazarse para ser atendido en el
hospital y que, por otra parte, necesita tranquilidad y calma para "vivir" su
grave enfermedad, siendo un estado de clandestinidad permanente contrario
en sí mismo al artículo 3 del Convenio.
(...).
Considero, por mi parte, que un extranjero gravemente enfermo, que reside
en un país en cierta forma de clandestinidad sin poder beneficiarse plena y
legalmente del régimen de protección social, se halla en una situación que
no es conforme a las exigencias del artículo 3 del Convenio (RCL 1999,
1190, 1572). Por último, teniendo en cuenta el impacto de este factor,
considero que debería haber sido mencionado expresamente en el dictamen
de la Comisión».
Esta opinión separada visionaria fue redactada más de siete años antes de
que la Cámara de los Lores dictase su sentencia en el asunto Regina contra
Secretary of State for the Home Department, ex parte Limbuela [2005]
UKHL 66, el 5 de noviembre de 2005.
16. Lord Hope subrayó lo siguiente en el apartado 36 de la Sentencia de la
Cámara de los Lores al declarar a propósito de la Sentencia D. contra Reino
Unido (TEDH 1997, 29): «Es el hecho de que D. se hallase ya en la fase

terminal de su enfermedad cuando se encontraba en el territorio del Estado
que expulsaba lo que confería al caso un carácter excepcional». Un
comentario reciente y lúcido a propósito del punto de vista restrictivo de la
sentencia dictada por la Cámara de los Lores en el asunto N. dice así:
«(...) La Cámara de los Lores ha concluido en el asunto N. que lo que se
deduce de la jurisprudencia de Estrasburgo es que la expulsión de un
enfermo de sida no implica necesariamente una violación del artículo 3 del
Convenio, salvo que los hechos fuesen análogos a los de D. contra Reino
Unido (dicho de otro modo, si el demandante se encuentra en una fase
avanzada o terminal de la enfermedad) o a los de los casos de VIH/sida
estimados (es decir, si existe una falta total de cuidados paliativos o apoyo
familiar tras la expulsión)». Ver Ellie Palmer, Judicial Review, Socio-
Economic Rights and the Human Rights Act (Oxford: Hart. Publishing), 2007,
pg. 273.
17. Sentencia D. contra Reino Unido de 2 mayo 1997 (TEDH 1997, 29),
Repertorio 1997-III, ap. 53: «Habida cuenta de estas circunstancias
excepcionales y del hecho de que el demandante se encuentra en una fase
crítica de su enfermedad fatal, la ejecución de la decisión de expulsarlo a
Saint-Kitts constituiría, por parte del Estado demandado, un trato inhumano
contrario al artículo 3 (RCL 1999, 1190, 1572)».
18. O, como declaró justamente la baronesa Hale: «Bien entendido, puede
haber otros casos excepcionales, que presenten otros hechos extremos, en
los que las consideraciones humanitarias sean asimismo imperiosas. La Ley
ha de ofrecer una flexibilidad suficiente para que estos casos puedan ser
tenidos en cuenta (...)» (apartado 70 de la Sentencia de la Cámara de los
Lores).
19. Queremos asimismo añadir que la totalidad de los criterios citados por la
Fundación Helsinki para los derechos humanos en las alegaciones por escrito
presentadas ante el Tribunal el 6 de septiembre de 2007 se cumplen:
– Continuación de la terapia
Si la persona aquejada de VIH/sida ha sido admitida oficialmente en el país
de acogida para someterse a una terapia antirretroviral, ha de tener una
oportunidad de seguirla.
– Situación médica de la persona aquejada de VIH/sida
Si la interrupción de la terapia conlleva un resultado casi inmediato (la
muerte en un breve espacio de tiempo), ello ha de constituir un factor
imperioso.
– Disponibilidad de medicamentos en el país de origen que permitan
continuar con la terapia en dicho país y
– Posibilidad de proseguir el tratamiento en el extranjero, pero gracias a un
apoyo económico del país que expulsa
En el presente caso, se aplican estos tres factores, lo que hace que este caso
sea «muy excepcional».
20. Se trata de circunstancias que, después de todo, hacen referencia a lo
que un comentador calificó de una «cuestión de vida o muerte». Ver Ellie

Palmer, Judicial Review, Socio-Economic Rights and the Human Rights Act
(Oxford: Hart. Publishing), 2007, pg. 270.
21. En la Sentencia Bensaid contra Reino Unido (TEDH 2001, 82) (núm.
44599/1998, TEDH 2001-I), al tratar el caso de la expulsión de un
esquizofrénico a un país en el que se aducía no existía tratamiento médico
adecuado, el Tribunal concluyó con la violación del artículo 8 del Convenio
(RCL 1999, 1190, 1572) :
«47. La expresión "vida privada" es amplia y no se presta a una definición
exhaustiva. El Tribunal ya ha declarado que elementos tales como el sexo, el
nombre y la orientación sexual, así como la vida sexual son componentes
importantes del ámbito personal protegido por el artículo 8 (ver, por
ejemplo, Sentencias Dudgeon contra Reino Unido de 22 octubre 1981 [TEDH
1981, 4] , serie A núm. 45, pgs. 18-19, ap. 41, B. contra Francia de 25
marzo 1992 [TEDH 1992, 43], serie A núm. 232-C, pgs. 53-54, ap. 63,
Burghartz contra Suiza de 22 febrero 1994, [ TEDH 1994, 9] serie A núm.
280-B, pg. 28, ap. 24, y Laskey, Jaggard y Brown contra Reino Unido de 19
febrero 1997 [TEDH 1997, 10], Repertorio 1997-I, pg. 131, ap. 36).
También se ha de ver en la salud mental una parte esencial de la vida
privada que concierne a la integridad moral. El artículo 8 protege el derecho
a la identidad y al desarrollo personal y el de establecer relaciones con sus
semejantes y el mundo exterior (ver, por ejemplo, Sentencias Burghartz,
previamente citada, dictamen de la Comisión, pg. 37, ap. 47, y Friedl contra
Austria de 31 enero 1995 [TEDH 1995, 4], serie A núm. 305-B, dictamen de
la Comisión, pg. 20, ap. 45). La salvaguardia de la estabilidad mental es a
este respecto una condición previa al goce efectivo del derecho al respeto de
la vida privada.
48. Volviendo al presente caso, el Tribunal recuerda haber estimado más
arriba que el riesgo de perjuicio que un regreso a su país causaría en la
salud del demandante se debe a unos factores muy hipotéticos y que no se
ha probado que el interesado sufriría un trato inhumano o degradante.
Tampoco se ha establecido en este caso que su integridad moral sufriría una
lesión de un grado suficiente para que se aplique el artículo 8 del Convenio
(RCL 1999, 1190, 1572). Suponiendo incluso que se considere que la
conmoción que representaría para el demandante su expulsión del Reino
Unido donde ha vivido estos últimos once años lesiona la vida privada del
interesado, habida cuenta de las relaciones y el apoyo que ha tenido en este
país, el Tribunal estima que se puede estimar que tal injerencia cumple las
exigencias del segundo apartado del artículo 8, dicho de otro modo, que se
trata de una medida "prevista por la Ley", que trata de proteger el bienestar
económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito y es
"necesaria en una sociedad democrática" para lograr estos fines».